SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CUANDO CON ELLA SE PRETENDE IMPEDIR LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PUES SU CONCESIÓN VIOLENTARÍA LAS INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO, COMO LO ES EL DERECHO A LA INFORMACIÓN, Y GENERARÍA UNA AFECTACIÓN GRAVE A LA SOCIEDAD.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 225/2003-PL, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 50/2003. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-En sus agravios la parte recurrente, sustancialmente, adujo lo siguiente:
a) Que contrariamente a lo que se sostuvo en el auto recurrido, con el otorgamiento de la suspensión sí se afecta una de las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, como lo es el derecho de acceso a la información pública.
b) Que al concederse la suspensión solicitada se afectó gravemente a la sociedad en una proporción mayor a la que con ella pudiera obtener el jefe de Gobierno del Distrito Federal, dado que la sociedad está interesada en que se cumpla con el objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, puesto que con su aplicación se transparentará el ejercicio de la función pública y se garantizará el efectivo acceso de todo habitante de esta ciudad a la información que posean todos los órganos locales de gobierno.
c) Que el auto impugnado transgrede lo establecido por el artículo 18 de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que se valoraron indebidamente las circunstancias y características de la controversia constitucional, ya que no se precisaron los actos suspendidos, ni los órganos obligados a cumplir con la referida suspensión, ni el territorio respecto del cual operará.
d) Que el auto recurrido es incongruente, dado que no se precisa el porqué se considera que de negarse la medida cautelar solicitada se perdería la materia del juicio principal, toda vez que el oficio CAPL/750/VI/2003 y los actos derivados del mismo son actos consumados que han surtido plenamente sus efectos y que de no concederse no se quedaría sin materia el juicio en lo principal, ya que la instalación del Consejo de Información Pública del Distrito Federal no afecta la materia de la referida controversia, puesto que ésta versa sobre la probable invasión de esferas de la controversia constitucional del jefe de Gobierno del Distrito Federal, con motivo de la expedición de los oficios impugnados.
SEXTO.-Conforme a lo expuesto, la materia de este asunto se constriñe a determinar si efectivamente, como lo aduce el recurrente, el auto recurrido resulta violatorio de los artículos 15 y 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales son del tenor siguiente:
"Artículo 15. La suspensión no podrá concederse en los casos en que se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante."
"Artículo 18. Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional. El auto o la interlocutoria mediante el cual se otorgue deberá señalar con precisión los alcances y efectos de la suspensión, los órganos obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto del cual opere, el día en que deba surtir sus efectos y, en su caso, los requisitos para que sea efectiva."
De los preceptos transcritos se destaca:
1. Que la suspensión no podrá concederse cuando:
- Se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales.
- Las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, o
- Pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con la medida suspensional pudiera obtener el solicitante.
2. Que para el otorgamiento de la suspensión deben tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional, y el auto en que se concede deberá señalar con precisión, entre otros aspectos, los alcances y efectos de la suspensión.
En relación con lo que debe entenderse por "instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano" el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia ha precisado el alcance de dicho concepto en la jurisprudencia P./J. 21/2002, publicada en la página novecientos cincuenta del Tomo XV, abril de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice:
"SUSPENSIÓN EN LOS JUICIOS REGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ‘INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO’ PARA EFECTOS DE SU OTORGAMIENTO.-El artículo 15 de la ley mencionada establece que la suspensión no podrá concederse cuando se pongan en peligro las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano; sin embargo, no precisa qué debe entenderse por éstas, por lo que debe acudirse a las reglas de la interpretación jurídica. De esta forma, si en su sentido gramatical la palabra ‘instituciones’ significa fundación de una cosa, alude a un sistema u organización, así como al conjunto de formas o estructuras sociales establecidas por la ley o las costumbres; mientras que el término ‘fundamentales’ constituye un adjetivo que denota una característica atribuida a algo que sirve de base, o que posee la máxima importancia, se concluye que por instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano debe entenderse las derivadas de los principios básicos que tienen como objetivo construir y definir la estructura política del Estado mexicano, así como proteger y hacer efectivas las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dando estabilidad y permanencia a la nación en su conjunto, pues rigen su vida política, social y económica, principio entre los que se consideran los siguientes: a) régimen federal; b) división de poderes; c) sistema representativo y democrático de gobierno; d) separación Iglesia-Estado; e) garantías individuales; f) justicia constitucional; g) dominio directo y originario de la nación sobre sus recursos; y h) rectoría económica del Estado."
Como se señaló, la parte actora solicitó la suspensión de los efectos y consecuencias derivadas de los oficios impugnados, esto es, para que no se tuviera instalado el Consejo de Información Pública del Distrito Federal; medida cautelar que fue concedida por el Ministro instructor en el auto recurrido, toda vez que a su juicio, de negarse la suspensión se daría lugar a que quedare sin materia el fondo del asunto y, además, no se contravendría ninguna de la hipótesis previstas en el artículo 15 de la ley reglamentaria de la materia, entre ellos, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano.
