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Modo: Corpus Pro

JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. NO ES NECESARIO AGOTARLO ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, PORQUE LA LEY QUE RIGE A DICHO TRIBUNAL EXIGE MÁS REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO QUE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 2853/2001. · Registro digital (IUS): 17935
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ARMANDO LÓPEZ HERRERA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Febrero de 2004, , Pág. 910.

AMPARO EN REVISIÓN 2853/2001. ARMANDO LÓPEZ HERRERA.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Se estima fundado el argumento contenido en la primera parte del único agravio hecho valer por el quejoso y suficiente para revocar la resolución dictada por la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal el veintinueve de agosto del presente año, en el sentido de decretar el sobreseimiento relativo al acto reclamado por el quejoso, de acuerdo a las siguientes precisiones:

El acto reclamado en el juicio de amparo que se examina lo constituye la negativa de pagar al quejoso los haberes dejados de percibir del dieciséis de junio de mil novecientos noventa y nueve al primero de junio de dos mil, contenida en el oficio PBI/DG-06687, emitido por el director general de la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal.

Acto respecto del cual, la Juez de Distrito en la resolución que se recurre determinó decretar el sobreseimiento del juicio, en términos del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, aduciendo medularmente que el quejoso, previo a la interposición del amparo, debió hacer valer el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en términos del numeral 23, fracción I, de la ley que rige a dicho tribunal, pues tal ordenamiento jurídico no exigía mayores requisitos que la Ley de Amparo para otorgar la suspensión del acto reclamado, con independencia de que éste sea suspendible o no, y porque en el caso no se actualizaba la excepción prevista en la causa de improcedencia relativa a agotar el principio de definitividad, toda vez que de la lectura que del acto impugnado se realizó se advertía que éste no carecía de los requisitos de fundamentación y motivación.

Por otro lado, el quejoso en la parte relativa de su único agravio hace valer que es equivocado el sobreseimiento decretado por la Juez de Distrito, toda vez que contrario a lo estimado por dicha funcionaria federal, la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión de los actos, concretamente lo señalado en el artículo 58 de la ley en comento, en el cual se establece el requisito consistente en que para el otorgamiento de la medida suspensiva se debe realizar una consulta ciudadana de aquellos vecinos a los que afecte de algún modo dicha suspensión.

A fin de corroborar tal aseveración, es necesaria la transcripción de los numerales 58 y 59 de la ley ordinaria del Distrito Federal aludida, de los cuales se desprende lo siguiente:

"Artículo 58. La suspensión de la ejecución de los actos que se impugnan, sólo podrá ser acordada por el presidente de la Sala que conozca del asunto, haciéndolo del conocimiento inmediato de las autoridades demandadas para su cumplimiento, previa verificación de la existencia y autenticidad del acto que se impugna y consulta ciudadana de aquellos vecinos a los que afecte de algún modo la suspensión. Dicha consulta ciudadana se celebrará de conformidad con los lineamientos establecidos por el título tercero capítulo IV, de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, en lo que corresponda."

"Artículo 59. La suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier etapa del juicio y tendrá por efecto evitar que se ejecute la resolución impugnada. Sólo podrá ser concedida por el presidente de la Sala a petición del Magistrado instructor a quien le haya sido solicitada por el actor dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la verificación de la existencia y autenticidad del acto que se impugna y, en su caso, a la consulta ciudadana a que se refiere el artículo anterior.

"Previo al otorgamiento de la suspensión, deberá verificarse que con la misma no se afecten los derechos de terceros o el interés social.

"Cuando los actos que se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad de subsistencia o el acceso a su domicilio particular, el presidente de la Sala podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes para preservar dicho medio de subsistencia, siempre y cuando dicha actividad constituya su único medio de subsistencia, lo cual debe ser comprobado fehacientemente.

"Excepcionalmente, bajo su más estricta responsabilidad el presidente de la Sala podrá acordar la suspensión con efectos restitutorios, en cualquiera de las fases del procedimiento hasta antes de la sentencia respectiva.

"No se otorgará la suspensión si es en perjuicio del interés social, si se contravinieren disposiciones de orden público o se dejare sin materia el juicio.

"La suspensión podrá ser revocada por el presidente de la Sala en cualquier etapa del juicio, si varían las condiciones por las cuales se otorgó."

En este orden de ideas, la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal establece la posibilidad de suspender la ejecución del acto impugnado a través del juicio que prevé tal ordenamiento legal; sin embargo, al establecer en los numerales 58 y 59 antes transcritos, entre otros, como requisito para la suspensión del acto recurrido, la consulta ciudadana de aquellos vecinos a los que afecte de algún modo la suspensión que se llegara a otorgar, en términos de lo previsto por el título tercero, capítulo IV, de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, es evidente que exige mayores requisitos que los consignados por la Ley de Amparo para tal fin, pues ésta no condiciona el otorgamiento de la medida cautelar a la consulta de ningún sector de la ciudadanía, sino únicamente a que la solicite el agraviado, que con su concesión no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; motivo por el cual, de conformidad con la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, previamente al juicio de garantías no es necesario agotar el recurso de mérito.

En este orden de ideas, debe examinarse la institución de la suspensión en abstracto para elaborar la comparación de lo que prevén ambos ordenamientos -sin encaminar o condicionar a cómo operaría en casos concretos y específicos-, deduciendo de ello el cúmulo de condiciones que se contemplen y obtener así la conclusión pertinente.

No pasa inadvertido para este órgano colegiado la tesis aislada invocada por la Juez a quo, bajo el rubro: "JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. POR REGLA GENERAL ES NECESARIO AGOTARLO ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XV, DEL 73 DE LA LEY DE AMPARO.", toda vez que en el año en el cual se emitió esta tesis, la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no se había reformado aún, razón por la cual en ella no se aborda la cuestión a debate; atento lo anterior, no puede compartirse el criterio a que se contrae dicha tesis y, por ende, no se considera aplicable al caso concreto.

Ante el razonamiento erróneo de la Juez de Distrito, con apoyo en lo que dispone la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo procedente es revocar el sobreseimiento del juicio y entrar al fondo del asunto a través del estudio de los conceptos de violación que se omitió, mismos que son del orden siguiente:

"Conceptos de violación. Primero. Considero se transgrede en mi perjuicio el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, ya que con las responsables se me está privando de mi garantía de legalidad, toda vez que una autoridad incompetente me está privando de lo que por derecho me corresponde, violando mi esfera jurídica y la de mi familia, como lo es el pago de los haberes dejados de percibir de la segunda quincena de junio hasta la segunda quincena de mayo de 2000, toda vez que como se demuestra plenamente, al suscrito no se le puede privar de algo que conforme a derecho le corresponde por tener derechos adquiridos con anterioridad. Y toda vez que ya se ordenó mi reincorporación por haberme considerado sin responsabilidad, lo procedente ahora es cubrirme los salarios dejados de percibir por dicha supuesta falta, y como puede observarse, no fue el suscrito quien lo provocó; para reforzar mi dicho, aplican las siguientes tesis jurisprudenciales: "SALARIOS CAÍDOS PAGO DEL. AL DAR NUEVA POSESIÓN DE SU EMPLEO." (La transcribe). "SALARIOS CAÍDOS A TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO (art. 46)." (La transcribe). "SALARIOS CAÍDOS (art. 45)." (La transcribe). Del análisis hecho con anterioridad se desprende que al suscrito no se le consideró que hubiere incurrido en la responsabilidad administrativa a cuya investigación fue sometido, y si bien es cierto que se me impuso como correctivo una suspensión de sueldo y funciones, considero que la negativa a cubrirme los salarios que dejé de percibir por una suspensión precautoria implicaría una doble sanción, misma que no fue contemplada y esa no estaba precedida de una resolución, y son cosas totalmente ajenas, pues como ya se indicó, la sanción la cumplí, pero la suspensión anterior sólo fue precautoria y terminó al momento de emitir la resolución por parte del Consejo de Honor y Justicia, por lo que considero que esa suspensión sí debe ser pagada, porque si no sería una doble sanción como ya se indicó. De todo lo antes expuesto puede llegarse a concluir como lo he manifestado, conforme a lo dispuesto, tengo derecho a que se me paguen los haberes y prestaciones que dejé de percibir con motivo de la suspensión de carácter preventivo, toda vez que en esa investigación fui declarado sin responsabilidad. Segundo. Considero también que con los actos de las responsables se me causa molestia y no sólo a mi persona sino también a mi familia, en mis posesiones y derechos adquiridos como servidor público y empleado de las responsables y en mi calidad de policía, la cual no me deja al margen de los efectos protectores de nuestra Carta Magna, aunado a ello, que en ningún momento fundan ni motivan las causas por las cuales no se me deben cubrir los emolumentos que por derecho tengo, toda vez que el artículo 50, párrafo tercero, es muy claro al indicar que en caso de que el elemento resulte declarado sin responsabilidad se le reintegrarán los emolumentos que dejó de percibir, esto con independencia del correctivo impuesto que en dado caso se me impusiera, pero como lo he mencionado fue por una causa totalmente ajena a mi voluntad, es por ello que se me afecta mi esfera jurídica de derecho, al no haberme otorgado el beneficio de legalidad contenido en el artículo 16 constitucional, en lo referente a la garantía específica como es: la fundamentación y motivación, necesariamente concurrentes de la garantía que se invoca complementaria a la garantía de audiencia pues no puede existir una sin la otra."

De los argumentos planteados como conceptos de violación, se desprende que el quejoso se duele sustancialmente de que se transgrede en su perjuicio la garantía de legalidad, toda vez que la autoridad responsable que emitió el oficio impugnado, no funda ni motiva su determinación de declarar que es improcedente el pago de los salarios que dejó de percibir en el periodo que comprende del dieciséis de junio de mil novecientos noventa y nueve al uno de junio de dos mil.

Que además sostiene el quejoso, de acuerdo con el artículo 50, párrafo tercero, de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, que en caso de que el elemento policiaco resulte declarado sin responsabilidad, se le reintegrarán los salarios y prestaciones que hubiese dejado de percibir, lo cual le resulta aplicable, toda vez que el Consejo de Honor y Justicia en su resolución consideró que no había incurrido en la responsabilidad administrativa a cuya investigación se le sometió.

Resultan infundadas las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, pues no es cierto que el acto que impugna carezca de fundamentación y motivación, dado que de la lectura del oficio PBI/DG-06687 de veintitrés de abril de dos mil uno, el cual obra a fojas 9 y 10 de autos, a través del cual se dio respuesta a la solicitud del quejoso consistente en que le fueran pagados los emolumentos que dejó de percibir durante el procedimiento administrativo a que estuvo sujeto, se advierte que en el mismo la autoridad emisora funda su contenido en el artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, aduciendo en lo que interesa, lo siguiente:

"En relación con su derecho de petición que ejercitó mediante escrito recibido el 12 de febrero del año en curso, ante el C. Secretario de Seguridad Pública, en el que solicita el pago de salarios caídos dejados de percibir durante el procedimiento administrativo al cual estuvo sujeto, mismo que se radicó ante el H. Consejo de Honor y Justicia con el número de expediente CHJ/206/99, así como el que se le restituya a su grado de suboficial, al respecto le comunico lo siguiente: 1. En lo referente al pago de salarios caídos que dejó de percibir, por incoarse en su contra procedimiento administrativo ante el H. Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal radicado con el expediente CHJ/206/99, se desprende que se le sancionó con la suspensión de sueldo y funciones por el término de 30 días hábiles. Con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, le hago de su conocimiento que es improcedente su solicitud, toda vez que los salarios caídos se proporcionan a los elementos que sean declarados sin responsabilidad en la resolución correspondiente, situación que dista de adecuarse al caso concreto, en virtud de que en la resolución del 3 de diciembre de 1999, en su resolutivo segundo a la letra dice lo siguiente: ‘SEGUNDO. Se declara que el ciudadano policía primero Armando López Herrera es administrativamente responsable de la infracción prevista y sancionada en la disposición décima octava, fracción I, de las Reglas para la Aplicación de Correctivos Disciplinarios en la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal, motivo por el cual se determinó imponerle como sanción administrativa la suspensión temporal de carácter correctivo en su empleo y haberes por el término de treinta días naturales.’. De lo anterior se desprende que usted fue administrativamente responsable de transgredir los principios de actuación que rigen los cuerpos de seguridad pública del Distrito Federal, por lo que es improcedente la solicitud requerida. 2. Por lo que hace a su jerarquía, mediante memorándum de fecha 14 de marzo del año en curso, suscrito por el director operativo, indica que usted aprobó el curso con calificación de 7.7 y su nombramiento cuenta con el número de folio 18, de fecha 24 de marzo de 1999, en el listado del programa ASCO20, página 1, por lo que se están realizando los trámites correspondientes para su regularización. Atentamente. Sufragio efectivo. No reelección. El C. Director general. Néstor Manuel Alvarado Baltazar."

De lo anterior se advierte que, contrario a lo sostenido por el quejoso, la responsable no transgredió sus garantías constitucionales, pues al emitir la respuesta contra la que se inconforma fundó su determinación en el numeral 50 de la Ley de Seguridad Pública aludida, plasmando asimismo, las razones que consideró oportunas en relación con el caso planteado, consistentes en que de acuerdo a lo preceptuado en la ley aplicable y dado que se declaró al quejoso administrativamente responsable de la causa que se le imputó, es que resultaba improcedente acceder a su petición de pago de prestaciones dejadas de percibir, colmando de esa manera la autoridad responsable su obligación de fundar y motivar el acto que emitió.

Al respecto resulta aplicable la tesis 402, de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 666, Apéndice 1975, Tercera Parte, Séptima Época, cuyo texto es el siguiente:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal, en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca."

Por otra parte, tampoco asiste razón al quejoso al manifestar que se transgreden sus garantías constitucionales con el actuar de la autoridad responsable, porque al habérsele declarado por el Consejo de Honor y Justicia sin responsabilidad administrativa dentro de la investigación a que se le sometió, debían pagársele las prestaciones que dejó de percibir durante dicho procedimiento administrativo.

A tal consideración se arriba, pues de acuerdo con lo que dispone el artículo 50 de la ley multialudida, mismo que en lo que interesa dice:

"Artículo 50. La suspensión temporal de carácter preventivo procederá contra el elemento que se encuentre sujeto a investigación administrativa o averiguación previa, por actos u omisiones de los que puedan derivarse presuntas responsabilidades y cuya permanencia en el servicio, a juicio del Consejo de Honor y Justicia, pudiera afectar a la corporación o a la comunidad en general.

"La suspensión subsistirá hasta que el asunto de que se trate quede total y definitivamente resuelto en la instancia final del procedimiento correspondiente.

"En caso de que el elemento resulte declarado sin responsabilidad, se le reintegrarán los salarios y prestaciones que hubiese dejado de percibir hasta ese momento, con motivo de la suspensión."

De lo que se infiere que el pago referido, tal como acertadamente señala la responsable, sólo procede en el caso de que se haya declarado sin responsabilidad administrativa al servidor público sujeto a investigación; sin embargo, en la especie no se actualizó tal evento, pues de la resolución administrativa emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, el tres de diciembre de mil novecientos noventa y nueve en contra del quejoso, se desprende que en el segundo punto resolutivo de la misma se determinó que:

"SEGUNDO. Se declara que el ciudadano policía primero Armando López Herrera es administrativamente responsable de la infracción prevista y sancionada en la disposición décima octava, fracción I, de las Reglas para la Aplicación de Correctivos Disciplinarios en la Policía del Distrito Federal, motivo por el cual se determina imponerle como sanción administrativa la suspensión temporal de carácter correctivo en su empleo y haberes por el término de treinta días naturales."

Situación que se acredita con las constancias que obran agregadas en los autos (fojas 22 a 25 ) y que en copia fotostática simple fueron exhibidas en el juicio de que se trata por el propio quejoso, sin que al efecto, haya acreditado diversa circunstancia.

En consecuencia, ante lo infundado de las manifestaciones de la parte quejosa, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 77 a 80, 90, 91 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la resolución recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Armando López Herrera, en contra de la respuesta negativa contenida en el oficio PBI/DG-06687, de veintitrés de abril de dos mil uno, emitido por el director general de la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal, en términos de lo que dispone el último considerando de la presente sentencia.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelva el expediente al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados (presidente) Rubén Pedrero Rodríguez, Jesús Antonio Nazar Sevilla y Jean Claude Tron Petit, lo resolvió este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el tercero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17935-a66adf42/juicio-de-nulidad-ante-el-tribunal-de-lo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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