ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. ES UNA DILIGENCIA QUE INTEGRA EL MATERIAL PROBATORIO EN DICHA FASE. ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO ES RESTRICTIVA DE LA LIBERTAD, POR LO QUE NO SE TRADUCE EN UNA ORDEN DE DETENCIÓN. ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIÓN CONTENIDO EN LA FRACCIÓN II DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 80/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las ejecutorias dictadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el toca de revisión 95/2003 y el amparo directo en revisión 283/2003, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, establecen:
Revisión principal 95/2003
"QUINTO. Los agravios expresados por el autorizado de la recurrente, en parte son infundados, en la otra, inatendibles y en lo restante fundados. Antes de continuar, es preciso dejar sentado que en la demanda de amparo la quejosa reclamó de manera destacada cuatro distintos actos, los que se hicieron consistir en: 1 ... y 4. La ejecución de las órdenes de presentación giradas contra la quejosa por las autoridades responsables mencionadas anteriormente, dicho acto se reclamó de manera autónoma al coordinador de la Policía Investigadora del Estado de Jalisco (denominación correcta de quien en la demanda de amparo se señaló como director de la Policía Investigadora). En virtud de lo anterior y, por razones de método, se procederá a realizar la revisión de la resolución recurrida, separando cada uno de los actos reclamados que fueron materia de dicha sentencia de amparo. ... Partiendo de las anteriores premisas, se tiene que contrario a lo expresado en la resolución recurrida, pese a la negativa formulada en el informe con justificación, el acto reclamado al coordinador de la Policía Investigadora del Estado de Jalisco, sí es cierto; empero, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91, fracción III, en relación con los diversos artículos 73, fracción V y 74, fracción III, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es confirmar, por diversas causas, el sobreseimiento decretado, toda vez que el acto reclamado lo constituye una orden de presentación para que la quejosa acuda a declarar ante la autoridad ministerial, lo que en el mejor de los casos representa un acto de molestia, que no es privativo de libertad, por ello ese interés particular no puede estar por encima del interés público, de ahí que para efectos del amparo debe estimarse que no afecta su esfera jurídica, toda vez que la integración de las averiguaciones previas constituye una facultad que constitucionalmente le confiere al Ministerio Público, misma que la sociedad está interesada en que la cumpla cabalmente, puesto que por disposición del artículo 21 constitucional el Ministerio Público debe avocarse a la investigación de los hechos que pudieran ser constitutivos de delito, para lo cual tiene que practicar todas las diligencias tendientes a esclarecer los hechos; en efecto, el artículo 21 de la Constitución General de la República faculta al Ministerio Público para investigar los delitos, lo que implica el allegarse medios que acrediten la responsabilidad de los inculpados en la comisión de las conductas delictivas; así, el valerse de medios para buscar pruebas es una facultad de origen reservada al Ministerio Público, pues de no ser así, se obstaculizaría la investigación, aunado a que limitaría esa función, con graves consecuencias como sería la imposibilidad para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal; por ende, si a dicha institución, por disposición constitucional le está permitido practicar toda clase de diligencias tendientes a acreditar la materialidad de un delito y la responsabilidad del inculpado, entonces es inconcuso que dentro de dicha facultad se comprende la de hacer comparecer al inculpado ante su presencia para exhortarlo a rendir, en vía de declaración ministerial, su versión de los hechos que se le imputan; así es, la función primordial del Ministerio Público es la de investigar, lo que se traduce en practicar diligencias para descubrir alguna cosa, en relación con la comisión de un ilícito y del responsable del mismo; esa es la esencia de la función del Ministerio Público quien tiene la obligación ineludible de allegar al órgano jurisdiccional todos los medios probatorios para acreditar la materialidad de los delitos y la responsabilidad de los inculpados, pues de lo contrario la autoridad jurisdiccional no estaría en aptitud de resolver sobre la acción penal ejercida, la que en esas condiciones, no podría prosperar, lo que conllevaría la correspondiente zozobra social, pues quedarían impunes las conductas delictivas; por lo anterior, la presentación de la inculpada que pretende hacer la autoridad responsable a la que se atribuye el acto reclamado que nos ocupa, no viola sus garantías individuales, si se toma en cuenta que como ciudadana mexicana, se encuentra obligada a atender tal requerimiento, aun en el supuesto que con ello sufra