SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. SU FINALIDAD CONSISTE EN CONSERVAR LA MATERIA DEL JUICIO PRINCIPAL, CON EL OBJETO DE QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL ESTÉ EN APTITUD DE PRONUNCIARSE RESPECTO DEL FONDO DEL ASUNTO.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 126/2003-PL, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 29/2003. JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARIBEL BECERRIL VELÁZQUEZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO. La parte recurrente en sus agravios expresó, en síntesis, lo siguiente:
a) Que se contraviene lo dispuesto por los artículos 15 y 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que respecta a la indebida motivación que el Ministro instructor realiza en relación con que la medida cautelar otorgada no pone en peligro la economía nacional, toda vez que omitió considerar que la economía del Distrito Federal no puede estudiarse de manera aislada o independiente a las cuestiones de la economía nacional, pues siendo el Distrito Federal parte integrante de la Federación, las variaciones o modificaciones que en su economía se presenten repercuten a nivel nacional.
b) Que se infringe lo dispuesto por el artículo 15 de la ley reglamentaria de la materia, por lo que hace a la indebida motivación que se realiza en el auto impugnado, referente a que no se ponen en peligro las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, ya que con el otorgamiento de la suspensión se vulnera la jerarquía y facultades del titular del Poder Ejecutivo del Distrito Federal, respecto de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales que lo componen, y que constituye precisamente una de las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano.
c) Que se viola lo dispuesto por el artículo 15 del mencionado ordenamiento legal, en cuanto a la indebida motivación que se realiza de la cuestión de la afectación a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante, toda vez que los efectos de la suspensión otorgada repercuten en la sociedad en general y no sólo respecto de los habitantes de la demarcación territorial en Miguel Hidalgo.
d) Que se quebranta lo dispuesto por el artículo 45, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la suspensión otorgada pretende tener efectos restitutorios.
Que el otorgamiento de la suspensión resulta contrario a derecho, ya que prejuzga sobre el fondo de la litis planteada, al señalar que con la medida cautelar otorgada se pretende que la citada demarcación territorial preserve el presupuesto autorizado para que cumpla con sus programas de gobierno, lo que implica que se le hayan dado efectos restitutorios a la suspensión concedida, toda vez que éstos se traducen en el hecho de que la demarcación territorial actora pueda ejercer la totalidad del presupuesto aprobado, con independencia del contenido del oficio controvertido, cuya validez o invalidez constitucional es objeto de la controversia constitucional que originó el incidente de suspensión del cual deriva el presente recurso.
El auto recurrido otorgó la medida suspensional solicitada bajo los términos siguientes:
a) Que conforme a los artículos 14 y 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan.
b) Que la autoridad demandada debe abstenerse de efectuar trámite o acto alguno tendiente a cumplir con el contenido del oficio cuya invalidez se demanda en la controversia constitucional, es decir, se abstenga de reducir el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil tres asignado en la demarcación territorial en Miguel Hidalgo hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto.
c) Que con la suspensión otorgada no se actualiza alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 15 de la ley reglamentaria de la materia, ya que no se pone en peligro la seguridad o economía nacionales, pues únicamente se paraliza el acto atribuido a la autoridad demandada.
d) Que tampoco se afectan las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, puesto que con la medida cautelar otorgada se pretende que la citada demarcación territorial preserve el presupuesto autorizado para que cumpla con sus programas de gobierno que, incluso, ya fue autorizado por la Asamblea Legislativa a través del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil tres, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el treinta y uno de diciembre de dos mil dos.
e) Que con el otorgamiento de la suspensión no se causa un daño mayor a la sociedad en relación con el beneficio que pudiera obtener la actora sino que, por el contrario, con el presupuesto autorizado es como la demarcación territorial en Miguel Hidalgo ejecutará sus programas gubernamentales en beneficio de la sociedad.
f) Que el otorgamiento de la suspensión no prejuzga sobre la litis planteada que será materia de análisis en el momento procesal oportuno, con base en todos los elementos de prueba que aporten las partes.
