QUEJA. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL REQUERIMIENTO FORMULADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 56/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja QA. 74/2001-Q.A. 1152/2001, en la parte que interesa consideró:
"SEXTO. Antes de entrar al estudio del agravio expresado por la recurrente, debe precisarse que atendiendo al contenido del acuerdo combatido y a los términos de su impugnación, el presente recurso resulta improcedente por lo que se refiere a la fracción V del artículo 95 de la Ley de Amparo, invocado por la indicada recurrente, en virtud de que el proveído que combate no fue dictado en relación con un recurso de queja que se hubiese promovido en el juicio de garantías de origen. Sin embargo, no procede su desechamiento porque resulta procedente conforme a lo previsto en la fracción VI del precepto citado, también invocado por la autoridad recurrente, por impugnarse en el caso un acuerdo dictado por el Juez de Distrito después de fallado el juicio de amparo, en contra del cual no se prevé expresamente la procedencia del recurso de revisión y que puede causar al recurrente un perjuicio no reparable en posterior instancia. Es aplicable a este respecto, por analogía, el criterio que este tribunal comparte, contenido en la tesis jurisprudencial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que con el número 564 aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 507, de rubro y texto: ‘QUEJA EN AMPARO, FUNDAMENTO ERRÓNEO DE LA.’ (se transcribe). Debe resaltarse la circunstancia de que no es el quejoso quien se inconforma con el acuerdo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, hipótesis en la cual debería atenderse al procedimiento previsto en el capítulo relativo a la ejecución de sentencias de la ley de la materia, sino que es la autoridad responsable requerida quien impugna el proveído de referencia, configurándose el supuesto de procedencia del recurso antes mencionado. Considerarlo de otra manera implicaría dejar de resolver el asunto para que, en su caso y en su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga que pronunciarse al respecto, siendo que la hipótesis planteada no se adecua estrictamente a los supuestos previstos en el artículo 105 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, no requiere de la intervención directa de nuestro Máximo Tribunal. Criterio opuesto al aquí planteado ha sostenido el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis jurisprudencial número I.10o.A. J/1, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, octubre de 2000, página 1231, de rubro: ‘QUEJA IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN EN LA QUE SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO.’ (se transcribe). También en sentido contrario al antes expuesto se ha pronunciado el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, mediante la tesis aislada número VII.2o.A.T.11 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, marzo de 1999, página 1447, de rubro: ‘QUEJA INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN TÉRMINOS DE LAS FRACCIONES V Y VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO, CONTRA EL REQUERIMIENTO PARA QUE SE CUMPLA UNA EJECUTORIA EN LA QUE SE CONCEDIÓ EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE.’ (se transcribe). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, procede que se formule ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción entre los criterios sustentados por este órgano colegiado y los tribunales previamente citados, para lo que ese Alto Tribunal tenga a bien resolver." (fojas 13 a 15 vta. del cuaderno de contradicción de tesis).
QUINTO. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los recursos de queja QA. 14/2000, 15/2000, 17/2000, 18/2000 y 33/2000, transcribiendo únicamente la parte considerativa del segundo de ellos al contener, medularmente, los mismos argumentos y que en la parte que interesa consideró:
"QUINTO. Resulta innecesario analizar los conceptos de agravio que se aducen, en tanto que se estima que el presente recurso de queja resulta improcedente. En primer lugar, debe precisarse que la parte recurrente funda el presente recurso en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: (lo transcribe). De ese contexto se observa que el recurso de queja procede contra actos dictados antes y después de fallado el juicio de amparo. Ahora para la procedencia del recurso de queja tratándose de actos dictados después del pronunciamiento de la sentencia de amparo, se requiere el cumplimiento de las siguientes condiciones: Que se trate de resoluciones que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia; y, que no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte con arreglo a la ley. Ahora bien, una vez precisado lo anterior procede analizar si, en la especie, se surten los supuestos antes señalados. La resolución impugnada es del texto siguiente: (se transcribe). De ese texto se observa que la Juez de Distrito requirió a la jefa de Gobierno del Distrito Federal, en su carácter de tercero