una molestia, de tal suerte que, se insiste, la orden de presentación reclamada no vulnera las garantías individuales de la quejosa, puesto que su presentación ante la autoridad ministerial, para darle oportunidad de rendir su declaración, no puede considerarse en modo alguno como una detención, pues con ella no se restringe la libertad de la peticionaria de garantías, sino que únicamente se le ocasiona una molestia, consistente en hacerla comparecer ante la representación social para hacer de su conocimiento que existe una imputación en su contra, así como los datos que obran en apoyo de dicha imputación, para el efecto de que de considerarlo necesario, exprese lo que a su derecho corresponda o manifieste su voluntad de no rendir su declaración respecto de los hechos que se le imputan, luego de lo cual, sin custodia alguna, se le permite reintegrarse a sus actividades cotidianas, lo que no ocurre cuando se emite una orden de detención, puesto que en dicho caso al inculpado se le aprehende mediante la fuerza pública y permanece bajo la custodia de la autoridad; además, debe tenerse en cuenta que una orden de presentación no puede implicar la restricción de la libertad del particular cuya comparecencia se dispone, pues dicha situación únicamente se da con la aprehensión, la detención, la prisión preventiva o la pena, que constituyen sucesos distintos a la presentación; por otra parte, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un inculpado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, de la Constitución General de la República, toda vez que a virtud de la orden de presentación, solamente se impele al inculpado a comparecer ante la fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a declarar, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, el presentado puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo; además, con la orden de presentación, lejos de coartarle algún derecho a la quejosa, la autoridad investigadora satisface sus garantías constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que la peticionaria de garantías se apersone ante dicha autoridad, aquélla se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aparte, de que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer, por sí o por conducto de su defensor, pruebas de descargo; así las cosas, por los motivos expuestos, resulta patente que una orden de presentación no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, máxime que como se puso de manifiesto, todo ciudadano está obligado a comparecer ante la autoridad ministerial que integra una indagatoria, sin que ello implique que se afecte su libertad, pues sostener lo contrario, implicaría entorpecer el procedimiento, que es de orden público, además de contravenir lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla con su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Al respecto, es aplicable, en lo conducente y por analogía, la tesis de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 56, Séptima Parte, página 36, que se transcribe a continuación: ‘MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES DEL, PARA ALLEGARSE PRUEBAS. INSPECCIÓN.’ (se transcribe). No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, que el criterio plasmado en el párrafo que precede, se opone al sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la tesis ... que es del rubro y texto siguientes: ‘ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA OBTENER SU DECLARACIÓN ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO EN RELACIÓN CON LOS HECHOS QUE SE LE ATRIBUYEN Y QUE SON MATERIA DE INVESTIGACIÓN. ES ILEGAL.’ (se transcribe); en efecto, en dicha tesis se sostiene que una orden de búsqueda, localización y presentación de un indiciado para que comparezca ante la representación social a rendir su declaración ministerial, implica una orden de detención, pues el Ministerio Público está impedido para obtener coactivamente la comparecencia a declarar del presunto implicado en la comisión de un delito, mientras que en la presente ejecutoria se sostiene que las órdenes de presentación no son violatorias de las garantías constitucionales de los gobernados, pues aun cuando las mismas les causen molestias, no restringen su libertad, de ahí que ese interés particular de que se le incomode para que acuda forzosamente ante el Ministerio Público, no puede estar por encima del interés público que tiene la sociedad de que los hechos investigados en una indagatoria no se entorpezcan o limiten la función del órgano competente en aras de lograr su esclarecimiento, máxime, si dicha presentación del inculpado no implica obligación para declarar, porque durante su comparecencia, aquel puede manifestar su voluntad de no hacerlo, luego de lo cual, sin custodia alguna, se le permite reintegrarse a sus actividades cotidianas; por tanto, al advertirse la contraposición de criterios mencionada, lo que procede es denunciar dicha contradicción. ..." (fojas 4 a 34 del expediente en que se actúa).
