SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO LABORAL. EL HECHO DE QUE EL LAUDO SÓLO CONDENE AL PAGO DE PRESTACIONES SECUNDARIAS, NO DA LUGAR A CONSIDERAR LA NECESIDAD DE ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 62/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO-El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el veinte de marzo de dos mil tres el recurso de queja 16/2003 promovido por Shering Plough, S.A. de C.V., sostuvo las consideraciones esenciales siguientes:
"CUARTO. Para estar en aptitud de resolver el presente recurso conviene establecer los siguientes antecedentes, los que se pueden advertir de las copias certificadas que anexó la responsable a su informe que remitió a este órgano de control constitucional. Seguido el procedimiento laboral, la Junta Especial Número Quince de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el veintiocho de noviembre de dos mil dos dictó laudo, mismo que en sus puntos resolutivos por una parte absolvió a la empresa Schering Plough, Sociedad Anónima de Capital Variable, a la reinstalación, salarios caídos, pago de viaje a Estados Unidos, tiempo extra, pago de intereses, reparto de utilidades, concepto de incapacidades médicas, así como al pago de los incrementos de salario e intereses sobre monto de condena; y por otra parte, se le condenó al pago de los salarios y comisiones de la actora por el periodo del dieciséis de noviembre al dos de marzo de dos mil uno, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, fondo de ahorro, caja de ahorro, vales de despensa, vales de gasolina, premio por la cantidad de $40,000.00, por la cantidad total de $231,342.42 (doscientos treinta y un mil trescientos cuarenta y dos pesos 42/100 M.N.). El veintisiete de enero de dos mil tres la Junta dictó acuerdo por el cual se tuvo por recibido el escrito presentado por el apoderado de Schering Plough, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través del cual interpone demanda de garantías, y ordenó se proveyera sobre la suspensión solicitada. En cumplimiento a lo anterior, el veintisiete de enero último el presidente de la Junta responsable resolvió respecto de la medida cautelar solicitada, para tal efecto, por una parte negó la suspensión solicitada por el importe de $28,224.00 (veintiocho mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.); y por otro, se concedió la suspensión por la cantidad de $203,118.42 (doscientos tres mil ciento dieciocho pesos 42/100 M.N.), cuantía que resultó de restarle a la condena total el importe que consideró sirvió para garantizar la subsistencia del trabajador, a la que le adicionó el nueve por ciento (9%) de interés anual, para finalmente quedar en $221,399.07 (doscientos veintiún mil trescientos noventa y nueve pesos 07/100 M.N.), cantidad que se fijó a fin de garantizar al tercero perjudicado de los posibles daños y perjuicios que le pudieran causar con la tramitación del juicio de garantías. Ahora bien, el recurrente sostiene como agravio que el presidente de la Junta Especial Número Quince de la Federal de Conciliación y Arbitraje hace una interpretación errónea del artículo 174 de la Ley de Amparo al conceder la suspensión del acto reclamado; lo anterior es así, ya que afirma que el precepto legal antes citado obliga a conceder la suspensión del acto reclamado en materia de trabajo, cuando es solicitada para asegurar la subsistencia del trabajador, tratándose de la condena al patrón del pago de prestaciones indemnizatorias y, en el caso, no se está en presencia de una condena de prestaciones indemnizatorias, ni de reinstalación, por lo que no está en peligro la subsistencia del trabajador. Resulta infundado el concepto de agravio esgrimido, toda vez que contrariamente a lo argumentado, es de señalar que el artículo 174 de la Ley de Amparo impone al presidente del tribunal laboral la obligación de negar la suspensión de la ejecución de un laudo que beneficia a la parte trabajadora, por el monto que estime necesario para su subsistencia durante la tramitación del juicio de amparo; dicho numeral no establece excepción alguna para fijar la suspensión, no hace distinción sobre las prestaciones que se hayan reclamado, es decir, no excluye a las condenas de prestaciones accesorias como lo alega el recurrente; ya que independientemente del monto de la condena y de la prestación que la motivara, el presidente la Junta responsable debe garantizar la subsistencia del trabajador en términos del numeral antes invocado. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 21/2001, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XIII, del mes de junio de dos mil uno, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen: ‘SUSPENSIÓN EN AMPARO EN MATERIA LABORAL. DEBE NEGARSE POR EL MONTO QUE SEA NECESARIO PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR DURANTE LA TRAMITACIÓN DE CADA UNO DE LOS JUICIOS DE GARANTÍAS PROMOVIDOS POR EL PATRÓN EN CONTRA DE LAUDOS SUCESIVOS QUE BENEFICIAN A AQUÉL. Si se toma en consideración que la cantidad respecto de la cual el presidente del tribunal de trabajo responsable niega la suspensión del laudo, asegura la subsistencia del trabajador únicamente durante el periodo en que se tramita y se resuelve el juicio de amparo dentro del cual se decreta, resulta que es jurídicamente imposible estimar que la subsistencia del trabajador se encuentra asegurada con la cantidad que el patrón le entregó para tal efecto al solicitar la suspensión del laudo en un juicio de garantías anterior en el que obtuvo sentencia favorable y que motivó la emisión del nuevo laudo impugnado, pues de la recta interpretación de lo dispuesto en los artículos constitucionales y legales que regulan la institución de la suspensión del acto reclamado a través del juicio de amparo directo en materia laboral y de los diversos criterios que sobre el particular ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desprende que el artículo 174 de la Ley de Amparo impone al presidente del tribunal de trabajo responsable el deber jurídico de negar la suspensión de la ejecución de un laudo que beneficia a la parte obrera por el monto que estime necesario para su subsistencia durante la tramitación y resolución del juicio de garantías respectivo, sin establecer excepciones o condicionantes a dicho deber, de lo que se concluye que tal subsistencia, inexcusablemente, debe asegurarse durante la tramitación de todos y cada uno de los juicios de amparo que el patrón promueva en contra de los laudos sucesivos que benefician a aquél, sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que el nuevo laudo impugnado se haya emitido en cumplimiento de una sentencia de amparo dictada en un anterior juicio de garantías.’. De la transcripción anterior se desprende que el presidente del tribunal de trabajo responsable tiene el deber jurídico de negar la suspensión de la ejecución de un laudo que beneficia al trabajador actor por el monto necesario para su subsistencia durante la tramitación del juicio, y que ese deber es ‘sin establecer excepciones o condicionantes’, razón por la cual lo sostenido por la ahora recurrente es infundado, ya que pretende establecer una modalidad a la suspensión que el propio dispositivo 174 de la Ley de Amparo no dispone y que la tesis antes citada tampoco distingue al determinar que ese llamado ‘deber jurídico’, resulta, se insiste, ‘sin excepción o condicionantes’. Cabe decir que este órgano de control constitucional no comparte el criterio que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito al resolver el recurso de queja 9/90, y que dio motivo a la tesis bajo el rubro: ‘SUSPENSIÓN EN MATERIA LABORAL, ALCANCE DE LA, CUANDO SE CONDENA AL PAGO DE PRESTACIONES ACCESORIAS.’, misma que fue invocada por el recurrente dentro de sus agravios, pues, como quedó expuesto, del contenido de la tesis de jurisprudencia 21/2001 pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la voz: ‘SUSPENSIÓN EN AMPARO EN MATERIA LABORAL. DEBE NEGARSE POR EL MONTO QUE SEA NECESARIO PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR DURANTE LA TRAMITACIÓN DE CADA UNO DE LOS JUICIOS DE GARANTÍAS PROMOVIDOS POR EL PATRÓN EN CONTRA DE LAUDOS SUCESIVOS QUE BENEFICIAN A AQUÉL.’, se advierte que la Sala estableció ‘que el artículo 174 de la Ley de Amparo impone al presidente del tribunal de trabajo responsable el deber jurídico de negar la suspensión de la ejecución de un laudo que beneficia a la parte obrera por el monto que estime necesario para su subsistencia durante la tramitación y resolución del juicio de garantías respectivo, sin establecer excepciones o condicionantes a dicho deber, de lo que se concluye que tal subsistencia, inexcusablemente, debe asegurarse durante la tramitación de todos y cada uno de los juicios de amparo que el patrón promueva en contra de los laudos sucesivos que benefician a aquél’, de lo que se advierte que se estableció que el artículo 174 de la Ley de Amparo no hace distinción alguna respecto a las condenas impuestas a la parte patronal, sino que por el contrario, sostiene que siempre se debe garantizar el sostenimiento del trabajador durante el lapso que dure la tramitación del juicio de amparo directo; esto es, independientemente del tipo de condena ya sea sobre el pago de la indemnización constitucional, salarios caídos, reinstalación o condenas líquidas respecto a prestaciones de tipo accesorio, al concederse la medida precautoria, deberá negarse hasta por aquella cantidad que derivada de la condena, sea suficiente, a criterio de quien concede dicha medida, para garantizar la subsistencia del trabajador que obtuvo."
Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis de rubro y texto siguientes:
"SUSPENSIÓN EN MATERIA LABORAL. DEBE NEGARSE PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, INDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO DE PRESTACIÓN LÍQUIDA A LA QUE HAYA SIDO CONDENADA LA PARTE PATRONAL. El artículo 174 de la Ley de Amparo no hace distinción alguna respecto a las condenas impuestas a la parte patronal, sino que, por el contrario, sostiene que debe garantizarse el sostenimiento del trabajador durante el lapso que dure la tramitación del juicio de amparo directo, esto es, sin importar el tipo de condena, ya sea sobre el pago de la indemnización constitucional, salarios caídos, o bien, condenas líquidas respecto a prestaciones de tipo accesorio; de esta manera, al concederse la medida precautoria deberá negarse hasta por aquella cantidad que, derivada de la condena, sea suficiente, a criterio de quien concede dicha medida, para garantizar la subsistencia del trabajador que obtuvo, pues el presidente del tribunal de trabajo responsable tiene el deber jurídico de negar la suspensión de la ejecución de un laudo que beneficie al trabajador por el monto necesario para su subsistencia durante la tramitación del juicio, y este debe ser sin establecer excepciones o condicionantes."
CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver el veintiséis de abril de mil novecientos noventa el recurso de queja 9/90, promovido por Eleuterio González Espinoza y otros, sostuvo las consideraciones siguientes:
"IV. Los motivos de queja insertos son fundados. Establece el artículo 95, fracción VIII, de la Ley de Amparo, la procedencia del recurso de queja contra las autoridades responsables, entre otros supuestos, cuando admiten fianzas que no reúnen los requisitos legales o sean insuficientes. Lo anterior significa sólo que un recurso de queja será fundado cuando se demuestre que la autoridad responsable en un juicio de amparo directo, en contra de la que se promueve, una vez que se le ha solicitado la suspensión del acto reclamado, conceda dicha medida cautelar fijando fianzas insuficientes. Ahora bien, en el caso, de las constancias existentes en autos se desprende que, con motivo del laudo pronunciado el veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, en el expediente laboral 216/88 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur de Sonora, en el que se decretó la absolución de la demandada Pacífico y Corona de Obregón, S.A. de C.V., Carlos Robles Flores, Alberto Amparano y Enrique Soto, en cuanto a la acción principal intentada en su contra, esto es, a no pagar a los actores la indemnización constitucional, salarios caídos y salarios retenidos reclamados, condenándola únicamente al pago de determinadas cantidades a los actores por conceptos secundarios de vacaciones y su prima vacacional, aguinaldo y prima de antigüedad; la parte demandada interpuso ante dicha Junta demanda de amparo directo y solicitó la suspensión del acto reclamado, o sea, del laudo en cuestión; que la responsable por acuerdo de diecisiete de enero de mil novecientos noventa tuvo a la parte demandada en el juicio laboral interponiendo demanda de garantías, ordenando la certificación respectiva y el emplazamiento a los terceros perjudicados en términos de ley, determinando suspender el acto reclamado en el sentido de que no se ejecutara el laudo pronunciado, teniendo a la parte quejosa exhibiendo fianza por la cantidad de catorce millones de pesos para garantizar la ejecución del laudo. Por otra parte, también se desprende que la Junta responsable en el laudo en cuestión condenó a la empresa Corona y Pacífico de Obregón, S.A. de C.V., por los conceptos ya referidos, a pagar las siguientes cantidades: un millón ciento cincuenta y seis mil setecientos noventa y dos pesos a José Esquer Coronado; un millón ciento catorce mil cuatrocientos cincuenta pesos a Guadalupe Chávez García; cuatro millones cuatrocientos veintinueve mil cuarenta pesos a Eleuterio González Espinoza; cuatrocientos treinta y un mil cuatrocientos pesos a Ramón Alberto González; un millón seiscientos veintiocho mil quinientos treinta y cinco pesos a Jesús Díaz Verdugo; setecientos setenta y dos mil trescientos treinta pesos a Manuel Puente; un millón ochocientos veintiséis mil seiscientos cincuenta pesos a Manuel López; un millón doscientos mil setecientos treinta pesos a Guadalupe Cantú; novecientos ochenta y ocho mil seiscientos veinticinco pesos a Ricardo Jiménez; un millón setenta y cuatro mil novecientos quince pesos a Agripín González; y, doscientos noventa y dos mil novecientos noventa y dos pesos con cincuenta centavos a