Por tanto, lo procedente es determinar si con el otorgamiento de la suspensión se transgreden los artículos 15 y 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo 15 en cita prevé lo siguiente:
"Artículo 15. La suspensión no podrá concederse en los casos en que se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante."
Del precepto legal transcrito se desprenden tres supuestos en los que la suspensión no puede ser concedida:
a) Cuando se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales.
b) Cuando se pongan en peligro las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano.
c) Cuando de concederse pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante.
Como ha quedado precisado en párrafos precedentes, el otorgamiento de la suspensión obedeció a que el Ministro instructor, con base en los elementos que obran en autos, consideró que en el caso no se actualizó ninguna de las hipótesis que contiene el artículo 15 acabado de reproducir.
En este orden de ideas, por lo que respecta al supuesto consistente en que la suspensión no puede otorgarse cuando se ponga en peligro la economía nacional, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial P./J. 45/99, consultable en la página seiscientos sesenta del Tomo IX, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ha señalado qué debe entenderse por economía nacional, en los términos siguientes:
"SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CONCEPTO DE ‘ECONOMÍA NACIONAL’ PARA EFECTOS DE SU OTORGAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL). El artículo 15 de la citada ley establece que: ‘La suspensión no podrá concederse en los casos en que se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante.’. Ahora bien, el concepto de ‘economía nacional’, en su connotación de estructura, orden interior o régimen del Estado que regula o persigue la satisfacción de las necesidades humanas de sus gobernados, se identifica con la organización de las actividades económicas establecidas por el Estado mexicano conforme a los lineamientos de la Constitución Política que lo rige, es decir, con los principios rectores del desarrollo económico estatuido en la Ley Fundamental en beneficio de todos sus gobernados, que es el fin último del Estado. Por tanto, sólo se podrá considerar actualizado el supuesto establecido en el precepto invocado, si en caso de concederse dicha suspensión, se lesionaran intereses de la sociedad en general y no en forma particularizada de un determinado número de sus miembros.
"Recurso de reclamación 62/98, en el incidente de suspensión relativo a la controversia constitucional 35/97. Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. 11 de junio de 1998. Mayoría de ocho votos. Ausente: Olga María del Carmen Sánchez Cordero. Disidentes: Mariano Azuela Güitrón y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez."
De acuerdo con lo anterior, el concepto de "economía nacional" en su connotación de estructura, orden interior o régimen del Estado que regula o persigue la satisfacción de las necesidades humanas de sus gobernados, se identifica con la organización de las actividades económicas establecidas por el Estado mexicano conforme a los lineamientos de la Constitución Política que lo rige, es decir, con los principios rectores del desarrollo económico estatuido en la Constitución Federal en beneficio de todos sus gobernados, que es el fin último del Estado; por tanto, sólo se podrá considerar actualizado el supuesto establecido en el precepto invocado, si en el caso de concederse dicha suspensión se lesionaran intereses de la sociedad en general, y no en forma particularizada de un determinado número de sus miembros.
Partiendo de esta premisa y con el fin de establecer si con la medida cautelar otorgada se pone en peligro la economía nacional, resulta necesario precisar lo siguiente:
Del contenido de los artículos 1o., 40, 41, primer párrafo, 43, 44, 49, 115, fracción I, 116, primero y segundo párrafos, 122, primero y segundo párrafos, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puede distinguirse la existencia de los siguientes órdenes jurídicos dentro del Estado mexicano, a saber: el federal, el local o estatal, el municipal y el Distrito Federal; cada uno de ellos cuenta con asignaciones competenciales propias que, por regla general, son excluyentes entre sí, contando con autonomía para su ejercicio a cargo de las autoridades correspondientes.
Por tanto, si bien es cierto que el Distrito Federal es parte integrante de la Federación, de conformidad con lo que establece el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también lo es que en términos del artículo 41 del citado ordenamiento legal, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las Particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
Esto es, cuando un órgano perteneciente a un Estado, Distrito Federal o Municipio en ejercicio de sus atribuciones modifique cuestiones relativas al ámbito político, económico o jurídico, siempre y cuando sea respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su repercusión no trasciende más allá del propio ámbito competencial.