perjudicada, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo se remitirían los autos del juicio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De lo que se infiere que la resolución recurrida se dictó con posterioridad a la emisión de la sentencia de amparo, con lo que se colma la primera condición señalada. Sin embargo, en consideración de este órgano colegiado, la condición referida en segundo término consistente en que no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte con arreglo a la ley, no se actualiza en el caso. En efecto, de una interpretación armonizada de los preceptos que se encuentran en el capítulo denominado ‘De la ejecución de las sentencias’ de la Ley de Amparo, se llega a la conclusión de que la autoridad que haya conocido del juicio de garantías, ya sea el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado, están obligadas a velar por el exacto y debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, sin que puedan archivar algún asunto quedando pendiente la ejecución de la sentencia de amparo. Para el logro de tal objetivo, en el artículo 111 de la Ley de Amparo se otorga facultad a la autoridad que conoció del juicio para que dicte u ordene todo lo necesario para allanar los obstáculos que pudieran entorpecer ese cumplimiento, de lo que se deduce que está implícita la facultad consistente en requerir a todas aquellas autoridades o partes en el juicio de garantías, que de alguna forma se encuentren vinculadas con dicho objetivo; y si a pesar de haber agotado todos los medios existentes la autoridad es renuente en el cumplimiento de la sentencia de amparo, se enviarán los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea ésta quien califique en última instancia la conducta de la autoridad recurrente. Por tanto, como en el caso no se satisfacen los supuestos de procedencia del recurso previstos en la citada fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, procede declarar improcedente el recurso de queja. En lo conducente, se cita en apoyo a lo anterior la tesis número XXI.1o.15 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, marzo de 1996, página 952, que es del rubro siguiente: ‘INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. QUEJA IMPROCEDENTE EN CASO DE.’ (se transcribe). También, en lo conducente, tiene aplicación la jurisprudencia número V.2o. J/48, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 61, enero de 1993, Octava Época, página 88, que es del rubro y texto siguientes: ‘QUEJA, IMPROCEDENCIA DE LA, CUANDO SE PRETENDE COMBATIR UN REQUERIMIENTO DIRIGIDO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE CUMPLA EJECUTORIA.’ (se transcribe)." (fojas 47 vta. a la 51 vta. del cuaderno de contradicción de tesis).
SEXTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver los recursos de queja 54/98, 14/2000, 17/2000, 18/2000 y 33/2000, en lo que interesa, sustentó las consideraciones del primero de ellos que a continuación se precisan:
"CUARTO. Es innecesario estudiar los agravios hechos valer por las autoridades recurrentes, en razón de que este Tribunal Colegiado estima que el presente recurso de queja es improcedente. En primer término, debe precisarse que dichas autoridades interpusieron el recurso de que se trata, con fundamento en el artículo 95, fracciones V y VI, de la Ley de Amparo, que establecen: ‘Artículo 95.’ (se transcribe). Ahora bien, debe estimarse que el acuerdo impugnado no se adecua a ninguna de las hipótesis que prevén las fracciones citadas, pues en el auto recurrido sólo se requirió a las autoridades responsables para que cumplieran con la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo número 423/94, debido a que no demostraron que existiera la imposibilidad que alegaron para dejar de cumplimentar la misma. También cabe señalar que ninguna otra fracción del artículo 95 de la Ley de Amparo establece la procedencia del recurso de queja contra el acuerdo dictado por el Juez de Distrito en el que efectuó el requerimiento para que se cumplimente una ejecutoria de amparo en términos de los artículos 104 y 105 de la ley en consulta. Consecuentemente, como en el caso no se satisfacen los supuestos para la procedencia del recurso de queja en términos del artículo 95, fracciones V y VI, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar el presente recurso por improcedente. No es obstáculo a lo anterior que el Magistrado presidente de este Tribunal Colegiado en auto de diecisiete de agosto del año en curso, admitió dicho recurso en razón de que el mismo no es definitivo ni causa estado, pues deriva de un examen preliminar y, en consecuencia, este Tribunal Colegiado está facultado para analizar su procedencia y desecharlo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 670, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que este Tribunal Colegiado comparte, consultable en la página cuatrocientos cincuenta, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, que dice: ‘AUTOS DE PRESIDENCIA. NO CAUSAN ESTADO, POR SER DETERMINACIONES DE TRÁMITE.’ (se transcribe)." (foja 114 vta. a la 116 del cuaderno de contradicción de tesis).