Amparo directo en revisión 283/2003
"QUINTO. Los conceptos de violación expresados son infundados y uno de ellos inoperante, como enseguida se verá. ... Resulta inoperante lo alegado en el sentido de que la declaración que el peticionario de garantías rindió ante el Ministerio Público, resulta carente de todo valor jurídico, pues se derivó de una ilegal orden de búsqueda, localización y presentación por parte del representante social; lo anterior es así, si se tiene que contrario a ello, la orden de presentación que giró la representación social no afectó su esfera jurídica, toda vez que la integración de las averiguaciones previas constituye una facultad que constitucionalmente le confiere al Ministerio Público, misma que la sociedad está interesada en que la cumpla cabalmente, puesto que por disposición del artículo 21 constitucional, el Ministerio Público debe avocarse a la investigación de los hechos que pudieran ser constitutivos de delito, para lo cual tiene que practicar todas las diligencias tendientes a esclarecer los hechos; en efecto, el artículo 21 de la Constitución General de la República faculta al Ministerio Público para investigar los delitos, lo que implica el allegarse medios que acrediten la responsabilidad de los inculpados en la comisión de las conductas delictivas; así, el valerse de medios para buscar pruebas es una facultad de origen reservada al Ministerio Público, pues de no ser así, se obstaculizaría la investigación, aunado a que limitaría esa función, con graves consecuencias como sería la imposibilidad para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal; por ende, si a dicha institución, por disposición constitucional le está permitido practicar toda clase de diligencias tendientes a acreditar la materialidad de un delito y la responsabilidad del inculpado, entonces es inconcuso que dentro de dicha facultad se comprende la de hacer comparecer al inculpado ante su presencia para exhortarlo a rendir, en vía de declaración ministerial, su versión de los hechos que se le imputan; así es, la función primordial del Ministerio Público es la de investigar, lo que se traduce en practicar diligencias para descubrir alguna cosa, en relación con la comisión de un ilícito y del responsable del mismo; esa es la esencia de la función del Ministerio Público, quien tiene la obligación ineludible de allegar al órgano jurisdiccional todos los medios probatorios para acreditar la materialidad de los delitos y la responsabilidad de los inculpados, pues de lo contrario la autoridad jurisdiccional no estaría en aptitud de resolver sobre la acción penal ejercida, la que en esas condiciones, no podría prosperar, lo que conllevaría la correspondiente zozobra social, pues quedarían impunes las conductas delictivas; por lo anterior, la orden de presentación que se giró contra el ahora quejoso, por el agente del Ministerio Público, no violó sus garantías individuales, si se toma en cuenta que como ciudadano mexicano se encontraba obligado a atender tal requerimiento, aun en el supuesto que con ello sufría una molestia, de tal suerte que, se insiste, la citada orden de presentación no vulneró las garantías individuales del promovente del amparo, puesto que su presentación ante la autoridad ministerial, en la que se le dio la oportunidad de rendir su declaración, no puede considerarse en modo alguno como una detención, pues con ella no se restringió la libertad del peticionario de garantías, sino que únicamente se le ocasionó una molestia, consistente en hacerlo comparecer ante la representación social, para hacer de su conocimiento que existía una imputación en su contra, así como los datos que obran en apoyo de dicha imputación, para el efecto de que de considerarlo necesario, expresara lo que a su derecho correspondiera o manifestara su voluntad de no rendir su declaración respecto de los hechos origen (sic) del presente asunto; además, debe tenerse en cuenta que una orden de presentación no puede implicar la restricción de la libertad del particular cuya comparecencia se dispone, pues dicha situación únicamente se da con la aprehensión, la detención, la prisión preventiva o la pena, que constituyen sucesos distintos a la presentación; por otra parte, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un inculpado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, de la Constitución General de la República, toda vez que a virtud de la orden de presentación, solamente se impele al inculpado a comparecer ante la fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a declarar, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, el presentado puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo; además, con la orden de presentación, lejos de coartarle algún derecho, la autoridad investigadora satisface sus garantías constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que el peticionario de garantías se apersonara ante dicha autoridad, aquel se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aparte, de que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estuvo en posibilidad de ofrecer, por sí o por conducto de su defensor, pruebas de descargo; así las cosas, por los motivos expuestos, resulta patente que una orden de presentación no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, máxime que como se puso de manifiesto, todo ciudadano está obligado a comparecer ante la autoridad ministerial que integra una indagatoria, sin que ello implique que se afecte su libertad, pues sostener lo contrario, implicaría entorpecer el procedimiento que es de orden público, además de contravenir lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla con su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Al respecto, es aplicable, en lo conducente y por analogía, la tesis de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 56, Séptima Parte, página 36, que se transcribe a continuación: ‘MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES DEL, PARA ALLEGARSE PRUEBAS. INSPECCIÓN.’ (se transcribe). ... En tales condiciones, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación expresados y sin que exista queja deficiente que suplir, en términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar al quejoso el amparo solicitado ..." (fojas 302 a 343 del expediente en que se actúa).
CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 143/2003, sobre la materia de este asunto dijo:
Revisión principal 143/2003
"QUINTO. ... En teoría la orden de localización y presentación es un mandato escrito expedido por autoridad competente para que la persona a la cual va dirigida sea llevada ante su presencia con cierta finalidad legal, tal como rendir declaración sobre los hechos investigados en una averiguación previa, sea con el carácter de probable responsable, ofendido o testigo, en términos del artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales y para su cumplimiento es imprescindible la intervención de los elementos de la Policía Judicial que reciben dicha orden, quedando a cargo de éstos implementar los métodos conducentes a esa finalidad, sin trasgresión de la normatividad, considerando que en ciertos casos sus destinatarios están implicados en hechos delictivos que deciden evadir, lo cual no constituye una violación a la seguridad y fe de las personas, ante la justificada orden escrita de autoridad competente en la investigación de delitos. De otro modo, el ejercicio de las funciones públicas se vería seriamente estorbado y la credibilidad del dicho de los funcionarios quedaría en escala inferior al de los particulares; además, en autos obran dos declaraciones en el sentido de que se solicitó al pasivo acompañara al quejoso ante la autoridad investigadora, accediendo éste voluntariamente, abordando un vehículo, del cual descendió al poco tiempo para intentar abordar otro, pero decidió no hacerlo a último tiempo e intentó huir, posiblemente eludiendo la responsabilidad que tenía en los sucesos que dieron origen a la orden de localización y presentación, lo que motivó que ... lo sometiera con la única finalidad de cumplir su cometido, con el conocido desenlace ... Consecuentemente, procede confirmar, en lo impugnado, la sentencia que pronunció la Juez Tercero de Distrito ‘B’ de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en el juicio de garantías 710/2002, que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, contra el auto de formal prisión de siete de abril de dos mil dos y su consecuencia legal, consistente en el acuerdo de la misma fecha, que revocó el beneficio de la libertad provisional y ordenó la reaprehensión de ... por ser grave el delito de homicidio simple intencional, materia de la reclasificación, así como la ejecución de ese mandato de captura." (fojas 47 a 245 ídem).
QUINTO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 309/2002, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, manifestó lo siguiente:
Amparo en revisión 309/2002
"QUINTO. Los agravios que hacen valer las recurrentes son por una parte infundados y por otra fundados, aunque para ello sea necesario suplir su deficiencia. ... En otro aspecto cabe destacar que de las constancias que acompañó a su informe justificado el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Asuntos Especiales y Relevantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad capital, se aprecia que éste giró el oficio DAR.M3.254.2002 al jefe de grupo de la Agencia Estatal de Investigación de la citada Procuraduría General de Justicia del Estado, para efecto de que se avocara a la búsqueda, localización y presentación, entre otras personas, de ... todas de apellidos ... así como de ... para ser escuchadas en declaración ministerial en relación a los hechos que se investigan y que le son atribuidos (fojas 11 y 22). Por otra parte, el artículo 16 constitucional, establece que nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, familia, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento y que sólo cuando se trate de casos urgentes, de delitos graves así calificados por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse de la acción de la justicia y siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. Asimismo, los dispositivos legales 3o., fracción III, 269 y 269 bis a del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas, señalan lo siguiente: ‘Artículo 3o.’ (se transcribe). ‘Artículo 269.’ (se transcribe). ‘Artículo 269 bis a.’ (se transcribe). De los preceptos anteriormente mencionados se advierte que el agente del Ministerio Público no se encuentra facultado para ordenar la detención de una persona, sin que previamente medie la orden escrita de la autoridad judicial correspondiente, salvo los casos que la propia ley establece, esto es, cuando exista flagrancia delictiva o en casos de notoria urgencia, cuando no hay en el lugar la autoridad judicial, pero fuera de estos supuestos, la ley no autoriza al representante social a ordenar la detención de persona alguna. En ese orden de ideas, del oficio DAR.M3.254.2002 al cual se hizo referencia en párrafos precedentes, se aprecia que el citado fiscal ordenó al jefe de grupo de la Agencia Estatal de Investigación de la citada Procuraduría General de Justicia del Estado la búsqueda, localización y presentación de las quejosas, ahora recurrentes, para obtener su declaración en relación a los hechos que se les atribuyen, lo que implica una orden de detención, pues si bien no se trata de una privación total de la libertad, sin embargo, sí trae consigo cierta restricción de ella, máxime que para integrar una averiguación previa no es requisito sine qua non que obre la declaración del indiciado y menos que se le constriña a comparecer ante la autoridad investigadora a rendirla, extremo que se encuentra consagrado como garantía constitucional en nuestra Ley Suprema, en el artículo 20, apartado A, fracción II y último párrafo del citado precepto legal que dice: ‘Artículo 20.’ (se transcribe), por ende, acorde con lo previsto por el invocado artículo 16 de nuestra Carta Magna, el Ministerio Público, está impedido para obtener coactivamente la comparecencia a declarar del presunto implicado en los hechos que investiga, aun cuando aduzca que sea para ‘hacer efectiva su garantía de defensa’, ya que ello es contrario al espíritu del legislador constitucional. De ahí que contrario con lo sostenido por el Juez federal, en el caso en análisis, la diligencia de búsqueda, localización y presentación de las quejosas no se refiere a una simple diligencia para el esclarecimiento de los hechos, sino que se trata, como ya se dijo, de una orden de detención, puesto que su finalidad es cierta restricción de la libertad de aquéllas, independientemente del lapso que comprenda, o de las razones que tuvo la autoridad investigadora de los hechos para ordenarla, por ese motivo, esa orden es violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica que a favor de las impetrantes de garantías consagra el artículo 16 constitucional antes invocado. ... Como corolario de lo anterior, atento al estudio que antecede, lo que procede es modificar la sentencia recurrida y conceder a las peticionarias de garantías, el amparo y protección de la Justicia Federal ..." (fojas 264 a 275 ídem).