Ahora bien, esta Segunda Sala estima que contrariamente a lo considerado en el auto recurrido, con la suspensión concedida sí se contravienen instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, como lo es el derecho a la información, al ser ésta una garantía individual que implica la obligación del Estado de difundir y garantizar que las entidades de cualquier índole brinden a todo individuo la posibilidad de conocer aquella información que tenga un carácter público y sea de interés general, como deriva de la tesis P. XLV/2000, publicada en la página setenta y dos, Tomo XI, abril de 2000, Pleno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:
"DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA SUPREMA CORTE INTERPRETÓ ORIGINALMENTE EL ARTÍCULO 6o. CONSTITUCIONAL COMO GARANTÍA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AMPLIANDO POSTERIORMENTE ESE CONCEPTO A GARANTÍA INDIVIDUAL Y A OBLIGACIÓN DEL ESTADO A INFORMAR VERAZMENTE.-Inicialmente, la Suprema Corte estableció que el derecho a la información instituido en el último párrafo del artículo 6o. constitucional, adicionado mediante reforma publicada el 6 de diciembre de 1977, estaba limitado por la iniciativa de reformas y los dictámenes legislativos correspondientes, a constituir, solamente, una garantía electoral subsumida dentro de la reforma política de esa época, que obligaba al Estado a permitir que los partidos políticos expusieran ordinariamente sus programas, idearios, plataformas y demás características inherentes a tales agrupaciones, a través de los medios masivos de comunicación (Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 2a. Sala, Tomo X, agosto 1992, p. 44). Posteriormente, en resolución cuya tesis LXXXIX/96 aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, junio 1996, p. 513, este Tribunal Pleno amplió los alcances de la referida garantía al establecer que el derecho a la información, estrechamente vinculado con el derecho a conocer la verdad, exige que las autoridades se abstengan de dar a la comunidad información manipulada, incompleta o falsa, so pena de incurrir en violación grave a las garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional. A través de otros casos, resueltos tanto en la Segunda Sala (AR. 2137/93, fallado el 10 de enero de 1997), como en el Pleno (AR. 3137/98, fallado el 2 de diciembre de 1999), la Suprema Corte ha ampliado la comprensión de ese derecho entendiéndolo, también, como garantía individual, limitada como es lógico, por los intereses nacionales y los de la sociedad, así como por el respeto a los derechos de tercero."
En efecto, ante todo es importante destacar que no pasa inadvertido que, en el caso, el derecho a la información, por sí mismo, está garantizado en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; sin embargo, atendiendo a que por disposición de la propia ley, el Consejo de Información Pública es el órgano encargado de realizar investigaciones, establecer políticas y lineamientos en materia de acceso a la información, catalogar todo tipo de datos, registros o archivos, evaluar el cumplimiento de las normas en materia de transparencia y publicidad de los actos de los entes públicos, así como emitir las recomendaciones a dichos entes cuando violenten esos derechos, es claro, que la integración y funcionamiento del citado consejo resultan necesarios para hacer efectivo el derecho a la información.
Lo anterior se encuentra establecido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que dice:
"Artículo 63. El consejo tendrá las siguientes atribuciones:
"I. Emitir opiniones y recomendaciones sobre temas relacionados con la presente ley;
"II. Realizar investigaciones en materia de acceso a la información y sus derechos relacionados;
"III. Establecer políticas y lineamientos en materia de acceso a la información y catalogación de todo tipo de datos, registros y archivos;
"IV. Crear y mantener el mecanismo para la operación de una biblioteca especializada en materia de acceso a la información;
"V. Organizar seminarios, cursos, talleres y demás actividades que promuevan el conocimiento de la presente ley y las prerrogativas de las personas, derivadas del derecho de acceso a la información pública;
"VI. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir el conocimiento de la presente ley;
"VII. Emitir su reglamento interno, manuales y demás normas que faciliten su organización y funcionamiento;
"VIII. Diseñar y aplicar indicadores para evaluar el desempeño de los entes públicos sobre el cumplimiento de esta ley;
"IX. Opinar sobre los criterios generales que se le presenten para la catalogación, resguardo y almacenamiento de todo tipo de datos, registros o archivos;
"X. Establecer los lineamientos para la creación y operación de los archivos que contengan información pública de consulta directa;
"XI. Evaluar el cumplimiento de las normas en materia de transparencia y publicidad de los actos de los entes públicos y emitir las recomendaciones a dichos entes cuando violenten los derechos que esta ley consagra;
"XII. Recibir para su evaluación los informes anuales de los entes públicos respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública;
"XIII. Establecer los lineamientos para la protección de la información relacionada con los datos personales; y
"XIV. Las demás que le señale esta ley, su reglamento u otras disposiciones aplicables."
