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Modo: Corpus Pro

TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL SISTEMA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE HASTA 2002, PARA EL PAGO DEL TRIBUTO VIOLA LAS GARANTÍAS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. LOS ARTÍCULOS 5o. Y 15-C DE LA LEY QUE REGULA EL IMPUESTO RELATIVO, TRANSGREDEN LAS GARANTÍAS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEY VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2002).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 716/2003. · Registro digital (IUS): 17977
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ARRENDAMIENTO CINCO HERMANOS, S.A DE C.V.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, , Pág. 356.

AMPARO EN REVISIÓN 716/2003. ARRENDAMIENTO CINCO HERMANOS, S.A DE C.V.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Son fundados los argumentos vinculados con el fondo de la cuestión planteada y serán estudiados en forma conjunta con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo.

Primeramente conviene transcribir los artículos 5o. y 15-C de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigentes en el año dos mil, que textualmente dicen:

(Reformado, D.O. 26 de diciembre de 1990)

"Artículo 5o. Tratándose de automóviles, omnibuses, camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda, el impuesto se calculará como a continuación se indica:

(Reformado primer párrafo, D.O. 29 de diciembre de 1997)

"I. En el caso de automóviles nuevos, destinados al transporte hasta de quince pasajeros, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar al valor total del vehículo, la tasa que corresponda conforme a la siguiente:

(Reformada, D.O. 31 de diciembre de 1998)

Ver tabla 1

(Adicionado, D.O. 29 de diciembre de 1997)

"Tratándose de automóviles blindados, excepto camiones, la tasa a que se refiere esta fracción se aplicará sobre el valor total del vehículo, sin incluir el valor del material utilizado para el blindaje. En ningún caso el impuesto que se tenga que pagar por dichos vehículos, será menor al que tendría que pagarse por la versión de mayor precio de enajenación de un automóvil sin blindaje del mismo modelo y año. Cuando no exista vehículo sin blindar que corresponda al mismo modelo, año o versión del automóvil blindado, el impuesto para este último, será la cantidad que resulte de aplicar al valor total del vehículo, la tasa que corresponda conforme a la tabla establecida en esta fracción, multiplicado el resultado por el factor de 0.80.

(Reformado, D.O. 31 de diciembre de 1998)

"Los montos de las cantidades establecidas en la tabla a que se refiere esta fracción, se actualizarán en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, con el factor correspondiente al periodo comprendido desde el cuarto mes inmediato anterior hasta el último mes inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación.

"II. (Derogada, D.O. 15 de diciembre de 1995)

"III. (Derogada, D.O. 15 de diciembre de 1995)

(Reformada, D.O. 31 de diciembre de 1998)

"IV. Para automóviles nuevos destinados al transporte de más de quince pasajeros o efectos cuyo peso bruto vehicular sea menor a 15 toneladas y para automóviles que cuenten con placas de servicio público de transporte de pasajeros, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar el 0.245% al valor total del automóvil. Cuando el peso bruto vehicular sea de 15 a 35 toneladas, el impuesto se calculará multiplicando la cantidad que resulte de aplicar el 0.50% al valor total del automóvil, por el factor fiscal que resulte de dividir el peso bruto máximo vehicular expresado en toneladas, entre 30. En el caso de que el peso sea mayor de 35 toneladas se tomará como peso bruto máximo vehicular esta cantidad.

"Para los efectos de esta fracción, peso bruto vehicular es el peso del vehículo totalmente equipado incluyendo chasis, cabina, carrocería, unidad de arrastre con el equipo y carga útil transportable.

(Reformado primer párrafo, D.O. 29 de diciembre de 1997)

"V. Tratándose de automóviles de más de diez años modelo anteriores al de aplicación de esta ley, el impuesto se pagará a la tasa del 0%.

(Reformado, D.O. 31 de diciembre de 1998)

"Para los efectos de este artículo, se entiende por vehículos destinados a transporte de más de 15 pasajeros o para el transporte de efectos, los camiones, vehículos Pick-up sin importar el peso bruto vehicular, tractores no agrícolas tipo quinta rueda, así como minibuses, microbuses y autobuses integrales, cualquiera que sea su tipo y peso bruto vehicular."

(Adicionado, D.O. 31 de diciembre de 1999)

"Artículo 15-C. Tratándose de automóviles de fabricación nacional o importados, de hasta nueve años modelo anteriores al de aplicación de esta ley, destinados al transporte de hasta quince pasajeros, el impuesto será el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente:

"a) El valor total del automóvil establecido en la factura original o carta factura que hubiese expedido el fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o empresas comerciales que cuenten con registro ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial como empresa para importar autos usados, según sea el caso, se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo al año modelo del vehículo, de conformidad con la siguiente

Ver tabla 2

"b) La cantidad obtenida conforme al inciso anterior se multiplicará por el factor de actualización a que se refiere este artículo, y al resultado se le aplicará la tasa que le corresponda conforme a la categoría del automóvil, en términos del artículo 5o. de esta ley.

"El factor de actualización será el correspondiente al periodo comprendido desde el último mes del año inmediato anterior a aquél en que se adquirió el automóvil de que se trate, hasta el último mes del año inmediato anterior a aquél por el que se debe efectuar el pago, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el citado factor en el Diario Oficial de la Federación dentro de los tres primeros días de enero de cada año.

"Para efectos de la depreciación y actualización a que se refiere este artículo, los años de antigüedad se calcularán con base en el número de años transcurridos a partir del año modelo al que corresponda el vehículo."

Como se puede apreciar, el artículo 5o. de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, señala el procedimiento para calcular dicho tributo, refiriéndose en la fracción I a automóviles nuevos destinados al transporte hasta de quince pasajeros y, en la fracción IV, a automóviles nuevos destinados al transporte de más de quince pasajeros o efectos cuyo peso bruto vehicular sea menor de quince toneladas, así como a los que cuenten con placas de servicio público de transporte de pasajeros.

Por su parte, el artículo 15-C se refiere a automóviles de fabricación nacional o importados, de hasta nueve años modelo anteriores al de aplicación de esta ley, destinados al transporte de hasta quince pasajeros y, en cuanto al cálculo del impuesto de que se trata, en el inciso b) remite al artículo 5o. de la mencionada ley.

En efecto, el artículo 15-C que se tilda de inconstitucional, prevé las bases para calcular el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos de fabricación nacional o importados, de hasta nueve años modelo anteriores al de aplicación de la ley (usados), precisando que el valor total del automóvil establecido en la factura original o carta factura, se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo al año, modelo del vehículo y conforme a la tabla contenida en el inciso a), y la cantidad así obtenida se multiplicará por el factor de actualización a que se refiere el propio precepto y al resultado se le aplicará la tasa que le corresponda conforme a la categoría del automóvil, en términos del artículo 5o. de la citada ley.

Así, los elementos a considerar para calcular el impuesto relativo, son:

a) El valor total del automóvil establecido en la factura original o carta factura, que hubiese expedido el fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o empresas comerciales que cuenten con registro ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial como empresa para importar autos usados, según sea el caso.

b) El factor de depreciación, de acuerdo al año modelo del vehículo y conforme a la tabla contenida en el inciso a) del artículo 15-C, que dice:

Ver tabla 3

c) El factor de actualización a que se refiere el propio precepto, a saber, el correspondiente al periodo comprendido desde el último mes del año inmediato anterior a aquel en que se adquirió el automóvil de que se trate, hasta el último mes del año inmediato anterior a aquél por el que se debe efectuar el pago, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación (la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el citado factor en el Diario Oficial de la Federación dentro de los tres primeros días de enero de cada año).

d) La base gravable, obtenida de multiplicar el valor del automóvil por el factor de depreciación y el resultado obtenido por el factor de actualización.

e) La tasa porcentual aplicable al contribuyente conforme a la tabla contenida en el artículo 5o., tomando en cuenta la base gravable que consiste en el valor total calculado en miles de pesos. Dicha tabla dice:

Ver tabla 4

De lo anterior se obtiene la siguiente formula:

Valor de Factor de Factor de Base

automóvil x depreciación x actualización = Gravable

De acuerdo con dicha fórmula, la base gravable obtenida en miles de pesos, sirve para determinar cuál tasa porcentual le corresponde pagar al contribuyente, conforme a la tabla contenida en el artículo 5o.

