JUICIOS MERCANTILES. AUNQUE LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE EL INCIDENTE DE LIQUIDACION DE SENTENCIA TAMBIEN SE OCUPE DE CUESTIONES RELATIVAS A LA INCIDENCIA DE GASTOS Y COSTAS. CONTRA DICHA RESOLUCION PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO Y NO EL RECURSO ORDINARIO DE APELACION.
AMPARO EN REVISION 27/96. ARRENDADORA PROGRESO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
TERCERO.- El preinserto concepto de agravio, aunque en un aspecto, es inatendible e infundado, en otro, es substancialmente fundado y suficiente para revocar el fallo que se revisa, de conformidad con los razonamientos que en seguida se expresan:
Ello es así, pues en principio es inatendible el aspecto del mismo en que se aduce que el Juez de Distrito debió desechar la demanda de garantías de la que emana el fallo a revisión, en términos del artículo 114, fracción V de la Ley de Amparo, en virtud de que la interlocutoria materia de la misma era apelable al serlo la definitiva, en términos de lo que ordena el artículo 1341 del Código de Comercio, omisión con la que, afirma la aquí recurrente, le irrogó perjuicio al conculcar el precepto invocado; toda vez que el auto que dictó el a quo admitiendo el libelo constitucional de referencia, encuadra en la hipótesis de procedencia del recurso de queja, prevista en la fracción I del artículo 95 de la Ley de Amparo, que dispone que son impugnables a través del mismo: "...los autos dictados por los Jueces de Distrito o por el superior del tribunal a quien se impute la violación reclamada, en que admitan demandas notoriamente improcedentes..."; por lo que Amalia Hernández Portillo, si no estaba de acuerdo con tal proveído, debió inconformarse a través del recurso en cita, que era el idóneo para lograr su modificación o revocación y, si no lo hizo, incontrovertible resulta que lo consintió tácitamente, lo que sólo a ella es imputable y sin que por las razones antes expuestas, este Tribunal Colegiado esté en aptitud de examinar la legalidad del mismo a través del presente recurso.
Tornándose infundado el diverso aspecto del agravio a análisis, en que la citada Amalia Hernández Portillo arguye que el Juez de Distrito transgredió en su perjuicio, por falta de aplicación, los artículos 73, fracciones XIII y XVIII, y 74, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en virtud de que el hecho de que no haya desechado la demanda de garantías promovida por el endosatario en procuración de Arrendadora Progreso del Centro, S.A. de C.V., al ser presentada no le impedía corregir dicha omisión una vez celebrada la audiencia constitucional correspondiente, sobreseyendo en el juicio de garantías a análisis, en virtud de que la interlocutoria que constituye el acto reclamado, era apelable al serlo la definitiva, en términos del artículo 1341 del Código de Comercio, a través de cuyo recurso pudo ser revocada o modificada, mismo que se debió agotar, antes de acudir a la instancia constitucional.
Se concluye de ese modo, en virtud de que siendo el acto reclamado en la especie la sentencia interlocutoria que pronunció la autoridad señalada como responsable al resolver el incidente de liquidación de sentencia que promovió la persona moral aquí quejosa dentro del juicio ejecutivo mercantil número 41/95, que intentó frente a la ahora recurrente directa; lo que así se concluye, en virtud de que en la planilla de liquidación respectiva, se cuantificaron las sumas relativas a las partidas correspondientes a la incidencia en cita, es decir, suerte principal e intereses, cuya tramitación se prevé en el Código de Comercio a partir de los artículos 1346 al 1348, al disponer este último numeral que contra la interlocutoria que en dicha incidencia se pronuncie no hay más recurso que el de responsabilidad, incontrovertible jurídicamente resulta que por disposición expresa de la ley dicha resolución no es apelable, contra lo pretendido por quien se agravia, en términos del artículo 1341 del citado enjuiciamiento.
En ese orden de ideas, como contra la resolución que constituye el acto reclamado sólo se admite el recurso de responsabilidad, el que no es apto para modificarla, revocarla o nulificarla, es inconcuso que la falta de agotamiento de éste no trae consigo que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo y, en esa virtud, contra ella sí procede el juicio de garantías, al tenor del artículo 107, fracción III, inciso a) de la Constitución General de la República; resultando aplicables tanto la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en elSemanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXIX, página 2759, como la visible en el Informe que rindió su presidente al concluir el año de 1988, Tercera Parte, página 275, que a la letra dicen: "RESPONSABILIDAD, RECURSO DE.- El recurso de responsabilidad no llena las condiciones requeridas por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, para estimar que su falta de agotamiento trae consigo la improcedencia del juicio de garantías, ya que ese recurso no es un medio de defensa dentro del procedimiento que pueda dar lugar a la modificación, revocación o nulificación del acuerdo combatido."; e "INTERLOCUTORIA QUE CONDENA A PAGAR INTERESES EN EJECUCION DE SENTENCIA DICTADA EN JUICIO MERCANTIL, PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO.- Resulta equivocado el criterio emitido al desechar la demanda de amparo indirecto interpuesta contra tal interlocutoria, si se toma en cuenta que el Capítulo XXVII del Código de Comercio, especialmente el artículo 1348, referidos a la ejecución de sentencia, establece que contra tal sentencia incidental no procede más recurso que el de responsabilidad, que jurídicamente no es un medio de defensa que pueda modificar, variar o revocar lo que se impugne en aquélla; por lo que resulta procedente el amparo indirecto."