Con lo que resulta innegable que el impedir la integración y funcionamiento del citado Consejo de Información Pública, se violentarían instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, como lo es el acceso a la información pública, puesto que, como se indicó, este órgano es el encargado de establecer las políticas y lineamientos para que los particulares tengan acceso a la información pública en el Distrito Federal.
Además, de otorgarse la medida suspensiva se generaría una afectación grave a la sociedad al no poder contar con el órgano especializado al cual podrían acudir los ciudadanos a presentar su correspondiente petición de información en los términos previstos por la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
En estas condiciones, toda vez que la medida cautelar afecta una de las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, así como que pudiera ocasionar mayores perjuicios a la sociedad que los beneficios que pudiera obtener el solicitante, es evidente que se actualizan dos de los impedimentos que para conceder la suspensión solicitada prevé el artículo 15 de la ley reglamentaria de la materia, motivo por el cual lo procedente es declarar fundado el recurso de reclamación y, por consiguiente, revocar el proveído recurrido y negar la medida cautelar solicitada.
Además, contrariamente a lo considerado en el auto recurrido, es incorrecto que de negarse la medida cautelar se dejaría sin materia el fondo del asunto, en virtud de que como se advierte del oficio de demanda, lo que se reclama es la designación de Odette Rivas Romero, María Elena Pérez-Jean Zermeño y Leoncio Lara Sáenz, como consejeros ciudadanos representantes de la sociedad civil, lo que no impide que pueda ser instalado y comience a sesionar el Consejo de Información Pública del Distrito Federal, porque en términos de lo previsto por los artículos 58 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dicho consejo se integra por más de doce miembros y podrá sesionar con la presencia de la mayoría simple de sus integrantes, pudiendo tomar sus decisiones por mayoría de votos de los asistentes. Los citados preceptos disponen:
"Artículo 58. El consejo se integrará por tres representantes de la administración pública del Distrito Federal designados por el jefe de Gobierno, tres diputados designados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tres integrantes del Tribunal Superior de Justicia que podrán ser Magistrados, Jueces y Consejeros de la Judicatura designados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Distrito federal, tres representantes de la sociedad civil y un representante designado por cada uno de los órganos autónomos del Distrito Federal, de entre sus propios integrantes. ..."
"Artículo 62. El Pleno del consejo podrá sesionar válidamente con la presencia de la mayoría simple de sus miembros, pudiéndose tomar los acuerdos por mayoría de votos de los asistentes. En caso de empate el presidente tendrá voto de calidad."
Entonces, el hecho de que a través de la controversia constitucional se cuestione la designación de tres de los integrantes del citado Consejo de Información Pública, no es razón suficiente para suspender la instalación e inicio de sesiones de este órgano.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Es procedente y fundado el presente recurso de reclamación derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 50/2003.
SEGUNDO.-Se revoca el auto recurrido de ocho de agosto de dos mil tres, dictado por el Ministro instructor en el citado incidente de suspensión.
TERCERO.-Se niega la suspensión de los actos impugnados en la controversia constitucional 50/2003, promovida por el jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente José Vicente Aguinaco Alemán. Fue ponente en este asunto el señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17895-29802ede/suspension-en-controversias-constitucionales-es-improcedente-concederla-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. SU FINALIDAD CONSISTE EN CONSERVAR LA MATERIA DEL JUICIO PRINCIPAL, CON EL OBJETO DE QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL ESTÉ EN APTITUD DE P (RECURSO DE RECLAMACIÓN 126/2003-PL, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA NATURALEZA DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA ES DE MERO TRÁMITE, POR LO QUE NO EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE EN ÉL SE DETERMINE ALGUNA OTRA CUESTIÓ (RECURSO DE RECLAMACIÓN 365/2002-PL, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. AL IMPUGNARSE EL DECRETO RELATIVO A LA ELECCIÓN DE CONSEJERO PRESIDENTE Y CONSEJEROS ELECTORALES, PROPIETARIOS Y SUPLENTES DEL CONSEJO GENERAL DEL I (RECURSO DE RECLAMACIÓN 355/2003-PL, DERIVADO DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN QUE REALIZA LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA VERIF (RECURSO DE RECLAMACIÓN 132/2003-PL, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, PEDIMENTO DEL. (s/clave)
- INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY, QUIEN DEBE DECLARARLA. (s/clave)
- DEPARTAMENTO DEL DISTRITO, AMPARO CONTRA EL (INFORME JUSTIFICADO). (s/clave)
- JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, INFORME A NOMBRE DEL. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis