CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE TENERSE COMO AUTORIDAD DEMANDADA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO HAYA SIDO SUSCRITO POR EL SECRETARIO DE FINANZAS DE LA ENTIDAD, EN VIRTUD DE QUE ÉSTE ES UN ÓRGANO SUBORDINADO DE AQUÉL.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 114/2003-PL, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 29/2003. JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y LAURA GARCÍA VELASCO.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-En el agravio que hace valer la parte recurrente aduce, en lo toral, que el proveído recurrido es violatorio del artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en virtud de lo siguiente:
a) Que el Ministro instructor no debió reconocer al jefe de Gobierno del Distrito Federal el carácter de autoridad demandada, en virtud de que éste no tuvo participación en la emisión del acto cuya invalidez se demanda, ya que quien lo emitió fue el secretario de Finanzas del Distrito Federal.
b) Que el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia establece quiénes tienen el carácter de parte demandada en las controversias constitucionales, no existe la posibilidad de hacer extensivo este carácter a diversas autoridades, por el simple hecho de tratarse de superiores jerárquicos del funcionario que hubiese emitido el acto controvertido.
Según lo expuesto, la materia de este asunto se constriñe a determinar si efectivamente, como lo aduce el recurrente, el auto recurrido resulta violatorio del artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para tal efecto, previamente al análisis del agravio esgrimido, se estima conveniente relatar los antecedentes del caso:
1) Por oficio de veintisiete de marzo de dos mil tres (fojas 1 a 77 del expediente principal de la controversia constitucional de la que deriva este asunto), la demarcación territorial de Miguel Hidalgo, Distrito Federal, promovió demanda en vía de controversia constitucional, en la que señaló como autoridad demandada al jefe de Gobierno de esa entidad y como acto impugnado el oficio número SFDF/109/03, de quince de febrero de dos mil tres, suscrito por el secretario de Finanzas del Distrito Federal.
2) Mediante proveído de cuatro de abril de dos mil tres (fojas 88 y 89 del expediente principal), se admitió a trámite la demanda relativa y se reconoció el carácter de demandado al jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Ahora bien, el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, que se estima infringido, es del tenor siguiente:
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"...
"II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia."
En relación con lo anterior, este Alto Tribunal ha sostenido que en las controversias constitucionales los órganos derivados no pueden tener legitimación activa, pero cuando se trata de la legitimación pasiva no se requiere necesariamente ser un órgano originario del Estado, sino que en cada caso deberá analizarse ello, atendiendo al principio de supremacía constitucional, a la finalidad perseguida con la controversia constitucional y al espectro de su tutela jurídica.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. LXXIII/98, emitida por el Tribunal Pleno, consultable en la página setecientos noventa del Tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y LEGITIMACIÓN PASIVA.-De la finalidad perseguida con la figura de la controversia constitucional, el espectro de su tutela jurídica y su armonización con los artículos 40, 41 y 49, en relación con el 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que podrán tener legitimación activa para ejercer la acción constitucional a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la propia Ley Suprema, de manera genérica: la Federación, una entidad federada, un Municipio y Distrito Federal (que corresponden a los niveles de gobierno establecidos en la Constitución Federal); el Poder Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, cualesquiera de las Cámaras de éste o la Comisión Permanente (Poderes Federales); los poderes de una misma entidad federada (Poderes Locales); y por último, los órganos de gobierno del Distrito Federal, porque precisamente estos órganos primarios del Estado, son los que pueden reclamar la invalidez de normas generales o actos que estimen violatorios del ámbito competencial que para ellos prevé la Carta Magna. En consecuencia, los órganos derivados, en ningún caso, podrán tener legitimación activa, ya que no se ubican dentro del supuesto de la tutela jurídica del medio de control constitucional. Sin embargo, en cuanto a la legitimación pasiva para intervenir en el procedimiento relativo no se requiere, necesariamente, ser un órgano originario del Estado, por lo que, en cada caso particular deberá analizarse ello, atendiendo al principio de supremacía constitucional, a la finalidad perseguida con este instrumento procesal y al espectro de su tutela jurídica.
"Solicitud de revocación por hecho superveniente en el incidente de suspensión relativo a la controversia constitucional 51/96. Gabriel Hinojosa Rivero y Marcial Benigno Felipe Campos y Diez, en su carácter de presidente Municipal y síndico, respectivamente, del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, del Estado de Puebla, contra el gobernador y el Congreso del propio Estado. 16 de junio de 1998. Unanimidad de diez votos (Impedimento legal Mariano Azuela Güitrón). Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Roberto Lara Hernández."
Asimismo, el Tribunal Pleno ha establecido que los órganos derivados carecen de legitimación pasiva, salvo que sean autónomos de los sujetos que se enumeran en el artículo 105, fracción I, constitucional.
Lo anterior se sustentó en la jurisprudencia P./J. 84/2000, consultable en la página novecientos sesenta y siete del Tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone:
"LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS.-Tomando en consideración que la finalidad principal de las controversias constitucionales es evitar que se invada la esfera de competencia establecida en la Constitución Federal, para determinar lo referente a la legitimación pasiva, además de la clasificación de órganos originarios o derivados que se realiza en la tesis establecida por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P. LXXIII/98, publicada a fojas 790, Tomo VIII, diciembre de 1998, Pleno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: ‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y LEGITIMACIÓN PASIVA.’, para deducir esa legitimación, debe atenderse, además, a la subordinación jerárquica. En este orden de ideas, sólo puede aceptarse que tiene legitimación pasiva un órgano derivado, si es autónomo de los sujetos que, siendo demandados, se enumeran en la fracción I del artículo 105 constitucional. Sin embargo, cuando ese órgano derivado está subordinado jerárquicamente a otro ente o poder de los que señala el mencionado artículo 105, fracción I, resulta improcedente tenerlo como demandado, pues es claro que el superior jerárquico, al cumplir la ejecutoria, tiene la obligación de girar, a todos sus subordinados, las órdenes e instrucciones necesarias a fin de lograr ese cumplimiento; y estos últimos, la obligación de acatarla aun cuando no se les haya reconocido el carácter de demandados.
"Controversia constitucional 26/99. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 24 de agosto de 2000. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón."
En el caso, el artículo 122, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:
"Artículo 122. ...
"El jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el Ejecutivo y la administración pública en la entidad y recaerá en una sola persona, elegida por votación universal, libre, directa y secreta."
De este numeral se advierte que por mandato constitucional el jefe de Gobierno tiene a su cargo el Ejecutivo y la administración pública del Distrito Federal.
Asimismo, los artículos 5o. y 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal indican:
"Artículo 5o. El jefe de Gobierno será el titular de la administración pública del Distrito Federal. A él corresponden originalmente todas las facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos relativos al Distrito Federal, y podrá delegarlas a los servidores públicos subalternos mediante acuerdos que se publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su entrada en vigor y, en su caso, en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión, excepto aquellas que por disposición jurídica no sean delegables. ..."
"Artículo 15. El jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, en los términos de ésta ley, de las siguientes dependencias:
"...
"VIII. Secretaría de Finanzas. ..."
De los anteriores preceptos legales se desprende que el jefe de Gobierno del Distrito Federal tiene originariamente todas las facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos del Distrito Federal, además, se auxiliará para el ejercicio de sus funciones de diversas dependencias, entre las que se encuentra la Secretaría de Finanzas, de lo que resulta que dicha secretaría está subordinada al jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Por lo expuesto, es correcta la determinación del Ministro instructor al tener como demandado al jefe de Gobierno del Distrito Federal, toda vez que en la controversia constitucional de la que se deriva el presente recurso de reclamación no procede tener con tal carácter al secretario de Finanzas del Distrito Federal, ya que es un órgano subordinado del citado jefe de Gobierno, quien en todo caso es el que debe cumplir la ejecutoria que en su momento se dicte y girar las órdenes e instrucciones necesarias a sus subordinados a fin de lograr dicho cumplimiento.
A mayor abundamiento, debe precisarse que resultan inaplicables al caso las tesis que invoca el recurrente, de rubros: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS CON APOYO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO QUE SE LE RECLAMA Y EL QUEJOSO NO ACREDITA SU EXISTENCIA PROCEDE EL." y "SOBRESEIMIENTO. ACTOS DE AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO ORDENADORA.", toda vez que se refieren a juicios de amparo y, por tanto, no pueden ser aplicadas en las controversias constitucionales, ya que son medios de control constitucional de naturaleza distinta.
En virtud de todo lo asentado y ante lo infundado del agravio, lo procedente es declarar infundado el presente recurso de reclamación y, por consiguiente, confirmar el acuerdo recurrido.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Es procedente pero infundado el presente recurso de reclamación derivado de la controversia constitucional 29/2003, interpuesto por el jefe de Gobierno del Distrito Federal.
SEGUNDO.-Se confirma el auto recurrido de cuatro de abril de dos mil tres, dictado por el Ministro instructor en la citada controversia, por el que se admitió la demanda y se tuvo como autoridad demandada al jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Juventino V. Castro y Castro (ponente), Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Juan N. Silva Meza.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17826-0a3a88c1/controversia-constitucional-debe-tenerse-como-autoridad-demandada-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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