RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL NUEVE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 65/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Los criterios que se estiman en contradicción son los siguientes:
A) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito al resolver la revisión R-271/00, el veintidós de febrero de dos mil uno, consideró lo siguiente:
"QUINTO. Ahora bien, este cuerpo colegiado advierte que en el presente caso se actualiza una causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente por ser una cuestión de orden público aun en segunda instancia, tal como lo previene el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, si tomamos en consideración que ... reclamó de los Jueces de Defensa Social de los Distritos Judiciales de Cholula y de Tepexi de Rodríguez, Puebla, el proveído de seis de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, mediante el cual se ratificó la detención decretada en su contra por el representante social del conocimiento, dentro del proceso número 107/99, radicado actualmente en el juzgado primeramente mencionado; y del director del Centro de Readaptación Social del aludido distrito judicial los actos tendentes a su ejecución; sin embargo, mediante el oficio ‘524’, de once de febrero del año dos mil, suscrito por la primera de las autoridades responsables referidas, ésta rindió su informe justificado, en el cual aceptó la existencia de los actos reclamados y le comunicó al a quo que el nueve de septiembre de mil novecientos noventa y ocho se había decretado en contra de ... auto de formal prisión, por considerarlo probable responsable en la comisión del delito de secuestro, cometido en agravio de ... por tanto, operó un cambio en la situación jurídica del hoy inconforme. Siendo así, debe decirse que, contrariamente a lo sostenido por el a quo, en la especie se encuentra demostrada la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, en esas condiciones, esta potestad federal se encuentra obligada, por disposición expresa de la ley, a analizar ésta, previamente al estudio de las cuestiones relacionadas con el fondo de la controversia planteada; por ende, debe modificarse el fallo constitucional y, con apoyo en la fracción III del artículo 91 del cuerpo normativo en cita, se procede a estudiar la citada causal de improcedencia, en virtud de que la misma se encuentra acreditada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 30/97, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual aparece publicada en el Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio de 1997, página 137, cuyos rubro y texto dicen: ‘REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO.’ (se transcribe). En efecto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra dice: (se transcribe). Se afirma lo anterior, partiendo de la base de que ... reclamó de las autoridades responsables el multicitado proveído de seis de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, mediante el cual se ratificó la detención que en su oportunidad decretó el fiscal del conocimiento, mismo que fue dictado dentro del proceso número 107/99, radicado en el Juzgado de Defensa Social del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, instruido por el delito de secuestro, cometido en agravio de ... . Ahora bien, por razón de turno, le correspondió al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Puebla conocer de la citada demanda de garantías, quien emitió su fallo constitucional el siete de marzo del año dos mil, negándole a dicho quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; sin embargo, al ser consignado ... ante el órgano jurisdiccional, fue examinado en preparatoria, por lo que el día nueve de septiembre de mil novecientos noventa y ocho fue dictado en su contra auto de formal prisión, como probable responsable en la comisión del delito de secuestro, con lo cual operó un cambio en su situación jurídica; por tanto, resulta legalmente imposible analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del multicitado acto, sin afectar el nuevo estado legal del mencionado ... puesto que, como ya quedó sentado, fue dictado el auto de término constitucional. De lo antes relatado se desprende que en el presente caso resultan aplicables las reformas efectuadas a la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, mismas que entraron en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el día nueve de los citados mes y año; siendo así y tomando en cuenta que la demanda de garantías generadora del presente recurso de revisión fue interpuesta el tres de febrero del año próximo pasado, resulta evidente que en el presente caso deben ser aplicadas las multicitadas reformas, tal como se desprende de los artículos transitorios conducentes del decreto en comento, que a la letra dicen: ‘Transitorios. Primero. (se transcribe). Segundo. (se transcribe).’. Siendo así, el mencionado juicio de garantías debe sobreseerse, con apoyo en lo previsto por la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por último, debe decirse que los demás argumentos esgrimidos por el hoy recurrente en relación con la supuesta ilegalidad del proveído por el cual se ratificó su detención resultan inatendibles, puesto que en ellos se alegan cuestiones relacionadas con el fondo de la controversia planteada, las cuales no pueden ser analizadas por esta potestad federal, en virtud del sobreseimiento decretado, dada la técnica que rige al juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 575, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito, cuyo criterio comparte esta potestad federal, el cual aparece publicado en el Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 383, que dice: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (se transcribe)."
