TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. LAS RESOLUCIONES QUE PRONUNCIE EN CONFLICTOS LABORALES QUE SE SUSCITEN ENTRE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS SERVIDORES, SI BIEN SON DEFINITIVAS E INATACABLES EN LA VÍA ORDINARIA, PUEDEN SER COMBATIDAS POR MEDIO DEL JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 58/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Los antecedentes y las consideraciones que sirvieron de sustento al Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos el juicio de amparo directo DT. 855/2003, promovido por el Instituto Electoral del Distrito Federal, en la parte conducente, dicen:
Que María Alejandra Arroyo Flores, por escrito presentado el veinticuatro de septiembre del año dos mil dos ante la Oficialía de Partes del Tribunal Electoral del Distrito Federal, demandó del Instituto Electoral del Distrito Federal, entre otras prestaciones, su reinstalación en el puesto de coordinador distrital en Órganos Desconcentrados del Servicio Profesional Electoral del Distrito Federal, así como el pago de salarios caídos. Como hechos fundatorios de su demanda manifestó que por acuerdos del consejo general y de la Comisión de Administración y Servicio Profesional Electoral del Distrito Federal, ingresó a laborar para la demandada el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, que ingresó con "nombramiento provisional al Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal en el cuerpo de función directiva, rango III, nivel 1 y puesto de coordinador distrital en Órganos Desconcentrados, del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, adscrito al Distrito XIX".
Que el treinta de julio del año dos mil dos fue citada en la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral del Distrito Federal, para entregarle y notificarle el oficio número SE/1086/02, signado por el secretario ejecutivo de dicho instituto, mediante el cual se le comunicó la terminación de su nombramiento y funciones de confianza de coordinadora distrital adscrita al Distrito XIX, con efectos a partir del treinta y uno de los citados mes y año.
Que mediante escrito de fecha seis de agosto del año dos mil dos, en contra de la determinación anterior interpuso recurso de inconformidad ante la Comisión de Administración y Servicio Profesional Electoral del instituto demandado, mismo que al resolverse fue declarado infundado.
Sustanciado el procedimiento relativo, el Tribunal Electoral responsable dictó el laudo correspondiente con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dos, en el que resolvió, entre otras cosas, que la actora acreditó los extremos de la acción intentada y la parte demandada no justificó sus excepciones y defensas; en consecuencia, condenó al instituto demandado a reinstalar a la actora en el puesto que desempeñaba y al pago de salarios caídos, apoyándose para ello en las consideraciones que, en lo conducente, dicen:
"Además, cabe examinar en el presente caso que el instituto demandado aduce que los miembros del Servicio Profesional Electoral, al tratarse de trabajadores de confianza, carecen del derecho a la inamovilidad en sus empleos. Sobre el particular, este órgano jurisdiccional estima oportuno señalar que el principio de inamovilidad aludido se refiere a una característica propia de los nombramientos en aquellos cargos superiores de máxima dirección, cuya independencia en el ejercicio de sus atribuciones debe ser garantizada por disposición expresa de los ordenamientos legales aplicables. En consecuencia, se colige que el derecho a la estabilidad en el empleo, como ya se estudió, y el principio de inamovilidad referidos, son conceptos jurídicos diversos que no guardan relación alguna en el caso de marras, no obstante que los miembros del Servicio Profesional Electoral, y específicamente los coordinadores distritales, son servidores públicos que desempeñan funciones directivas, dado que en la especie ningún precepto legal prevé tal garantía en su favor. En efecto, tal conclusión encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 37 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, cuando establece que la movilidad entre los cuerpos del servicio profesional se ejercitará a través del acto mediante el cual el personal de carrera es transferido, indistintamente, entre los dos cuerpos de funcionarios que lo integran, y puede darse por necesidades del servicio o por solicitud del interesado. Por consiguiente, se concluye que el principio de inamovilidad invocado por la parte demandada es extraño a los derechos laborales que en el presente juicio se deducen. Por otro lado, no pasa inadvertido que el Instituto Electoral Local sostiene que toda vez que el nombramiento de la ciudadana María Alejandra Arroyo Flores se expidió con el carácter de provisional, resulta innecesario que para dar por terminado los efectos de aquél, el patrón deba ajustarse a las disposiciones que sobre el particular prevén tanto el Estatuto del Servicio Profesional Electoral como los demás ordenamientos aplicables. Al respecto, se elucida que dicho razonamiento deviene inexacto debido a que el carácter provisional de ingreso al Servicio Profesional Electoral es un requisito indispensable de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 del estatuto en comento, toda vez que la titularidad en el rango que corresponda se podrá obtener siempre que se acredite el programa de formación y capacitación profesional electoral y la evaluación del rendimiento, en los términos del procedimiento emitido por la Comisión de Administración y del Servicio Profesional Electoral, previa aprobación del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, de acuerdo con lo señalado por el numeral 72 del cuerpo legal en cita. En este contexto, es inconcuso que el carácter de ingreso provisional al Servicio Profesional Electoral previsto por el estatuto de la materia, en forma alguna autoriza al instituto demandado para decidir, sin sujetarse a ningún procedimiento, sobre la terminación de los efectos de un nombramiento con esta cualidad. Lo anterior es así, toda vez que el artículo 77 del estatuto multicitado dispone que los nombramientos de los miembros del Servicio Profesional Electoral serán de dos categorías: 1. Provisionales; y, 2. De titularidad. En el primero de los casos, es decir, respecto de los nombramientos provisionales, éstos se otorgarán a los miembros de este servicio que sean de nuevo ingreso, y en lo que respecta a los nombramientos de titularidad, los mismos se expedirán en todos aquellos casos en que se hayan reunido los requisitos normativos para ocupar el rango y nivel correspondientes, según lo dispuesto, respectivamente, por los numerales 78 y 79 del propio estatuto. Por último, cabe señalar que el artículo 80 indica que el procedimiento administrativo que al efecto formule la Comisión de Administración y del Servicio Profesional Electoral, contemplará el tiempo máximo que tendrá un miembro provisional para acreditar el programa de formación y capacitación profesional electoral que lo lleve a tener la titularidad. Así las cosas, este tribunal advierte que en el asunto de mérito el instituto enjuiciado al emitir la resolución que recayó al recurso de inconformidad RI/13/02, transgredió en perjuicio de la parte actora el principio de legalidad, dado que no existe disposición legal alguna que autorice válidamente a la parte demandada para decidir sobre la terminación de los efectos de los nombramientos de carácter provisional, sin que dicha decisión se encuentre debidamente justificada y sustentada en los preceptos legales que rigen el tema en comento. Por consiguiente, se dilucida que en tratándose de la terminación de los efectos de un nombramiento de carácter provisional de un miembro del Servicio Profesional Electoral, el Instituto Electoral del Distrito Federal está constreñido, al momento de dictar ese acto, a sujetarse a las disposiciones que sobre el particular establecen el Estatuto del Servicio Profesional Electoral multicitado y las demás que resulten aplicables al caso concreto. A mayor abundamiento, este órgano colegiado considera indispensable, además, puntualizar que cualquier terminación de la relación laboral que asuma el Instituto Electoral del Distrito Federal con los miembros del Servicio Profesional Electoral, como ocurre en este caso, ineludiblemente deberá encontrase fundada y motivada, entendiendo por lo primero, la cita de los preceptos legales exactamente aplicables al caso concreto y por lo segundo, la mención de las causas inmediatas, razones particulares o circunstancias especiales que justifiquen su decisión, debiendo existir entre ambos elementos una adecuada correlación. Ello es así, debido a que el Instituto Electoral Local cuando actúa con el carácter de patrón, lo hace con base en el ejercicio de atribuciones legales específicas que le otorgan las leyes conducentes. En consecuencia, se considera que el instituto tiene la obligación de señalar con puntualidad las razones o motivos que justifiquen su decisión, así como los dispositivos legales que la soporten, a fin de que pueda válidamente concluir la relación laboral que sostenga con cualquier integrante del personal del Servicio Profesional Electoral. Por lo anterior, este tribunal arriba a la conclusión de que el instituto demandado, al dar por terminada la relación de trabajo con la actora, dejó de acreditar los motivos que dieron lugar a tal determinación y de un estudio minucioso de las constancias de autos no se advierte que la parte actora haya incurrido en alguna causal que motivara su destitución, por el contrario, la misma autoridad demandada reconoce tanto al emitir la resolución que por esta vía se combate, como al dar contestación a la demanda que nos ocupa, que no se está ante la destitución de un trabajador como consecuencia de una infracción al marco legal, justificando su proceder exclusivamente en la calidad de trabajador de confianza con que contaba la actora, considerando así suficiente la comunicación de la terminación de su nombramiento. Por lo expuesto, este tribunal arriba a la conclusión de que la terminación del nombramiento de la hoy actora, realizada por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Distrito Federal, no encuentra justificación alguna, por lo que resultan fundados los agravios en estudio. Con base en lo expuesto y al resultar fundados los agravios esgrimidos por la parte actora, es de concluir que ésta acreditó su acción y que la parte demandada no probó sus excepciones y defensas, por lo que con fundamento en el artículo 272, fracción X, del código de la materia ha lugar a revocar la resolución de veintinueve de agosto del año en curso, emitida por la Comisión de Administración y Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, así como el oficio número SE/1086/02, de treinta de julio del mismo año, suscrito por el secretario