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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 939/2001. · Registro digital (IUS): 7492
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GUILLERMO GONZÁLEZ MARTÍNEZ Y OTRA.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Diciembre de 2001, , Pág. 316.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 939/2001. GUILLERMO GONZÁLEZ MARTÍNEZ Y OTRA.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Esta Segunda Sala estima que el presente recurso de revisión debe desecharse porque su resolución no entrañaría la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.

En efecto, el artículo 107, fracción IX, constitucional, reformado mediante decreto publicado el once de junio de mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial de la Federación, establece:

"Artículo 107. Todas la controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales."

Por su parte, el Pleno de esta Suprema Corte dictó el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve el Acuerdo 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintidós siguiente, que establece:

"... PRIMERO.-Procedencia. I. El recurso de revisión es procedente contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, si se reúnen los supuestos siguientes: a) Si en ella se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento -federal o local-, o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional; o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones acabadas de mencionar, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo. b) Si el problema de constitucionalidad referido en el subinciso anterior, entraña la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva.-Se entenderá que un asunto es importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente), se vea que los argumentos (o derivaciones) son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será transcendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en la materia de constitucionalidad. II. Por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando: a) Exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado; b) Cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir; c) En los demás casos análogos a juicio de la Sala correspondiente.-SEGUNDO.-Tramitación. I. En la revisión de amparos directos, el presidente de la Suprema Corte o los de Sala, según les corresponda en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, verificarán si el recurso fue formulado en tiempo y forma legales, y si en la sentencia se hizo un pronunciamiento sobre inconstitucionalidad de alguna ley, tratado internacional, reglamento federal o local, o la interpretación directa de algún precepto constitucional, o si en la demanda se hicieron planteamientos de esa naturaleza, aun cuando el Tribunal Colegiado de Circuito haya omitido el estudio de tales cuestiones. Si no se reúnen tales requisitos desechará de plano el recurso. II. Si el presidente de la Suprema Corte o los de Sala consideran que sí se reúnen los requisitos mencionados en el inciso inmediato anterior, admitirán el recurso, especificando que ello es sin perjuicio del análisis posterior del requisito de importancia y trascendencia, y lo turnarán al Ministro que corresponda. III. Si el Ministro ponente considera que se surten los requisitos de procedencia establecidos en el punto primero, inciso I, subincisos a) y b), de este acuerdo, formulará el proyecto que someterá a la consideración del Pleno o de la Sala, según corresponda. IV. Si el Ministro ponente estima que no se configuran los requisitos de procedencia establecidos en el inciso inmediato anterior, formulará un dictamen en tal sentido, proponiendo el desechamiento del recurso. V. El dictamen de desechamiento será presentado por el ponente a la Sala de su adscripción, y si fuera rechazado por mayoría de votos el mismo ponente deberá presentar proyecto de fondo ante la Sala o el Pleno, según proceda, sin perjuicio de que el Pleno deseche el recurso por falta de importancia y trascendencia. VI. Si el dictamen de rechazo es aprobado por mayoría de los Ministros de la Sala, el recurso será desechado y quedará firme la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito, al que se devolverán los autos de inmediato. VII. Las determinaciones de la Sala son irrecurribles. ..."

La reforma al artículo 107, fracción IX, constitucional, cuyo texto se citó anteriormente y que establece nuevas reglas de procedencia para el recurso de revisión en contra de sentencias dictadas en amparo directo por un Tribunal Colegiado de Circuito, es aplicable a los recursos indicados que se interpongan a partir del veintitrés de junio de mil novecientos noventa y nueve, es decir, el día siguiente al en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 5/1999 antes transcrito; por lo que el presente recurso de revisión debe regirse por lo dispuesto en el precepto constitucional y acuerdo referidos, toda vez que fue interpuesto con posterioridad a los mismos.

Ahora bien, este órgano colegiado estima que la resolución del presente asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción IX, de la Constitución y en términos del Acuerdo Plenario 5/1999, no entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, en virtud de que resulta inoperante el planteamiento de los quejosos recurrentes.

En efecto, en la especie no se surten los requisitos de importancia y trascendencia que condicionan la procedencia de este recurso, en términos de lo establecido en el inciso b) de la fracción II del punto primero del Acuerdo General Plenario 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Lo anterior es así, en virtud de que los agravios de la parte recurrente devienen inoperantes y no se está en el caso de suplir la queja deficiente por no actualizarse ninguno de los supuestos que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo.

Del escrito de expresión de agravios transcrito en el considerando que antecede, se advierte que lo que la parte recurrente fundamentalmente alega es que el Tribunal Colegiado alteró la cuestión efectivamente planteada, toda vez que en ningún momento se adujo en el concepto de violación relativo a la inconstitucionalidad del artículo 549 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, que existiera contrariedad entre este precepto y los artículos 1830 y 2785 del Código Civil del mismo Estado, sino que la inconstitucionalidad alegada deriva de que el precepto del código adjetivo permite el acceso a la vía hipotecaria, con vencimientos anticipados diferentes a los establecidos por los numerales del Código Civil, lo cual resulta incongruente, ya que la voluntad de las partes no puede estar por encima de la ley, esto es, las partes no pueden pactar la procedencia de la vía especial hipotecaria al ser una vía privilegiada que requiere de diversos requisitos para acceder a ella.

Como puede apreciarse, el planteamiento anterior se reduce a un problema de legalidad consistente en la posible contradicción entre el artículo 549 del código procesal civil del Estado de Aguascalientes, relativo a la procedencia del juicio hipotecario y los numerales 1830 y 2785 del código sustantivo civil de la misma entidad, que a decir de los quejosos recurrentes prevén distintas causas de vencimiento anticipado que la establecida en la hipótesis del artículo del código procesal civil, cuestión tal que constituye un planteamiento de legalidad y, por tanto, no puede ser examinado a través del presente recurso de revisión, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IX, de la Constitución General de la República y el 83, fracción V, de la Ley de Amparo, la materia de éste se constriñe únicamente a examinar las cuestiones propiamente constitucionales, como lo son, la contravención de un precepto legal a la Constitución General de la República y la interpretación directa de un precepto constitucional.

Resulta aplicable a la consideración anterior, la jurisprudencia de esta Segunda Sala 2a./J. 53/98, consultable en la página 326 del Tomo VIII, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LOS AGRAVIOS DE LEGALIDAD SON INOPERANTES.-Conforme a los artículos 107, fracción IX, constitucional y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, que regulan el recurso de revisión en amparo directo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta instancia deberá examinar las cuestiones propiamente constitucionales; por consiguiente, si en el recurso se plantean, al lado de agravios sobre constitucionalidad de normas generales o de interpretación directa de un precepto de la Constitución, argumentos de mera legalidad, éstos deben desestimarse por inoperantes."

Asimismo resulta aplicable la tesis LXVI/2001 de esta Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 462, que dice:

"-Del análisis concatenado de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, 86 y 93 de la Ley de Amparo, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo 5/1999, del 21 de junio de 1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, se deduce, en forma esencial, que un recurso de esa naturaleza sólo será procedente si reúne los siguientes requisitos: I. Que se presente oportunamente; II. Que en la demanda se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal y en la sentencia se hubiera omitido su estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos; y III. Que el problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva de la Suprema Corte; en el entendido de que un asunto será importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente) se advierta que los argumentos o derivaciones son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en materia de constitucionalidad; por el contrario, deberá considerarse que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir y en los demás casos análogos a juicio de la referida Sala, lo que, conforme a la lógica del sistema, tendrá que justificarse debidamente."

En ese orden, al resultar inoperantes los agravios esgrimidos por los recurrentes, se surte el supuesto previsto en el punto primero, fracción II, inciso b), del Acuerdo General Plenario 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve y, en consecuencia, el presente recurso de revisión es improcedente.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

ÚNICO.-Se desecha el recurso de revisión materia de este fallo.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al Tribunal Colegiado de Circuito de su origen y en su oportunidad archívese este toca.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Juan Díaz Romero, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Vicente Aguinaco Alemán y presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ausente el señor Ministro Mariano Azuela Güitrón, por estar haciendo uso de sus vacaciones. Fue ponente el segundo de los Ministros antes mencionados.

****

Nota:La siguiente ejecutoria aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 322.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1124/2000. ABEL HERNÁNDEZ RIVERA Y OTROS.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecisiete de abril del año dos mil uno.

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por escrito presentado el veinticuatro de mayo del año dos mil, en el Departamento de Archivo y Correspondencia de la Junta Especial Número Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje, (1) Alonso Salud Carrillo Acosta y Abel Hernández Rivera, como apoderados (el segundo también por sí mismo) de (2) Sergio Coria Porras, (3) Rodrigo Amable Sánchez, (4) Alberto González Corona, (5) Rodrigo Zárate Jiménez, (6) Aristeo Rojas Galicia, (7) Gilberto Cortés Romero, (8) Manuel Ávila Vera, (9) Mario Dorantes Casas, (10) Martín Gómez Martínez, (11) Francisco González León, (12) José González López, (13) Adelaido Vázquez Galván, (14) Teresa Guadarrama Castro, (15) Marcelo Camacho González, (16) Ernesto Aguilar Gallegos, (17) Nabor Ojeda Alverdín, (18) Demetrio Hernández Sosa, (19) José Herrera Aguilar, (20) Fernández Bañuelos Mora, (21) Ricardo Flores Cruz, (22) Indalecio Martínez Hernández, (23) Félix Ricardo Lara Ramírez, (24) Fulgencio Merino Méndez, (25) Ladislao Moreno Rojas, (26) Alejo Solano Peña, (27) Gilberto Ojeda Herrera, (28) Ramón Torres Hernández, (29) Abundio Tontle Molina, (30) Enrique Trejo Iglesias y (31) Ramón Hernández Andrade (nota: los números entre paréntesis se señalan para facilitar la identificación y número de quejosos) promovieron juicio de amparo en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan:

"Autoridades responsables. 1. H. Congreso de la Unión; 2. C. Presidente de la República; 3. C. Secretario de Gobernación; 4. C. Secretario del Trabajo y Previsión Social y 5. H. Junta Especial Número Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje.-Acto reclamado. I. Del H. Congreso de la Unión; C. Presidente de la República; C. Secretario de Gobernación y C. Secretario del Trabajo y Previsión Social, respectivamente, la expedición, promulgación y refrendo de la Ley Federal del Trabajo vigente, en especial los artículos 395 y 413 por contener disposiciones contrarias a nuestra Constitución, en especial a los artículos 1o., 5o., 9o. y 123, fracción XVI, constitucionales; y de los artículos 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421 y 422 de la mencionada ley laboral se reclaman por establecer disposiciones con carácter de ley sin que éstas hayan sido emanadas por el propio Congreso de la Unión.-II. Del C. Presidente de la República la declaratoria de Contrato-Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la República Mexicana, en especial del artículo 88 que contiene disposiciones que contravienen los artículos 1o., 5o., 9o. y 123, fracción XVI.-III. De la Junta Especial Número Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Laudo dictado el tres de abril de dos mil en el expediente 106/98 del que emana el acto reclamado, en el cual la autoridad responsable omitió el cumplimiento de preceptos constitucionales, en especial los artículos 1o., 5o., 9o. y 123, fracción XVI y 133, y en contra de toda lógica y constancia de autos, absuelve a los hoy terceros perjudicados con el ilícito argumento de que los trabajadores se hicieron acreedores a ser separados de sus empleos porque constituyeron un nuevo sindicato; por haber renunciado voluntariamente a seguir formando parte de la Sección 23 del sindicato codemandado; por haberse acreditado la existencia y registro legal dentro de la empresa Ingenio El Potrero, S.A., del nuevo Sindicato de Trabajadores de la Empresa Ingenio El Potrero, S.A., del cual los quejosos forman parte, es decir, por estos motivos legales, era causa y razón suficiente para privarlos de sus empleos, porque así lo contemplan los artículos 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 88 del Contrato-Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la República Mexicana, y que constituye el primer acto de aplicación en perjuicio de los quejosos, de la ley inconstitucional reclamada y del Contrato-Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la República Mexicana, que también se reclama.-La negativa y omisión de dar cabal cumplimiento al artículo 133 constitucional, consistente en que la responsable no se ajustó ni se arregló a los términos de nuestra Constitución Federal, al dictar el laudo combatido.-La ilícita aplicación de los artículos 195 (sic) y 413 de la Ley Federal del Trabajo vigente, que constituye el acto reclamado en el laudo mencionado, porque vulnera y contraviene lo establecido en el artículo 133 constitucional.-La ilícita aplicación del Contrato-Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la República Mexicana, artículo 88, como si realmente fuese una ley emanada del Congreso de la Unión, y contra el texto expreso de los artículos 133 constitucional y aquellos que por materia debió aplicar la responsable, por encima del contrato-ley y de la ley reglamentaria impugnada.-La omisión de dar cumplimiento al sentido pleno de universalidad de la libertad de asociación sindical establecido como criterio obligatorio mediante jurisprudencia firme de esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación y que comprende tres aspectos fundamentales: 1. Un aspecto positivo que consiste en la facultad del trabajador para ingresar a un sindicato ya integrado o constituir uno nuevo; 2. Un aspecto negativo, que implica la posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y la de no afiliarse a sindicato alguno; y 3. La libertad de separación o renuncia de formar parte de la asociación.-La omisión de la responsable de hacer valer la prescripción opuesta por los quejosos, porque el supuesto término legal del sindicato codemandado de treinta días, para pedir al patrón que separara de sus empleos a los trabajadores por haber formado un nuevo sindicato, le feneció el 2 de mayo de 1998, tomando en cuenta el ilícito argumento de la responsable consistente en que el nuevo Sindicato de Trabajadores de la Empresa Ingenio El Potrero, S.A., adquirió por resolución administrativa su existencia legal el 31 de marzo de 1998, sumado al hecho de que, supuestamente, hasta el 6 de abril de 1998 el sindicato codemandado conoció acerca de la separación de los quejosos y al aplicarles mediante dicho escrito de esa fecha 6 de abril de 1998 la aplicación de la cláusula de exclusión por separación, lo realizó dentro de dicho término legal de treinta días, soslayando la documental que ofreció el propio sindicato codemandado y que consistió en la copia sellada de recibido de ese escrito del 6 de abril de 1998, misma que fue presentada a la empresa Ingenio El Potrero, S.A., hasta el día 4 de mayo de 1998, fuera del término de treinta días.-La omisión de la responsable de sancionar al sindicato codemandado porque omitió cumplir con su obligación señalada en el artículo 371, fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo, y no obstante lo antes mencionado, la responsable lo absolvió con el ilegal argumento de que la sola firma del comité ejecutivo nacional de dicho sindicato era motivo suficiente para separar justificadamente a los trabajadores de sus empleos. La responsable se negó a tomar en consideración que en los estatutos del sindicato demandado se señala que para expulsar a un socio que pertenezca a otra asociación se deberá nombrar una comisión de honor y justicia que se encargará de practicar las averiguaciones previas y que posteriormente deberá citarse a los socios a una asamblea en donde deberán ser escuchados y emitir sus votos cuando menos las dos terceras partes de los socios de la sección, hecho este que incumplió el sindicato demandado y que la responsable eludió estudiar de forma ilícita, porque ningún artículo de la Ley Federal del Trabajo permite a una organización expulsar o separar de su empleo a un trabajador, sin que sea citado previamente a la asamblea en donde se conocerá acerca de su expulsión o separación. Todas las consecuencias que de hecho y de derecho se hayan derivado, se deriven o puedan derivarse del acto reclamado."

SEGUNDO.-Los representantes de los quejosos narraron los siguientes antecedentes del caso:

"1. Mediante escrito presentado el 3 de julio de 1998 los quejosos demandaron que se declarara nulo el convenio del 16 de marzo de 1998; que se declarara nulo el artículo 88 del Contrato-Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la República Mexicana por ser violatorio de garantías individuales; la reinstalación de todos los actores porque fueron separados de sus empleos de forma injustificada; el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, así como el otorgamiento de las vacantes que se dieran durante sus ausencias y que por derecho les corresponda tanto de la empresa Ingenio El Potrero, S.A., como del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana. Radicándose bajo el número de expediente 106/98 en la Junta Especial Número Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje.-2. En el escrito de (sic) demandó, se señaló que el 18 de mayo de 1998 la demandada Ingenio El Potrero, S.A., impidió a los trabajadores entrar a sus labores, y al ser requerida del motivo, se limitó a hacerles entrega de un escrito en donde menciona que recibió un oficio fechado el 6 de abril de 1998, en donde el sindicato demandado le solicitó que los separara de sus empleos, argumentando en ese escrito que al separarlos y renunciar a seguir perteneciendo a dicha organización sindical, les aplicaba lo que se señala en el artículo 88 del contrato-ley citado y los diversos 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo.-3. En la audiencia de ofrecimiento de pruebas, los quejosos ofrecieron, entre otras, la documental consistente en los estatutos del sindicato demandado, los artículos actuales 67, 71, 72, 73 y 74 para acreditar que el sindicato demandado incumplió con su obligación estatutaria. Se ofreció asimismo la documental consistente en el escrito fechado el 16 de diciembre de 1997, mediante el cual el sindicato demandado presentó su recurso de revisión a la sentencia de amparo concedida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal al Sindicato de Trabajadores de la Empresa Ingenio El Potrero, S.A., del cual los quejosos forman parte. El sindicato demandado al objetar las probanzas de los quejosos dijo en relación con la documental consistente en el escrito de revisión lo siguiente: ‘Respecto de las probanzas ofrecidas por la parte actora de viva voz en esta audiencia, las objetan en cuanto al alcance y valor probatorio, pues el contrato-ley que exhibe no tiene el alcance ni el valor probatorio que le pretende dar y en cuanto a la copia fotostática del escrito por el que se interpone recurso de revisión por parte del sindicato que representan en el juicio de amparo número 1200/97 del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, se hace notar que dicho recurso fue en contra de la sentencia del primero de diciembre de 1997 dictada en dicho juicio por el que se había amparado al quejoso Sindicato de Trabajadores de la Empresa Ingenio El Potrero, S.A., porque en el citado juicio no se le había dado intervención a nuestro mandante como tercero perjudicado y en segundo lugar porque lo impugnado por nuestra representada era el reconocimiento a una organización sindical diversa dentro de la empresa Ingenio El Potrero, S.A.’, es decir, que el sindicato codemandado confesó que conoció de la existencia del nuevo Sindicato de Trabajadores de la Empresa Ingenio El Potrero, S.A., del cual los quejosos forman parte, con lo que se acreditaba que el supuesto término de treinta días que tuvo para separar a los trabajadores de sus empleos ya le había fenecido desde el 17 de enero de 1998, por lo menos, hecho que la responsable se negó a tomar en consideración.-4. La responsable al dictar su laudo se negó a apreciar lo siguiente: Se negó a tomar en consideración que el sindicato demandado incumplió con su obligación estatutaria de nombrar una comisión de honor y justicia y de citar a los actores a la asamblea que debería aprobar su expulsión, como lo señalan los artículos 67, 71 y 72 que se transcriben: ‘Artículo 67. Son causas para expulsar a los socios, del sindicato y del trabajo, las que siguen: ... VI. Pertenecer a asociaciones, grupos de presión o partidos políticos ajenos al interés del sindicato y de la Confederación de Trabajadores de México, o representarlos pasiva o activamente en contiendas electorales.’, ‘Artículo 71. Para la expulsión de uno o varios socios del sindicato, las asambleas de la sección o sucursal a que pertenezcan nombrarán previamente una comisión de honor y justicia que estará compuesta de tres miembros, la cual se encargará de practicar las averiguaciones necesarias para comprobar los hechos que motiven su intervención y rindan su dictamen respectivo a la asamblea.’ y ‘Artículo 72. Concluida la instrucción y formulado el dictamen correspondiente, la comisión de honor y justicia por conducto del comité ejecutivo local correspondiente, convocará a una asamblea a que se constituya en jurado para conocer del caso y ante la cual deberá rendir el informe respectivo la citada comisión, se recabarán boletas de los trabajadores asistentes, las cuales deberán contener, asamblea de que se trate, nombre del trabajador, lugar, fecha y firma, continuándose el procedimiento en la siguiente forma ...’.-La responsable se negó a estudiar que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 371 señala lo siguiente: ‘Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos contendrán: ... VII. Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias. En los casos de expulsión se observarán las normas siguientes: a) La asamblea de trabajadores se reunirá para el solo efecto de conocer de la expulsión; b) Cuando se trate de sindicatos integrados por secciones, el procedimiento de expulsión se llevará a cabo ante la asamblea de la sección correspondiente, pero el acuerdo de expulsión deberá someterse a la decisión de los trabajadores de cada una de las secciones que integran el sindicato.’. No consta en el juicio que el sindicato demandado haya dado cumplimiento a su obligación estatutaria y a lo que como obligación impone la Ley Federal del Trabajo, y en contra de toda lógica la responsable se negó a hacer valer estos derechos.-La responsable se negó a apreciar que si supuestamente el sindicato demandado tenía un término legal de treinta días para separar a los trabajadores de sus empleos sin citar a la asamblea respectiva, el mismo se encontraba vencido desde el 17 de enero de 1998, toda vez que el sindicato demandado reconoció haber presentado el recurso de revisión mediante un escrito fechado el 16 de diciembre de 1997, es decir, que tuvo conocimiento del amparo 1200/97 y al tener acceso al mismo, es obvio que cuando menos conoció, desde esa fecha, la relación y el nombre de todos los socios que integran el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Ingenio El Potrero, S.A., entre ellos los quejosos del cual forman parte. Para supuestamente fundamentar su laudo la responsable citó una simple ejecutoria, que al no ser obligatoria, de ninguna manera puede estar por encima de la Ley Federal del Trabajo ni de la propia Constitución.-La responsable supuestamente argumentó que el término de treinta días que tuvo el sindicato demandado para separar a los actores le empezó a correr desde el momento en que la autoridad administrativa registró al Sindicato de Trabajadores de la Empresa Ingenio El Potrero, S.A., del cual los quejosos forman parte, y dado que el registro se realizó el 31 de marzo de 1998, el escrito fechado el 6 de abril de 1998 se encontraba dentro del término legal de los treinta días; pero el sindicato demandado presentó ese escrito hasta el día 4 de mayo de 1998, fuera del término de los famosos treinta días, hecho este que la autoridad responsable tampoco estudió. La responsable ignora que el registro de un sindicato no le concede personalidad, y de igual forma ignora el sentido e interpretación jurídica de la jurisprudencia, que sí es obligatoria, que dice: ‘SINDICATOS. SU REGISTRO NO TIENE EFECTOS CONSTITUTIVOS.’.-Por último, la responsable se limitó a señalar que no podía declarar nulo el convenio del 16 de marzo de 1998 y el artículo 88 del Contrato-Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la República Mexicana, porque el convenio fue celebrado por el sindicato titular y administrador del contrato-ley, y que los actores ya no formaban parte de la empresa Ingenio El Potrero, S.A., por haber sido separados, según el dicho de la responsabl

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7492-ba5135fe/revision-en-amparo-directo-requisitos-para-su-procedencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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