ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. AL IMPUGNARSE EL DECRETO RELATIVO A LA ELECCIÓN DE CONSEJERO PRESIDENTE Y CONSEJEROS ELECTORALES, PROPIETARIOS Y SUPLENTES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR NO TRATARSE DE UNA NORMA GENERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SÓLO PROCEDE CONTRA NORMAS GENERALES QUE TENGAN EL CARÁCTER DE LEYES O DE TRATADOS INTERNACIONALES.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 355/2003-PL, DERIVADO DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 25/2003. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN, MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ Y MARA GÓMEZ PÉREZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Acto continuo procede analizar los agravios que se hacen valer en el presente recurso de reclamación.
En cuanto a los agravios en los que se aduce violación a los artículos 41, fracción III, párrafo tercero, 105, fracción II, inciso f) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultan inatendibles en razón de que en los recursos de reclamación de manera exclusiva se estudian las posibles violaciones al procedimiento que rige en este tipo de juicios de control constitucional, conforme a las disposiciones de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, por tanto no es posible atender a las transgresiones de preceptos constitucionales.
El anterior criterio se contiene en la tesis de jurisprudencia P./J. 139/2001, aplicable por analogía, sustentada por el Tribunal Pleno, visible en la página mil cuarenta y tres, Tomo XV, enero de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:
"RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SON INATENDIBLES LOS AGRAVIOS QUE SE HACEN VALER EN DICHO RECURSO CUANDO SE REFIERAN A LA CONTRAVENCIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES POR PARTE DEL MINISTRO INSTRUCTOR. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el conocimiento de las controversias constitucionales estará a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su tramitación y resolución se rigen por las disposiciones de la ley reglamentaria de la materia y, a falta de disposición expresa, por las del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que si durante su instrucción o procedimiento se emite algún auto o resolución que a juicio de alguna de las partes resulta incorrecto, dicho proceder debe analizarse a la luz de las disposiciones de los ordenamientos invocados. En consecuencia, si en el recurso de reclamación se hacen valer como agravios la contravención a preceptos de la Constitución Federal por parte del Ministro instructor, dichos agravios deben desestimarse por inatendibles, pues jurídicamente no es posible que proceda un medio de control constitucional sobre otro, ya que a través del citado recurso este Alto Tribunal podrá corregir dentro de aquél las irregularidades del procedimiento que en su caso hubieran existido."
Precisado lo anterior, procede analizar únicamente los agravios que aduce la parte recurrente, encaminados, en esencia, a que el desechamiento de la acción de inconstitucionalidad es incorrecto.
En el auto recurrido el Ministro instructor determinó que al impugnarse el decreto relativo a la elección de consejero presidente y consejeros electorales, propietarios y suplentes del Consejo General del Instituto Federal Electoral, se actualizaba un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, toda vez que la acción de inconstitucionalidad únicamente procede contra normas generales, característica que no reúne el decreto impugnado, pues se refiere a una situación concreta y particular, por lo que era notoria su improcedencia y, por ende, se desechó de plano la acción.
A fin de elucidar si tal determinación es correcta, es necesario tener presente lo siguiente:
En primer término, cabe señalar que tratándose de acciones de inconstitucionalidad el artículo 65 de la ley reglamentaria de la materia dispone:
"Artículo 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el Ministro instructor de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20.
"Las causales previstas en las fracciones III y IV del artículo 19 sólo podrán aplicarse cuando los supuestos contemplados en éstas se presenten respecto de otra acción de inconstitucionalidad."
Por otro lado, el artículo 25 de la ley reglamentaria de la materia, al que remite el citado numeral 65, señala:
"Artículo 25. El Ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano."
De acuerdo con estos preceptos, tratándose de las acciones de inconstitucionalidad el Ministro instructor podrá desechar la acción, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
Al respecto, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en la tesis de jurisprudencia P./J. 9/98, consultable en la página ochocientos noventa y ocho, Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que para desechar de plano la controversia constitucional las causas de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, por tanto, dicha tesis es aplicable por analogía y a la letra dice:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido."
Luego, si un motivo de improcedencia no está plenamente demostrado, entonces se debe admitir la acción a trámite, pues de lo contrario se estaría privando al promovente de su derecho a instar la acción.
Al efecto, cabe precisar que por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma clara y patente de la lectura de la demanda y sus anexos, así como de los escritos aclaratorios, y por indudable, que se tiene la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto sin que se requiera de otros elementos de juicio que lleven a concluir diversa convicción, de modo tal que la fase probatoria se haga innecesaria.
Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia P./J. 128/2001, consultable en el Tomo XIV, de octubre de dos mil uno, página ochocientos tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo ‘indudable’ resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa."
Entonces, cuando se actualice un motivo manifiesto e indudable de improcedencia el Ministro instructor deberá desechar la acción de inconstitucionalidad.
Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público que deben analizarse, incluso, de oficio, por lo que en tales condiciones deben quedar probadas de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Por tanto, para efectos del desechamiento debe tenerse la certeza de que se surten los extremos del motivo de improcedencia en forma manifiesta e indudable, pues cualquier motivo de duda obliga a admitirla a trámite, con independencia de que en la sentencia pueda declararse fundada con base en un estudio más detallado y apoyado en los elementos de prueba que se recaben durante el procedimiento.
En efecto, acorde a sus propias características, el auto inicial esencialmente reviste el carácter de mero trámite, en el que no pueden realizarse estudios exhaustivos por no ser propios de este tipo de acuerdos y, además, en ese estado procesal tan sólo se pueden tener en cuenta las manifestaciones que se hagan en la acción y las pruebas que a ésta se adjunten, de ahí que se requiera que el motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable para resolver de plano.
Por tanto, si las características del proveído de inicio que el Ministro instructor debe dictar para admitir o desechar una demanda es de mero trámite, se ve impedido para realizar mayores consideraciones que impliquen esbozar cuestiones del fondo del asunto o que provoquen un estudio más concienzudo, propio de una resolución y no de un acuerdo, pues de emitir un pronunciamiento de esa naturaleza ello traerá como consecuencia que no se actualice la hipótesis del artículo 25 de la ley reglamentaria de la materia, ya que no se estará ante una causa de improcedencia que en forma notoria y manifiesta se actualice.
Ahora bien, el Pleno de este Alto Tribunal ha sustentado que en términos del artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal, a través de las acciones de inconstitucionalidad únicamente puede plantearse la no conformidad de leyes y tratados internacionales a la Constitución Federal.
Tal criterio se encuentra plasmado en la jurisprudencia P./J. 22/99 sustentada por el Tribunal Pleno, y que se publicó en la página doscientos cincuenta y siete, del Tomo IX, abril de mil novecientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federal y su Gaceta, que a la letra dice:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SÓLO PROCEDE CONTRA NORMAS GENERALES QUE TENGAN EL CARÁCTER DE LEYES O DE TRATADOS INTERNACIONALES. Del análisis y la interpretación de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que: a) Si las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución, entonces sólo son procedentes contra normas de carácter general; b) En el propio precepto se habla sólo de leyes y tratados internacionales entendidos como normas de carácter general. Consecuentemente, las acciones de inconstitucionalidad proceden contra normas de carácter general, pero no contra cualquiera de éstas, sino sólo contra aquellas que tengan el carácter de leyes, o bien, de tratados internacionales. En iguales términos, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, se refiere únicamente a normas generales, leyes y tratados internacionales; por lo tanto, también debe concluirse que prevé la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad exclusivamente en contra de esas normas. La intención del Constituyente Permanente, al establecer las acciones de inconstitucionalidad, fue la de instituir un procedimiento mediante el cual se pudiera confrontar una norma de carácter general con la Constitución y que la sentencia que se dictara tuviera efectos generales, a diferencia de lo que sucede con el juicio de amparo, en el que la sentencia sólo tiene efectos para las partes. No puede aceptarse su procedencia contra normas diversas, ya que en tales casos, por la propia naturaleza del acto combatido, la sentencia no tiene efectos generales, sino relativos. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 1o. de la misma ley y con la fracción II del artículo 105 constitucional, las acciones de inconstitucionalidad sólo son procedentes contra normas de carácter general, es decir leyes o tratados, y son improcedentes en contra de actos que no tengan tal carácter."
Así pues, de este criterio se desprende que el Pleno ya interpretó el artículo 105, fracción II, constitucional y determinó que si bien este precepto señala la procedencia de la acción de inconstitucionalidad en contra de normas generales, como género de la materia sujeta a impugnación, en el propio numeral se habla sólo de leyes y tratados internacionales, de lo que concluyó que las normas generales a que alude son precisamente aquellas que revisten el carácter de ley o tratado internacional.