Fausto Olivas; condena que en su monto global suma la cantidad de catorce millones novecientos dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos con cincuenta centavos. De todo lo expuesto, cabe concluir que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur de Sonora, ciertamente, admitió una fianza que resulta notoriamente de cuantía inferior a lo condenado en el laudo, razón por la cual es insuficiente para garantizar a la parte actora del juicio laboral el monto del asunto jurídico a suspenderse, de no concederse el amparo solicitado por la demandada. Por tales motivos, la determinación de la Junta laboral a ese respecto, en efecto, se considera violatoria de los artículos 173 y 174 de la Ley de Amparo, por insuficiencia de la fianza admitida, pues siempre en casos como el presente el monto de la sanción debe ser bastante para garantizar, por concepto de daños, las prestaciones a que se condenó, porque de lo contrario la fijación de una caución insuficiente pudiera dar como resultado que el laudo condenatorio de no ser violatorio de garantías no pudiera ejecutarse, pues bien pudiera suceder que se realizaran por el quejoso actos que trajeran consigo su insolvencia económica y en tal virtud la razón de ser de la medida precautoria se convertiría en letra muerta. En resumen, si el artículo 174 de la Ley de Amparo establece la regla de que en tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales de trabajo, la suspensión se concederá cuando proceda de tal forma que no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, y si en la tesis de jurisprudencia número 1875, publicada en el último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte de los fallos correspondientes a las Salas y Tesis Comunes de 1917-1988, página 3035, bajo el rubro: ‘SUSPENSIÓN EN MATERIA DE TRABAJO.’, la Sala de trabajo ha sostenido que, incluso, es improcedente la suspensión hasta por seis meses de salarios caídos, entonces, una correcta interpretación del precepto legal en comento lleva a concluir que la regla ahí establecida tiene aplicación sólo en los casos en que el laudo dictado por algún tribunal de trabajo condena al patrón al pago de la indemnización constitucional y al correspondiente a salarios caídos, pero no a aquellos otros en que se condene únicamente al pago de prestaciones accesorias como: vacaciones, aguinaldo, prima de antigüedad y otros análogos, ya que el vocablo ‘obtener’ a que se refiere la ley de la materia es sinónimo de condena a la prestación principal ejercitada pues, de lo contrario, la propia Ley de Amparo aclararía la improcedencia de la suspensión cuando sólo se condenara al pago de tales prestaciones secundarias. Además, si por regla general el monto de la condena en prestaciones accesorias es inferior al equivalente de seis meses de salarios caídos, esto entraña que no sería posible suspender la ejecución del laudo que condena a cantidades inferiores por accesorios y, por último, porque sería incorrecto estimar que un trabajador pudiera subsistir por el término de seis meses, en términos de la tesis de jurisprudencia a que se alude, con el pago de las prestaciones accesorias que obtuvo, por ser sabido que la subsistencia a aquél es sólo posible con base en su salario. Así las cosas, lo procedente es declarar fundado el presente recurso de queja. No escapa a la atención de este tribunal el hecho de que en forma unilateral la parte demandada en el juicio laboral haya pretendido garantizar en forma total el monto de la condena del laudo del que solicitó su suspensión, al aportar la diferencia entre lo exhibido y lo condenado, a través de promoción dirigida a la Junta el diecisiete de abril del presente año a la que adjuntó fianza número 203704 que aumentó la diversa ya exhibida en novecientos dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos; sin embargo, tal conducta no puede originar que se deje sin materia el presente recurso como se pretende, ya que en tratándose de la suspensión del acto reclamado en amparo directo, únicamente la autoridad responsable es la facultada para proveer todo lo relativo a dicha medida cautelar, en términos de los artículos 170 al 176 de la Ley de Amparo, por lo que si en el caso la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur de Sonora no acordó en los términos solicitados la petición de la parte demandada en el juicio laboral, sino que de manera indebida remitió lo presentado por tal parte a este Tribunal Colegiado, entonces el aumento en la garantía inicialmente exhibida, al no haberse acordado de conformidad, no puede surtir en el presente recurso efecto legal alguno y no puede, por tanto, influir en su resultado."
Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis de rubro y texto siguientes:
"SUSPENSIÓN EN MATERIA LABORAL, ALCANCE DE LA, CUANDO SE CONDENA AL PAGO DE PRESTACIONES ACCESORIAS. El artículo 174 de la Ley de Amparo, establece la regla de que tratándose del laudo o resoluciones que pongan fin al juicio, dictado por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá, cuando proceda, de tal forma que no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo y en la tesis de jurisprudencia número 301, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1985, Quinta Parte, Cuarta Sala, página 269, bajo el rubro: ‘SUSPENSIÓN EN MATERIA DE TRABAJO’ la Sala del trabajo ha sostenido que, incluso, es improcedente la suspensión hasta por seis meses de salarios vencidos. Una correcta interpretación del precepto legal lleva a concluir que la regla ahí establecida, tiene aplicación sólo en los casos de que el laudo dictado por algún tribunal de trabajo condene al patrón al pago de la indemnización constitucional y al correspondiente a salarios caídos, pero no a aquellos otros en que se condene únicamente al pago de prestaciones accesorias, tales como vacaciones, aguinaldo, prima de antigüedad y otros análogos, ya que el vocablo obtener a que se refiere la ley de la materia, es sinónimo de condena a la prestación principal ejercitada, pues de lo contrario, la propia Ley de Amparo aclararía la improcedencia de la suspensión cuando sólo se condene al pago de tales prestaciones secundarias; además, si por regla general el monto de la condena en prestaciones accesorias es inferior al equivalente de seis meses de salarios caídos, esto entraña que no sería posible suspender la ejecución del laudo que condena a cantidades inferiores a las accesorias."
QUINTO. Para determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada resulta conveniente sintetizar las consideraciones que informan las ejecutorias antes transcritas.
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito sostiene que con independencia del monto de las condenas decretadas en un laudo y del tipo de prestaciones que las motivaren, el presidente de la Junta responsable "debe garantizar la subsistencia del trabajador" en términos del artículo 174 de la Ley de Amparo, en virtud de que este precepto no hace distinción sobre las prestaciones reclamadas y "no excluye a las condenas de prestaciones accesorias", con lo cual da a entender que es correcto negar la suspensión de la ejecución de un laudo favorable al trabajador por el monto estimado que le permita subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, independientemente de la naturaleza y del monto de las condenas. Dicho tribunal apoya su criterio en la jurisprudencia 21/2001 de esta Segunda Sala, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN EN AMPARO EN MATERIA LABORAL. DEBE NEGARSE POR EL MONTO QUE SEA NECESARIO PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR DURANTE LA TRAMITACIÓN DE CADA UNO DE LOS JUICIOS DE GARANTÍAS PROMOVIDOS POR EL PATRÓN EN CONTRA DE LAUDOS SUCESIVOS QUE BENEFICIAN A AQUÉL."
El Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en el tema materia de contradicción estimó que la negativa de la suspensión de la ejecución de un laudo favorable al trabajador por el monto estimado que permita la subsistencia del obrero mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por el patrón, opera sólo en los casos en que exista condena al pago de la acción principal de indemnización constitucional y los correspondientes salarios caídos, pero no cuando existen condenas al pago de "prestaciones accesorias", tales como vacaciones, aguinaldo, prima de antigüedad, entre otras, con lo cual se da a entender que tratándose del pago de prestaciones secundarias o autónomas (desvinculadas de la acción principal de indemnización constitucional por despido injustificado), no existe obligación de asegurar la subsistencia del trabajador mediante la negativa de la suspensión por el monto estimado para ese fin.