ejecutivo del citado instituto que dio por terminado el nombramiento de la actora como coordinadora distrital adscrita al Distrito Electoral XIX. En consecuencia, en términos del mismo precepto, se ordena al instituto demandado a reinstalar a la ciudadana María Alejandra Arroyo Flores en el cargo que venía desempeñando y a restituirla en el goce y ejercicio de los derechos y prestaciones correspondientes a su cargo, incluyendo, en su caso, las prestaciones que se hubieren concedido o los aumentos que se hayan otorgado. Asimismo, con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la materia, se condena al instituto enjuiciado a pagar a la actora los salarios caídos desde la fecha en que ésta fue separada injustificadamente de su cargo y hasta que se cumplimente la presente resolución, siendo oportuno señalar que, en caso de que surja desacuerdo entre las partes respecto a su cuantificación, ésta deberá ser materia del incidente de ejecución de sentencia. Por otra parte, se ordena al Instituto Electoral del Distrito Federal a informar dentro de un plazo de cinco días contados a partir de que se le notifique la presente resolución, sobre el cumplimiento dado a esta sentencia, apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo se le impondrá alguna de las medidas de apremio que establece el artículo 260 del Código Electoral del Distrito Federal."
En contra de la anterior resolución, el Instituto Electoral del Distrito Federal interpuso demanda de amparo directo, de la que tocó conocer al Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quien la radicó con el número DT. 855/2003 y por ejecutoria de veinte de febrero del año dos mil tres determinó, entre otras cosas, desestimar las causas de improcedencia que hizo valer el tribunal responsable, bajo las consideraciones que, en la parte que interesa, son del tenor siguiente:
"CUARTO. Atento las causales de improcedencia que hace valer el presidente del Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal al rendir su informe justificado, visible a fojas 30 a 40 del cuaderno de amparo, se procederá al estudio de éstas de manera primordial. Es infundada la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VII, de la Ley de Amparo, que alega el presidente del Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal, pues sostiene que el acto reclamado emana de una autoridad eminentemente electoral y versa sobre cuestiones de la misma naturaleza, ya que fue emitido por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, por lo que refiere que los actos son material y formalmente electorales. Agrega que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las normas relativas a la organización, operación y desarrollo del servicio profesional electoral y al personal de los Institutos Electorales de los Estados, tienen naturaleza electoral, dado que trascienden directa o indirectamente en los procesos electorales. Lo anterior es así, en virtud de que si bien es cierto que la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, también lo es que resulta necesario que el acto reclamado provenga de autoridades electorales y que su naturaleza jurídica radique en cuestiones políticas, pues ésta no se encuentra incluida dentro del capítulo de garantías individuales prevista en la Constitución; por tanto, si el acto que ahora se reclama deriva de un conflicto de naturaleza laboral promovido ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal, evidentemente que no opera la causal de improcedencia aludida. Al respecto, conviene señalar que la tesis jurisprudencial que invoca el presidente del Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN ES DE NATURALEZA ELECTORAL, Y EL PROCEDIMIENTO PARA IMPUGNARLA POR LA VÍA MENCIONADA SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS QUE PREVÉ LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’, no es aplicable al caso concreto, en virtud de que de la jurisprudencia apuntada se desprende que la Ley del Servicio Profesional Electoral tiene por objeto establecer normas y criterios aplicables a la organización, operación y desarrollo del servicio profesional electoral y del personal de la Comisión Estatal Electoral, los cuales trascienden directa o indirectamente en los procesos electorales, pues dan efectividad a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado en lo concerniente a la Comisión Estatal Electoral que participa directamente en el desarrollo de dichos procesos, por lo que la ley que rige el Servicio Profesional Electoral y la citada comisión son de naturaleza electoral, mas no se refiere a normas aplicables relativas a la relación laboral con sus empleados ni a la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VII, de la Ley de Amparo. De igual forma, es infundada la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso f), en relación con el diverso 116, fracción IV, incisos b) al i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 227, fracción I, inciso d), del Código Electoral del Distrito Federal, 123, 124 y 129, fracción IV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que hace valer el presidente del Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal, pues sostiene que el Instituto Electoral es un organismo público autónomo, depositario de la autoridad electoral y responsable de la función estatal de organizar las elecciones y procedimientos de participación ciudadana, por lo que carece de legitimación para acudir a la vía de amparo que, además, el acto reclamado constituye una resolución que por disposición de la ley es firme e inatacable. En efecto, el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé: ‘Artículo 122. ... C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases: Base primera. Respecto a la Asamblea Legislativa: ... V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades: ... f) Expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en el Distrito Federal, sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales tomarán en cuenta los principios establecidos en los incisos b) al i), de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución. En estas elecciones sólo podrán participar los partidos políticos con registro nacional.’