CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUANDO PROCEDA DECLARARLA SIN MATERIA, PUEDE EMITIRSE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE SIN ESPERAR A QUE CONCLUYA EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 197-A DE LA LEY DE AMPARO PARA QUE EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA FORMULE SU OPINIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 70/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO, SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, en virtud de que se refiere a una denuncia de probable contradicción de criterios, sostenidos por Tribunales Colegiados de Circuito, respecto de un planteamiento jurídico en donde si bien, se involucra un tema de la materia penal, procede declarar sin materia dicha contradicción de tesis.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.
Lo anterior es así, ya que el artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.
En el caso, la denuncia de contradicción fue realizada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en relación y cumplimiento con lo sustentado por ese tribunal, al resolver el amparo directo 254/2000; en contra del criterio sostenido por los siguientes órganos colegiados: Primero en Materia Penal del Tercer Circuito, en el amparo en revisión 101/1998 y los amparos directos 329/1996, 83/2000, 9/2002 y 25/2002; Segundo en Materia Penal del Séptimo Circuito, en los amparos directos 63/2001, 228/2001, 408/2001, 413/2001 y 63/2002; y Tercero en Materia Penal del Primer Circuito, en el amparo en revisión 1983/2001.
TERCERO. Es necesario poner de relieve que para la fecha en que este asunto se listó para su resolución, todavía no había vencido el plazo de treinta días previsto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, durante el cual, el procurador general de la República puede exponer su parecer respecto de la denuncia de la contradicción.
Lo anterior, no representa un obstáculo para que se emita esta resolución, pues en aquellas contradicciones en las que evidentemente procede declarar sin materia la oposición de criterios denunciada, como sucede en el presente caso, al tenor de los argumentos que se desarrollan en el siguiente considerando, resulta innecesario e impráctico esperar, como mero formalismo, a que concluya o venza ese plazo, en tanto que cualquiera que fuera la respetable opinión de la representación social de la Federación, no tendría el alcance de cambiar el sentido en que debe resolverse el asunto, si bajo cualquier óptica, como la que nos ocupa, debe declararse sin materia la contradicción denunciada.
Es aplicable a lo anterior, por similitud de razón, el criterio sustentado por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, y que comparte esta Primera Sala, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVI, octubre de 2002
"Tesis: 2a./J. 110/2002
"Página: 200
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SI ES EVIDENTE SU INEXISTENCIA, PUEDE EMITIRSE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE SIN ESPERAR A QUE VENZA EL PLAZO ESTABLECIDO PARA QUE EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA FORMULE SU OPINIÓN. El artículo 197-A de la Ley de Amparo concede al procurador general de la República el plazo de treinta días para que exponga su parecer respecto de una denuncia de contradicción de tesis; sin embargo, en aquellos casos en que se advierta, de modo indudable, que no existe dicha oposición de criterios, resulta ocioso e impráctico esperar, como mero formalismo, a que concluya ese plazo para emitir la resolución correspondiente, en tanto que cualquiera que fuera la opinión de la representación social, no tendría el alcance de cambiar el sentido en que debe resolverse el asunto.
"Contradicción de tesis 6/98. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito. 3 de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván.
"Contradicción de tesis 65/2000-SS. Entre las sustentadas por el entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y ahora Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo circuito, y el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del circuito precitado. 24 de noviembre de 2000. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Aída García Franco.
"Contradicción de tesis 98/2000-SS. Entre las sustentadas por el Séptimo y Tercero Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 9 de febrero de 2001. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.
"Contradicción de tesis 10/2002-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y los diversos Segundo y Tercero del propio circuito. 1o. de marzo de 2002. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.
"Contradicción de tesis 25/2002-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno y Décimo Segundo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 17 de mayo de 2002. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías.
"Tesis de jurisprudencia 110/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de dieciocho de septiembre de dos mil dos."
CUARTO. Los criterios en posible contradicción son los siguientes:
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en sesión de cuatro de noviembre de dos mil dos, resolvió, por mayoría de votos, el amparo directo 254/2002, promovido por ... sustentando en lo que interesa, lo siguiente:
"QUINTO. Los conceptos de violación expresados por el quejoso en parte son infundados, e inatendibles en otra, como enseguida se verá. Por razón de técnica y estudio preferente, procede analizar en primer término, lo concerniente a una violación procesal, enseguida se abordará lo relativo a las formales y, por último se estudiarán las cuestiones de fondo planteadas. A manera de concepto de violación, como violación procesal señala el acusado lo siguiente: a) El Juez del proceso negó la admisión de las pruebas testimoniales e interrogatorios ofrecidos por la defensa; b) Tales elementos de convicción se ofertaron inmediatamente después de que el emitente declaró por primera ocasión; c) El Juez de primer grado, desechó dichos medios de prueba bajo el argumento de que ya se había declarado agotada la instrucción, pero hasta ese momento no se había cerrado ese periodo; por tanto, debieron admitirse las pruebas en comentario; d) Atento a lo expresado por el tribunal responsable en torno al tema de que se trata, afirma que éste debió analizar oficiosamente todas las constancias existentes en el proceso; e) Aduce que contrario a lo que sostuvo el ad quem en el fallo reclamado, sí se agotaron los recursos ordinarios en contra de la negativa a admitir las pruebas citadas en anteriores líneas; f) Estima que por ese hecho en su perjuicio se violaron las leyes del procedimiento, acorde a lo que dispone el artículo 20, fracción V, de la Constitución Federal (transcribe contenido); g) Refiere que la garantía de defensa prevista por el numeral y fracción anotados en el inciso precedente ‘revela mayor importancia que la garantía de término prevista por la fracción VIII del artículo 20 constitucional, pues se considera además que los términos en materia penal son en beneficio del reo, quien además puede solicitar mayor plazo para su defensa’, y h) Concluye que en el caso concreto no se había cerrado el periodo de instrucción de la causa, por ende, al negarle el a quo el desahogo de las pruebas a que este apartado se contrae, se le dejó en estado de indefensión, violándose con ello las leyes del procedimiento. Ahora bien, a afecto de dar cabal respuesta a las argumentaciones antes anotadas, es pertinente realizar una relación de los siguientes antecedentes que obran agregados al proceso: 1) En el juicio de primer grado, mediante acuerdo de veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve, el Juez de la causa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 150 del Código Federal de Procedimientos Penales, declaró agotada la instrucción y ordenó poner la causa a la vista de las partes, para que en el término de diez días comunes ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes y pudieran desahogarse dentro de los quince días siguientes. De tal proveído quedaron debidamente notificados al día siguiente, el fiscal federal y el defensor de oficio, en tanto que el procesado el día veintiséis del señalado mes y año (fojas 89 y vuelta). 2) El nueve de abril del año en comentario, el aludido defensor de oficio, dentro del plazo para ofrecer pruebas, ofertó la declaración del inculpado, en los términos plasmados en el escrito respectivo; a lo anterior, el Juez del proceso proveyó en sentido positivo, y luego de múltiples certificaciones, en cuanto a la imposibilidad de hacerlo, finalmente, el veinticuatro de mayo de la propia anualidad, se desahogó la referida probanza en los términos que en ésta consta (fojas 101, 102, 205 y vuelta). 3) El defensor particular del procesado, mediante escrito de veinticuatro de mayo del año en cita, ofreció como pruebas, las testimoniales a cargo de los peritos farmacobiólogos ... los diversos testimonios a cargo de ... y los interrogatorios de ... así como los relativos a los elementos aprehensores ... (foja 229). 4) El Juez del proceso, a la anterior petición, en acuerdo de veinticinco de mayo del precitado año, en lo conducente, proveyó lo siguiente: ‘... indíquesele que no se admite la prueba testimonial que propone a cargo de ... y de interrogatorio, que propone a cargo de ... y de los elementos aprehensores ... en razón de que su ofrecimiento lo hace en forma extemporánea en virtud de que con fecha veinticuatro de marzo del año en curso, se declaró agotada la instrucción y se dio vista a las partes por el término de diez días para que ofreciera las pruebas que estimaran pertinentes y que pudieran practicarse dentro de los quince días siguientes al en que se les notificara del auto que recayera a la solicitud de prueba, cuya notificación se le realizó al día siguiente veinticinco de marzo del año en curso, al defensor de oficio. Luego entonces, el término que de diez días se concedió para ofrecer pruebas feneció desde el día nueve de abril actual, y como su citado ocurso lo presentó en la oficialía de partes de este juzgado, hasta el veinticuatro de mayo actual, es claro que su ofrecimiento lo hace en forma extemporánea; cuenta habida de que la fracción V del artículo 20 constitucional, no determina de manera alguna que la prueba debe recibirse en todo tiempo, sino en el tiempo que al respecto concede el artículo 150 del Código Federal de Procedimientos Penales, atento al contenido de la jurisprudencia número 273, localizable en la página 153, Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de 1995, bajo el rubro: ‘PRUEBAS EN EL PROCESO PENAL.’ 5) Dicho acuerdo fue impugnado en apelación por el procesado y su defensor, según consta a fojas 231 vuelta, 236 y 237 del proceso. Sentado lo anterior, y con independencia de la respuesta otorgada al respecto por el tribunal responsable, debe decirse que resultan infundadas las argumentaciones expresadas por la parte quejosa en anteriores párrafos, en virtud de que el Juez del proceso obró adecuadamente al negar la admisión de las pruebas ofrecidas por la defensa, porque como correctamente lo sostuvo en el acuerdo precisado en el punto ‘4’ de antecedentes, dicho ofrecimiento resultó extemporáneo. Ello es así, porque como atinadamente lo sostuvo el ad quem al sustanciar el recurso de apelación en contra del proveído antes citado, que en el proceso penal, las pruebas deben recibirse en los plazos que estrictamente establecen. Luego, como el artículo 150 del Código Federal de Procedimientos Penales, prevé un término de diez días para el ofrecimiento de medios de prueba, en razón por la cual se le otorgó a las partes ese plazo, según proveído de veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve, mismo que de acuerdo con las notificaciones al defensor de oficio y al sentenciado, realizadas el veinticinco y veintiséis del aludido mes y año, feneció los días doce y trece de abril siguiente, respectivamente; de ahí que se coliga, que si el ofrecimiento de las pruebas rechazadas por el a quo se realizó por el defensor particular designado hasta el veinticuatro de mayo del año en comentario, es claro que su petición resultaba notoriamente extemporáneo. No obsta a la anterior consideración, que en las alegaciones precisadas en párrafos precedentes, el quejoso aduzca que dichas pruebas las ofreció la defensa, inmediatamente después de que declaró por primera ocasión en el proceso, lo cual ocurrió con fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve, según quedó establecido en anteriores líneas; sin embargo, tal cuestión obedeció al deseo del acusado de abstenerse de así hacerlo, según se asentó en su declaración preparatoria, en donde el juzgador pudo cerciorarse mediante los informes proporcionados por la enfermera ... en cuanto que el activo se encontraba en ‘estado clínico bueno’ y podía hablar, sin que el defensor de oficio o el Ministerio Público Federal, asistentes a esa diligencia, hicieran observación alguna sobre ese particular, por ello entonces, debe concluirse que es falso que el inculpado no hubiera podido declarar antes del ofrecimiento de las pruebas rechazadas. Corolario de lo anterior, debe señalarse que el Juez del proceso correctamente negó la admisión de las pruebas a que este apartado se contrae, pues como acertadamente lo sostuvo, éstas deben recibirse en el tiempo que estrictamente la ley concede al efecto, y no en el tiempo que la voluntad de las partes así lo determine. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, consultable bajo el número 273, en la página 153, Tomo II, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice de 1995, que dice:‘PRUEBAS EN EL PROCESO PENAL.’ (se transcribe). A mayoría de datos, debe señalarse que el supuesto ‘estado de indefensión’ alegado, es decir, el hecho de que al acusado se le coartara su oportunidad de desahogar tales medios de convicción a su favor, es una cuestión imputable al propio activo y a su defensor, dada su actitud omisa a ese respecto, es más, la defensa, en todo tiempo, incluso antes de recabarse la declaración del inculpado, estuvo en posibilidad de ofrecer la declaración e interrogatorios de las personas precisadas en su escrito de ofrecimiento de pruebas, por razón de que en autos, constaban sus respectivas versiones, sobre todo las relativas a ... así como las concernientes a los elementos aprehensores ... de ahí que se entienda que no había interés para el desahogo de estas probanzas. Sentado lo anterior, cabe destacar que este órgano colegiado, no comparte los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XV, mayo de 2002, páginas 980 y 971, por lo que hace a los dos primeros y XVI, julio de 2002, página 1304, en lo tocante al último, cuyas voces respectivamente dicen: ‘DEFENSA, GARANTÍA DE. TIENE PREFERENCIA SOBRE OTRAS GARANTÍAS DEL REO.’, ‘DEFENSA, GARANTÍA DE. ES DE MAYOR RANGO AXIOLÓGICO QUE LA DE OBTENCIÓN DE UNA SENTENCIA EN BREVE LAPSO.’,‘GARANTÍA DE DEFENSA. LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO DEBEN INTERPRETARSE EN FORMA RIGORISTA CUANDO EL PROCESADO OFRECE PRUEBAS.’; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, se denuncia la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado en esta ejecutoria, en lo concerniente al estudio realizado a la violación procesal en comento, y los criterios de los diversos Tribunales Colegiados antes indicados; al efecto, en su momento se ordena remitir constancias certificadas de este fallo a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la sustanciación del procedimiento de contradicción de tesis correspondiente. ..."
QUINTO. Por su parte, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, actualmente, Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 101/88 el veinticinco de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, consideró lo siguiente:
"III. Son fundados pero inoperantes en una parte e infundados en otra los anteriores agravios. En efecto, son fundados los motivos de inconformidad que se hacen consistir en que erróneamente el Juez de Distrito consideró que el acto reclamado consistente en la omisión de dictar acuerdo programado la recepción de varias pruebas ofrecidas por la parte quejosa en los autos del proceso 283/85-C, era materia de amparo directo y no del indirecto o bi-instancial que se promovió, sobreseyendo en el juicio por lo que ve a dicho acto reclamado; pues efectivamente, de la lectura de la demanda de amparo se desprende que lo que se reclama, entre otras cosas, es la violación de la garantía de petición consagrada en el artículo 8o. constitucional, como se desprende del propio ocurso en el que se expuso: ‘Asimismo, se viola el artículo 8o. constitucional, puesto que si nuestros defensores han pedido al Juez responsable, a través del ocurso fechado el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y siete y recibido en la oficialía de partes el cinco de enero del presente año, determinadas cuestiones y el servidor público no ha dictado ningún acuerdo a tal promoción, mucho menos lo ha notificado al peticionario, es obvio que también transgreden dicha Norma Suprema’, lo que precisamente es reclamable en amparo indirecto, tal como lo aduce la disconforme. Sin embargo, dichos agravios resultan inoperantes, habida cuenta que se tendrá que confirmar el sobreseimiento decretado en el juicio, pues de la lectura y examen de las constancias de autos, se advierte que en momento alguno la parte disconforme adjuntó prueba que demostrara que efectivamente se haya elaborado una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa a la autoridad responsable, solicitándole el desahogo de ‘diversas pruebas’ las que ni siquiera se precisan, por lo que al no demostrar la existencia de este acto reclamado, se actualiza la diversa causal de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por otro lado, resultan infundados los restantes motivos de inconformidad en virtud de que efectivamente, la fracción VIII del artículo 20 constitucional, señala que los acusados de algún delito serán juzgados antes de cuatro meses si se trata de delitos cuya pena máxima no excede de dos años de prisión; y antes de un año si la pena máxima excediera de ese tiempo, y de que en el proceso que se sigue a los inculpados, hoy quejosos, ha transcurrido con exceso ese término, pero debe precisarse que ello es causa imputable a los propios disconformes, habida cuenta de que tal como lo señaló el Juez de Distrito, han sido los propios quejosos quienes han estado promoviendo medios de prueba que obviamente deberán ser desahogados conforme a la ley, lo que ha motivado el atraso en el cierre de la instrucción, máxime que ello motivó la concesión del amparo en el juicio de garantías que hoy se examina para que se libraran unos exhortos necesarios para el desahogo correcto de las pruebas ofrecidas por la defensa. De ahí que, al estar frente a dos garantías consagradas por la Constitución en favor del gobernado, como son las consagradas en las fracciones V, VII y VIII del artículo 20 de la Carta Magna, y debiendo anteponer unas a las otras, lógicamente que deberán prevalecer las que favorezcan más a dicho gobernado, es decir, las de audiencia y defensa sobre la pronta impartición de justicia, pues lo contrario acarrearía graves perjuicios en contra del individuo, al verse compelido a ajustar su defensa al corto tiempo de que dispondría para ello, de acuerdo con la mencionada fracción VIII del artículo constitucional mencionado, lo que implicaría una verdadera denegación de justicia. Consecuentemente, ante lo infundado de los agravios aducidos, y no existiendo deficiencia de la queja que suplir, procede confirmar esta parte de la sentencia sujeta a revisión."
Dicho criterio (que la garantía de defensa tiene preferencia sobre otras garantías individuales) se reiteró en los siguientes juicios de amparo directo 329/96, 83/2000, 9/2002, 25/2002, 464/2001 y 14/2002.
De lo sustentado en los asuntos transcritos, y antes citados, se emitió la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XV, mayo de 2002
"Tesis: III.1o.P. J/13
"Página: 980
"DEFENSA, GARANTÍA DE. TIENE PREFERENCIA SOBRE OTRAS GARANTÍAS DEL REO. Si bien es cierto que la fracción VIII del apartado A del artículo 20 constitucional, señala que los acusados de algún delito serán juzgados antes de cuatro meses si se trata de delitos cuya pena máxima no excede de dos años de prisión y antes de un año si la pena máxima excediera de ese tiempo, también lo es que si la defensa de un procesado ofrece en favor de éste diversas pruebas cuyo periodo de desahogo hace imposible que se dicte sentencia en los plazos que señala la mencionada fracción, es claro que deberán desahogarse las probanzas ofrecidas y admitidas, aun cuando se rebasen los términos ya señalados, dado que al estar frente a dos garantías consagradas por la Constitución en favor del gobernado, como son las establecidas en las fracciones V y VIII del ya mencionado apartado A del artículo 20 de la Carta Magna, y debiendo anteponer unas a las otras, lógicamente deberán prevalecer las que favorezcan más a dicho gobernado, es decir, las de audiencia y defensa sobre la de pronta impartición de justicia, pues lo contrario acarrearía graves perjuicios en contra de éste, al verse compelido a ajustar su defensa al corto tiempo de que dispondría para ello, de acuerdo con la mencionada fracción VIII del apartado y artículo constitucional aludidos, lo que implicaría una verdadera denegación de justicia.
"Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.
"Amparo en revisión 101/88. 25 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Núñez Salas. Secretario: Francisco Javier Ruvalcaba Guerrero.
"Amparo directo 329/96. 29 de mayo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Montes Quintero. Secretario: Francisco Javier Ruvalcaba Guerrero.
"Amparo directo 83/2000. 13 de abril de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Cedillo Orozco. Secretario: Fernando Cortés Delgado.
"Amparo directo 9/2002. 21 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Ana Victoria Cárdenas Muñoz, secretaria de tribunal autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: Ricardo Aguilar Moreno.
"Amparo directo 25/2002. 28 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Lira Martínez. Secretaria: María Esperanza Zamorano Higuera.
"Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 205-216, Sexta Parte, página 375, tesis de rubro: ‘PROCESO PENAL, TÉRMINO DEL. NO SE VIOLAN GARANTÍAS CUANDO SE REBASA EL TÉRMINO CONSTITUCIONAL PARA DICTAR SENTENCIA, SI ELLO OBEDECE A LA RECEPCIÓN DE PRUEBAS OFRECIDAS POR EL PROPIO ACUSADO.’ y tesis VII.2o.P. J/5, en la página 971 de esta misma publicación."
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver por unanimidad de votos el juicio de amparo directo 63/2001 (quejoso: ... ), en sesión de veinticinco de abril de dos mil uno, sustentó lo siguiente:
"IV. Analizados los conceptos de violación, se advierte que el quejoso, entre otras consideraciones, arguye que se viola en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 20, fracción V, de la Carta Magna, ya que habiendo ofrecido las pruebas pericial en caligrafía y grafoscopía y la testimonial a cargo de diversas personas residentes fuera del lugar del juicio, se cerró la instrucción sin haberse desahogado dichos medios de convicción. Lo que el quejoso argumenta, en el concepto de violación antes mencionado, resulta por una parte infundado y por otra fundado. En efecto, por cuanto hace a la prueba pericial de que se habla, debe decirse que no le asiste la razón al inconforme, pues si bien es cierto que en la diligencia en la que éste rindió su declaración preparatoria ante el Juez de la causa, su defensor voluntario ofreció dicha prueba a cargo del perito ... y que la misma fue admitida en la propia diligencia por el Juez natural, también lo es que mediante escrito de veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, el aludido defensor se desistió del citado medio de convicción, lo que fue acordado favorablemente en esa propia fecha y notificado al aquí quejoso, motivo por el que carece de apoyo lo que se alega con base en ese supuesto. Por otra parte, y en relación con la prueba testimonial antes referida, cabe manifestar que de los autos de la causa penal de la que emanan los actos reclamados, aparece que mediante escritos de veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y ocho y veintitrés de abril de mil novecientos noventa y nueve, el defensor voluntario del aquí quejoso ofreció los testimonios de ... quienes radicaban en ... Puebla, respectivamente, habiendo solicitado en dichos escritos que para el desahogo de tales pruebas se giraran los exhortos correspondientes; peticiones que fueron reiteradas el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, mismas que fueron acordadas favorablemente. Ahora bien, de los propios autos se desprende, de modo indudable, que no se llevó al cabo el desahogo de las pruebas precisadas y se continuó con el procedimiento hasta dictar sentencia, sin que antes el Juez de la causa se ocupara de nuevo acerca de las mismas y justificara su omisión. En las condiciones antes reseñadas, se concluye que la omisión apuntada constituye una violación a las garantías constitucionales del quejoso, consagradas en el artículo 20, fracción V, de la Constitución Federal, pues se incurrió en violaciones a las leyes del procedimiento, que privan al quejoso de defensa, contempladas en el artículo 160, fracción VI, de la Ley de Amparo. Por tanto, procede conceder al promovente del amparo, la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente la sentencia combatida y ordene reponer el procedimiento a fin de que se provea lo necesario, con la finalidad de que se desahoguen las pruebas de que se habla, agotando, inclusive, de ser necesario, los medios de apremio que previene el código adjetivo penal; hecho lo anterior o justificada la imposibilidad de realizarlo, se continúe la secuela procesal hasta dictarse la sentencia que en derecho corresponda. No es óbice a la anterior consideración la circunstancia de que la instrucción se hubiese cerrado después del término que señala el artículo 20, fracción VIII, constitucional, pues aunque esto es una garantía establecida en beneficio del procesado, no debe perderse de vista que si éste ofrece pruebas para su mejor defensa, la instrucción no puede cerrarse sin haberse desahogado las pruebas admitidas -como ocurre en el presente caso-, por el solo hecho de que se haya rebasado el citado término, ya que entonces se violaría su garantía de defensa establecida en la fracción V del invocado numeral de la Carta Magna, que en la escala de valores de la jerarquía normativa constitucional, tiene mayor rango por proteger la defensa del acusado, que aquella que sólo tiende a la obtención de una sentencia en breve plazo."
El anterior criterio se reiteró en las resoluciones emitidas en los siguientes juicios de amparo directo 228/2001, 408/2001, 413/2001 y 63/2002.
Asimismo, emitió la siguiente tesis, cuyos datos de localización, rubro y texto, son del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XV, mayo de 2002
"Tesis: VII.2o.P. J/5
"Página: 971
"DEFENSA, GARANTÍA DE. ES DE MAYOR RANGO AXIOLÓGICO QUE LA DE OBTENCIÓN DE UNA SENTENCIA EN BREVE LAPSO. Es violatoria de derechos subjetivos públicos la circunstancia de que en la instrucción no se hubiesen desahogado las pruebas ofrecidas por el quejoso, aun cuando estuviese excedido el término que señala el artículo 20, apartado A, fracción VIII, constitucional, pues aunque esta última es una garantía establecida en beneficio del procesado, no debe perderse de vista qu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20182-20c05529/contradiccion-de-tesis-cuando-proceda-declararla-sin-materia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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