SÉPTIMO. Por razón de método, previamente precisa establecer si los criterios de las ejecutorias anteriormente transcritas, que motivaron la denuncia de la posible contradicción de tesis, y para ello es conveniente establecer que los presupuestos requeridos para la procedencia de una contraposición de criterios entre los Tribunales Colegiados, vienen siendo los que se especifican a continuación:
a) Que al resolver los negocios jurídicos los Tribunales Colegiados examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales.
b) Que respecto de esas cuestiones, los citados órganos jurisdiccionales adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.
c) Que la divergencia de criterios provenga del examen de los mismos elementos.
Lo precedente así se encuentra plasmado en la jurisprudencia de los datos de localización, texto y precedentes que se precisan a continuación:
"Octava Época
"Instancia: Cuarta Sala
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 58, octubre de 1992
"Tesis: 4a./J. 22/92
"Página: 22
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
"Contradicción de tesis 76/90. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Néstor Gerardo Domínguez.
"Contradicción de tesis 30/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Pablo Jesús Hernández Moreno.
"Contradicción de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el actual Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Ramón Gopar Aragón.
"Contradicción de tesis 71/90. Sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.
"Contradicción de tesis 15/91. Sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.
"Tesis de jurisprudencia 22/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte. Ausente: Felipe López Contreras, previo aviso."
A continuación cabe analizar si se satisfacen los requisitos exigidos para la contradicción de tesis, y para ello es pertinente hacer referencia si, en la especie, los Tribunales Colegiados se refieren al mismo tema, de ser así es oportuno analizar si los puntos de vista son diversos y si parten de los mismos elementos.
En principio, es necesario puntualizar que en el caso concreto los Tribunales Colegiados contendientes al emitir las resoluciones transcritas y enunciadas precedentemente, respectivamente, se pronunciaron respecto de la procedencia o improcedencia, en su caso, del recurso de queja interpuesto por las autoridades responsables en los juicios de amparo por el requerimiento que el tribunal de amparo les realizó respecto del cumplimiento del fallo protector.
En efecto, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al denunciar la presente contradicción de tesis, expresó que tal convicción derivaba del criterio sustentado por dicho órgano jurisdiccional al resolver el recurso de queja QA. 745/2001-QA. 1152/2001, en el que determinó que procede el recurso de queja previsto por la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, en virtud de que la autoridad responsable, merced al medio de impugnación aludido, combatió el acuerdo dictado por el Juez de Distrito que le requirió por el cumplimiento del fallo protector, esto es, impugnó un acuerdo dictado después de fallado el juicio en primera instancia, el cual, adujo, no es reparable por la misma autoridad o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley después de fallado el juicio de amparo; y, como ya se dijo, en contra del cual no se prevé expresamente la procedencia del recurso de revisión y que puede causar al recurrente un perjuicio no reparable en posterior instancia y, finalmente, argumentó que en el caso concreto no era el quejoso quien se inconformaba con el acuerdo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, hipótesis en la cual debería atenderse al procedimiento previsto en el capítulo relativo a la ejecución de sentencias de la ley de la materia, sino que es la autoridad responsable requerida quien impugna el proveído de referencia, configurándose el supuesto de procedencia del recurso antes mencionado.
En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, en contraposición a lo sustentado por el Tribunal Colegiado denunciante, afirmó que es improcedente el recurso de queja que interpone la autoridad responsable contra el requerimiento formulado por el Juez de amparo sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo, por las siguientes razones:
Que el acuerdo impugnado no se adecua a ninguna de las hipótesis que prevén las fracciones del artículo 95 de la Ley de Amparo, pues en el auto recurrido sólo se requirió a las autoridades responsables para que cumplieran con la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo número 423/94, debido a que no demostraron que existiera la imposibilidad que alegaron para dejar de cumplimentar la misma.
Que ninguna otra fracción del artículo 95 de la Ley de Amparo establece la procedencia del recurso de queja contra el acuerdo dictado por el Juez de Distrito en el que efectuó el requerimiento para que se cumplimente una ejecutoria de amparo en términos de los artículos 104 y 105 de la ley en cita.
Que, en consecuencia, al no satisfacerse los supuestos para la procedencia del recurso de queja en términos del artículo 95, fracciones V y VI, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar el presente recurso por improcedente.