No obsta para concluirlo así, el que al haberse incluido en la planilla de liquidación respectiva la partida sobre pago de honorarios que se refiere a la diversa incidencia de gastos y costas, cuya tramitación se regula por los numerales 1085 al 1088 del Código de Comercio; en la interlocutoria que constituye el acto reclamado se haya decidido respecto a la cuestión en cita y que el citado numeral 1088 prevenga que contra dicha resolución sobre gastos y costas "...se admitirán los recursos que procedieran, según la instancia en que se encontrare el juicio y según la cantidad que importase la total regulación...", que lo es en la especie, el de apelación; en virtud de que en el caso concreto, según se desprende del libelo constitucional, únicamente se combate la interlocutoria de mérito en el aspecto en que declaró improcedente el pago de intereses moratorios exigidos, por lo que de haberse impugnado a través del recurso de apelación, legalmente el tribunal de alzada estaba obligado a declarar inatendible el agravio relativo, puesto que la resolución de liquidación de sentencia relativa a suerte principal e intereses, como ya se dijo, sólo es atacable a través del recurso de responsabilidad y, consecuentemente, obró correctamente la parte quejosa cuando a través del juicio de amparo indirecto se inconformó respecto de la resolución de referencia, pues de lo contrario se le hubiese dejado en estado de indefensión, ya que no estaba en aptitud de intentar por un lado el recurso ordinario y por el otro el juicio de garantías, respecto de una misma resolución judicial, dado que de explorado derecho resulta que éstas constituyen un todo indivisible, además de que la interposición de recursos ordinarios improcedentes, de conformidad con la tesis de jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años de 1917 a 1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, registrada con el número 1573 y visible en la página 152, del rubro: "RECURSOS ORDINARIOS IMPROCEDENTES", no interrumpe el plazo para pedir amparo contra el fallo respecto del cual se hicieron valer aquéllos, por lo que tampoco podía intentar primero el recurso de apelación y una vez resuelto éste, el amparo, porque mientras se tramitaba aquél hubiese fenecido el término para intentar el juicio de garantías correspondiente.
Al respecto tiene aplicación, la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al resolver, entre otros, el amparo en revisión civil número 268/92, promovido por Rafaela Camarena García, con fecha catorce de diciembre de mil novecientos noventa y dos, por unanimidad de votos, que a la letra dice: "JUICIOS MERCANTILES. AUNQUE LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE EL INCIDENTE DE LIQUIDACION DE SENTENCIA TAMBIEN SE OCUPE DE CUESTIONES RELATIVAS A LA INCIDENCIA DE GASTOS Y COSTAS, CONTRA DICHA RESOLUCION PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO Y NO EL RECURSO ORDINARIO DE APELACION.- Si el acto reclamado lo es la sentencia interlocutoria que pronunció la autoridad señalada como responsable al resolver el incidente de liquidación de sentencia que promovió el tercero perjudicado, quien en los conceptos de violación fundamentalmente combate la partida relativa a los intereses, cuya tramitación se prevé en el Código de Comercio a partir del artículo 1346 al 1348, y este último numeral señala que contra dicha resolución no cabe más recurso que el de responsabilidad, que no es apto para modificarla, revocarla o nulificarla, por lo que contra ella procede el juicio de garantías, al tenor del artículo 107, fracción III, inciso a) de la Constitución General de la República; es inconcuso que aunque en tal resolución se haya decidido respecto a algunas cuestiones relativas al incidente de gastos y costas, que se regulan por los preceptos 1085 al 1088 del enjuiciamiento mercantil y este último precepto disponga que contra la interlocutoria que en él se pronuncie `...se admitirán los recursos que procedieran, según la instancia en que se encontrare el juicio y según la cantidad que importase la total regulación...'; siendo la resolución de liquidación de sentencia, como ya se dijo, sólo atacable a través del recurso de responsabilidad, es indudable que no puede ser modificada, revocada o nulificada a través del recurso de apelación, pues de impugnarse a través de éste, legalmente es inatendible el agravio relativo; por lo que obró correctamente el quejoso cuando a través del juicio de amparo indirecto en que básicamente combatió la liquidación de intereses, impugnó dicha interlocutoria. Considerarlo de otro modo, implicaría dejarlo en estado de indefensión, pues no estaba en aptitud de intentar simultáneamente el recurso ordinario y el juicio de garantías respecto a la misma resolución judicial, pues es de explorado derecho que éstas constituyen un todo indivisible, además de que la interposición de recursos ordinarios improcedentes no interrumpe el plazo para pedir amparo contra el fallo respecto del cual se hicieron valer aquéllos, por lo que tampoco podría intentar primero el recurso de apelación y una vez resuelto éste, el amparo, porque mientras tramitaba aquél hubiese fenecido el término para intentar el juicio de garantías correspondiente."
