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Modo: Corpus Pro

SEGURO SOCIAL. LA CLÁUSULA 89, FRACCIÓN III, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO (1995-1999) QUE ESTABLECE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN PARA SUS TRABAJADORES VÍCTIMAS DE UN RIESGO PROFESIONAL QUE LES OCASIONE UNA INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, OTORGAN A ÉSTOS EL DERECHO DE DEMANDAR EL PAGO DE LAS DIFERENCIAS RESULTANTES DEL AGRAVAMIENTO DE LA INCAPACIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 50/2003-SS. · Registro digital (IUS): 17679
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, , Pág. 215.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 50/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Las consideraciones que sirvieron de sustento al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 219/2002, promovido por ... en la parte conducente son:

"CUARTO. Los conceptos de violación hechos valer se consideran fundados supliendo en lo necesario la deficiencia de la queja, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo. Resultan incorrectos los razonamientos expuestos por la Junta responsable para absolver a la demandada de la indemnización por riesgo de trabajo que establece la cláusula 89 del contrato colectivo en comento, conforme al porcentaje que resulte de la revalorización que se demanda. Dichos razonamientos se hicieron consistir en lo siguiente: (folios 66 y 67 del juicio natural) ‘De la propia lectura de la disposición contractual en la que funda su reclamación, se aprecia el beneficio a que se hacen acreedores los empleados del instituto a quienes se les haya determinado una incapacidad parcial permanente o total o, en su caso, la muerte, con motivo de un riesgo de trabajo; sin embargo, no podrá advertirse lo que arguye el demandante en cuanto a que se conserva dicho beneficio cada vez que se revalore el padecimiento y se determine un agravamiento de las secuelas, y menos aún, no justifica que le haya sido determinada por el organismo demandado una incapacidad adicional del 40% sobre la inicial que ya le había sido fijada del 60%, circunstancias todas ellas que traen consigo aparejada la determinación a que llega esta Junta de declarar improcedente su reclamación, por resultar fuera de todo contexto legal el que pretenda el pago de una nueva indemnización, por lo que en mérito de lo anterior deberá de absolverse al instituto de dicha reclamación como del pago del beneficio contenido en la diversa cláusula 92 del CCT, por resultar una consecuencia de lo que al efecto contiene la cláusula 89 que resultó improsperable.’. Para llegar a tal conclusión la responsable valoró las pruebas aportadas por la parte actora de la siguiente manera: (folios 64 y 65) ‘Analizadas las pruebas de las partes y primeramente las que pertenecen a la actora como lo es la documental (foja 21) consistente en copias fotostáticas de las cláusulas 89 y 92 del CCT, a la que se le concede pleno valor probatorio, no obstante de tratarse de una copia fotostática, por la sola circunstancia de que la hizo suya la demandada, evento que desde luego le proyecta eficacia probatoria sin permitir dudar sobre su exactitud. Confesional expresa y que hace consistir en el reconocimiento libre y espontáneo que la demandada hace al dar contestación respecto a la existencia del grado de incapacidad total permanente que el actor tiene en un 100%, la cual no le beneficia, ya que en ningún momento del contenido íntegro del escrito contestatorio se advierte lo aludido por el demandante, esto es, que la demandada haya reconocido que su contraparte presentara un 100% de incapacidad por el riesgo sufrido como equivocadamente lo hace valer el actor. Documental (fojas 22-26) consistente en la forma MT-1 correspondiente al aviso para calificar probable riesgo de trabajo; forma ST-3 correspondiente al dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo; memorándum interno de fecha 13 de diciembre de 1999 que dirige el licenciado ... jefe del Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos a la