DEUDAS DE LOS TRABAJADORES. LAS DERIVADAS DE UN CONTRATO DE MUTUO CON INTERÉS CELEBRADO CON EL PATRÓN, NO SE RIGEN POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXIV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SALVO QUE SE HAYAN ESTIPULADO COMO PRESTACIÓN LABORAL Y LAS CONDICIONES QUE LAS RIJAN FORMEN PARTE DEL CONTRATO. DEUDAS DE TRABAJO. LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXIV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SON EXCLUSIVAMENTE LAS CONTRAÍDAS CON MOTIVO DEL NEXO LABORAL. DEUDAS DE TRABAJO. EL HECHO DE QUE LOS ARTÍCULOS 110 Y 111 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO REGLAMENTEN LOS DESCUENTOS QUE EL PATRÓN PUEDE HACER AL SALARIO DE LOS TRABAJADORES CON MOTIVO DE AQUÉLLAS, NO REBASA LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXIV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1401/2003. FERNANDO GONZÁLEZ DELGADO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, fracción II, 83, fracción V, 84, fracción II, 86 y 90 de la Ley de Amparo; 21, fracción III, inciso a) y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en los puntos primero, fracción I, inciso a), segundo, fracciones I y II, y primero transitorio del Acuerdo Plenario Número 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo en el cual se hizo la interpretación directa de la fracción XXIV del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. La parte recurrente formuló los agravios siguientes:
"El presente recurso tiene por objeto que ya sea el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, o bien, la Segunda Sala de la propia H. Suprema Corte haga una interpretación directa de la fracción XXIV del apartado A del artículo 123 constitucional, del artículo 13 transitorio del propio artículo 123 constitucional y de la garantía social de la imperatividad de las normas de trabajo y la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores a la luz de la fracción XXVII, incisos g) y h) del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los que, respectivamente, se establecen (los transcribe). Inconstitucionalidad del artículo 110, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, a la luz de la fracción XXIV del apartado A del artículo 123 constitucional, que a la letra establece (lo transcribe). Para determinar la procedencia del presente recurso de revisión extraordinaria que interpongo, a continuación transcribo la tesis de jurisprudencia número 46/98, de la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 130 y 131 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de julio de 1998, Novena Época, Tomo VIII, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados, que es del tenor siguiente: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VIII, julio de 1998. Tesis: 2a./J. 46/98. Página: 130. ‘REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LAS CONSIDERACIONES PARA NO ESTUDIAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL O SOBRE INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN, DEBEN CONSIDERARSE COMO ‘CUESTIONES PROPIAMENTE CONSTITUCIONALES’ Y, POR TANTO, PROPIAS DE ESTUDIO EN ESE RECURSO.’ (la transcribe y cita precedentes). También es aplicable en el caso concreto la jurisprudencia del Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación número P./J. 18/2000, aplicable por analogía a este caso, que a continuación identifico y transcribo: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XI, marzo de 2000. Tesis: P./J. 18/2000. Página: 36. ‘INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL. PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE UNA SENTENCIA DICTADA POR UN JUEZ DE DISTRITO QUE LA CONTENGA, SON COMPETENTES TANTO EL PLENO COMO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.’ (la transcribe y cita precedentes). También es aplicable en el caso concreto la tesis del Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P. XXVIII/98, visible a página 117 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de abril de 1998, que es del tenor siguiente: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VII, abril de 1998. Tesis: P. XXVIII/98. Página: 117. ‘INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR.’ (la transcribe y cita precedentes). Asimismo, también es aplicable la tesis del Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se identifica bajo el número P. CXXXII/95, visible a páginas 5 y 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de enero de 1996, que es del tenor siguiente: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: III, enero de 1996. Tesis: P. CXXXII/95. Página: 5. ‘REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE INCLUSO CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO OMITA, CON VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, O POR ALGUNA RAZÓN JURÍDICA, REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA EN LA DEMANDA.’ (la transcribe y cita precedentes y nota aclaratoria). Debo hacer especial mención en que para la mayor comprensión del alcance jurídico de la fracción III del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a continuación transcribo su texto en los términos siguientes (lo transcribe). Los principios de imperatividad de las normas de trabajo y de la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores han sido comentados doctrinariamente por el Dr. Mario de la Cueva, en su obra El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, primera edición, año 1972, páginas 97, 98 y 99, del tenor siguiente: ‘A) La imperatividad en el derecho del trabajo. El derecho romano conoció dos maneras de ser de la imperatividad de las normas, a las que se denomina relativa y absoluta, las que corresponden al derecho dispositivo (jus dispositivum) y al derecho imperativo (jus cogens): el primero tenía aplicación en las relaciones jurídicas a falta de disposición expresa o tácita de los sujetos de la relación; su campo de aplicación era el derecho privado. El segundo se formó con las normas que se aplicaban para impedir o regular la formación de las relaciones jurídicas y para regir los efectos de las que se hubiesen formado; este segundo ordenamiento constituía el reino del derecho público. Desde sus orígenes, el derecho del trabajo se presentó con una pretensión de imperatividad absoluta, la cual, por otra parte, coincide con su naturaleza y con sus finalidades. La razón de la pretensión nos es conocida: la concepción individualista y liberal de la economía y del orden jurídico abandonó al principio de la autonomía de la voluntad la formación y determinación de los efectos de la relación de trabajo. La injusticia del sistema provocó las luchas sociales de los siglos XIX y XX, y una legislación que fue, desde un principio, derecho imperativo, porque era el único procedimiento que permitía aminorar la explotación del trabajo. La declaración de derechos sociales de 1917 produjo la transformación final del derecho del trabajo, que salió del campo de la legislación ordinaria y entró al plano superior de los derechos humanos, de esas normas supraconstitucionales que el pueblo quiso imponer al Estado y a los hombres. La imperatividad absoluta del derecho del trabajo quedó consignada en el artículo 123, fracción XXVII, párrafo final, en donde se decreta «la nulidad de todas las estipulaciones que impliquen la renuncia de algún derecho consignado a favor de los trabajadores en las leyes de protección y auxilio». El principio no apareció con la misma fuerza en la ley de 1931, por lo que la comisión redactora del proyecto se propuso otorgarle el más alto realce, a cuyo fin expresó en la exposición de motivos: «El artículo quinto fija los caracteres formales del derecho del trabajo: son normas de orden público, circunstancia que les otorga el carácter de derecho imperativo, lo que excluye la renuncia, por parte de los trabajadores, de sus derechos, beneficios y prerrogativas. En armonía con la exposición de motivos, el artículo quinto de la ley nueva dice que sus disposiciones son de orden público, por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, la renuncia, por parte del trabajador, de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo». El artículo quinto sugiere varias reflexiones: a) Una de sus frases es una confirmación más de que el derecho del trabajo es derecho de la clase trabajadora. Ahí se dice que no producirá ningún efecto la renuncia del trabajador a las disposiciones que le beneficien, pero el precepto no prohíbe la renuncia del patrono a los mandamientos que pudieran favorecerle, lo que es consecuencia de que la ley del trabajo esté dirigida a la defensa de la energía de trabajo, considerada como el valor más alto en la escala social. Esta diferencia da por resultado que el patrono puede aceptar, a ejemplos, que la embriaguez no será causa de despido o que serán los trabajadores quienes designarán los médicos para su atención; b) La comisión, en concordancia con la terminología que usó uniformemente, no habló de renuncia a las leyes o a las disposiciones legales, sino que empleó el término normas de trabajo, que es más amplio, pues, desde luego, comprende a la ley; lo que significa que el mandamiento constitucional se aplicará en el futuro o a la renuncia de las disposiciones contenidas en la totalidad de las fuentes formales, incluidos, claro está, los contratos colectivos; c) La nulidad -y hemos de volver al tema- pertenece a la especie que la doctrina reputa absoluta. A fin de suprimir cualquier duda, el artículo dice que la renuncia «no impedirá el goce y el ejercicio de los derechos»; lo que quiere decir que si un empresario incumple alguna norma de trabajo a pretexto de una renuncia, el trabajador puede reclamar su aplicación y será el patrono a quien corresponderá proponer la excepción correspondiente. El párrafo final del artículo quinto apoya la conclusión que