Esto es, que no se trata de cualquier ordenamiento que pudiera tener las características de norma general, sino de aquellas que revisten el carácter formal y materialmente de leyes, y son improcedentes en contra de actos que no tengan ese carácter. Así, mientras en la parte inicial del precepto se habla del género "normas generales", en los incisos de la fracción II se alude a las especies "leyes" y "tratados internacionales", como únicas posibilidades concretas de impugnación.
La conclusión anterior se corrobora si se atiende a lo dispuesto en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, que tratándose de acciones de inconstitucionalidad se refiere a leyes y tratados internacionales.
En efecto, dicho ordenamiento, en su título III, denominado "De las acciones de inconstitucionalidad", prevé lo relativo a este medio de control constitucional y, en lo que interesa, dispone:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. ..."
"Artículo 61. La demanda por la que se ejercita la acción de inconstitucionalidad deberá contener:
"I. Los nombres y firmas de los promoventes;
"II. Los órganos legislativos y ejecutivos que hubieren emitido y promulgado las normas generales impugnadas;
"III. La norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial en que se hubiere publicado;
"IV. Los preceptos constitucionales que se estimen violados;
"V. Los conceptos de invalidez."
"Artículo 64. Iniciado el procedimiento, conforme al artículo 24, si el escrito en que se ejercita la acción fuere obscuro o irregular, el Ministro instructor prevendrá al demandante o a sus representantes comunes para que hagan las aclaraciones correspondientes dentro del plazo de cinco días. Una vez transcurrido este plazo, dicho Ministro dará vista a los órganos legislativos que hubieren emitido la norma y el órgano ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de quince días rindan un informe que contengan las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad. Tratándose del Congreso de la Unión, cada una de las Cámaras rendirá por separado el informe previsto en este artículo.
"En los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, los plazos a que se refiere el párrafo anterior serán, respectivamente, de tres días para hacer aclaraciones y de seis días para rendir el informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la constitucionalidad de la ley impugnada. ..."
De acuerdo con estas disposiciones, que regulan lo relativo a la promoción y trámite de las acciones de inconstitucionalidad, se advierte que su procedencia se limita a normas generales que constituyan leyes, ya que se establece que el oficio por el que se ejercite la acción deberá contener, entre otros requisitos, el órgano legislativo que la expidió y el Ejecutivo que la promulgó, es decir, se trata de actos formalmente legislativos, pues se expiden por el Poder Legislativo, sea federal o locales, a través del procedimiento que marca la ley para la creación de leyes, el que culmina con su promulgación y publicación por parte del órgano ejecutivo.
Razón por la cual también en la propia ley reglamentaria se dispone que debe darse vista a tales órganos legislativo y ejecutivo para que rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendentes a sostener la validez de la norma o la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad e, inclusive, este ordenamiento señala que tratándose del Congreso de la Unión la Cámara de Diputados y la de Senadores deben rendir por separado dicho informe.
En este orden de ideas, es evidente que este Alto Tribunal ya ha interpretado el artículo 105, fracción II, constitucional, estableciendo que la acción de inconstitucionalidad procede en contra de normas generales, entendidas como aquellas que formal y materialmente revisten la naturaleza de ley, esto es, que reúnan las características de generalidad y abstracción, razonamientos que comprenden también aquellas normas generales en materia electoral.
Ahora bien, como se señaló en la acción de inconstitucionalidad 25/2003, de la que deriva este recurso, se planteó la inconstitucionalidad del decreto relativo a la elección de consejero presidente y consejeros electorales, propietarios y suplentes del Consejo General del Instituto Federal Electoral, y el acuerdo de la mesa directiva que norma el procedimiento para la elección de presidente y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Ante todo conviene precisar que de conformidad con el artículo 70 de la Constitución Federal, toda resolución del Congreso tendrá carácter de ley o decreto, entendiéndose por la primera aquella que deriva de la función legislativa propiamente dicha y que culmina con una norma general y abstracta, en tanto que el decreto se refiere a un caso particular y concreto limitado a determinados tiempos, lugares, corporaciones, establecimientos o personas.
En consecuencia, si la acción de inconstitucionalidad se ejercitó en contra del decreto por el que se designó al consejero presidente y consejeros electorales, propietarios y suplentes del Consejo General del Instituto Federal Electoral y el procedimiento respectivo, es indudable que aun cuando provenga de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión no se trata de una ley sino de un acto concreto y particular.