Dra. ... coordinadora delegacional de Salud en el Trabajo; y oficio número 14A6604100 de fecha 7 de noviembre de 2000, suscrito por el licenciado ... jefe de los Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal en Jalisco del IMSS; documentos estos que sólo reportan valor indiciario a su oferente al observarse de la parte superior de cada uno de ellos el membrete que corresponde al organismo demandado, así como un sello con la leyenda de recibido, lo anterior por tratarse de copias fotostáticas carentes de perfeccionamiento, máxime que fueron objetadas en cuanto a su autenticidad por la demandada, lo que trae aparejada la imposibilidad de aceptarlas como prueba plena y que esta Junta pudiese comprobar su fidelidad o exactitud, aun cuando el numeral 810 de la Ley Federal del Trabajo dispone que las copias hacen presumir la existencia de los originales, pues atendiendo la especial naturaleza de la copia fotostática ésta puede obtenerse mediante métodos técnicos a través de los cuales es posible lograr su composición, arreglo o alteración de los objetos reproducidos y no podrá descartarse la posibilidad de que aquélla no corresponde de una manera fiel y auténtica al contenido exacto del original, lo anterior tal como así lo sostiene y corrobora la tesis de jurisprudencia 32/93, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 68, agosto de 1993, página 18 y que se conoce con el rubro de: «COPIA FOTOSTÁTICA REGULADA POR EL ARTÍCULO 798 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, VALORACIÓN DE LA.». Documental (fojas 27-28) consistente en copia del convenio celebrado entre los contendientes firmando al margen del mismo, sancionado por esta misma Junta el día 3 de agosto de 1999, de cuyo contenido se advierte que le fue pagada al actor la indemnización relativa contenida en las cláusulas 57a. y 89a., fracción III, del CCT, con motivo de su separación por invalidez, siendo ofertada igualmente por la demandada bajo el apartado número 5 de su escrito de pruebas, otorgándosele absoluto valor probatorio con el que se logra demostrar que al actor se le cubrió la indemnización a que tenía derecho con base en el porcentaje que le fue determinado con motivo del riesgo de trabajo sufrido y conforme a lo dispuesto por la cláusula 89 del CCT; presuncional legal y humana como instrumental de actuaciones derivadas de la totalidad de las actuaciones que integran el presente juicio como los indicios y conclusiones a que se llega por parte del que juzga atento su especial naturaleza, al final se hará la consideración relativa ... y tomando en consideración las actuaciones que conforman el presente expediente en relación con la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto desahogadas por ambas partes, esta Junta llega a la determinación de que el accionante no satisface plenamente la carga procesal impuesta, es decir, si bien es cierto que demuestra la existencia del derecho ejercitado, es más cierto que no satisface los presupuestos exigidos para ello.’. Ahora bien, el quejoso en esencia aduce que la revaluación al cien por ciento fue aceptada por la demandada al dar contestación a la demanda, lo que resulta parcialmente correcto. En efecto, la institución manifiesta: (folio 18) ‘... resultando notorio el dolo y la mala fe con que se conduce el demandante al señalar que «mediante el dictamen de fecha 28 de diciembre de 1999 se le determinó la incapacidad total permanente en un 100%» (pretendiendo hacer valer que apenas en esta fecha mi representada le fijó el grado de incapacidad respecto del riesgo de trabajo que sufrió el 27 de julio de 1996) cuando en realidad con dicho dictamen se determinó la «revaluación» del accidente, tal como reconoce y admite el accionante en el punto 1 del capítulo de hechos de la demanda, lo que solicito se tome como una confesión expresa de su parte ...’