. En tanto que el 116, fracción IV, incisos b) al i), de nuestro Máximo Ordenamiento, establece: ‘Artículo 116. ... Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: ... IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: ... b) En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia; c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; d) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad; e) Se fijen los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales; f) De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y cuenten durante los procesos electorales con apoyos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio universal; g) Se propicien condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social; h) Se fijen los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; se establezcan, asimismo, las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias; e i) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones que por ellos deban imponerse.’. De lo anterior se desprende que las normas transcritas no son aplicables al caso, porque aun cuando los aludidos preceptos se refieren a la facultad que tiene la Asamblea Legislativa para expedir disposiciones en materia electoral local, así como a la autonomía del funcionamiento e independencia de las autoridades jurisdiccionales que tengan a su cargo la resolución de las controversias en esa propia materia, como lo es el Tribunal Electoral del Distrito Federal, esto se encuentra limitado a las cuestiones electorales; y en el caso se está en presencia de un conflicto de naturaleza laboral promovido ante ese órgano jurisdiccional. Por lo que toca a los artículos 123, 124 y 129, fracción IV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal éste dispone: ‘Artículo 123. La organización de las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Electoral del Distrito Federal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan la Asamblea Legislativa, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley.’. ‘Artículo 124. El Instituto Electoral del Distrito Federal será autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones, autónomo en su funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. ... Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, que con base en ella apruebe el consejo general, regirán las relaciones de trabajo de los servidores del organismo público. ...’. ‘Artículo 129. Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de este estatuto y según lo disponga la ley, acerca de: ... IV. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y sus servidores.’. El estatuto mencionado regula la autonomía del Tribunal Electoral del Distrito Federal en su funcionamiento, así como la independencia en sus resoluciones respecto de la materia electoral, sin que pueda considerarse como complementario del contenido del apartado B del artículo 123 constitucional, dado que este último no lo establece así; por lo que al tratarse, en el caso concreto, de un conflicto de naturaleza laboral no se regula por las disposiciones relativas a las resoluciones dictadas en la materia propiamente electoral y, por ende, los actos emitidos por el aludido tribunal en aquellos conflictos pueden ser objeto de impugnación mediante el juicio de amparo. No es obstáculo para lo que se ha expuesto la circunstancia de que, como ya se vio, el artículo 129 del mismo estatuto establezca que al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y según lo disponga la ley, acerca de los conflictos o diferencias laborales entre éste y sus servidores, porque la inimpugnabilidad a que se alude sólo puede referirse a la vía ordinaria de defensa, no al juicio de garantías, ya que la Constitución Federal no establece que las decisiones del Tribunal Electoral del Distrito Federal en materia laboral, esto es, al resolver los conflictos de esa índole planteados por sus propios trabajadores o los del Instituto Electoral del Distrito Federal, sean inatacables, por lo que no podría concluirse en la norma secundaria de que se habla que esté vedada la posibilidad de impugnación en la vía constitucional, extraordinaria, del amparo. Por lo que se concluye que no opera la causal de improcedencia a que alude el presidente del Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Por último, respecto al contenido de las copias certificadas de la ejecutoria emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, relativo al amparo número DT. 7411/2002, que anexó el presidente del Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal a su informe justificado, este órgano colegiado no comparte el criterio sustentado en dicha ejecutoria, por las razones expuestas en esta ejecutoria."