Ahora bien, aun cuando en un aspecto es infundado, en otro es substancialmente fundado el concepto de agravio a análisis, en que la ahora recurrente aduce que el fallo que se revisa le irroga perjuicio, puesto que al pronunciarlo, el Juez de Distrito no se ocupó de los hechos reales puestos a su consideración ni aplicó correctamente la ley conducente, en virtud de que como en términos del artículo 78 del Código de Comercio, en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, era claro que en el caso concreto, el cobro de intereses moratorios, debía hacerse en los términos fijados en la sentencia definitiva que decidió el litigio del que emana el acto reclamado, esto es, "...en la forma, términos y tasas pactadas en el título de crédito fundatorio de la acción traída a juicio, desde la fecha de su constitución en mora hasta la data de la consignación de la suerte principal", con lo que no cumplió la parte quejosa, puesto que de la lectura del pagaré base de la acción se desprende que únicamente estaba en aptitud de elegir para ajustar la tasa de interés mensual, las variaciones que sufriera el costo porcentual promedio, la tasa de rendimiento promedio de los certificados de la Tesorería de la Federación a un plazo de veintiocho días a cualquier otro elemento oficial que establecerán las autoridades o instituciones bancarias para determinar el costo del dinero; siendo la tasa mensual del 4.23%, que aparece fijada en dicho título de crédito, la que sirve únicamente para aumentar o disminuir la amortización en la medida en que aumente o disminuya dicho interés por lo que la elección a la anotada por las instituciones bancarias oficiales, de entre las que sí puede elegir la que desee la empresa arrendadora y debe exhibir en consecuencia, la prueba de la misma; y sin que la tasa fija en cita, tenga en consecuencia, ninguna relación con el interés moratorio, "...ni puede duplicarlo a su arbitrio bajo una supuesta bondad, error en que cae la quejosa e induce al Juez de Distrito..."; y no existiendo tasa de interés moratorio anotado, sino que ésta debe de deducirse del interés vigente en la fecha de pago triplicado, si el Juez de los autos "... haciendo uso del arbitrio que la ley le concede de entre las instituciones apuntadas en el pagaré eligió la tasa de interés establecida por el Banco de México y publicada en el Diario Oficial de la Federación por tener más crédito legal...", al sentenciar como lo hizo en la resolución interlocutoria reclamada, no le causa más daño que la pérdida de la instancia, "...que tampoco se detuvo a examinar el inferior pues es causal de improcedencia del juicio de amparo, el que debe sobreseerse, al no existir perjuicio o daño qué reparar constitucionalmente."
En efecto, aunque es infundado lo ahí argüido en el sentido de que debió sobreseerse en el juicio de garantías a análisis, por el hecho de que en la interlocutoria que constituye el acto reclamado, se hayan dejado a salvo los derechos de la quejosa directa para que los hiciera valer en la forma y términos convenientes; "...al no existir perjuicio o daño qué reparar constitucionalmente", puesto que el agravio, al promovente de la instancia constitucional se le perpetró desde el momento en que se declaró de cualquier modo improcedente el incidente de liquidación que planteó, y con ello se le obligaba de nueva cuenta a intentar un incidente de ejecución para obtener el pago de aquello a lo que fue condenada la aquí recurrente y su codemandado, lo cual en consecuencia, sí lo autorizaba a solicitar la protección de la Justicia Federal, al ubicarse en la hipótesis precisada en el artículo 4o. de la Ley de Amparo.
En cambio de lo anterior, sí es verdad, como se aduce en el punto de disenso a análisis, que de la lectura del pagaré fundatorio de la acción que dio origen al juicio del que emana el acto reclamado se desprende, contra lo argüido por el Juez de Distrito, que no era optativo para Arrendadora Progreso del Centro, S.A. de C.V., el ajustar o no, la tasa de interés ordinario establecida en el citado pagaré, que lo fue de 4.230 mensual, en la forma y proporción que sufrieran las variaciones del costo porcentual promedio, la tasa promedio de los certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) a un plazo de 28 días o cualquier otro elemento oficial que establecieran las autoridades o instituciones bancarias al determinar el costo del dinero; en virtud de que literalmente se asienta en el pagaré en cita: "...La tasa de interés establecida en el pagaré podrá ser ajustada mensualmente por ARRENDADORA PROGRESO DEL CENTRO, S.A. DE C.V., en la misma forma y proporción que sufran las variaciones del costo porcentual promedio (C.P.P.) que mensualmente da a conocer el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación o la tasa de rendimiento promedio de los certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) a un plazo de 28 días o cualquier otro elemento oficial que establezcan las autoridades o instituciones bancarias para determinar el costo del dinero, vigente a la fecha de cada vencimiento a elección de ARRENDADORA PROGRESO DEL CENTRO, S.A. DE C.V., aumentando o disminuyendo el valor de cada amortización en la misma proporción que en la diferencia entre la tasa mensual inicial y la nueva tasa, sobre el saldo insoluto del capital..."
Ello es así, toda vez que la palabra "podrá" constituye el futuro de indicativo del verbo "poder". Luego, como desde el punto de vista gramatical, el tiempo futuro es lo que habrá de realizarse con posterioridad, mientras que el modo indicativo es aquel que expresa la realidad, esto es, un hecho real, por lo que jamás puede ser potestativo; incontrovertible jurídicamente resulta que la expresión "...podrá ser ajustada mensualmente..." en el contexto del pagaré de referencia, no puede interpretarse sino en el sentido de que la empresa Arrendadora Progreso del Centro, S.A. de C.V., estaba obligada a verificar el ajuste de la tasa de interés en el propio pagaré, en la forma y proporción que sufrieran las variaciones del costo porcentual promedio (C.P.P.), que mensualmente da a conocer el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, o la tasa de rendimiento promedio de los certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a un plazo de veintiocho días o cualquier otro elemento oficial que establezcan las autoridades o instituciones bancarias para determinar el costo del dinero, vigente a la fecha de cada vencimiento, éstas sí a su elección; y dado que de haberse pretendido que fuese potestativo para la citada empresa, se hubiese utilizado la palabra poder en modo subjuntivo, que es el único que indica posibilidad, esto es, lo que puede o no realizarse.
En ese orden de ideas, como la fijación del interés moratorio pactado tenía íntima vinculación con la tasa de interés ordinario mensual pactado, puesto que el documento mercantil base de la acción en lo conducente, dispone: "...En caso de mora, de una o más amortizaciones mensuales pactadas la tasa de interés se elevará a la que resulte de multiplicar por tres el interés vigente en la fecha de pago de los importes en mora...", indudable resulta que la empresa quejosa, contra lo que arguye en el concepto de violación expresado, al plantear la planilla de liquidación respectiva, estaba constreñida a cuantificar dicha tasa de interés ajustando el interés mensual inicial, relativo a 4.230, a las variaciones sufridas por el C.P.P. (Costo Porcentual Promedio), los CETES o cualquier otro elemento para determinar el costo del dinero, y sí así no lo hizo, lo que se desprende de la planilla en cita, el a quo debió declarar infundado el citado concepto de violación planteado y considerar que el acto reclamado al Juez Segundo de lo Civil de este Distrito Judicial, examinando su legalidad a la luz de aquél, no resultaba conculcatorio de garantías individuales en perjuicio del impetrante de ellas.
En esas condiciones, al ser fundado en el aspecto indicado el concepto de agravio a análisis formulado por Amalia Hernández Portillo, debe concluirse que el acto reclamado por Arrendadora Progreso del Centro, S.A. de C.V., no es violatorio de garantías individuales en su perjuicio y al no considerarlo así el a quo en la sentencia que se revisa, se impone revocar la misma y negar a la empresa quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.- No se SOBRESEE en el juicio de garantías promovido por ARRENDADORA PROGRESO DEL CENTRO, S.A. DE C.V., contra el acto que reclamó del Juez Segundo de lo Civil de este Distrito Judicial, que precisado quedó en el resultando primero de esta ejecutoria.
SEGUNDO.- Se REVOCA la sentencia que se revisa.
TERCERO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ARRENDADORA PROGRESO DEL CENTRO, S.A. DE C.V., contra el acto que reclamó del Juez Segundo de lo Civil de este Distrito Judicial, que precisado quedó en el resultando primero de este fallo.
Notifíquese; publíquese; anótese en el Libro de Registro; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la autoridad responsable que los remitió y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito: Juan Díaz Ponce de León, Raúl Murillo Delgado y Salvador Enrique Castillo Morales, habiendo sido relator el tercero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3506-9ef715c9/juicios-mercantiles-aunque-la-interlocutoria-que-decide-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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