. Así pues, la demandada acepta que existió la revaluación del grado de incapacidad cuyo dictamen fue en fecha veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. Lo anterior debe ser adminiculado con las presunciones derivadas de las documentales exhibidas en fotocopia por la actora, consistentes en el propio dictamen y en memorándum interno, cuyos contenidos, respectivamente, son: (folios 23, 25 y 26) ‘Dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo. Datos del asegurado. Pensión tipo «C». Folio: 23536. 1) Apellido paterno, materno y nombre (s): ... 2) Número de afiliación: ... 3) Domicilio (calle, número y colonia): ... C.P. ... Ciudad y Estado: Guadalajara, Jalisco. Datos del patrón de la empresa. 4) Nombre o razón social: Instituto Mexicano del Seguro Social (HGE No. 14). 5) Registro patronal IMSS: B90 99995 10. 6) Domicilio (calle, número y colonia): Revolución y Río Nilo. Ciudad y Estado: Tlaquepaque, Jalisco. Dictamen. Tipo de dictamen: 7) Incapacidad permanente. Tipo de riesgo: 9) Accidente de trabajo. Carácter del dictamen: 13) Definitivo. 14) Fecha del accidente o de la reclamación de la enfermedad de trabajo: día: 27, mes: 7, año: 99. 16) Mecanismos del accidente o tiempo de exposición al (los) agente (s) contaminante (s) y alteraciones producidas: Al realizar su tarea como anestesiólogo ... al intentar sentarse sobre un banco metálico, éste se rompió, cayendo sobre él en posición sedente, ocasionándole contusión severa de región lumbar y sacro coccigea, manifestándose dolor intenso de las regiones antes descritas, parestesias y disestesias en dorso y región plantar de ambos pies, evolucionando con incontinencia de esfínteres tanto vesical como anal e impotencia sexual, valorado por traumatología, neurocirugía, clínica de columna y urología, no siendo candidato a tratamiento quirúrgico, por lo que deja como secuelas: 17) Diagnóstico (s) de la valuación de la incapacidad órgano funcional o de la defunción. 1. Dolor y limitación funcional de la columna lumbar. 2. Vejiga neurogénica, normorrefléxica e hipoactiva. 3. Disfunción eréctil. 4. Disfunción de esfínter anal. 18) Fracciones de la tabla de valuación de incapacidades permanentes de la Ley Federal del Trabajo y sus respectivos porcentajes. 1) Fracción 401 con un 30.00%. 2) Fracción 395 con un 30.00%. 3) Fracción 388 con un 40.00%. 19) Incapacidad órgano funcional: (suma de los porcentajes parciales con letra y número) cien por ciento, cero, cero por ciento, 100.00%. 20) Inicio de la pensión: día 13, mes 12, año 99. 21) Observaciones. Se anexa resumen de pericial médica, juicio laboral 549/99-17, Dic. 13 de 1999. Memorándum 14 A660612300/2048/99, Dic. 16 de 1999, formas: 4-30-8 ST1, resumen de la Dist., notas médicas, perfil laboral. 22) Unidad médica, lugar y fecha: UMF No. 1, Guadalajara, Jal., 28 12 99. 23) Delegación Jalisco. 24) Nombre y matrícula del médico. Dr. ... Mat. ... (párrafo ilegible) ... Delegación Estatal en Jalisco, Jefatura de Servicios Jurídicos, Departamento Contencioso, Oficina de Litigios Laborales. OF. No. 14A6604100. Noviembre 7 de 2000. Exp. juicio laboral 549/99-17. ... vs. IMSS. Asunto: Se solicita información. Lic. ... secretario general de la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones. Villalongín No. 117 edificio anexo, colonia Cuauhtémoc, México, D.F. 06500. Me permito solicitar a usted información respecto al estado que guarda el caso del Dr. ... matrícula ... número de seguridad social ... quien promoviera el juicio laboral que se indica en la parte superior ante la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad. Este asunto le fue turnado para su trámite por la subcomisión respectiva de esta delegación a efecto de que se emitiera la resolución para el otorgamiento de la pensión permanente total al C. ... toda vez que en el juicio laboral de referencia el perito del instituto, Dr. ... emitió dictamen en el sentido de que las secuelas que presenta el actor en columna vertebral, vejiga e impotencia sexual, son derivadas del accidente de trabajo que le ocurriera el 27 de julio de 1996, mismo que fuera calificado por la Coordinación Delegacional de Salud en el Trabajo como sí profesional, estableciendo en dicho dictamen que se debe aplicar la fracción 388 del artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo, con un porcentaje del 50.00% de incapacidad