El criterio contenido en la tesis transcrita fue reiterado en los amparos en revisión R-358/2000, R-88/2001, R-166/2001 y R-320/2001, resueltos el uno y veintinueve de marzo, diecisiete de mayo y veinte de septiembre, todos del año dos mil uno, respectivamente, R-27/2002 el siete de marzo de dos mil dos y R-484/2002 el dieciséis de enero de dos mil tres.
Los cinco primeros asuntos antes mencionados dieron origen a la jurisprudencia siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIV, noviembre de 2001
"Tesis: VI.1o.P. J/21
"Página: 416
"IMPROCEDENCIA. SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN DEL INDICIADO Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999). Conforme a las reformas efectuadas a la fracción X del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de amparo, en vigor a partir del nueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. Sin embargo, cuando por vía de amparo indirecto se reclaman violaciones a los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia. Por lo que si el acto reclamado lo constituye el auto que ratifica la detención del inculpado con motivo de un hecho delictuoso, la hipótesis de que sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones, no se adecua a dicho acto, ya que carece de ese alcance. Por consiguiente, si durante la secuela del procedimiento en el juicio de amparo, se le decretó al quejoso auto de formal prisión y, en consecuencia, existió un cambio de situación jurídica, al pasar de indiciado a procesado, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el auto que decreta la detención, porque no se puede decidir en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica, aunque persistieran las violaciones que se aducen.
"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
"Amparo en revisión 271/2000. 22 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretaria: Hilda Tame Flores.
"Amparo en revisión 358/2000. 1o. de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretaria: Hilda Tame Flores.
"Amparo en revisión 88/2001. 29 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Remes Ojeda. Secretario: Óscar Espinosa Durán.
"Amparo en revisión 166/2001. 17 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretaria: Hilda Tame Flores.
"Amparo en revisión 320/2001. 20 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Juan Gabriel Calvillo Carrasco."
B) El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito al resolver el amparo en revisión 425/2002, el trece de diciembre de dos mil dos, estimó lo siguiente:
"VI. Son infundados los agravios expresados que el quejoso (sic). Sustancialmente alega el quejoso que es inexacta la apreciación de la Juez de Distrito al sobreseer el juicio de garantías de que se trata, por considerar que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, en virtud de que la ratificación de su detención efectuada por el Juez responsable, mediante auto de fecha veintidós de abril de dos mil dos, dictado en la causa penal 74/2002, constituye un acto que quedó irreparablemente consumado, en razón de que el veintisiete de ese mismo mes y año dicho Juez dictó en su contra auto de formal prisión por los delitos de secuestro y asociación delictuosa, previstos por los artículos 143, fracción I, 144, fracciones I, III, IV, V y 231 del Código Penal del Estado, en vigor, con lo cual cambió su situación jurídica. Para apoyar su dicho citó las tesis de rubros: ‘ORDEN DE APREHENSIÓN, PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, ES INDISPENSABLE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EN EL PROCESO PENAL DERIVADO DE LA.’ y ‘DETENCIÓN. CUANDO EL QUEJOSO ADUZCA EN LA DEMANDA DE AMPARO CUESTIONES INHERENTES A LA LEGALIDAD DEL AUTO QUE LA CALIFICA, ÉSTAS DEBEN SER ESTUDIADAS, AUN CUANDO SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO ÚNICAMENTE EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.’. Los agravios expresados por el quejoso no controvierten los razonamientos y fundamentos legales en que se apoyó la Juez de Distrito para sobreseer el juicio de garantías, respecto del acto consistente en la ratificación de su detención, realizada por el Juez responsable, en el auto de veintisiete de abril de dos mil dos, ya que éste únicamente se limita a citar las tesis cuyos rubros fueron transcritos, sin manifestar el porqué de su aplicación en la especie; sin embargo, siendo que el presente es un amparo en revisión en materia penal promovido por el inculpado quejoso, con fundamento en la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, se procede a analizar la legalidad de esa parte de la sentencia recurrida que sobreseyó el juicio de garantías promovido por el quejoso respecto a ese preciso acto reclamado. Ahora, contrario a lo afirmado por el quejoso y como correctamente lo estimó la Juez de Distrito, en la especie debe sobreseerse en el juicio de garantías por cuanto hace al acto reclamado consistente en la ratificación de su detención efectuada por el Juez responsable, en el auto de veintidós de abril de dos mil dos, ya que con la posterior emisión del auto de formal prisión en su contra, el veintisiete de ese mismo mes y año, se actualizó la causal de improcedencia prevista por la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que ocurrió un cambio de su situación jurídica, con lo cual dicho auto de ratificación de su detención quedó irreparablemente consumado, haciéndose por tanto imposible el estudio de las violaciones reclamadas en el mismo, sin afectar su nueva situación. Cabe mencionar que la causal de improcedencia prevista por la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, por la cual la Juez de amparo sobreseyó el juicio de garantías, por lo que respecta al auto de ratificación de la detención del quejoso, de veintidós de abril de dos mil dos, emitido por el Juez responsable, es resultado de las reformas publicadas el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial de la Federación, que entraron en vigor a partir del día siguiente, por las cuales se excluyó de dicha fracción al artículo 16 constitucional, estipulándose en ella que solamente tratándose de violaciones reclamadas en amparo indirecto, de los artículos 19 o 20 constitucionales, el cambio de situación no operaría, sino hasta el dictado de la sentencia de primera instancia; lo cual en la especie no acontece pues, como ya se precisó, la emisión del auto de bien preso emitido por el Juez responsable en contra del quejoso, el veintisiete de abril de dos mil dos, hizo que el diverso auto de veintidós de ese mismo año, por el cual el Juez de referencia ratificó su detención efectuada por el órgano investigador, quedara irreparablemente consumado, en virtud de que cambió su situación jurídica; por lo cual, debe decirse que los criterios sustentados en las tesis que cita de rubros: ‘ORDEN DE APREHENSIÓN, PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, ES INDISPENSABLE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EN EL PROCESO PENAL DERIVADO DE LA.’ y ‘DETENCIÓN. CUANDO EL QUEJOSO ADUZCA EN LA DEMANDA DE AMPARO CUESTIONES INHERENTES A LA LEGALIDAD DEL AUTO QUE LA CALIFICA, ÉSTAS DEBEN SER ESTUDIADAS, AUN CUANDO SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO ÚNICAMENTE EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.’, resultan inaplicables, ya que los criterios que las animan han quedado superados en virtud de la citada reforma que sufrió la fracción (sic) del artículo 73 de la Ley de Amparo, publicada el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, que entró en vigor al día siguiente. Sirve de apoyo a lo anterior, por el tema que se trata, la tesis de jurisprudencia VI.1o.P J/21, que la Juez de Distrito citó para decretar el sobreseimiento respecto del acto reclamado, consistente en el acuerdo de ratificación de la detención del quejoso, de veintidós de abril de dos mil dos, dictado por el Juez responsable, en los autos de la causa penal 74/2002; sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que este tribunal comparte, visible en la página 416 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, cuyo tenor es el siguiente: ‘IMPROCEDENCIA. SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN DEL INDICIADO Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999).’ (se transcribe)."
El criterio contenido en la ejecutoria transcrita también fue sostenido al resolverse los amparos en revisión números 106/2003, 197/2003 y 289/2003, resueltos el diecisiete de marzo, trece y veintiséis de junio, todos del año dos mil tres, respectivamente.
C) Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito al resolver el recurso de revisión 372/2001, el trece de diciembre de dos mil uno, emitió el criterio siguiente:
"CUARTO. Es fundado el agravio expresado por el recurrente, que a continuación se estudia: Antes de proceder a su análisis, se estima pertinente precisar que las consideraciones que sustenta el Juez de amparo para sobreseer en el juicio de amparo y negar la protección constitucional al quejoso estriban en que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción X, de la ley reglamentaria de los imperativos 103 y 107 constitucionales, toda vez que el acto reclamado, consistente en el auto de fecha veintiocho de junio del año que transcurre, por el que la autoridad judicial responsable calificó de legal la detención del procesado, ahora recurrente, dejó de tener vida jurídica al haber sido sustituido procesalmente por el auto de plazo constitucional, de fecha cuatro de julio de este año, puesto que al realizar su estudio, por constituir el segundo acto de molestia, sostuvo que en virtud de que se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito de robo calificado que se atribuye al quejoso, así como su probable responsabilidad en su comisión, reúne los requisitos exigidos por el artículo 19 de la Constitución General, respectivamente. En contraposición al criterio asumido por el juzgador, el inconforme aduce sustancialmente en sus agravios que dicha determinación trastoca en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, toda vez que éste no se refiere a la orden de aprehensión del inculpado, sino a la determinación que emitió para legitimar su detención, además de que no es cierto, como lo sostiene el juzgador, que las posibles violaciones cometidas en su captura hayan quedado consumadas de un modo irreparable, puesto que la disposición invocada establece que cuando se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 constitucionales, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas; asimismo, porque tampoco es cierto que con el dictado del auto de formal prisión en su contra haya operado el cambio de su situación jurídica, cesando los efectos del referido auto que calificó de legítima su detención. Es fundado el agravio esgrimido por la parte recurrente, conforme a las siguientes consideraciones: En efecto, si bien es cierto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente, cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas, no menos es cierto que en tratándose de actos inherentes a la detención, ya por delito flagrante, ya por caso urgente, es indebido sobreseer el juicio de garantías con apoyo en la supracitada causal de improcedencia; esto se estima, en primer lugar, porque de la exposición de motivos que dio origen a la reforma de su párrafo segundo, a través del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, vigente a partir del día siguiente, se aprecia que el legislador únicamente contempló la exclusión de la orden de aprehensión reclamada como acto violatorio de la garantía de legalidad consagrada en el precepto 16 de nuestra Carta Magna, no así el diverso supuesto que se encuentra estatuido en el párrafo sexto, que alude a que cuando el Juez reciba la consignación del detenido en casos de urgencia o flagrancia deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley, puesto que planteó la imposibilidad e interrupción de la función jurisdiccional, tanto del Juez de amparo como del Juez del proceso, que producía el texto reformado al permitir que los procedimientos transcurrieran hasta que se emitiera la sentencia definitiva en el juicio de amparo, lo que traía al concederse la protección federal contra la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso, la nulidad de todo lo actuado en la causa penal que paralelamente se tramitaba a éste y, por ende, la libertad del encausado a pesar de que la restricción de su libertad derivaba de otro estadio procesal como lo es la formal prisión al resolverse su situación jurídica dentro del término constitucional, soslayándose entonces el material probatorio allegado a los autos, con apoyo en el que aún más se presumiera la probable responsabilidad del inculpado respecto del ilícito que se le atribuye; en segundo lugar, en razón de las diferencias sustanciales que existen entre los requisitos que debe satisfacer el acuerdo que ratifica una orden de detención por caso urgente y el auto de término constitucional que consisten en que: a) Se trate de un delito grave; b) Exista riesgo de que el indiciado pretenda sustraerse de la acción de la justicia; y, c) No sea posible obtener inmediatamente orden judicial de aprehensión, tomando en cuenta la hora, el lugar y las circunstancias, entre éstas el hecho de que la averiguación no esté concluida y no sea posible, por tanto, proceder a la consignación y recabar orden de aprehensión; por lo que toca al primero de dichos actos judiciales y en relación con el segundo, en que: I. De lo actuado aparezcan datos suficientes que acrediten los elementos del tipo penal del delito que se impute al detenido; y, II. Que tales elementos hagan probable la responsabilidad de éste; en tercer lugar, en virtud de que no pueden considerarse irremediablemente consumadas las violaciones que se causen con motivo del acuerdo que indebidamente legitima la detención ordenada por el Ministerio Público, cuenta habida que la Ley Suprema confiere al juzgador la facultad, en caso de no ser procedente la ratificación, de decretar la libertad del procesado con las reservas de ley; en cuarto lugar, debido a que las violaciones que se cometan al decretarse la orden de aprehensión podrán ser analizadas al abordarse el auto de formal prisión, dado que el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inodado constituyen los requisitos que ambas determinaciones deben reunir, de ahí que no quedan consumadas de manera irreparable las violaciones a que se alude, en cambio, esta situación sí se produce respecto de la calificación de una orden de detención, por la diferencia que revisten los requisitos que la contemplan, mismos que anteriormente se apuntaron; y, finalmente, porque de estimarse lo contrario se haría nugatoria la garantía de legalidad, puesto que de manera implícita autorizaría al Ministerio Público para que decretara, según su apreciación, órdenes de detención de carácter urgente sin fundarlas ni motivarlas conforme a derecho, dado que por la brevedad de los términos que rigen la tramitación del proceso, cuando éstas llegaren a analizarse en la vía de amparo directo, ya se habría emitido el auto de término constitucional y, en consecuencia, operado en su perjuicio el cambio de situación jurídica, además de que sería injusto para el gobernado soportar la prohibición de que por el solo dictado de la formal prisión ya no pudiera reclamar en el amparo la arbitraria calificación de su detención. Consecuentemente, se colige que compete a la autoridad que conozca del juicio de amparo examinar el auto que califica la detención del indiciado, aun cuando independientemente de éste se señale como acto reclamado el auto de formal prisión, salvo el caso de que ya se hubiese pronunciado sentencia definitiva, en virtud de la cual operaría el cambio de situación jurídica de procesado a sentenciado, que conlleva de su probable a su plena responsabilidad en la comisión del injusto que se le reprocha. Consecuentemente, al resultar fundado y suficiente el agravio esgrimido por el recurrente para revocar la sentencia constitucional que se revisa, este tribunal federal estima que en el presente asunto no opera la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, propuesta por el juzgador para sobreseer en el juicio de garantías promovido por ... respecto del acto reclamado traducido en el auto de fecha veintiocho de junio del año dos mil, dictado por el Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se procede a analizar el fondo del asunto planteado."
La resolución anterior dio origen a la tesis siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVI, octubre de 2002
"Tesis: XVIII.1o.5 P
"Página: 1362
"DETENCIÓN. AUTO QUE LA CALIFICA. NO IMPIDE EXAMINAR SU ILEGALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO, SI COMO ACTO RECLAMADO TAMBIÉN SE SEÑALA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL OCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE). Si bien es cierto que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas, no menos cierto es que en tratándose de actos inherentes a la detención, ya por delito flagrante, ya por caso urgente, es indebido sobreseer en el juicio de garantías con apoyo en la supracitada causal de improcedencia; esto se estima, en primer lugar, porque de la exposición de motivos que dio origen a la reforma de su párrafo segundo a través del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, se aprecia que el legislador únicamente contempló la exclusión de la orden de aprehensión, no así el diverso supuesto que se encuentra estatuido en el párrafo sexto, que alude a que cuando el Juez reciba la consignación del detenido en casos de urgencia o flagrancia, deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley, puesto que planteó la imposibilidad e interrupción de la función jurisdiccional, tanto del Juez de amparo como del Juez