En el caso sujeto a análisis como se manifestó con anterioridad, no existió pronunciamiento por parte del Juez de Distrito en relación con los aspectos de constitucionalidad planteados, los cuales resultan fundados y, por tanto, aptos para provocar la concesión de la protección constitucional solicitada, como se verá a continuación.

Para resolver los cuestionamientos formulados por el impetrante, se hace necesario determinar, en primer término, la naturaleza jurídica del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, debiendo atender a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 1o. de la ley que prevé dicho tributo, el cual expresamente señala:

"Están obligados al pago del impuesto establecido en esta ley, las personas físicas y las morales tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere la misma."

De lo anterior se desprende que el hecho imponible lo constituye la tenencia o uso de los vehículos, recayendo el impuesto sobre un objeto determinado, sin hacer consideración alguna respecto a la persona titular de ese objeto, encuadrando así en la naturaleza de un impuesto sobre el patrimonio, en virtud de la titularidad que se tiene sobre dichos bienes, por lo que del carácter patrimonial del impuesto se desprende la presunción respecto a la capacidad económica del contribuyente tenedor o usuario del vehículo. En otras palabras, el valor del vehículo, determinado por sus características propias (estado de conservación, antigüedad, accesorios, etc.) permite gravar al bien como tal, es decir, como porción patrimonial que determina la capacidad económica de su tenedor o usuario.

Determinada así la naturaleza del impuesto en cuestión, procede establecer, con base en los criterios sustentados por este Alto Tribunal, si la mecánica del tributo atiende o no, proporcional y equitativamente, a la capacidad económica de los tenedores o usuarios de los vehículos, porque en realidad no se está considerando el valor real de cada vehículo, al establecer factores de actualización preestablecidos para el cálculo de la tarifa que se va a pagar respecto de dicho impuesto.

Todo impuesto tiene como elementos: un sujeto, un objeto, una base, una tasa y una tarifa; en el caso, resulta claro que la inconstitucionalidad del artículo 15-C de la ley en comento radica en la incongruencia que existe entre el objeto del impuesto y la base para calcularlo, esa incongruencia genera que la aplicación del artículo reclamado como inconstitucional, sea contrario a las garantías de equidad y proporcionalidad tributarias.

Dicho lo anterior, es dable citar los criterios jurisprudenciales sustentados por esta Suprema Corte de Justicia, referentes a la proporcionalidad y equidad de los tributos, visibles en la compilación de 1995, Tomo I, tesis 275, página 256, y en el Informe correspondiente a 1969, Parte II, Sala Auxiliar, Séptima Época, página 52, que son del tenor siguiente:

"PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula."

"IMPUESTOS. PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. Es del caso insistir en que el impuesto es un fenómeno histórico del actual Estado constitucional, quien lo decreta mediante un acto legislativo en ejercicio de su soberanía, siendo propio de su naturaleza la trasmisión de valores económicos, en servicio de los intereses sociales que le toca cumplir. El Estado, de consiguiente, es el único titular de la soberanía fiscal, acreedor por antonomasia, del impuesto, al través del pago de una prestación incondicionada. Todo impuesto afecta directa o indirectamente, la capacidad contributiva personal o real del deudor fiscal. Más para que el impuesto no sea un acto indebido, ni esté sujeto, por supuesto a arbitrariedades, es indispensable que sea proporcional y equitativo, con lo cual queda limitada la soberanía del Poder Legislativo de un Estado en la imposición de cargas fiscales. La fuente de toda imposición es el conjunto de bienes que constituyen el patrimonio del contribuyente y de los provenientes de productos de rendimientos del capital, del trabajo o de la unión de relación de uno y de otro. El límite constitucional, a la facultad del legislador, para decretar un impuesto, a fin de que este sea proporcional y equitativo, es no acabar, jamás destruir la fuente de la imposición fiscal, porque ello equivaldría a aniquilarse a sí mismo, junto con el sistema económico de un país, que debe estar percatado que la peor política financiera que puede adoptarse contra la sociedad moderna, es la existencia de un Estado con escasos recursos económicos para la satisfacción de sus gastos públicos, estimados dentro de estos los sociales, y para su cabal desarrollo económico. Corresponde apreciar ya, en cuanto a la función económica que cumple el impuesto en el seno de una sociedad, que si mayor es el potencial económico del contribuyente, mayor tendrá que ser el impuesto, aunque, invariablemente, en proporción a una capacidad contributiva personal o real, pues la teoría del interés público en bien de la misma sociedad y esa capacidad contributiva, son las dos bases fundamentales para fijar el impuesto que encuentra, en el escalonamiento de la cuota tributaria, una proporción cuyos resultados deberán repercutir en la necesidad de una redistribución de la renta nacional; en el quehacer de procurar el desarrollo económico y constante del país; en la estabilidad de su moneda y en el empleo de sus miembros, única forma de lograr, para éstos, un mejor equilibrio social y un bienestar económico."