que sumado al 60% ya dictaminado en la forma ST-3, de fecha 2 de diciembre de 1997, nos da un 110% de incapacidad, por lo que deberá ajustarse la misma al 100% de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 494 de la Ley Federal del Trabajo. En virtud de lo anterior y toda vez que el demandante cumplió con el requisito exigido por el instituto al desistirse de las acciones intentadas en el juicio y considerando que el dictamen rendido por el perito Dr. ... merece plena credibilidad en razón de que fue aprobado por la coordinación de salud en el trabajo. Luego entonces, agradeceré le informe a esta jefatura las razones por las cuales no se ha otorgado al actor la pensión correspondiente, habida cuenta que el interesado, en atención al tiempo transcurrido desde su desistimiento, lo que sucedió el 9 de diciembre de 1999, ha venido insistiendo ante esta jefatura sobre la solución a su problema, por lo que le solicito tenga a bien informar el estado que guarda el caso en comento. Sin otro particular, reciba un cordial saludo. Atentamente «Seguridad y solidaridad social». Lic. ... jefe de los Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal en Jalisco del IMSS (firma ilegible).’. Todo lo anterior nos arroja como resultado que efectivamente sí existió dicha revaluación y que ésta fue al cien por ciento de la incapacidad, pues la demandada no logra desvirtuarlo en la medida de que si bien es cierto que en la prueba confesional el actor admite la totalidad de las posiciones, también lo es que del contenido de ellas y de su correspondiente aceptación no se desprende que dicha revaluación no haya existido, ni mucho menos que ésta no hubiese sido del cien por ciento. En otro orden de ideas la cláusula 89 a que se hace referencia, en lo conducente, es del tenor siguiente: (folio 21) ‘Cláusula 89. Indemnizaciones. Las indemnizaciones estipuladas en esta cláusula, no están sujetas a descuento alguno autorizado expresamente por la Ley Federal del Trabajo. I. Muerte. Cuando el riesgo realizado traiga como consecuencia la muerte del trabajador, el instituto, con la intervención del sindicato, pagará a las personas designadas en el pliego testamentario sindical y cuando no exista éste a las señaladas en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, una indemnización equivalente al importe de 1095 días del último salario percibido por el trabajador, cualquiera que fuere el monto de dicho salario y cualquiera que fuere el tiempo que lo hubiere disfrutado, y además, 50 días por cada año completo de servicios o parte proporcional correspondiente a las fracciones de año, así como las prestaciones que le adeudare por vacaciones, aguinaldo, horas extraordinarias, etc., y la prima de antigüedad a que se refiere el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. Igualmente pagará el instituto para gastos de funerales 90 días de salario. Estas prestaciones, salvedad hecha a la relativa a gastos funerales, se otorgarán independientemente de las señaladas en la Ley del Seguro Social. En caso de que no exista pliego testamentario, el instituto dentro del plazo de 30 días, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de la demanda en la que se reclamen las prestaciones a que se refiere esta cláusula, se compromete a depositar en una institución bancaria, el importe que resulte por dichas prestaciones, mismo que será entregado con los intereses generados, a los beneficiarios que así designe la autoridad laboral, por laudo definitivo. II. Incapacidad permanente total. Cuando el riesgo realizado traiga como consecuencia la incapacidad permanente y total del trabajador para desempeñar otro puesto en el instituto, éste le pagará al interesado o a la persona que lo represente, iguales prestaciones que las consignadas en la fracción anterior. Estas prestaciones se otorgarán también, independientemente de las señaladas en la Ley del Seguro Social. III. Incapacidad parcial y permanente. Cuando el riesgo profesional produzca incapacidad parcial y permanente que permita seguir laborando en la misma categoría o en otra, sin perjuicio de su