antecede, pues expresa que «en todos los casos de renuncia se aplicarán la ley y demás normas supletorias en lugar de las cláusulas nulas». La imperatividad del derecho es una, pero se ejerce en tres direcciones: a) En primer lugar se dirige al trabajador para recordarle que su problema es el de todos los trabajadores. Los trabajadores pueden, con apoyo en el artículo quinto de la Constitución, negarse a constituir una relación de trabajo o dar por concluida en cualquier tiempo la que hubiesen formado, pero en la prestación de su trabajo tienen el deber de exigir el cumplimiento puntual de las normas, porque la declaración de derechos sociales fue impuesta por la clase trabajadora como cosa de la clase y no como asunto de cada trabajador, y porque la renuncia de los derechos, atenta la finalidad de la declaración y del derecho del trabajo, que es asegurar a cada trabajador una existencia digna, equivale a la entrega de la dignidad. Según estas reflexiones, la imperatividad del derecho del trabajo, además de ser un beneficio para el trabajador, consiste en el deber impuesto a los trabajadores de exigir el respeto de sus derechos, y es así porque quien no hace respetar sus derechos, daña a la clase a la que pertenece; b) La imperatividad se dirige en segundo lugar, al empresario, para decirle que es un deber constitucional, una exigencia del pueblo a la que no puede sustraerse; c) El derecho social rompió la fórmula del dejar-hacer y dejar-pasar y le impuso al Estado una intervención activa y permanente para que vigilara e hiciera cumplir las normas jurídicas, actividad que ha de realizar como un deber que le impuso el pueblo, lo que origina que puede actuar de oficio, porque la pretensión de imperatividad sería un poco ilusoria sin esa potestad, ya que bastaría la ausencia de la queja para que retornáramos a la explotación que auspició el contrato de arrendamiento de servicios’. Es de gran trascendencia señalar que la fracción III del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación plantea dos hipótesis que sirven de base para la tramitación de la revisión extraordinaria, de la que deben conocer ya sea el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, o bien, las Salas respectivas de la H. Suprema Corte, contra sentencias pronunciadas por los H. Tribunales Colegiados de Circuito en los juicios de amparo directo, a saber: a) La hipótesis en que el H. Tribunal Colegiado ha hecho una interpretación errónea de un precepto constitucional y que fue materia de un concepto de violación planteado por el quejoso. b) Cuando el H. Tribunal Colegiado de Circuito omita resolver el problema de interpretación de un precepto de la Constitución Federal. En el caso concreto se dan las dos hipótesis, porque el H. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, tanto omitió totalmente entrar al análisis y resolución del problema interpretativo de la fracción XXVII, inciso h) del apartado A del artículo 123 constitucional, de cuya resolución dependía la procedencia de las acciones ejercitadas por el suscrito en contra de los demandados, y la procedencia a su vez de los conceptos de violación que esgrimí en mi demanda de garantías, así como también se da la primer hipótesis, porque el H. Tribunal Colegiado hizo una incorrecta interpretación de las fracciones XX y XXIV del apartado A del artículo 123 constitucional. Establece el artículo 88, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor, que si el recurso se intenta contra resolución pronunciada en amparo directo por Tribunales Colegiados de Circuito, el recurrente deberá transcribir textualmente en su escrito la parte de la sentencia que contiene una calificación de inconstitucionalidad de la ley o establece la interpretación directa de un precepto de la Constitución, por lo que a continuación paso a transcribir textualmente la parte considerativa de la sentencia recurrida (páginas de la 93 a la 119 de la resolución que se impugna) (la transcribe). A continuación me permito expresar, como de mi intención, los siguientes agravios. Violación a los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, por llevar a cabo una errónea interpretación directa del artículo 123 constitucional, así como porque erróneamente consideró el H. Tribunal Colegiado que no reclamé la inconstitucionalidad del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, lo que sí hice por predominar el párrafo segundo y apartado A, fracciones XXIV y XXVII, del artículo 123 constitucional, sobre el citado artículo 110, en razón a lo siguiente: 1o. Interpretación errónea de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En primer lugar, el H. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito hace una incorrecta interpretación de la fracción XX del apartado A del artículo 123 constitucional. Las consideraciones hechas por el H. Primer Tribunal Colegiado al hacer la interpretación directa de la fracción XX del apartado A del artículo 123 constitucional, salta a la vista lo infundado de las mismas, puesto que el citado precepto constitucional establece que las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y una del gobierno. En el caso concreto, la materia de la controversia planteada por el suscrito como trabajador sostuvo que la deuda contraída en el llamado ‘convenio de préstamo patrimonial’ celebrado entre Corporativo Gamesa, S.A. de C.V., en adelante llamado El Corporativo, y el suscrito en adelante llamado El Deudor, ‘como empleado’ del Corporativo de referencia (y como empleado así se asentó en ese convenio), cuando se otorgó el citado convenio de fecha 1o. de agosto de 1990, por un monto de $580'000,000.00 y en cuya cláusula primera se estableció que el pago inicial sería de $5'200,000.00 y que nunca debería ser mayor del 20% del ingreso neto mensual del deudor, y las demás cláusulas del mismo, constituía y constituye una deuda nula de pleno derecho a la luz de la fracción XXIV del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se establece que de las deudas contraídas por los trabajadores a favor de los patronos, de sus asociados, familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador y que en ningún caso y por ningún motivo se podrán exigir a los miembros de su familia, ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes y que, por ello, dicha deuda era y es nula de pleno derecho en cuanto excede del sueldo de un mes del suscrito. Por su parte, la demandada sostuvo que no era aplicable a mi favor la garantía social consagrada en la fracción XXIV del apartado A del artículo 123 constitucional, porque se trataba estrictamente de un ‘convenio de préstamo patrimonial’ regido por las normas del derecho civil y no por las normas de trabajo. Ahora bien, si la fracción XX del apartado A del artículo 123 constitucional establece que las Juntas de Conciliación y Arbitraje sólo serán competentes para conocer de las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, de ello cabe desprender que la Junta Especial responsable al declararse competente para conocer de mi reclamación, dictar el laudo respectivo, y fundar su competencia en la fracción XX del apartado A del artículo 123 constitucional, por lógica y jurídica consecuencia reconoció que la reclamación del suscrito sobre la nulidad del citado convenio era de naturaleza laboral y no de naturaleza civil, puesto que en caso de que al contestar la demanda hubiera estimado que la deuda era de naturaleza civil y no laboral, al plantearse por la parte demandada la incompetencia por declinatoria sosteniendo que mi reclamación era de naturaleza civil, debió tramitar el incidente de incompetencia a la luz del párrafo segundo del artículo 703 de la Ley Federal del Trabajo y, en todo caso, dar oportunidad al suscrito para solicitar que el problema de incompetencia planteado por la parte demandada debería ser resuelto en términos del artículo 705, fracción III, inciso d), de la Ley Federal del Trabajo, en el que se establece que cuando se trata de un conflicto competencial entre una Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y otro órgano jurisdiccional, corresponde la resolución de la competencia a la ahora Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación y antes correspondía resolverlo a la Cuarta Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como en el caso concreto la Junta desde un principio consideró que mi reclamación era de naturaleza laboral y que era competente para conocer de mi demanda a la luz de la fracción XX del apartado A del artículo 123 constitucional, automáticamente consideró que la deuda derivada del citado ‘convenio de préstamo patrimonial’ contenía una deuda de trabajo, y por ello no podía establecer en el laudo lo contrario y revocar sus propias determinaciones a la luz del artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se establece que las resoluciones de las Juntas no pueden revocarse en forma alguna. El H. Primer Tribunal Colegiado en la parte considerativa transcrita interpreta erróneamente la fracción XX del apartado A del artículo 123 constitucional, toda vez que establece que la Junta Especial responsable fue competente para dirimir una controversia civil y no de naturaleza laboral, puesto que el mencionado precepto constitucional sólo funda la competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para resolver conflictos de trabajo entre el capital y el trabajo, y si la autoridad del trabajo considera que tiene competencia para resolver el conflicto de trabajo, no puede incursionar en el ámbito de un contrato al que supuestamente le atribuye naturaleza civil, porque al hacerlo viola la fracción XX del apartado A del artículo 123 constitucional, ya que tal precepto tan sólo le da competencia para conocer de conflictos entre patrones y trabajadores de naturaleza laboral. El H. Primer Tribunal Colegiado interpreta incorrectamente la fracción XX del apartado A del artículo 123 constitucional, puesto que en éste se establece que las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos y uno del gobierno, lo cual significa que la Junta de Conciliación y Arbitraje al tramitar un incidente de incompetencia por declinatoria planteado por el patrono demandado, debe analizar en la interlocutoria que dicte lo siguiente: a) Si el patrono demandado hace consistir la incompetencia por declinatoria planteada en términos del artículo 703 de la Ley Federal del Trabajo, sobre la base de que la relación jurídica que une al actor con la demandada es de carácter civil, o bien, si es laboral, como sucedería en el caso de que el patrón demandado hubiera sostenido que el actor nunca fue trabajador de la empresa demandada, sino que el vínculo que les unió fue en razón de un contrato de servicios profesionales regido por la legislación civil, y el trabajador actor sosteniendo que su relación de trabajo que tuvo con la demandada fue de naturaleza laboral por concurrir los elementos a que se refiere el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, porque existió un servicio personal subordinado a la empresa demandada mediante el pago de un salario, en tal caso, como la excepción de la parte demandada consiste en la negativa de la relación de trabajo, ello implica que el demandado esté oponiendo en el fondo una excepción de falta de acción que debe ser analizada en el laudo, en términos del artículo 702 de la Ley Federal del Trabajo. b) En cambio, si al entrar al estudio de una acción como la planteada en el caso concreto, en que el actor sostiene la nulidad de pleno derecho de una deuda contraída con el patrón de la naturaleza prevista por las señaladas por la fracción XXIV del apartado A del artículo 123 constitucional, y si de las pruebas ofrecidas por el actor y aun por el demandado se infiere que se trata de una deuda de las comprendidas en la fracción XXIV del apartado A del artículo 123 constitucional, deberá declarar su competencia y continuar el procedimiento hasta la emisión del laudo, pero bien entendido que tal resolución no podrá revocarse en el laudo, sino tan sólo analizarse si realmente se probó la existencia de dicha deuda, analizar si se encuentra o no prescrita ésta, en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, y determinar la comprobación del salario del actor para cuantificar el monto del equivalente a un mes de salario, determinando que el monto excedente de la deuda no le es exigible al trabajador por el patrón. c) En cambio, si la Junta determina que la deuda contraída por el trabajador es de naturaleza civil y no laboral, porque la causa generatriz de dicha deuda no sea de las señaladas por la fracción XXIV del apartado A del artículo 123 constitucional, deberá declararse incompetente para conocer de dicha acción y reservar la acción del actor para tramitarla ante la jurisdicción civil que corresponda, dando por concluido el procedimiento por carecer la Junta del conocimiento de la competencia constitucional a que se refiere la fracción XX del apartado A del artículo 123 constitucional, a contrario sensu, es decir, por considerarse que no se trata de un conflicto de trabajo. Expuesto lo anterior, salta a la vista que si la Junta al analizar la primera hipótesis de las planteadas anteriormente, se infiere que las Juntas de Conciliación y Arbitraje tan sólo son competentes para resolver en el laudo, en términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 constitucional, cuando considere, in limine litis, y precisamente al resolver el incidente competencial planteado, que cualitativamente la acción de nulidad de pleno derecho ejercitada por el actor sobre nulidad de pleno derecho tiene su apoyo en la fracción XX del apartado A del artículo 123 constitucional, porque considere que se trata de una deuda de la naturaleza de las previstas en la fracción XXIV del apartado A del artículo 123 constitucional, pero carece de competencia constitucional, cuando al resolverse el incidente de incompetencia determina que se trata de una deuda que no es de las comprendidas en la fracción XXIV del apartado A del artículo 123 constitucional, porque al no tratarse de un conflicto de trabajo debe reservarse la competencia para la jurisdicción civil, reservando al mismo tiempo la acción del trabajador para ejercitarla en ese ámbito jurisdiccional. Al no entenderlo de este modo e interpretar incorrectamente el H. Primer Tribunal Colegiado el alcance jurídico de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violó en mi perjuicio las garantías sociales conferidas a mi favor, desde el ámbito procesal, contenidas en la fracción XX del apartado A del artículo 123 constitucional, y en el ámbito sustantivo violó en mi perjuicio la garantía social contenida en la fracción XXIV del apartado A del artículo 123 constitucional. En efecto, en la sentencia reclamada se señala por el H. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, que la representación jurídica de la parte demandada al comparecer a juicio planteó la incompetencia por razón de la materia de la Junta responsable, y siendo ésta una circunstancia que debe resolverse como un incidente de previo y especial pronunciamiento, la Junta responsable, según dicho H. Tribunal Colegiado, acordó tramitar el incidente respectivo en términos de la ley, y mediante resolución interlocutoria de fecha 28 de enero de 2002, determinó que era improcedente la excepción de incompetencia planteada y ordenó que se reanudara el procedimiento, cuya resolución según el citado juzgador determina el reconocimiento expreso de la autoridad de ser competente para conocer y resolver en su lugar la competencia planteada, agregando que en el considerando primero del laudo, la autoridad jurisdiccional expuso textualmente (lo transcribe), lo cual se advierte tanto del escrito de demanda como del propio escrito de contestación de demanda, en donde la parte patronal expresamente reconoció que existió un vínculo de trabajo en términos del artículo 20 de la ley laboral entre ella y el actor, de ahí que evidentemente, según el propio Tribunal Colegiado, la competencia de la Junta responsable fue correctamente asumida por ésta, sin que pueda considerarse que el laudo reclamado sea incongruente en cuanto a que en una parte del considerando segundo del mismo, la responsable se dice incompetente para conocer del asunto como así lo quiere hacer ver el quejoso, agregando el propio Tribunal Colegiado que del laudo reclamado se observa que la Junta responsable en su estudio de la litis planteada aborda el análisis de todas las pruebas que se aportaron al juicio, para el efecto de resolver la controversia y que una de esas pruebas fue la referente a la documental consistente en las actuaciones de un juicio ordinario civil tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo Civil del H. Primer Distrito Judicial en el Estado, y que fue analizado por la autoridad responsable de la siguiente manera: ‘La documental consistente en las actuaciones de un expediente judicial número 619/2001, que se refiere a un juicio ordinario civil promovido por José Carlos Aguayo Gallegos, en representación de la demandada, que presentó ante el H. Juzgado Décimo Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, sin que signifique efectuar algún estudio frente al mismo, al carecer esta Junta de competencia para ello, confirma la decisión plasmada en la presente resolución en el sentido de que las acciones que el actor intenta en la demanda que se resuelve son de naturaleza estrictamente civil, sin tener ninguna adecuación relacionada con las disposiciones constitucionales y laborales que ha invocado el promovente’, agregando el H. Tribunal Colegiado que lo anterior no constituye una incongruencia en los términos aducidos por el suscrito quejoso, porque la responsable se considera competente, tanto en el incidente respectivo como en el laudo combatido, para conocer de las acciones planteadas y que la argumentación que referí en el sentido de que no es competente para analizar unas constancias de un juicio civil que se ofrecieron como pruebas, no contravienen el reconocimiento de su competencia, y que en todo caso constituyen una imprecisión, pues la autoridad tiene obligación de pronunciarse, según el propio Tribunal Colegiado, respecto de todas las pruebas ofrecidas, admitidas y desahogadas en el juicio, pero que tal imprecisión no modifica el sentido del fallo ‘como más adelante se verá’, y tales consideraciones vertidas por el H. Primer Tribunal Colegiado en el considerando cuarto de la sentencia reclamada son erróneas, según lo dejé expresado con anterioridad, porque si la Junta se declaró competente y continuó el procedimiento hasta dictar el laudo, en términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 constitucional, fue porque consideró que la acción ejercitada por el suscrito entrañaba un conflicto de trabajo, y precisamente por entrañar un conflicto de trabajo, fue que debía partirse de la base de que la acción de nulidad absoluta que ejercité en relación con la deuda derivada del convenio de préstamo patrimonial, era totalmente configurada como de la naturaleza de las deudas previstas en la fracción XXIV del apartado A del artículo 123 constitucional, pues de otra manera la Junta carecería de toda competencia desde la emisión de la interlocutoria referida para seguir conociendo de la controversia, por no tratarse de un conflicto laboral, sino civil. El H. Tribunal Colegiado confunde lamentablemente el alcance jurídico de la fracción XX del apartado A del artículo 123 constitucional, puesto que según lo he
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18019-5cf35be2/deudas-de-los-trabajadores-las-derivadas-de-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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