En el caso que nos ocupa, el hecho de que el acto impugnado tenga relación con el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal dos mil tres, no significa que la suspensión pueda afectar la economía nacional por el simple hecho de que el Distrito Federal sea parte integrante de la Federación, toda vez que no se lesionan los principios rectores del desarrollo económico estatuidos en la Constitución Federal en beneficio de todos sus gobernados, ni los intereses de la sociedad.
Cabe agregar que el acto impugnado en la controversia constitucional versa sobre cuestiones de reducción de presupuesto a la demarcación territorial en Miguel Hidalgo, por lo que no se actualiza el impedimento que se contiene en el artículo 15 de la ley reglamentaria de la materia para conceder la medida suspensional, consistente en que no se ponga en peligro la seguridad nacional, ya que el acto impugnado nada tiene que ver con este tema.
A mayor abundamiento, sostener la interpretación que plantea la recurrente llevaría a estimar que cualquier afectación a la economía de un órgano público implicaría que se encontrare en peligro la economía nacional y, por ende, nunca procedería el otorgamiento de la suspensión, lo que se estima insostenible.
Ahora bien, por lo que hace al supuesto referente a que no se debió otorgar la suspensión porque se ponen en peligro las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, se debe señalar lo siguiente:
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del concepto anotado, ha sustentado la tesis jurisprudencial número P./J. 21/2002, publicada en la página novecientos cincuenta del Tomo XV, correspondiente al mes de abril de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que prevé:
"SUSPENSIÓN EN LOS JUICIOS REGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ‘INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO’ PARA EFECTOS DE SU OTORGAMIENTO. El artículo 15 de la ley mencionada establece que la suspensión no podrá concederse cuando se pongan en peligro las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano; sin embargo, no precisa qué debe entenderse por éstas, por lo que debe acudirse a las reglas de la interpretación jurídica. De esta forma, si en su sentido gramatical la palabra ‘instituciones’ significa fundación de una cosa, alude a un sistema u organización, así como al conjunto de formas o estructuras sociales establecidas por la ley o las costumbres; mientras que el término ‘fundamentales’ constituye un adjetivo que denota una característica atribuida a algo que sirve de base, o que posee la máxima importancia, se concluye que por instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano debe entenderse las derivadas de los principios básicos que tienen como objetivo construir y definir la estructura política del Estado mexicano, así como proteger y hacer efectivas las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dando estabilidad y permanencia a la nación en su conjunto, pues rigen su vida política, social y económica, principios entre los que se consideran los siguientes: a) régimen federal; b) división de poderes; c) sistema representativo y democrático de gobierno; d) separación Iglesia-Estado; e) garantías individuales; f) justicia constitucional; g) dominio directo y originario de la nación sobre sus recursos; y h) rectoría económica del Estado.
"Reclamación 595/2001-PL, deducida del incidente de suspensión del juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal 2/2001. Subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 25 de febrero de 2002. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Guadalupe M. Ortiz Blanco."
Conforme al criterio jurisprudencial transcrito, por instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano debe entenderse las derivadas de los principios básicos que tienen como objetivo construir y definir la estructura política del Estado mexicano, así como proteger y hacer efectivas las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dando estabilidad y permanencia a la nación en su conjunto, pues rigen su vida política, social y económica, principios entre los que se consideran los siguientes: a) régimen federal; b) división de poderes; c) sistema representativo y democrático de gobierno; d) separación Iglesia-Estado; e) garantías individuales; f) justicia constitucional; g) dominio directo y originario de la nación sobre recursos; y, h) rectoría económica del Estado.