Derivado del anterior criterio surgió la tesis pendiente de publicación, de rubro siguiente:
"TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS O QUE PONEN FIN A UN CONFLICTO LABORAL ENTRE EL PROPIO TRIBUNAL Y SUS SERVIDORES, SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO. Del contenido de los artículos 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso f) y 116, fracción IV, incisos b) al i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se infiere la facultad que tiene la Asamblea Legislativa para expedir disposiciones en materia electoral local, así como la autonomía de su funcionamiento e independencia de las autoridades jurisdiccionales que tengan a su cargo la resolución de las controversias en esa propia materia; en tanto que de los artículos 123, 124 y 129, fracción VI, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal deriva la autonomía del Tribunal Electoral del Distrito Federal en su funcionamiento, así como independencia en sus resoluciones respecto de la materia electoral; empero, las diferencias o conflictos entre el Instituto Electoral del Distrito Federal y sus servidores son de naturaleza laboral y, por tanto, pueden ser objeto de impugnación mediante el juicio de amparo, porque aun cuando el artículo 129 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establezca que al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en términos del referido estatuto y según lo disponga la ley, acerca de los conflictos o diferencias laborales entre éste y sus servidores, la inimpugnabilidad aludida sólo puede referirse a la vía ordinaria de defensa y no al juicio de garantías, ya que la Constitución Federal no establece que las decisiones del Tribunal Electoral del Distrito Federal en materia laboral, esto es, al resolver los conflictos de esa índole planteados por sus propios trabajadores o los del Instituto Electoral del Distrito Federal, sean inatacables."
CUARTO. Los antecedentes de la determinación dictada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el juicio de amparo directo DT. 7411/2002, promovido por Silvia Esther Pérez Ceballos, son los siguientes:
Silvia Esther Pérez Ceballos ocurrió ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal a demandar del Instituto Electoral del Distrito Federal, entre otras prestaciones, su restitución en el puesto de subdirectora de Programación Operativa, adscrita al Centro de Formación y Desarrollo del instituto demandado, así como el pago de salarios caídos. Como hechos fundatorios de su demanda, manifestó que ingresó a laborar para la demandada el primero de marzo de mil novecientos noventa y nueve, como jefa de departamento; posteriormente, el primero de octubre del mismo año ocupó el cargo de subdirectora de Programación Operativa, adscrita al Centro de Formación y Desarrollo del instituto demandado. Que el dieciocho de julio del año dos mil uno fue separada en forma injustificada de su empleo, lo que se materializó hasta el día veinte del mismo mes y año.
El tribunal responsable, el catorce de diciembre del año dos mil uno, dictó el laudo correspondiente, en el que resolvió, entre otras cosas, declarar que la actora no acreditó los elementos de su acción y la demandada justificó las excepciones opuestas, en consecuencia, absolvió al Instituto Electoral del Distrito Federal de reinstalar a la actora en el cargo que desempeñó en dicho instituto, apoyándose para ello en las consideraciones que, en lo conducente, dicen:
"Luego entonces, si la accionante se retractó de la renuncia voluntaria contenida en el ocurso de dieciséis de mayo de dos mil uno, el día veinticuatro de julio del mismo año, esto es, posteriormente al quince de julio de ese año, fecha en que surtió efectos, es innegable que la revocación planteada carece de toda eficacia jurídica, porque se advierte que la manifestación de voluntad de la servidora para seguir desempeñando el cargo que tenía fue exteriorizada después del transcurso de la fecha en que la renuncia surtió plenamente sus efectos. Ilustra la anterior argumentación la tesis de jurisprudencia que resolvió la denuncia de contradicción sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 495 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII del mes de abril de dos mil uno, cuyos rubro y texto a la letra disponen lo siguiente: ‘RENUNCIA AL TRABAJO A PARTIR DE UNA FECHA FUTURA. SI EL TRABAJADOR SE RETRACTA DE ELLA ANTES DE ESA FECHA, LA RENUNCIA NO SURTE EFECTOS.’ (se transcribe). De esta suerte, se consideran infundados los agravios que la parte actora formula en el escrito de demanda. V. Una vez realizado el estudio de la acción de nulidad de la resolución de seis de septiembre de dos mil uno que recayó a los recursos de inconformidad que interpuso la actora con fechas veinticuatro y veintiséis de julio del mismo año, en los autos del expediente número RI/03/2001, este órgano jurisdiccional estima pertinente determinar la procedencia o improcedencia de las acciones relacionadas con las prestaciones económico sociales que dicha parte señaló en el escrito de su demanda laboral. La actora reclamó del Instituto Electoral del Distrito Federal, además de la declaración de nulidad de la resolución de seis de septiembre de dos mil uno, recaída en el expediente número RI/03/2001, la restitución en el puesto que desempeñó al servicio de la demandada, así como el derecho a recibir el pago del concepto de salarios caídos; el reconocimiento del tiempo efectivo de servicios laborados para el instituto demandado, el pago y disfrute de las vacaciones devengadas, el pago de cuarenta días de salario por concepto de aguinaldo; asimismo, el pFederal, se desprende que las resoluciones que emita el Tribunal Electoral del Distrito Federal en los conflictos laborales que surjan entre el Instituto Epresente juicio. El insti
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17753-e3930c70/tribunal-electoral-del-distrito-federal-las-resoluciones-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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