Deriva de lo anterior que sí existe la contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en virtud de que ambos llegaron a conclusiones diversas respecto de una misma cuestión jurídica, a saber, si la suspensión de la ejecución de un laudo favorable al trabajador debe o no negarse por el monto estimado que le permita subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo cuando las condenas se refieren sólo al pago de prestaciones secundarias o autónomas.
Cabe destacar que para estimar existente la contradicción de criterios jurídicos, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, deben concurrir los siguientes supuestos:
a) Que exista oposición de criterios jurídicos respecto de cuestiones jurídicas esencialmente iguales;
b) Que tal oposición de criterios surja entre las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Los anteriores requisitos han sido precisados en la jurisprudencia P./J. 26/2001 sustentada por el Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Ahora bien, los Tribunales Colegiados de Circuito que participan en esta contradicción de tesis, en las consideraciones de sus ejecutorias arribaron a conclusiones diversas respecto de una misma cuestión jurídica, pues mientras que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito estimó que es correcto negar la suspensión de la ejecución de un laudo favorable al trabajador por el monto estimado que le permita subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por el patrón, independientemente de la naturaleza y del monto de las condenas, refiriéndose a un caso en el que la Junta responsable absolvió de la acción principal de reinstalación y condenó sólo al pago de prestaciones secundarias; en cambio, el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito sostuvo que no es necesario negar parcialmente la medida precautoria para asegurar la subsistencia del obrero en los términos ya precisados cuando el laudo reclamado absuelve de la acción principal de indemnización constitucional por despido y condena únicamente al pago de prestaciones secundarias.
Tales criterios divergentes provienen del examen de los mismos elementos, en razón de que ambos Tribunales Colegiados de Circuito al emitir sus fallos analizaron casos semejantes, en los que se cuestionó si debe o no suspenderse la ejecución de un laudo favorable al trabajador, en términos del artículo 174 de la Ley de Amparo, por el monto estimado que le permita subsistir mientras se resuelve el juicio constitucional, cuando sólo existen condenas al pago de prestaciones secundarias, sin que obste la circunstancia de que el laudo reclamado en un caso se refiera a la acción principal de reinstalación y en otro a la acción principal de indemnización, pues finalmente ambas acciones se fundan en el despido injustificado del trabajador en términos del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo y las ejecutorias materia de contradicción de tesis parten de una misma premisa, cuando sólo existen condenas al pago de prestaciones secundarias, de modo que sí se acreditan los supuestos que se requieren para estimar existente una contradicción de tesis.
Por tanto, el punto central de la contradicción de criterios sustentados por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito consiste en determinar si la suspensión de la ejecución de un laudo condenatorio debe o no negarse en forma parcial por el monto estimado que permita la subsistencia del trabajador mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por el patrón, cuando las condenas se refieren sólo al pago de prestaciones secundarias o autónomas.
SEXTO. Determinada la existencia de la contradicción de tesis denunciada, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el criterio que debe prevalecer es el que sustenta la presente resolución.
Los criterios jurídicos divergentes se fundan en la interpretación del artículo 174 de la Ley de Amparo, que a la letra dice:
"Artículo 174. Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.
"La suspensión surtirá efectos si se otorga caución en los mismos términos del artículo anterior, a menos que se constituya contrafianza por el tercero perjudicado."
Este precepto ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales que han fijado las directrices a seguir respecto de la medida suspensional en amparo directo, destacando las tesis que a continuación se citan.
"SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO EN LA. Conforme al artículo 174 de la Ley de Amparo, en correlación con la jurisprudencia de esta Cuarta Sala publicada en la página 3035 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que obra bajo el rubro: ‘SUSPENSIÓN EN MATERIA DE TRABAJO’, la suspensión se concederá en los casos en que a juicio del presidente del tribunal del trabajo, no se ponga al trabajador en peligro de no poder subsistir mientr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17750-9afa404a/suspension-en-amparo-directo-laboral-el-hecho-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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