Las consideraciones vertidas en la anterior ejecutoria dieron lugar al siguiente criterio aislado:
"ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA OBTENER SU DECLARACIÓN ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO EN RELACIÓN CON LOS HECHOS QUE SE LE ATRIBUYEN Y QUE SON MATERIA DE INVESTIGACIÓN. ES ILEGAL. La búsqueda, localización y presentación del indiciado para obtener su declaración ante el Ministerio Público en relación con los hechos que se le atribuyen, implica una orden de detención, pues si bien no se trata de una privación total de la libertad, sin embargo, sí trae consigo cierta restricción de ella, máxime que para integrar una averiguación previa no es requisito sine qua non que obre la declaración del indiciado y menos que se le constriña a comparecer ante la autoridad investigadora a rendirla, extremo que se encuentra consagrado como garantía constitucional en nuestra Ley Suprema, en el artículo 20, apartado A, fracción II y último párrafo del citado apartado; por ende, acorde a lo previsto por el artículo 16 de nuestra Carta Magna, el Ministerio Público está impedido para obtener coactivamente la comparecencia a declarar del presunto implicado en los hechos que investiga, aun cuando aduzca que sea para ‘hacer efectiva su garantía de defensa’, ya que ello es contrario al espíritu del legislador constitucional."
SEXTO. Primeramente debe analizarse si en el caso concurren los supuestos para que se actualice la contradicción de criterios, pues sólo de esa manera habrá materia para resolver esta denuncia.
Existe contradicción de tesis cuando se evidencia, al menos formalmente, oposición de criterios jurídicos en los que se controvierte la misma cuestión, consiguientemente, la procedencia de ésta dependerá de lo vertido en la parte considerativa de las sentencias, y se estima que ello acontece cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que las cuestiones jurídicas que se examinen al resolver los negocios jurídicos, sean esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Lo anterior, con fundamento en la siguiente tesis jurisprudencial:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Ahora bien, las transcripciones de las sentencias (líneas arriba efectuadas), evidencian que sí existe la contradicción de tesis que se denuncia entre los criterios sostenidos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, pues los requisitos que prescribe la ley para que ésta se dé, se colman, como enseguida se verá.
En efecto, al resolver los asuntos puestos a su consideración, los tribunales contendientes examinaron la misma cuestión jurídica y adoptaron criterios discrepantes.
Los Tribunales Segundo y Tercero ambos en Materia Penal del Tercer y Primer Circuito respectivamente, resolvieron que la orden de búsqueda, localización y presentación para que el inculpado se presente dentro de la averiguación previa a declarar no es violatoria de garantías, específicamente de la contenida de la fracción II del artículo 20 constitucional, puesto que su presentación ante la autoridad ministerial, para darle oportunidad de rendir su declaración, no es posible considerarla en modo alguno, como una detención, pues con ella no se restringe la libertad de la peticionaria de garantías, sino que únicamente se le ocasiona una molestia, consistente en hacerla comparecer ante la representación social, para hacer de su conocimiento que existe una imputación en su contra, así como para que exprese lo que a su derecho corresponda, y con posterioridad se le permite reintegrarse a sus actividades cotidianas, lo que no ocurre cuando se emite una orden de detención; además de que con la orden de presentación, solamente se impele al inculpado a comparecer ante la fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a declarar, pues el citado puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo.
Por su parte, el Tercer Tr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18265-62a101a6/orden-de-busqueda-localizacion-y-presentacion-del-indiciado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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