Ahora bien, conforme a la primera jurisprudencia en cita, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes, capacidad que debe ser gravada diferencialmente para que en cada caso el impacto sea distinto respecto a la cantidad y al mayor o menor sacrificio que se ve reflejado cuantitativamente en la disminución patrimonial que se produce y en proporción a los ingresos obtenidos (tenencia de patrimonio o consumo realizado).

La segunda tesis refiere que el principio de proporcionalidad obliga al legislador a graduar el impuesto de manera que la participación de los contribuyentes al gasto público se realice en función de la mayor o menor capacidad económica manifestada por los mismos al realizar el hecho imponible (nivel de renta, cantidad y calidad del patrimonio o del consumo de ambos), por lo que los elementos de cuantificación de la obligación tributaria deben hacer referencia al mismo, es decir, que sea la base gravable la que permita medir esa capacidad económica y la tarifa o tasa la que exprese la parte de la misma que corresponde al ente público acreedor del tributo, de lo que resulta que la capacidad económica no sólo marca el cauce lógico del tributo sino también lo legitima y explica su existencia, así como también condiciona toda su estructura y contenido.

Las anteriores conclusiones han sido recogidas en la tesis P. XXXI/96 del Tribunal Pleno, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, página 437, en las siguientes palabras:

"IMPUESTOS. CONCEPTO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el objeto del tributo establecido por el Estado, guarde relación con la capacidad contributiva del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad de contribuir a los gastos públicos, potencialidad ésta que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos tienen una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el objeto del impuesto y la unidad de medida (capacidad contributiva) a la que se aplica la tasa de la obligación."

Ahora bien, respecto a la equidad tributaria son observables las tesis jurisprudenciales sostenidas por el Tribunal Pleno y publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, junio de 1997, páginas 43 y 36, que respectivamente dicen:

"EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional."

"EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica."

Así pues, la equidad tributaria significa que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula, por lo que han de recibir el mismo trato en lo referente a dicho impuesto, resultando por consiguiente que, aunado al principio de proporcionalidad tributaria en virtud del cual los impuestos deben ajustarse a la capacidad económica de quienes están obligados a pagarlos, la justicia tributaria consagrada en la Constitución fija su razón de ser en las posibilidades económicas de cada contribuyente, debiéndose tratar, por consiguiente, igual a iguales condiciones de capacidad económica y, contrariamente, desigual a condiciones de capacidad económica disímiles. De lo anterior resulta, que la capacidad económica, consistente en la adecuación de la aptitud objetiva para concurrir a las cargas públicas, deben llevar a la igualdad en el tratamiento de los contribuyentes potenciales, es decir, a que la justicia se produzca en cada caso particular alcanzándose por antonomasia la equidad tributaria consagrada en el texto constitucional.

Con lo anterior, se puede estimar que los principios de equidad y capacidad económica no pueden ser dos principios autónomos contrapuestos, sino que ambos se complementan formando una unidad jurídica indisoluble, en virtud de que el principio de equidad sólo puede ser rectamente comprendido en el marco de la capacidad económica de los contribuyentes, es decir, si como ya se ha mencionado, los impuestos por imperativo constitucional deben ajustarse a la capacidad económica de quienes han de pagarlo, luego entonces, el principio de equidad tributaria ayuda a cumplir con esa exigencia, haciéndose al mismo tiempo efectivo, evitándose así discriminaciones y desigualdades que no estén justificadas en una distinta y desigual capacidad económica para contribuir al gasto público, por ello, el principio de capacidad económica, además de fundamentar la imposición y constituir el criterio de su medición, facilita la distribución de las cargas públicas en forma equitativa, es decir, mantiene las situaciones de igualdad contributiva preexistentes y evita situaciones discriminatorias.