Bajo estos supuestos, el acto impugnado en la controversia constitucional no puede considerarse como una institución fundamental del orden jurídico mexicano, ya que del artículo 122, apartado C, base tercera, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que es el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y no la Constitución Federal el que establece los criterios para efectuar la división territorial del Distrito Federal, la competencia de los órganos político-administrativos correspondientes, la forma de integrarlos, su funcionamiento, así como las relaciones de dichos órganos con el jefe de Gobierno del Distrito Federal, por lo que la relación de subordinación a la que alude el actor del presente recurso, no encuadra en ninguna de las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano que tienen como finalidad darle permanencia a la nación en su conjunto, toda vez que el referido estatuto únicamente estructura las demarcaciones territoriales que inciden en el ámbito local.
Por lo que respecta al agravio referente a que no se debió otorgar la suspensión ya que se afecta gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera tener el solicitante, tal supuesto no se actualiza en razón de que con la preservación del presupuesto que otorgó la Asamblea Legislativa a la demarcación territorial en Miguel Hidalgo, se podrá cumplir con los fines y programas gubernamentales, los cuales son instituidos precisamente en beneficio de la sociedad.
Además, el hecho de que, a juicio del recurrente, se vayan a disminuir recursos presupuestales de otras demarcaciones territoriales para cumplir con el presupuesto que originalmente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal otorgó a la demarcación territorial en Miguel Hidalgo, es un hecho futuro de realización incierta, porque como lo señala el oficio que constituye el acto impugnado en la controversia constitucional, la disminución presupuestal será hasta en tanto la hacienda pública registre mayores recursos en ingresos fiscales, lo que sin lugar a dudas deja la posibilidad de que no necesariamente se tenga que disponer de los recursos de otras demarcaciones territoriales, por lo que no se puede concluir que con ello se afecte a la sociedad en general del Distrito Federal.
Finalmente, por lo que hace al agravio consistente en que el otorgamiento de la suspensión pretende tener efectos restitutorios, resulta infundado, en virtud de que la suspensión de los actos impugnados en la controversia constitucional tiene por objeto evitar que éstos se materialicen, esto es, impedir que se realicen hasta en tanto se resuelva la controversia constitucional -en el presente caso la disminución de las partidas presupuestales-, lo que no implica que con dicha medida se estén dando efectos restitutorios en el incidente de suspensión, toda vez que éstos no se retrotraen al pasado, ni tampoco se está invalidando algún acto consumado, y si la sentencia de fondo que se dicta en el juicio constitucional no puede tener efectos retroactivos, menos podría tenerlos la resolución que resuelve sobre la medida suspensional, conforme a los artículos 105, fracción I, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 de su ley reglamentaria.
Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de controversias constitucionales, el Ministro instructor podrá conceder la suspensión del acto impugnado hasta antes de que se dicte sentencia definitiva, siempre y cuando no se actualicen los supuestos que señala el artículo 15 del mencionado ordenamiento legal, lo que atiende al hecho de que la medida cautelar tiene como finalidad conservar la materia del juicio principal, con el objeto de que el órgano jurisdiccional esté en aptitud de pronunciarse respecto del fondo del asunto, además de que el incidente de suspensión es de carácter accesorio al juicio principal y, por ende, carece de objeto cuando la cuestión de fondo ha sido resuelta, por lo que de no otorgarse la suspensión quedaría sin materia la controversia constitucional de la cual derivó el incidente de suspensión, motivo del presente recurso de reclamación.
Por las consideraciones vertidas y ante lo infundado de los conceptos de agravio, procede confirmar el auto recurrido de once de abril de dos mil tres, dictado por el Ministro instructor en el incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 29/2003, por el que se concedió la medida cautelar.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Es procedente pero infundado el presente recurso de reclamación 126/2003-PL.
SEGUNDO.-Se confirma el acuerdo recurrido de cuatro de abril de dos mil tres, dictado en el incidente de suspensión de la controversia constitucional 29/2003.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros Humberto Román Palacios (ponente), José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente en funciones Juventino V. Castro y Castro. Ausente el señor Ministro Juan N. Silva Meza.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17827-a31a4446/suspension-en-controversias-constitucionales-su-finalidad-consiste-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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