No resultan óbice a todo lo anterior las manifestaciones del recurrente en el sentido de que el decreto impugnado no sólo tiene efectos individuales sino que, por el contrario, se trata de un acto que tiene efectos generales o que, por lo menos, tiene efectos sui generis, y ello porque, según su dicho, para su vigencia requiere ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, de lo que deriva que va dirigido no a una, nueve o dieciocho personas, sino a una pluralidad de personas indeterminadas e indeterminables; además, que la finalidad de dicho decreto no es meramente el nombrar a un grupo de individuos para que atiendan y despachen en una oficina, sino que se trata de un acto dictado para satisfacer el interés general de la colectividad y, por último, que los cargos a que dicho decreto se refiere no fueron creados para favorecer a determinadas personas, sino que fueron creados con anterioridad para satisfacer el interés general, lo que implica que los nombramientos en cuestión van a impactar en todo el país.
Ello es así porque contrario a lo señalado por el recurrente, el decreto en virtud del cual se designan al consejero presidente y a los consejeros electorales, propietarios y suplentes, del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el cual constituye el acto impugnado en el procedimiento principal del que deriva el presente recurso es, desde luego, un acto y no una norma general, o dicho con más propiedad, una norma jurídica individualizada y no una de efectos generales.
Efectivamente, de acuerdo con lo que sobre el particular ha sostenido la doctrina, se llaman generales a las normas que obligan o facultan a todos los comprendidos dentro de la clase designada por el concepto-sujeto de la disposición normativa. En cambio, reciben el nombre de individualizadas las normas que obligan o facultan a uno o varios miembros de la misma clase, individualmente determinados. Esto es, mientras las normas individuales están dirigidas a uno o varios sujetos perfectamente determinados, las normas generales no tienen un destinatario concreto, sino que lo que condiciona su aplicación a un sujeto es la posesión por dicho sujeto de un atributo que de acuerdo con la misma norma le hace destinatario de ella.
Además, en tanto que las normas individuales son emitidas para regular y, por ende, definir una situación concreta y específica, las normas generales son dictadas con la finalidad de regular una cantidad indeterminada e indeterminable de situaciones.
Aunado a lo anterior, la aplicación de las normas jurídicas individualizadas se agota en un solo acto, esto es, son válidas para un caso particular y pueden ser obedecidas y aplicadas solamente una vez, en tanto que las normas jurídicas generales se dictan con objeto de regular una cantidad indefinida de situaciones y su aplicación no se agota en un solo acto.
Así, no resulta trascendente para determinar la generalidad o individualidad de una norma el hecho de que su aplicación afecte a una o más personas, sino que dichas personas estén específicamente determinadas por ella o no.
Esto quiere decir, por ejemplo, que la sentencia de un tribunal internacional que define los límites territoriales de dos países, pese a trascender y afectar a todos los sujetos pertenecientes a dichos Estados y determinar, entre otras cosas, el ámbito espacial de validez de las normas jurídicas generales de ambos países, es una norma jurídica individualizada porque está dirigida a dos entes perfectamente determinados (los países en contención) y es válida sólo para definir el caso concreto que se sometió a la decisión del tribunal.
De igual manera, el decreto en virtud del cual se designan al consejero presidente y a los consejeros electorales, propietarios y suplentes, del Consejo General del Instituto Federal Electoral, es una norma jurídica individualizada porque, en primer lugar, tiene destinatarios perfectamente determinados, a saber, las personas que fueron designadas en dichos cargos. Asimismo, dicho decreto se aplica a un caso concreto y se refiere a una situación particular, esto es, la designación de dichas personas en los referidos cargos. Y, por último, se agota en un solo acto, pues sin prejuzgar sobre su constitucionalidad, es claro que al ser emitido cumplió con todos sus efectos y no puede ser ya aplicado a casos diversos.
En tal virtud, contrario a lo manifestado por el recurrente, no existe duda alguna respecto a que el acto impugnado en el procedimiento principal del que deriva el presente recurso, es una norma jurídica individualizada y no una de efectos generales o de efectos sui generis, como pretende argumentarlo dicha parte.
Ninguna trascendencia tiene, para la determinación anterior, que el decreto en cuestión tenga que ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, dado que existen numerosos actos particulares, por ejemplo, algunas sentencias de este Alto Tribunal que igualmente deben ser publicadas en dicho órgano público de difusión.
Tampoco afecta la conclusión anterior el que dicho decreto trascienda de alguna manera a todos los habitantes de la nación mexicana o que haya sido dictado para satisfacer el interés general, puesto que todos los actos dictados por órganos federales, ya sean individuales o generales, pueden afectar a todos los individuos de la nación, sin que ello implique que están dirigidos a todos ellos en general y, asimismo, es claro que siempre deben tener por objeto esencial satisfacer el interés general de la colectividad, lo que tampoco implica que se trate de normas generales.