Por su parte, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostiene que es improcedente el recurso de queja que interpone la autoridad responsable contra el requerimiento formulado por el Juez de garantías respecto del cumplimiento al fallo protector, porque consideró que:
El requerimiento realizado por última ocasión a la jefa de Gobierno del Distrito Federal constituye la resolución recurrida que se dictó con posterioridad a la emisión de la sentencia de amparo y colma la primera condición señalada para la procedencia del recurso de queja; sin embargo, estimó que la condición referida en segundo término consistente en que no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte con arreglo a la ley, no se actualiza en el caso, porque de una interpretación armonizada de los preceptos que se encuentran en el capítulo denominado "De la ejecución de las sentencias" de la Ley de Amparo, se llega a la conclusión de que la autoridad que haya conocido del juicio de garantías, ya sea el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado, están obligadas a velar por el exacto y debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, sin que puedan archivar algún asunto quedando pendiente la ejecución de la sentencia de amparo.
Que para el logro de tal objetivo, en el artículo 111 de la Ley de Amparo se otorga facultad a la autoridad que conoció del juicio para que dicte u ordene todo lo necesario para allanar los obstáculos que pudieran entorpecer ese cumplimiento, de lo que se deduce que está implícita la facultad consistente en requerir a todas aquellas autoridades o partes en el juicio de garantías que de alguna forma se encuentren vinculadas con dicho objetivo, y si a pesar de haber agotado todos los medios existentes la autoridad es renuente en el cumplimiento de la sentencia de amparo, se enviarán los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea ésta quien califique en última instancia la conducta de la autoridad recurrente y que en esa virtud, al no satisfacerse en su totalidad los supuestos de procedencia del recurso previsto en la citada fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, lo procedente resulta declarar improcedente el recurso de queja.
Bajo el anterior contexto deviene incuestionable que, en la especie, sí existe contradicción de tesis en la medida de que los tribunales contendientes al resolver los correspondientes asuntos sometidos a su potestad, examinaron, como ya se estableció, la procedencia o improcedencia del recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable contra el requerimiento formulado por el Juez de amparo respecto del cumplimiento con el fallo protector, adoptando criterios jurídicos discrepantes a ese respecto, no obstante de haber examinado los mismos elementos que constituyen la hipótesis legal de mérito.
Ahora bien, a efecto de ubicar en su justa dimensión el problema que se plantea, se estima necesario establecer previo a cualquier otra consideración, cuál es el concepto reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la doctrina, respecto a la definición aceptada de "recurso".
Así, se tiene que la doctrina procesal ha sido uniforme al considerar que "recurso", como su propia denominación lo indica, es un volver a dar curso al conflicto, un volver, en plan revisor, sobre lo andado, de manera que ante quien deba resolverlo concurren las mismas partes que contendieron ante el inferior, a pedirle que reanalice la cuestión controvertida y que decida si la apreciación efectuada por éste se ajusta o no a la ley correspondiente y, en su caso, a solicitarle que reforme la determinación con que no se está conforme.
Del mismo modo, huelga hacer notar que resulta de explorado derecho que el recurso es una pretensión de reforma de una resolución judicial dentro del mismo proceso en que dicha resolución judicial ha sido dictada. En el recurso se está en presencia, pues, del mismo conflicto establecido respecto de las mismas partes y que debe ser fallado con base en la misma ley que debió regir la apreciación del inferior.
En suma, se sigue dentro del proceso. Los recursos son el medio de defensa previsto por la ley para impugnar los actos autoritarios surgidos en un procedimiento, judicial o administrativo, con los que no se esté conforme y que tiende a lograr la revocación o la modificación de dichos actos.
Para que un recurso pueda prosperar es necesario que esté previsto en la ley, que sea el idóneo y que se interponga oportunamente. La falta de alguna de estas circunstancias hará que el recurso sea improcedente y que no logre su objetivo. En esta hipótesis debe ser desechado y el acto impugnado queda firme sin ver valorado en forma alguna.
Por el contrario, el recurso es procedente cuando lo establece la ley, es el adecuado para impugnar lo que se pretende invalidar o modificar, y se promueve dentro del término que la propia ley señala al efecto; pero entonces la pretensión del recurrente será o no satisfecha según sean o no fundados los agravios que se hagan valer, pues cuando el recurso procede se examina la legalidad del acto recurrido a la luz de los argumentos expresados, a guisa de agravios, y de la justificación o injustificación de éstos depende que el acto impugnado sea revocado o modificado o confirmado.
No obstante que todo recurso es el medio de impugnación de que se dispone para impugnar, dentro de determinado procedimiento, una resolución pronunciada en el mismo procedimiento, el recurso de queja previsto en el artículo 95 de la Ley de Amparo, saliéndose de la técnica tradicional, permite la impugnación tanto de resoluciones emitidas por los órganos de control constitucional que conocen del juicio de amparo (Jueces de Distrito, autoridad que actúa en los términos del artículo 37 de la ley de la materia y Tribunales Colegiados de Circuito), como de actos provenientes de las autoridades responsables, que son parte en dicho juicio.