salario, se pagará al trabajador la indemnización que corresponda conforme a los porcentajes de las tablas de valuación que contiene la Ley Federal del Trabajo, basados en las prestaciones a que alude la fracción I de esta cláusula. IV. El instituto tendrá la obligación de readmitir o reubicar a un trabajador que presente este tipo de incapacidad en un trabajo adecuado a su nueva condición física, independientemente del pago de las prestaciones a que se hace mención en el párrafo anterior. Sin perjuicio de lo anterior, el instituto se obliga a poner todos los medios a su alcance para capacitar al trabajador con el fin de que éste pueda desempeñar un empleo con la mayor retribución posible. Los trabajadores con comisión sindical en los términos de la cláusula 42 quedan protegidos por lo estipulado en esta cláusula.’. Como se ve, los argumentos de la responsable en comento sí son incorrectos, en la medida de que si bien es cierto que la referida cláusula 89 no establece que la patronal esté obligada a cubrirle nuevamente el pago conforme al porcentaje que resulte del concepto que se demanda, también lo es que esa circunstancia no impide la procedencia de dicho pago cuando, como en el caso, por revisión posterior surge el derecho a un porcentaje mayor y que por falta de mención expresa al respecto la patronal eludió el pago correspondiente; además, si en dicha cláusula se prevé que ‘se pagará al trabajador la indemnización que corresponda conforme a los porcentajes de las tablas de valuación que contiene la Ley Federal del Trabajo’, debe entenderse que ese pago se realizará atendiendo al grado de incapacidad; por lo que si antes se valuó en sesenta por ciento y luego en el juicio natural se llegare a demostrar conforme al resultado del material probatorio existente en autos que esa incapacidad merece una revaluación en un grado mayor de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo por haberse agravado la lesión, es inconcuso que sí procede el pago de la indemnización a que se tiene derecho conforme a esa cláusula del contrato colectivo de trabajo, pero únicamente por la diferencia que resulte del grado de incapacidad anterior al actual. Para arribar a la conclusión anterior se toman en cuenta los aspectos siguientes: Que el patrón es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Que es el Instituto Mexicano del Seguro Social el que a través del contrato colectivo de trabajo celebrado con sus trabajadores se comprometió a pagar a éstos la indemnización que corresponda conforme a los porcentajes de las tablas de valuación que contiene la Ley Federal del Trabajo. Y si de la lectura de la fracción IV de la referida cláusula 89 del contrato colectivo de trabajo, se evidencia la obligación del Instituto Mexicano del Seguro Social de seguir vigilando la rehabilitación del trabajador aún después de haber sido incapacitado e indemnizado en los términos de la fracción I de esa misma cláusula, lo que se traduce en una protección total de su bienestar, con mayor razón debe convenirse en que sí procede el pago de una indemnización mayor si el grado de incapacidad se ha agravado y, con ello, desmerecido su bienestar. Al no considerarlo así la Junta, también por ese motivo violó en perjuicio del quejoso sus garantías individuales. Mismo criterio se sostuvo por este Tribunal Colegiado en el amparo directo número 102/99 ... Así pues tenemos que tácitamente la responsable desestimó dicha excepción de pago de la totalidad del monto de los mil noventa y cinco días por concepto de indemnización a que se refiere el contrato colectivo de trabajo, consideración que no irroga perjuicio al quejoso. Consecuentemente, en virtud de lo fundado de los conceptos de violación procede conceder el amparo solicitado para efectos de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y emita otro, en el que observando lo expuesto en esta ejecutoria prescinda de las razones que dio para estimar improcedente la acción de indemnización, de conformidad con la citada cláusula 89 dado que, como ya se vio, resultaron infundadas y así resuelva lo que proceda en derecho."

CUARTO. La ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito al resolver el amparo directo 1333/99, promovido por ... en su parte considerativa dice:

"SÉPTIMO. El concepto de violación hecho valer por el apoderado del quejoso es infundado en parte y sustancialmente fundado en la restante. En la parte inicial de su motivo de inconformidad quien pide el amparo sostiene que el laudo reclamado es violatorio de los artículos 4o., 16 y 123 constitucionales, relacionados con los artículos 841 y 842, los cuales transcribe, para luego decir que la responsable violaba igualmente los principios contenidos en los artículos 2o., 17 y 18 de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que esos numerales afirman que las normas de trabajo están encaminadas a conseguir el equilibrio y la justicia social y que las referidas normas laborales deben interpretarse en el sentido más favorable al trabajador. Apoya esas afirmaciones manifestando que la Junta del conocimiento no observó esos principios, pues a pesar de que el trabajador cumplió con su débito probatorio, en el sentido de demostrar sus acciones ejercidas y, por ende, las reclamaciones intentadas a través de documentos fehacientes otorgados por la propia demandada, ya que acreditó que se le había otorgado una incapacidad parcial permanente de un cuarenta y cinco por ciento después de que tuvo un accidente de trabajo; que posteriormente fue revisado y se revaluó su incapacidad, determinándose que su disminución orgánica funcional era ahora de sesenta puntos porcentuales y que, por ende, existen elementos que justifican su derecho a que le sea finiquitado la parte proporcional del quince por ciento de incremento. Que a pesar de lo anterior la responsable primero condena al instituto demandado al pago de las prestaciones económicas relativas al sesenta por ciento de incapacidad que le fuera determinado, y después absuelve a la moral demandada del pago del finiquito correspondiente al quince por ciento de revaluación, de los mil noventa y cinco días de salario, del pago de ciento cincuenta días de indemnización constitucional y del pago de cincuenta días por cada año de servicios prestados, lo que dice resulta contradictorio, transcribiendo enseguida los considerandos segundo, tercero y cuarto de la resolución reclamada. Las afirmaciones aquí sintetizadas devienen infundadas. Lo anterior es así, en atención a lo siguiente: Las acciones ejercidas por el aquí amparista, esencialmente y por su naturaleza, son dos: a) La relativa al conocimiento de la revaluación de su incapacidad parcial permanente y el correlativo pago de una pensión que fuera equivalente al porcentaje de disminución detectado, es decir, de un sesenta por ciento; lo que significa que reclama sustancialmente un aumento en las prestaciones económicas que ya percibía, pues disfrutaba de una pensión por el equivalente al cuarenta y cinco por ciento de disminución orgánica funcional, y se le detectó, afirmó, una disminución orgánica quince puntos porcentuales mayor; y, b) La relacionada con las indemnizaciones en numerario contempladas en el contrato colectivo de trabajo y en el reglamento de jubilaciones y pensiones del propio pacto colectivo para cuando se establece la existencia de una incapacidad parcial permanente, consistentes en el pago de mil noventa y cinco días del último salario percibido por el trabajador y cincuenta días por año completo de servicios prestados o la parte proporcional correspondiente, en términos de la fracción III, en relación con la I, de la cláusula 89 del pacto colectivo en comento, además de otra acción indemnizatoria que posteriormente se estudiará. Para acreditar la procedencia de las acciones anteriormente referidas, la parte actora ofreció como probanzas las documentales consistentes en el contrato colectivo de trabajo, la forma para calificar el posible riesgo de trabajo (MT-1) de doce de mayo de mil novecientos noventa y cinco (es decir, en el cual se avisó al instituto demandado de la existencia de un accidente que pudiera calificarse de riesgo de trabajo), el dictamen de incapacidad parcial permanente (MT-3) de treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y cinco, en el que se valuó su incapacidad en un cuarenta y cinco por ciento; y el diverso dictamen de incapacidad parcial permanente (MT-3) fechado el uno de abril de mil novecientos noventa y seis (en donde se revaluó su incapacidad parcial para determinarse que era de un sesenta por ciento de disminución orgánica funcional); además de la instrumental de actuaciones y las presuncionales legal y humana, y la documental consistente en el oficio que le dirigió el delegado estatal del instituto demandado, aquí tercero perjudicado, en donde le informó que sus peticiones de pago de la indemnización correspondiente a la revaluación de su incapacidad parcial permanente le fue negada. Por su parte, la demandada ofreció la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto. De lo anterior se sigue que, sobre el particular, es decir, en lo relativo a la condena hecha respecto al aumento de las prestaciones económicas en atención al sesenta por ciento de disminución orgánica funcional, el laudo controvertido es correcto, pues tal como lo señaló la responsable, quedó debidamente acreditado que el actor había sido revalorado en cuanto a su incapacidad parcial permanente y que, por ende, debía concedérsele el pago de las prestaciones económicas (pensión, aguinaldo, etcétera), con base en el porcentaje de disminución orgánica funcional que probó sufrir, en el caso, el sesenta por ciento. Ahora bien, debe decirse que las prestaciones reclamadas por el amparista, desprendidas de la cláusula 89, fracción III, en relación con la I, del contrato colectivo de trabajo (indemnización consistente en mil noventa y cinco días del último salario percibido y cincuenta días de salario por cada año completo de servicios y parte proporcional por año incompleto), se derivan de la imposibilidad del trabajador de seguir trabajando y no tienen, por ende, relación alguna con el nivel de disminución de incapacidad parcial permanente, tal como quedará precisado más adelante; por ende, es claro que el laudo reclamado al ser parcialmente condenatorio no es en modo alguno contradictorio y, en este sentido, tampoco violatorio de garantías. Enseguida, afirma el amparista que la responsable dejó de observar el contenido de la cláusula 89, fracción III, del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el instituto demandado y el sindicato que agrupa a sus trabajadores, así como los artículos 222 y 228, fracción 401 (sic) de la Ley Federal del Trabajo, pues al tenor de lo que en ellos se expresa, la responsable estaba obligada a estimar que con las pruebas exhibidas se había demostrado el derecho del trabajador a la indemnización contemplada en la cláusula que se ha mencionado, aunado al hecho de que si se había considerado que éste tenía derecho al pago de las prestaciones económicas derivadas de la incapacidad parcial permanente, equivalentes al sesenta por ciento de disminución orgánica funcional, entonces debía también condenarse al resto de las prestaciones reclamadas. Lo anterior es infundado. Ello es así, ya que, por una parte, contrario a lo que afirma el amparista, la circunstancia de que se hubiera demostrado que sí se revaloró al trabajador y que se acreditó consecuentemente que tenía derecho al pago de la pensión y al resto de las prestaciones económicas derivadas de una incapacidad permanente parcial, equivalentes a un sesenta por ciento de disminución orgánica funcional, esto no resulta indicativo para que necesariamente deban pagarse al trabajador las indemnizaciones contenidas en la cláusula 89, fracción III, en relación con la I, del contrato colectivo multirreferido. Para arribar a la determinación anterior, este cuerpo colegiado estima conveniente transcribir la cláusula y fracciones en mención: ‘Cláusula 89. Indemnizaciones. Las indemnizaciones estipuladas en esta cláusula, no están sujetas a descuento alguno autorizado expresamente por la Ley Federal del Trabajo. I. Muerte. Cuando el riesgo realizado traiga como consecuencia la muerte del trabajador, el instituto, con la intervención del sindicato, pagará a las personas designadas en el pliego testamentario sindical y cuando no exista éste a las señaladas en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, una indemnización equivalente al importe de 1095 días del último salario percibido por el trabajador, cualquiera que fuere el monto de dicho salario y cualquiera que fuere el tiempo que lo hubiere disfrutado, y además, 50 días por cada año completo de servicios o parte proporcional correspondiente a las fracciones de año, así como las prestaciones que le adeudare por vacaciones, aguinaldo, horas extraordinarias, etc. y la prima de antigüedad a que se refiere el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. Igualmente pagará el instituto, para gastos de funerales 90 días de salario. Estas prestaciones, salvedad hecha a la relativa a gastos de funerales, se otorgarán independientemente de las señaladas en la Ley del Seguro Social. En caso de que no exista pliego testamentario, el instituto dentro de un plazo de 30 días, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de la demanda, en la que se reclamen las prestaciones a que se refiere esta cláusula, se compromete a depositar en una institución bancaria, el importe que resulte de dichas prestaciones, mismo que será entregado con los intereses generados, a los beneficiarios que designe la autoridad laboral, por laudo definitivo. ... III. Incapacidad parcial y permanente. Cuando el riego profesional produzca incapacidad parcial y permanente que permita seguir laborando en la misma categoría o en otra, sin perjuicio de su salario, se pagará al trabajador la indemnización que corresponda conforme

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17679-91143ffd/seguro-social-la-clausula-89-fraccion-iii-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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