Por tanto, la determinación del Ministro instructor es correcta ya que, en el caso, se actualizó un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que llevaba a desechar de plano la acción de inconstitucionalidad, pues conforme al criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, a través de ese medio de control constitucional sólo puede plantearse la no conformidad de leyes electorales frente a la Constitución, más no de actos concretos y particulares.
Desde diverso aspecto, en cuanto al agravio en el sentido de que el auto impugnado está indebidamente fundado porque la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, se refiere a que la acción será improcedente cuando así derive de alguna otra disposición de la ley y los artículos 61, fracción III, del propio ordenamiento y 105, fracción II, inciso f) de la Constitución Federal, no establecen una causa concreta de improcedencia, resulta infundado, en la medida que si bien las citadas disposiciones no establecen una causa concreta de improcedencia, de lo dispuesto en ellas deriva que este Alto Tribunal conocerá, a través de la acción de inconstitucionalidad, de la posible contradicción entre una ley electoral y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que en la demanda respectiva deberá señalarse precisamente la norma general cuya invalidez se reclame, esto es, son requisitos necesarios para la procedencia de la citada vía, y que no se colmaron en el escrito por el que se promovió la acción de inconstitucionalidad, de ahí que resulten infundados los agravios en análisis.
Por otra parte, es inexacto que el Ministro instructor debió haber requerido al promovente para que hiciera aclaraciones a su escrito por el que promovió la acción, dado que los motivos que lo llevaron a desechar de plano la demanda no fue porque su escrito fuera oscuro o irregular, sino porque la naturaleza de lo reclamado no es materia de la acción de inconstitucionalidad, al no tener el carácter de ley.
También aduce el recurrente que el Ministro instructor dejó de considerar que los mecanismos de control constitucional, entre ellos la acción de inconstitucionalidad, deben servir para salvar el respeto pleno al orden constitucional, por lo que la circunstancia de que el decreto impugnado no reúna las características de ley, no es razón suficiente para considerar improcedente la vía, porque el impedir el estudio de actos como el impugnado, por cuestión de meros formalismos, sería permitir a las autoridades transgredir a su arbitrio la Constitución Federal.
Resultan infundados tales agravios, toda vez que como se ha precisado, este Alto Tribunal, al interpretar el artículo 105 constitucional, ha determinado que el órgano reformador estableció que, a través de la acción de inconstitucionalidad, sólo se podrá plantear la no conformidad de "leyes" electorales a la Norma Fundamental, correspondiendo su conocimiento en exclusiva a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que este Alto Tribunal, como Poder Constituido, únicamente puede actuar dentro de los límites y en los supuestos que el texto constitucional establezca, sin que pueda ampliarlos so pretexto de salvaguardar la Constitución Federal.
Por último, es conveniente precisar que las normas de derecho comparado a que alude el recurrente en sus agravios no aportan ningún elemento en abono de sus argumentos, habida cuenta de que, contrario a lo que él mismo afirma, no demuestran de ninguna manera que la acción de inconstitucionalidad sea "la vía con mayor acercamiento para resolver este conflicto por el hecho de que la misma ha nacido en toda Iberoamérica como el medio de control no sólo de las leyes y normas del Poder Legislativo, sino de todos sus actos", pues a más de que las normas que cita no confirman tal aserto, lo cierto es que cada país tiene plena libertad para regular los medios de control constitucional y el acceso a dicha jurisdicción en los términos en que lo estime más adecuado de acuerdo con sus condiciones y realidad propia, además de que las normas que refiere no aluden de manera específica a medios abstractos de control constitucional, como se trata en el presente caso, sino en general a diversos medios de control constitucional, muchos de los cuales poco o nada tienen que ver con nuestro procedimiento de acción de inconstitucionalidad.
De acuerdo con lo expuesto, procede confirmar el auto recurrido.
Por lo expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO.-Es procedente e infundado el presente recurso de reclamación.
SEGUNDO.-Se confirma el proveído de dos de diciembre de dos mil tres, dictado en la acción de inconstitucionalidad 25/2003.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y presidente Mariano Azuela Güitrón.
El señor Ministro presidente declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.
No asistieron los señores Ministros José Ramón Cossío Díaz, por estar cumpliendo con una comisión de carácter oficial, y el señor Ministr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18131-eeef4b65/accion-de-inconstitucionalidad-al-impugnarse-el-decreto-relativo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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