A efecto de una mejor comprensión de lo antes aseverado, es menester transcribir en su integridad el contenido del precepto que prevé el medio de impugnación de que se trata, el cual es del tenor literal siguiente:
"Artículo 95. El recurso de queja es procedente:
"I. Contra los autos dictados por los Jueces de Distrito o por el superior del tribunal a quien se impute la violación reclamada, en que admitan demandas notoriamente improcedentes;
(Reformada, D.O.F. 5 de enero de 1988) (Republicada, D.O.F. 11 de enero de 1988 y D.O.F. 1o. de febrero de 1988)
"II. Contra las autoridades responsables, en los casos a que se refiere el artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal, por exceso o defecto en la ejecución del auto en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado;
"III. Contra las mismas autoridades, por falta de cumplimiento del auto en que se haya concedido al quejoso su libertad bajo caución conforme al artículo 136 de esta ley;
(Reformada, D.O.F. 19 de febrero de 1951)
"IV. Contra las mismas autoridades, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII y IX, de la Constitución Federal, en que se haya concedido al quejoso el amparo;
(Reformada, D.O.F. 19 de febrero de 1951)
"V. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, el tribunal que conozca o haya conocido del juicio conforme al artículo 37, o los Tribunales Colegiados de Circuito en los casos a que se refiere la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal, respecto de las quejas interpuestas ante ellos conforme al artículo 98;
"VI. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley;
(Reformada, D.O.F. 16 de enero de 1984)
"VII. Contra las resoluciones definitivas que se dicten en el incidente de reclamación de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 129 de esta ley, siempre que el importe de aquéllas exceda de treinta días de salario;
(Reformada, D.O.F. 5 de enero de 1988) (Republicada, D.O.F. 11 de enero de 1988 y D.O.F. 1o. de febrero de 1988) (F. de E., D.O.F. 22 de febrero de 1988)
"VIII. Contra las autoridades responsables, con relación a los juicios de amparo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo, cuando no provean sobre la suspensión dentro del término legal o concedan o nieguen ésta; cuando rehusen la admisión de fianzas o contrafianzas; cuando admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar insuficientes; cuando nieguen al quejoso su libertad caucional en el caso a que se refiere el artículo 172 de esta ley, o cuando las resoluciones que dicten las autoridades sobre la misma materia, causen daños o perjuicios notorios a alguno de los interesados;
(Reformada, D.O.F. 5 de enero de 1988) (Republicada, D.O.F. 11 de enero de 1988 y D.O.F. 1o. de febrero de 1988)
"IX. Contra actos de las autoridades responsables, en los casos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia en que se haya concedido el amparo al quejoso;
(Reformada, D.O.F. 17 de mayo de 2001)
"X. Contra las resoluciones que se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo a que se refiere el artículo 105 de este ordenamiento, así como contra la determinación sobre la caducidad en el procedimiento tendiente al cumplimiento de las sentencias de amparo a que se refiere el segundo párrafo del artículo 113, y
(Adicionada, D.O.F. 16 de enero de 1984)
"XI. Contra las resoluciones de un Juez de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en que concedan o nieguen la suspensión provisional."
De lo anterior se infiere que en la hipótesis legal de que se ocupan los tribunales contendientes para la procedencia del recurso de queja tratándose de actos dictados después del pronunciamiento de la sentencia de amparo, se requiere:
Que la resolución recurrida no admita expresamente el recurso de revisión y los daños y perjuicios que aquélla pudiere ocasionar no sean susceptibles de reparación en la sentencia definitiva; y,
Que las resoluciones dictadas después de fallado el juicio en primera instancia, no sean reparables por el Juez de Distrito, el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el mismo tenor, resulta pertinente destacar que por disposición del artículo 105 de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución General de la República, la autoridad que haya conocido del juicio de garantías, ya sea el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado, están obligadas a velar por el exacto y debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo requiriendo, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, al superior inmediato de la autoridad responsable para que obligue a ésta a cumplir sin demora la sentencia; y si la autoridad responsable no
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17939-d5e1ae56/queja-es-improcedente-contra-el-requerimiento-formulado-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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