En este orden de ideas, si bien es cierto que el principio de proporcionalidad es comprensible en sí mismo, al contemplarse en la comparación de diversos contribuyentes, se presenta como necesario, para poder determinar la equidad del tributo en estudio, es decir, para verificar la igualdad en los tributos es necesario determinar previamente quién tiene y quién no tiene capacidad económica -capacidad absoluta- y, en segundo término, habrá de fijarse en qué medida ha de tributar cada contribuyente frente a un tributo en particular -capacidad económica relativa-.

En efecto, el hecho imponible del impuesto a examen lo constituye la tenencia o uso de los vehículos propiedad de los contribuyentes, de lo que resulta que el carácter real y patrimonial del multicitado impuesto determina la capacidad económica del contribuyente tenedor o usuario del vehículo en función del valor de éste, pues entre más valor tenga el vehículo, más capacidad económica tendrá entonces el tenedor o usuario del mismo. En otras palabras, el valor del vehículo, determinado por sus características propias (estado de conservación, procedencia, antigüedad, accesorios, etc.) permite gravar al bien como tal, o sea, como parte de la universalidad de bienes que determina la capacidad económica de su tenedor o usuario.

Ahora bien, el legislador, al regular lo que es la base del impuesto en análisis, se enfrenta a una problemática, pues resulta sumamente difícil que en una ley (cuya característica es la generalidad, la impersonalidad y la abstracción) se prevean todos los valores de todos los vehículos que poseen los causantes en México.

Ante esa eventualidad, y en una correcta técnica legislativa, es permisible el empleo de parámetros generalizados con el fin de que, a priori, se establezca una hipótesis normativa inmediatamente aplicable, a través de la figura jurídica de la presunción legal, tal como se hizo por el legislador en el artículo impugnado, es decir, ante la imposibilidad de que el legislador establezca una ley para todos los casos concretos, es válido que se recurra al empleo de las presunciones legales y el resultado de la aplicación de ese mecanismo del que se habla, será de acuerdo a la ley, el precio del vehículo que debe ser gravado.

Luego, ante la imposibilidad de que el legislador prevea una forma de cálculo del valor real de los vehículos aplicable a todos los casos, es correcto que la ley establezca una forma generalizada para el cálculo de dicho impuesto, cuyo resultado constituye jurídicamente una presunción legal; sin embargo, si el objeto de prueba para determinar la base del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos está sentado sobre el "valor real" de esta clase de bienes, entonces debe darse oportunidad a los causantes de demostrar en todo caso, cuál es el valor real del vehículo que poseen o usan, máxime que el legislador no estableció la prohibición de prueba en forma expresa.

Toda vez que la naturaleza del hecho a probar está fundada en situaciones casuísticas, subjetivas y reales, pues el precio de varios vehículos de un mismo modelo, puede ser diferente de uno a otro, dados los diferentes aspectos fácticos que impactan su valor real, entonces debe establecerse en la ley un mecanismo de defensa para el particular, que permita destruir la presunción legal derivada de la aplicación abstracta, general e impersonal de la ley, máxime que el precio de un vehículo debe ser ponderado en forma precisa, particular y personal, para que de ese modo pueda establecerse una base del impuesto acorde al objeto o hecho imponible y para que se pueda cumplir con las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias.

Además, en el caso específico el legislador únicamente prevé como aspecto que impacta el valor real del vehículo, la depreciación que repercute en este bien por el paso del tiempo y aspectos inflacionarios regulados por las tablas de factores de actualización, lo que como ya se dijo, es una presunción legal de lo que es el precio del vehículo, la cual puede estar apegada a la realidad, pero también puede no estarlo, por lo que el legislador debió establecer en la ley un mecanismo para que el contribuyente pueda contradecir la tarifa, por no estar ajustada a los valores reales del vehículo y al no establecer este artículo ni algún otro de la misma ley ese mecanismo de prueba contradictoria, es claro que se violan las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias, en la medida que la base del impuesto es incongruente con el objeto, toda vez que no se está permitiendo al contribuyente demostrar el valor real del vehículo para

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17977-fa6491c5/tenencia-o-uso-de-vehiculos-el-sistema-establecido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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