del proceso, que producía el texto reformado, al permitir que los procedimientos transcurrieran hasta que se emitiera la sentencia definitiva en el juicio de amparo, lo que traía, al concederse la protección federal contra la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso, la nulidad de todo lo actuado en la causa penal que paralelamente se tramitaba a éste y, por ende, la libertad del encausado a pesar de que la restricción de su libertad derivaba de otro estadio procesal como lo es la formal prisión al resolverse su situación jurídica dentro del término constitucional, soslayándose entonces el material probatorio allegado a los autos, con apoyo en el que aún más se presumiera la probable responsabilidad del inculpado respecto del ilícito que se le atribuye; en segundo lugar, en razón de las diferencias sustanciales que existen entre los requisitos que debe satisfacer el acuerdo que ratifica una orden de detención por caso urgente y el auto de término constitucional, que consisten en que: a) Se trate de un delito grave; b) Exista riesgo de que el indiciado pretenda sustraerse de la acción de la justicia; y, c) No sea posible obtener inmediatamente orden judicial de aprehensión, tomando en cuenta la hora, el lugar y las circunstancias, entre éstas, el hecho de que la averiguación no esté concluida y no sea posible, por tanto, proceder a la consignación y recabar orden de aprehensión; por lo que toca al primero de dichos actos judiciales y, en relación con el segundo, en que: I. De lo actuado aparezcan datos suficientes que acrediten los elementos del tipo penal del delito que se impute al detenido y, II. Que tales elementos hagan probable la responsabilidad de éste; en tercer lugar, en virtud de que no pueden considerarse irremediablemente consumadas las violaciones que se causen con motivo del acuerdo que indebidamente legitima la detención ordenada por el Ministerio Público, cuenta habida que la Ley Suprema confiere al juzgador la facultad, en caso de no ser procedente la ratificación, de decretar la libertad del procesado con las reservas de ley; en cuarto lugar, debido a que las violaciones que se cometan al decretarse la orden de aprehensión podrán ser analizadas al abordarse el auto de formal prisión, dado que el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado constituyen los requisitos que ambas determinaciones deben reunir, de ahí que no quedan consumadas de manera irreparable las violaciones a que se alude, en cambio, esta situación sí se produce respecto de la calificación de una orden de detención, por la diferencia que revisten los requisitos que la contemplan, mismos que anteriormente se apuntaron; y finalmente, porque de estimarse lo contrario se haría nugatoria la garantía de legalidad, puesto que de manera implícita autorizaría al Ministerio Público para que decretara, según su apreciación, órdenes de detención de carácter urgente sin fundarlas ni motivarlas conforme a derecho, dado que por la brevedad de los términos que rigen la tramitación del proceso, cuando éstas llegaren a analizarse en la vía de amparo directo, ya se habría emitido el auto de término constitucional y, en consecuen
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18053-701e3a97/ratificacion-de-la-detencion-el-amparo-en-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- INCULPADO. CORRESPONDE AL JUEZ DEL PROCESO ALLEGARSE DE LOS MEDIOS DE PRUEBA PARA COMPROBAR SU EDAD CUANDO NO ESTÉ SUFICIENTEMENTE ACREDITADA Y EXISTA POSIBILIDAD DE QUE SEA MENOR. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 66/2003-PS)
- PRESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES PRIVATIVAS DE LIBERTAD. EL TÉRMINO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE ES REVOCADO EL BENEFICIO DE LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, DICTÁNDOSE ORDEN (CONTRADICCIÓN DE TESIS 162/2003-PS)
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUANDO PROCEDA DECLARARLA SIN MATERIA, PUEDE EMITIRSE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE SIN ESPERAR A QUE CONCLUYA EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 197-A DE (CONTRADICCIÓN DE TESIS 70/2003-PS)
- ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. ES UNA DILIGENCIA QUE INTEGRA EL MATERIAL PROBATORIO EN DICHA FASE. OR (CONTRADICCIÓN DE TESIS 80/2003-PS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- POLICIA JUDICIAL, PARTE INFORMATIVO DE LA. LAS MANIFESTACIONES CONTENIDAS EN EL, NO CONSTITUYEN PRUEBA TESTIMONIAL. (s/clave)
- ACTOS NEGATIVOS. (VI.1o.235 K)
- PRUEBAS EN MATERIA PENAL, DEBEN RECIBIRSE TODAS LAS OFRECIDAS LEGALMENTE. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis