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PRUEBAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA RECIBIR LAS OFRECIDAS POR EL INDICIADO NO PRIVADO DE SU LIBERTAD ES UN ACTO DE EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 69/2003-PS. · Registro digital (IUS): 18920
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, , Pág. 221.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 69/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el nueve de septiembre de mil novecientos noventa nueve, la improcedencia 165/99, son fundamentalmente, las siguientes:

"III. Son infundados los anteriores agravios. El Juez de Distrito por acuerdo de fecha diez de junio de mil novecientos noventa y nueve, desechó de plano la demanda de garantías que fue presentada por la quejosa ... por considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuenta habida que el acto reclamado de momento no causaba un daño o un perjuicio a dicha disconforme que fuera de difícil reparación, dado que la autoridad responsable ordenadora había girado instrucciones para que se continuara con la integración de la averiguación previa en cuestión, pero que, según dijo el Juez Federal, por sí solo dicho actuar no afectaba los derechos sustantivos de la quejosa, puesto que el único efecto que producía era el de la prosecución de la investigación, lo que no implicaba ejecución alguna sobre las personas o las cosas que fuera de imposible reparación, fundando su consideración en las diversas tesis de jurisprudencia cuyas voces son: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA.’ y ‘EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.’. Al respecto cabe precisar que con acierto el Juez de amparo señaló que el acto reclamado, consistente en la determinación del procurador general de Justicia del Estado para que se continuara con la integración de la averiguación previa correspondiente, no afectaba los derechos sustantivos de la quejosa, pues la sola continuación de la indagatoria no traía como consecuencia alguna afectación sobre su persona o cosas, es decir, no afecta en modo alguno los derechos sustantivos de la recurrente, mismos que tutela la Carta Magna en favor de toda persona, como pudiera ser la pérdida de su libertad, de sus propiedades o posesiones, pues con el acto reclamado sólo está dejando abierta la averiguación, lo que de ningún modo le acarrea a la quejosa en forma directa, cierta e inminente algún perjuicio en sus derechos sustantivos antes señalados. No obstante, no se comparte el criterio del Juez de Distrito al establecer que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 en relación con la fracción IV del diverso numeral 114, ambos de la Ley de Amparo, que señalan que el amparo es improcedente: ‘En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.’; y que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ‘IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.’; cuenta habida de que dicho precepto legal en la fracción transcrita hace alusión a actos llevados a cabo dentro de juicio, lo que no ocurre en el caso que nos ocupa, en donde la autoridad ordenadora sólo dio instrucciones que se dejara en reserva de nuevos datos una investigación en una averiguación, siendo esta etapa previa al juicio. Sin embargo, este tribunal advierte que en el caso, se encuentra demostrada de manera indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la que debe relacionarse con el artículo 1o., fracción I, de la citada Ley de Amparo, la cual establece que el juicio de garantías tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: ‘I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales.’, de ahí que aplicada a contrario sensu, el juicio constitucional resulta improcedente cuando no exista una garantía individual que pueda ser violada con la emisión del acto reclamado, como en el caso, en el que el procurador general de Justicia lo emitió como órgano técnico encargado de la persecución de delitos, facultad que le confiere el artículo 21 constitucional, protegiendo un derecho social, y será hasta que prescriba la acción penal conforme a derecho, cuando el representante social se vea constreñido a archivar el expediente en forma definitiva; por tanto su actuación no es susceptible de violar garantías individuales; máxime que como ya se dijo, no está dañando algún derecho sustantivo de la recurrente protegido por la Carta Magna; lo anterior tiene apoyo en la tesis número XXI.2o.51 K, visible en la página cuatrocientos siete del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, diciembre, Octava Época, cuyo texto reza: ‘MINISTERIO PÚBLICO, PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS POR EL. CONSTITUYE UN DERECHO SOCIAL QUE NO CONFORMA LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.’ (se transcribe), y aplicando en lo conducente el diverso criterio número IX.2o.11 P, publicado en la página trescientos cuarenta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, julio de 1998, que a la letra dice: ‘AVERIGUACIÓN PREVIA PENAL. AUTO QUE REVOCA LA DETERMINACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y ORDENA SU CONTINUACIÓN. AMPARO IMPROCEDENTE.’ (se transcribe). Consecuentemente, lo que procede es confirmar el desechamiento de la demanda de garantías decretado por el Juez de Distrito; siendo innecesario el análisis de los motivos de inconformidad relativos al fondo del asunto, porque no combaten en modo alguno el desechamiento aludido." (fojas 96 a 105 de los autos de contradicción 69/2003).

Similares consideraciones sostuvo al resolver el recurso de revisión 117/2001 el veintitrés de agosto de dos mil uno, y el recurso de revisión 329/2002 el veinticuatro de octubre de dos mil dos.

CUARTO. Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el veintidós de octubre de dos mil uno, el recurso de revisión 1602/2001, son fundamentalmente, las siguientes:

"SEXTO. Resultan infundados los agravios que hace valer el recurrente, de conformidad con las razones que a continuación se exponen. En efecto, la sentencia en revisión satisface las exigencias de los artículos 76 al 78 de la Ley de Amparo, toda vez que el Juez recurrido apreció correctamente el auto de término constitucional reclamado, dictado contra ... por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones, previsto y sancionado en los artículos 288 y 289, párrafo primero, primera parte, del Código Penal para el Distrito Federal y correctamente determinó que dicha resolución no era violatoria de garantías toda vez que, en efecto, el auto de sujeción a proceso reclamado cumple con los requisitos de fundamentación y motivación a que se refiere el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución General de la República y, además, con los requisitos de fondo que se refieren a la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los aquí quejosos en su comisión pues, de conformidad con las pruebas existentes, como son las declaraciones del ofendido ... y sus testigos así como el certificado de estado físico y la fe de lesiones practicada por el Ministerio Público, valoradas en términos de los artículos 246, 253, 255, 261 y 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, es dable concluir que el diecinueve de diciembre de dos mil, aproximadamente a las trece horas, en el domicilio ubicado en Moctezuma, manzana 35, lote 22, de la colonia Ajusco, cuando el ofendido ... se encontraba en el primer nivel de dicho inmueble, fue agredido físicamente por los ahora quejosos ... quienes lo golpearon con las manos en diversas partes del cuerpo y le ocasionaron lesiones que fueron clasificadas como de aquellas que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días; conducta desplegada por los activos en detrimento del bien jurídico que la norma protege que es la salud e integridad corporal de las personas. Ahora bien, el primer agravio que se esgrime resulta infundado porque si bien el Ministerio Público del fuero común no admitió la prueba testimonial ofrecida por los aquí quejosos precisamente en la etapa de averiguación previa, también es cierto que esa violación no resulta ser de aquellas que puedan ser impugnadas mediante el juicio de amparo indirecto, porque revisten el carácter de violaciones de tipo procesal y, por tanto, no son de imposible reparación. Al respecto, en la contradicción de tesis 44/2000, que se resolvió el veinticuatro de enero de dos mil uno, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció: (se transcribe). Así, debe decirse que cuando el artículo 20 constitucional establece que la garantía de ofrecer pruebas deberá ser observada en favor del inculpado desde la averiguación previa, confiere al gobernado, inculpado de haber cometido un delito, el derecho de hacer valer en su defensa ante el Ministerio Público los medios probatorios que estime pertinentes con el fin de obtener una resolución favorable a sus intereses. Empero, esta garantía de defensa, prevista en la Constitución Federal, tiene la característica de ser de carácter adjetivo, porque no tutela de manera directa derechos sustantivos tales como la libertad (como sí lo hacen otros dispositivos constitucionales, el segundo párrafo del artículo 16, el artículo 19 o el mismo artículo 20, apartado A, fracción I), sino establece mecanismos procesales con la finalidad de salvaguardar precisamente ese tipo de derechos de índole sustantiva, fundamentales, como la libertad personal, pero a través de la actuación de las autoridades competentes (en igual categoría que otras garantías individuales, que protegen el derecho de audiencia-defensa y debido proceso legal, artículo 14, segundo párrafo). Ahora bien, de la interpretación sistemática y lógica de los artículos 107, fracciones III, IV, V y VII, de la Constitución General de la República, 37, 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, es posible concluir que, por regla general, los actos de naturaleza procesal no son reclamables a través del juicio de amparo indirecto porque no entrañan una afectación cierta, directa e inmediata de algún derecho sustantivo, de manera que tal afectación no pueda ser reparada ni aún en el caso de obtener una resolución favorable a los intereses del gobernado o mediante la reposición de actuaciones. No obstante, también debe decirse que, en ocasiones, los actos procesales sí tienen una ejecución de imposible reparación, tal como lo sostuvo la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 3/89, que se resolvió el trece de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, en el sentido de que: ‘EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). En el caso del procedimiento de averiguación previa, sucede que lo actuado por el Ministerio Público, quien tiene formalmente el carácter de autoridad administrativa en oposición a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en realidad desempeña funciones que, desde el punto de vista material, son de naturaleza penal y que dan inicio al procedimiento penal en sentido amplio, que comprende justamente las fases de averiguación previa, preinstrucción, instrucción, y los juicios de primera y segunda instancia. El procedimiento de averiguación preliminar culmina propiamente con la resolución que emite el Ministerio Público y que puede ser en el sentido de no ejercer la acción penal o de consignar al probable responsable ante el tribunal competente; empero, el acto mediante el cual el órgano de acusación resuelve ejercer acción penal no causa al gobernado perjuicio alguno en la medida en que la afectación a la libertad del inculpado está sujeta a la potestad del Juez, a quien corresponde decidir si es procedente o no la pretensión punitiva que le es planteada. En este orden de ideas, es evidente que cuando al Ministerio Público se atribuye la realización de un acto violatorio de las garantías de carácter procesal que a favor del inculpado establece la Constitución Federal, como en efecto lo es el derecho de ofrecer pruebas, no puede concluirse que esos actos revistan la característica de ser de imposible reparación, pues aun cuando entrañan una afectación directa a derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no vulneran derecho sustantivo alguno, porque los efectos de ese acto que se tilda de inconstitucional podrán quedar destruidos no sólo en caso de dictarse una sentencia absolutoria, sino muy anticipadamente, si se resuelve no librar la orden de aprehensión o comparecencia solicitadas o, en su caso, decretar auto de libertad o de no sujeción a proceso; y, aún más, si la sentencia definitiva que se llegare a dictar no fuere favorable a los intereses del quejoso, de cualquier forma la garantía procesal violada podría ser restituida mediante la reposición del procedimiento. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que, en el caso de la garantía individual prevista en la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, que como se ha establecido se refiere sustancialmente al derecho de ofrecer la prueba testimonial y otros medios para su defensa, resulta evidente que la circunstancia de que el quejoso sea privado de ese derecho en la etapa de averiguación previa, no implica dejarlo en estado de indefensión porque ello no es obstáculo para que ese mismo derecho sea ejercido ante el Juez o tribunal correspondiente, en las etapas restantes del procedimiento penal, lo que pone de manifiesto la condición reparable de la violación reclamada, como lo argumentó el Juez de amparo. En suma, los actos de naturaleza procesal, por regla general, no son impugnables en amparo indirecto porque no suponen una afectación cierta, directa e irreparable a los derechos sustantivos del gobernado, en la medida en que la violación de esos derechos adjetivos puede ser subsanada si obtiene una resolución favorable a sus intereses o, en caso contrario, mediante la reposición de procedimiento. En consecuencia, como la garantía de defensa a que se refiere el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución General de la República, es un derecho de carácter adjetivo o procesal, porque no tutela derecho sustantivo alguno, sino establece mecanismos procesales que tienen como fin salvaguardar la libertad del inculpado, su violación atribuida al Ministerio Público en la etapa de averiguación previa no puede ser considerada de imposible reparación y, por tanto, no es reclamable mediante el juicio de garantías biinstancial ..." (fojas 51 a 68 del cuaderno de contradicción).

Lo anterior, dio lugar a la siguiente tesis:

"Novena Época

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer "Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XV, enero de 2002

"Tesis: I.2o.P.54 P

"Página: 1293

"GARANTÍA DE DEFENSA, VIOLACIÓN A LA, ATRIBUIDA AL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE AVERIGUACIÓN PREVIA. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Los actos de naturaleza procesal, por regla general, no son impugnables en amparo indirecto porque no suponen una afectación cierta, directa e irreparable a los derechos sustantivos del gobernado, en la medida en que la violación de esos derechos adjetivos puede ser subsanada si éste obtiene una resolución favorable a sus intereses o, en caso contrario, mediante la reposición del procedimiento. En consecuencia, como la garantía de defensa a que se refiere el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución General de la República, es un derecho de carácter adjetivo o procesal, porque no tutela derecho sustantivo alguno, sino establece mecanismos procesales que tienen como fin salvaguardar la libertad del inculpado, su violación atribuida al Ministerio Público en la etapa de averiguación previa no puede ser considerada de imposible reparación y, por tanto, no es reclamable mediante el juicio de garantías biinstancial.

"Amparo en revisión 1602/2001. 22 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Enrique Rueda Dávila. Secretaria: Taissia Cruz Parcero."

QUINTO. Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el tres de diciembre de dos mil dos, el recurso de revisión 196/2002, son fundamentalmente, las siguientes:

"V. Los agravios enderezados en una parte son inoperantes y en el resto fundados, suplidos en su deficiencia de conformidad con el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo. Es inoperante el motivo de queja relativo a que el Juez de Distrito no realizó el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, no obstante de que la autoridad ordenadora convino en su existencia; lo anterior es así, en virtud de que el Juez Federal decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías, lo que no sólo lo liberó de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitó para realizarlo, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Apoya a esta consideración la jurisprudencia 2a./J. 52/98, publicada en la página 244 del Tomo VIII, agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: ‘AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO.’ (se transcribe). Deviene también inoperante el agravio en el sentido de que las pruebas rechazadas por la responsable fueron ofrecidas en tiempo y forma, ya que versan sobre el fondo del asunto, pero no combate las razones del Juez de Distrito para decretar el sobreseimiento. Es aplicable, el criterio sostenido por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 3a./J. 12/94, publicada en la página 24 del tomo 77, mayo de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dispone: ‘AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LOS QUE DEBIENDO COMBATIR EL SOBRESEIMIENTO, VERSAN SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS.’ (se transcribe). Desestimados los anteriores argumentos, enseguida, para el estudio de las razones del Juez Federal para decretar el sobreseimiento, debe precisarse nuevamente que el acto reclamado se hizo consistir en la negativa de admitir diversas probanzas ofrecidas por el quejoso en la averiguación previa número 22/2002-V, en la cual tiene el carácter de indiciado. El Juez Federal, en la sentencia impugnada, adujo en síntesis que el acto reclamado no representa una afectación cierta, directa e inmediata a la persona o patrimonio del quejoso, la que sólo ocurriría si éste se encontrara detenido y en esas condiciones sí tendrían que recibírsele las pruebas que ofrezca, siempre y cuando no entorpezca la investigación llevada a cabo, de conformidad con el artículo 93, fracción III, inciso d), del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco; que el desechamiento de pruebas únicamente le afectaría al quejoso, si el Ministerio Público girara en su contra orden de detención o consignara los hechos a la autoridad judicial y ésta emitiera la orden de aprehensión respectiva; que además, de darse este último supuesto, el quejoso contaría con otras etapas dentro del procedimiento judicial para insistir en los medios de prueba inicialmente rechazados, por lo que no se trata de un acto que afecte los intereses jurídicos del quejoso; que en el caso no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada. De la anterior síntesis, se evidencia que el Juez Federal hace una combinación de diversas figuras jurídicas para estimar la improcedencia del juicio de amparo, entre ellas, habla de la inafectación del interés jurídico de la quejosa y del principio de instancia de parte agraviada; asimismo, hace alusión de que en caso de que se dictara orden de aprehensión contra el quejoso, éste contaría con otras etapas dentro del procedimiento judicial para ofrecer los medios de prueba inicialmente desechados, lo que tiene relación con la imposible reparación a que se refiere la fracción IV, del artículo 114 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio. Empero, cada uno de esos supuestos son distintos entre sí y la forma en que los invoca el Juez Federal, constituye sólo una amalgama inapropiada de los mismos, dado que gozan de distinta naturaleza y no pueden apoyarse uno con otro como si se tratara de uno solo. Así, se impone que este tribunal colegiado proceda al estudio de cada uno de ellos en forma separada, con el objeto de esclarecer si se actualiza alguno que tenga como consecuencia la improcedencia del juicio de garantías, lo que debe analizarse de modo preferente a las cuestiones de fondo, por ser de orden público, lo aleguen o no las partes. Lo anterior en acatamiento a lo establecido por el artículo 73, párrafo último, de la Ley de Amparo y a la jurisprudencia número 158, de la parte VIII del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: ‘IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe). Pues bien, para un mejor entendimiento de la inafectación del interés jurídico, prevista como causal de improcedencia por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, debe explicarse primero el principio de agravio personal y directo, con el cual se encuentra vinculada; dicho principio deriva de lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo, los cuales, respectivamente, disponen: ‘Artículo 107’ (se transcribe). ‘Artículo 4o.’ (se transcribe). Del análisis armónico de esos dispositivos, se desprende que el juicio de control constitucional sólo procede a instancia de parte agraviada, esto es, por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Al respecto, es necesario distinguir que en esos numerales se encuentran inmersos los principios de instancia de parte agraviada, así como el de agravio personal y directo; sin embargo, si bien ambos guardan íntima relación, no deben confundirse, como sucede en la sentencia impugnada, puesto que el primero se refiere a que el juicio de amparo no puede seguirse oficiosamente, sino que para que nazca, es indispensable la promoción del gobernado; así, el juicio sólo puede surgir a la vida jurídica por el ejercicio de la acción constitucional, que ataque el acto de autoridad que considera violatorio de sus derechos fundamentales, requisito que en el caso se encuentra satisfecho, de tal suerte que éste no es motivo para declarar la improcedencia del juicio de amparo que nos ocupa. En cambio, el principio de agravio personal y directo tiene un alcance distinto y engloba en forma más amplia diversos aspectos, los que enseguida se estudiarán. Cierto, entre esos aspectos, sobresale el concepto de agravio, cuyo elemento material consiste en el daño o perjuicio causado al gobernado mediante un acto de autoridad. El daño implica un menoscabo de determinada especie, ya sea patrimonial o no patrimonial; mientras que por perjuicio, lejos de verse bajo el contexto del derecho civil, esto es, como la privación de una ganancia lícita, debe entenderse como la afectación cometida a la persona del particular o a su esfera jurídica. La afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4687 del Tomo XLVI, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: ‘PERJUICIO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR.’ (se transcribe). Igualmente, el agravio, para que pueda ser generador del juicio de amparo, necesita ser personal; ello implica que debe recaer precisamente en una persona determinada, bien sea física o moral, puesto que cuando los daños o perjuicios en que pueda manifestarse el agravio no afecten a una persona concretamente especificada, no puede justificarse la procedencia del juicio de garantías. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que puede consultarse en la página 386 del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, sustentó: ‘AGRAVIADO.’ (se transcribe). Asimismo, el principio establece que el agravio debe ser directo, lo que se entiende como de realización presente, pasada o inminentemente futura; en otras palabras, debe haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio, hipotético, lo que viene a constituir lo directo del agravio. Los actos simplemente probables no engendran agravio, ya que resulta indispensable que aquéllos existan o que haya elementos que hagan inminente su existencia. Al respecto, la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis publicadas, respectivamente, en las páginas 1740 y 2385, de los Tomos XLI y XXXI, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, dispusieron: ‘ACTOS FUTUROS E INCIERTOS.’ (se transcribe). De todo lo anterior emerge el interés jurídico por parte del gobernado para instar la acción constitucional, pues ese interés lo tiene quien directa y materialmente sufre un menoscabo o afectación en su esfera de derechos. La afectación al interés jurídico otorga al quejoso la titularidad del derecho subjetivo para exigir a través del juicio de amparo, la restitución de las garantías que en su perjuicio se transgredieron por el acto de autoridad. En sustento a lo anterior, cobra aplicación la tesis consultable en la página 224 del Tomo II, Primera Parte, julio a diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, que establece: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO QUE LO CONSTITUYE.’ (se transcribe). En oposición a lo antes estimado, si el interés jurídico del particular no se vio afectado, resulta improcedente la acción constitucional, de conformidad con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece: ‘El juicio de amparo es improcedente: ... V. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso.’. En efecto, la causal de improcedencia prevista por ese dispositivo se actualiza cuando hay ausencia del agravio personal y directo. Ello es así, pues si no hay agravio, no existe lesión al interés del quejoso; lo mismo sucede si el acto de autoridad no está dirigido hacia él de manera inmediata sino hacia terceros, a tal grado que no le afecte de manera personal y directa. Otro aspecto relevante a tomar en consideración estriba en que los intereses afectados por el acto de autoridad deben constreñirse al ámbito jurídico, de tal forma que dicho acto trastoque los derechos del gobernado, pues de lo contrario, de tratarse de intereses de distinta naturaleza como un interés político, religioso o moral, por ejemplo, el juicio también es improcedente. En apoyo a la anterior consideración, es de citarse la postura sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de la página 45, tomo 76, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: ‘LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO.’ (se transcribe). Ahora bien, según puede apreciarse de la copia certificada de las constancias que integran el acto reclamado, con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2o., el quejoso en su carácter de indiciado, ofreció diversos medios de prueba mediante escrito de fecha dos de mayo del año en curso en la averiguación previa número 22/2002-V que se sigue en su contra. Al proveer dicho escrito, el agente del Ministerio Público responsable, mediante acuerdo del día seis siguiente, desechó en parte los medios de convicción ofrecidos por el peticionario, lo que viene a constituir el acto reclamado. El derecho de ofrecer pruebas en la averiguación previa por parte del inculpado deriva del catálogo de garantías previsto a su favor por el artículo 20, apartado A, de la Constitución Federal, el cual se extiende al artículo 93, párrafo tercero, fracción III, inciso d), del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, que rige el acto reclamado. Los dispositivos en cita por su orden, disponen: ‘Artículo 20’ (se transcribe). ‘Artículo 93’ (se transcribe). Como se advierte de la lectura de esas transcripciones, la Constitución Federal reconoce a favor del gobernado como parte de la garantía de defensa en el proceso penal, el derecho de que ofrezca pruebas, el cual se hace extensivo a la etapa de averiguación previa, en donde el Ministerio Público tiene como objetivo acreditar el delito y la probable responsabilidad del inculpado en su comisión, en uso de las facultades persecutoras que le otorga el artículo 21 de la propia Carta Magna y, posteriormente, ejercer acción penal ante el Juez respectivo, de modo que las pruebas que en su caso ofrezca el indiciado obviamente tendrán la finalidad de desvirtuar los datos que lo incriminen. Partiendo de esas premisas, resulta claro que si el Ministerio Público investigador rechaza esos medios de convicción, como en el caso sucede, ello se traduce en una afectación al interés jurídico del quejoso, pues está de por medio su derecho, elevado a garantía in

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18920-79a0fa3d/pruebas-en-la-averiguacion-previa-la-negativa-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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