RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SÓLO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SERVIDORES PÚBLICOS, NO ASÍ EN RELACIÓN CON EL CESE, PUES EN ESTE ÚLTIMO CASO SE AFECTA EL INTERÉS PÚBLICO. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SÓLO PROCEDE CONTRA LA SUSPENSIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DECRETADA COMO MEDIDA PREVENTIVA DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES, POR CAUSA NO GRAVE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 115/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO Y TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: CLAUDIA MENDOZA POLANCO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron y que a continuación se transcriben.
La sentencia pronunciada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el tres de julio de dos mil tres, relativa al recurso de queja 277/2003, señala, en lo conducente, lo que enseguida se transcribe:
"QUINTO. Es fundado el agravio hecho valer por las recurrentes, ya que una nueva reflexión por parte de este Tribunal Colegiado conduce a apartarse del criterio sustentado con anterioridad y resolver en los siguientes términos. Aducen las autoridades responsables que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, pues con la concesión de la suspensión provisional solicitada por el quejoso Heriberto Escamilla Fernández, se contravienen disposiciones de orden público y causa perjuicio al interés social. Señala que de conformidad con el artículo 75 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la suspensión, destitución o inhabilitación que se imponga a los empleados de gobierno se considerarán de orden público; por tanto, con la medida cautelar se impide la ejecución del acuerdo dictado en el oficio CGDLR/DRSCCE/15884 de veintiséis de mayo de dos mil tres, a través del cual se ordena la suspensión del pago de sueldo y funciones del quejoso. El artículo 124, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que no procederá el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado si con dicha medida se ocasiona perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, invocada por las autoridades responsables y aplicable a los cuerpos policiacos de esta ciudad, de conformidad con los artículos 17 y 48 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, tiene por objeto reglamentar el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que comprende de los artículos 108 a 114, en materia de los sujetos de responsabilidad, obligaciones y sanciones en el servicio público, especificando qué autoridades son competentes para conocer de dichas infracciones y los procedimientos que habrán de seguirse. Por tanto, si la mencionada ley regula el referido título cuarto constitucional, es evidente que es de orden público. Todas las leyes, en sentido amplio, participan en mayor o menor medida de las características de ser de orden público e interés general. El objeto de las leyes es mantener la coexistencia de los derechos de los particulares entre sí y en sus relaciones con el orden público, y en tal concepto el cumplimiento de las leyes interesa al orden social. El orden público que tiene en cuenta la ley y la jurisprudencia para establecer una norma, no puede estar constituido por una suma de intereses meramente privados; para que el orden público esté involucrado, es preciso que los intereses de que se trate sean de tal manera importantes que no obstante la inexistencia de algún perjuicio para el interesado y aun la aceptación de éste, el acto prohibido pueda causar un daño a la colectividad o a la nación. En este caso, el Estado y la sociedad están interesados en que todos los servidores públicos cumplan con las obligaciones establecidas por el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tendientes a salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan sin perjuicio de sus derechos laborales. De igual manera, la sociedad presta particular atención a que en los procedimientos de responsabilidad de servidores públicos se sigan acatando plenamente las disposiciones legales correspondientes, respetando los plazos previstos por la norma jurídica, tanto para salvaguardar los derechos sustantivos del servidor público investigado, sustentar la legalidad de una resolución que finque responsabilidad a algún empleado del Estado, como para que se ejecuten las sanciones impuestas a servidores públicos. Igual criterio sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver la revisión fiscal 977/2003 en sesión de treinta de abril de dos mil tres, que dio origen a la tesis TC017217.9AD1, aún sin publicar, que a la letra dice: ‘LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD Y APLICACIÓN DE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, SON DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos tiene por objeto reglamentar el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que comprende de los artículos 108 a 114, en materia de los sujetos de responsabilidad, obligaciones y sanciones en el servicio público; el Estado y la sociedad están interesados en que todos los empleados de gobierno cumplan con las obligaciones establecidas por el artículo 47 de la ley en comento, tendientes a salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales. De igual manera, la sociedad presta particular atención a que en los procedimientos de responsabilidad de servidores públicos se sigan acatando plenamente las disposiciones legales correspondientes, respetando los plazos previstos por la norma jurídica, tanto para salvaguardar los derechos sustantivos del servidor público investigado, como para sustentar la legalidad de una resolución que finque responsabilidad a algún empleado del Estado. Por lo tanto, los artículos que regulan el procedimiento de responsabilidad administrativa, contienen las sanciones imponibles a los servidores públicos involucrados, así como la ejecución de las mismas, son de orden público e interés social.’. En tal virtud, con la medida cautelar concedida por la a quo se impide la ejecución del acuerdo CGDLR/DRSCCE/15884 de veintiséis de mayo de dos mil dos, al permitir que el peticionario de garantías continúe desempeñando sus funciones como servidor público, contraviniendo una disposición de orden público como lo es la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; además de que existe una resolución que pone en evidencia, aunque sea a título presuntivo, que el citado policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal no se rige bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, consagrados en el referido artículo 47 del ordenamiento invocado. Iguales consideraciones deben hacerse respecto de la suspensión del pago de sueldo, ya que en términos de los razonamientos expresados a lo largo del presente considerando, es inadmisible que una persona suspendida en sus funciones de empleado de gobierno, por no seguir los principios de servicios públicos, devengue un salario por su inactividad, ocasionando un detrimento en perjuicio del patrimonio del Estado. Debe destacarse que en el supuesto de que la parte quejosa obtenga un fallo favorecedor a sus intereses en el juicio de garantías, obtendría la restitución pecuniaria por las cantidades que no hubiese cobrado con motivo de la ejecución del acto reclamado, por lo que los daños y perjuicios ocasionados al agraviado con la negativa de la suspensión no son de imposible reparación. En las relatadas circunstancias, se impone declarar fundado el recurso de queja interpuesto por las autoridades responsables. Por lo expuesto y fundado en el artículo 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Es fundado el recurso de queja hecho valer por la directora de Remuneraciones, Prestaciones y Relaciones Laborales, así como del director de Área Sectorial CUH4 Centro, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, contra el auto dictado el veintiséis de junio de dos mil tres por la entonces Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1087/2003."
CUARTO. Las consideraciones del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el diecinueve de enero de dos mil uno el recurso de queja 73/2001, en la parte que interesa, son del tenor literal siguiente:
"CUARTO. En el único agravio hecho valer, el recurrente aduce que resulta erróneo el criterio asumido por el Juez de amparo al negar la medida cautelar solicitada, en virtud de que si bien la consumación del acto reclamado se agota por el solo hecho de su emisión, lo cierto es que existen consecuencias jurídicas que se prolongan en el tiempo causando una afectación en su esfera de derechos, pues no existe barrera legal que impida su continuación; así, estima el recurrente que la suspensión provisional que solicitó, de ninguna manera va encaminada a detener el acto de autoridad en su aspecto formal, sino sólo a suspender los efectos de dicho acto combatido. El agravio hecho valer es fundado. En la demanda de amparo, el quejoso, hoy recurrente, adujo lo siguiente: ‘... La suspensión, provisional y definitiva de los actos reclamados, son procedentes conforme a lo dispuesto por los artículos 124, 125 y 130 de la Ley de Amparo, por cuanto a que con la suspensión no se sigue perjuicio al interés general ni se contravienen disposiciones de orden público. Y no se contravienen disposiciones de orden público, ya que para que a un elemento policiaco se le niegue la suspensión del acto, se requiere que éste haya sido destituido o cesado para encaminar la decisión de negar la suspensión al perjuicio que resienta la sociedad independientemente de la afectación que le resulte al impetrante de garantías, pues al no existir juicio previo, de ninguna manera se puede presumir alguna responsabilidad en el elemento que diese motivo a proteger a la sociedad y al orden establecidos con la negación de la medida suspensional. Además, de que resultan ser los únicos ingresos de los que depende mi familia, por lo que de no concedérseme la suspensión se me causarían perjuicios de difícil reparación.’. Precisado lo anterior, debe decirse que le asiste razón al recurrente, cuando aduce que el Juez de amparo únicamente se pronunció respecto de la emisión del acto reclamado, considerando que tenía el carácter de consumado, pues efectivamente omitió tomar en cuenta que igualmente se reclamaron los efectos y consecuencias de dicha orden. Ahora bien, este Tribunal Colegiado considera que para resolver sobre los efectos y consecuencias del acto reclamado por lo que hace a la suspensión provisional solicitada, es pertinente señalar lo siguiente: Los actos reclamados en la demanda fueron: ‘1. Del subinspector Guillermo Adell Corro, comandante del 50 Agrupamiento de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, se reclama la orden de no permitirme laborar dentro de la policía auxiliar. 2. Del director general de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, se reclamó cualquier acto tendiente a cumplimentar la orden de no permitirme laborar dictada por el subinspector Guillermo Adell Corro, comandante del 50 Agrupamiento de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 3. Del director de Recursos Humanos y Servicios Sociales de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, se reclama el inminente cumplimiento que pudiese dar a la orden dictada por el subinspector Guillermo Adell Corro, comandante del 50 Agrupamiento de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, que se traduce en dejar de cubrir mi salario y demás prestaciones accesorias a que tengo derecho. 4. Del subdirector jurídico de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, se reclama cualquier acto tendiente a cumplimentar la orden dictada por el subinspector Guillermo Adell Corro, comandante del 50 Agrupamiento de la Policía Auxiliar del Distrito Federal.’. Por otra parte, en el segundo punto de los antecedentes hechos valer en el ocurso de referencia, el quejoso señaló que: ‘2. El día 27 de diciembre de 2000, me presenté a laborar normalmente a las instalaciones que ocupa el 50 Agrupamiento de la Policía Auxiliar, checando la tarjeta de asistencia a las 7:00 horas, siendo que treinta minutos después personal de dicho agrupamiento me informa que por órdenes del subinspector Guillermo Adell Corro, comandante del 50 Agrupamiento de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, a partir de ese día ya no podría continuar laborando sin que se me diera a conocer el motivo de tal determinación. Asimismo, me solicitaron que entregara el equipo que tenía a mi cargo, lo que cumplimenté en ese instante ...’. De lo anterior, así como de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la orden emitida por el subinspector, comandante del 50 Agrupamiento de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, reclamada en el juicio de garantías, no cuenta con los elementos suficientes para poder determinar si se trata de una destitución o de una suspensión de carácter temporal, esto es, que existe incertidumbre en el sentido de saber si la orden a través de la cual se le está impidiendo al quejoso, hoy recurrente, laborar en su centro de trabajo como habitualmente lo hacía, es verbal o existe algún documento en el que se precise que la sanción en comento es debido a una destitución o, en su caso, de una suspensión temporal en su empleo, sobre todo por el hecho de que el hoy recurrente aduce que desconoce la existencia de un procedimiento administrativo instrumentado en su contra. Circunstancia que lleva a este Tribunal Colegiado a aplicar el principio de ‘apariencia del buen derecho’ para el caso de la falta de elementos para resolver en un determinado sentido sobre la suspensión provisional del acto reclamado, pues al tratarse, en la especie, de una determinación relativa a la medida cautelar en comento en cuanto a la naturaleza de los actos reclamados, el juzgador debe estarse a lo manifestado por el quejoso, que bajo protesta de decir verdad argumentó en su demanda de garantías y a la naturaleza precisamente del acto reclamado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 15/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 16 del Tomo III, abril de 1996, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión.’. Asimismo, apoya lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el número 528, visible a página 347, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Octava Época, que a la letra dice: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el Juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo.’. Así las cosas, es procedente conceder la medida cautelar solicitada respecto de los efectos y consecuencias de la orden de suspensión relativas al empleo, cargo o comisión que el peticionario de garantías, hoy recurrente, desempeña en la Policía Auxiliar del Distrito Federal, hasta en tanto no se resuelva sobre la suspensión definitiva de dichos actos reclamados. Esto es así, en virtud de que si bien para el supuesto de una destitución este tribunal comparte el criterio consistente en que resulta improcedente conceder la medida cautelar, atendiendo al orden público y al interés social, lo cierto es que éste no resulta aplicable al caso, como lo señala el recurrente, habida cuenta que el referido criterio indica que no procede conceder la suspensión en contra de la orden de baja de un servidor público; sin embargo, dicha hipótesis no cobra aplicación puesto que la aparente orden por la que se suspendió al hoy recurrente no se tiene a la vista y, por ende, se desconocen sus efectos y consecuencias, ya que, como se insiste, no se sabe si se trata de una baja o cese del quejoso como servidor público o sólo de una suspensión temporal. Lo anterior, con la salvedad de que una vez que el Juez del amparo, con los elementos que aporten las partes al juicio, resuelva conforme a derecho proceda respecto de la suspensión definitiva. Es aplicable al caso, la tesis VI.2o.23 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo criterio comparte este Tribunal Colegiado, visible en la página 490 del Tomo III, febrero de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO RECLAMADO, CONCESIÓN DE LA, NO IMPIDE QUE SE RESUELVA NEGÁNDOSE SOBRE LA DEFINITIVA. El auto que concede la suspensión provisional, no vincula al Juez de Distrito a resolver sobre la suspensión definitiva en términos de los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, es decir, no le obliga a conceder la definitiva, puesto que la suspensión provisional opera en forma temporal, limitada a lo que se resuelva con posterioridad sobre la suspensión definitiva, ya que para determinar si se concede o se niega esta última, deben considerarse los elementos de juicio recabados durante la tramitación del incidente de suspensión respectivo.’. En las relatadas condiciones resulta fundado el presente recurso de queja. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. El presente recurso de queja es fundado."
QUINTO. El criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el veinticuatro de septiembre de dos mil uno la queja número 65/2001, en lo conducente, determina:
"SEXTO. Resultan sustancialmente fundados los agravios que se hacen valer, como se pasa a demostrar. En efecto, el Juez de Distrito equiparó la suspensión del cargo del quejoso como gerente de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Puebla, por quince días y sin goce de sueldo, con el cese y estimó que en este último caso existe interés social en que el funcionario removido no continúe en el ejercicio de sus funciones, razón por la cual estimó insatisfecho el requisito de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo y negó la suspensión provisional solicitada. Ahora bien, tal como se aduce en los agravios, lo que se impuso al quejoso fue suspensión sin goce de sueldo por quince días en el cargo que, asegura, a la fecha aún desempeña, sanción que, también afirma, tiene combatida en juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de manera que el asunto merece apreciación distinta, al menos para la suspensión provisional, por lo siguiente: Las figuras jurídicas de la suspensión y cese en el cargo de un servidor público son de naturaleza distinta; en el cese se considera que el servidor removido no resulta ya idóneo para continuar en el desempeño de su cargo, y ahí sí la sociedad está altamente interesada en que no prosiga en tal desempeño, pero en el caso de una suspensión, si bien se está sancionando la irregularidad detectada, no se ha determinado la idoneidad de que se habla, antes bien consumado el tiempo de la suspensión el funcionario reasumirá su cargo, y aquí, entonces, sin dejar de advertir cierto interés social, no es tan alto como el que se da en el caso del cese y sí, por el contrario, si llegare a determinarse en su oportunidad que la medida sancionadora no fue legal, los daños y perjuicios que se inferirán al quejoso serían de difícil reparación, pues se le causarían vejaciones y descrédito, los cuales no se repararían aunque obtuviese sentencia favorable en el juicio de amparo, y por el contrario, si quedara firme en su oportunidad la sanción, ningún impedimento habría ni jurídica ni materialmente para ejercitarla una vez determinada su ilegalidad. Además, no debe perderse de vista que, como lo aduce el recurrente, en términos del artículo 75 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las resoluciones se ejecutarán siempre y cuando estén firmes. Así pues, debe concluirse que en el caso sí están satisfechas las exigencias del artículo 124 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión provisional de los actos reclamados, pues la solicitó el quejoso, con su otorgamiento no se causa grave afectación al interés social ni al orden público, y sí por el contrario, de consumarse el acto se causarían al justiciable daños y perjuicios de difícil reparación, razón por la cual debe concederse tal medida para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan y no se ejercite la suspensión por quince días sin goce de sueldo impuesta a Miguel Ángel Tinoco Rubí, en su cargo de gerente estatal de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Puebla, hasta en tanto se decida lo que procede sobre la suspensión definitiva, en la inteligencia de que esta suspensión no desliga al quejoso de desempeñar su función con total y absoluto apego a la ley, y si no lo hace así quedan expeditas las atribuciones de la autoridad competente para actuar en consecuencia. En este orden de ideas debe declararse fundado el recurso de queja. Por lo expuesto, se resuelve: ÚNICO. Es fundado el recurso de queja interpuesto por Miguel Ángel Tinoco Rubí contra el acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil uno, dictado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1225/2001, mediante el cual negó la suspensión provisional de los actos reclamados."
SEXTO. El veintiuno de enero de dos mil tres, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito resolvió el recurso de queja número 14/2003-II, determinando, en la parte que interesa, lo que enseguida se transcribe:
"CUARTO. Deviene esencialmente fundado el único agravio que formula la parte quejosa, tal como se desprende de los razonamientos lógicos y jurídicos que se plasman enseguida: Se duele la recurrente, en síntesis, de que el auto que en esta vía impugna resulta transgresor de los artículos 124, fracción II y 130 de la Ley de Amparo, toda vez que la Juez de Distrito negó la suspensión provisional de los actos reclamados con el argumento de que la separación de un cargo oficial es un acto que trasciende al interés de la sociedad y es de orden público, en contra del cual no procede la concesión de la medida cautelar, por lo que si en el caso la separación del servidor se debió a supuestas irregularidades en el desempeño del cargo, no procede conceder la suspensión provisional; que dicho criterio es erróneo, manifiesta el recurrente, porque el acto que en el particular se reclama no es un cese o separación del cargo, sino la aplicación de una sanción que consiste en la suspensión de una sanción temporal en el desempeño de las funciones. Continúa manifestando el discorde que en la hipótesis del cese el funcionario separado deja de prestar en definitiva el empleo público al estimarse que ha cometido una falta grave, de tal forma que la suspensión del acto no procede en virtud de que se posibilitaría que las faltas se sigan cometiendo en perjuicio de la sociedad; en cambio, en el caso de la suspensión temporal, ésta se impone cuando la falta no sea tan grave y supone la imposibilidad para desempeñar el cargo por un tiempo determinado, que en el evento es de noventa días, por lo que después de cumplirse la sanción el servidor se puede reincorporar a sus actividades en el empleo oficial, de forma que no se debe estimar que tratándose de la suspensión temporal se afecte el interés social y el orden público al concederse la suspensión de dicho acto de autoridad hasta en tanto se resuelva sobre el fondo del amparo, ya que por la propia naturaleza del acto, éste permite que al cumplirse la sanción el quejoso se reincorpore al cargo federal que desempeña. Añade la parte quejosa, que las tesis que invocó la a quo son inaplicables en el presente evento, pues aluden a la hipótesis en que se reclama la separación o cese del cargo público, y en el juicio de amparo de origen se reclama la aplicación de una suspensión temporal en el desarrollo de la función. Por último, alega el peticionario de amparo, que además de que no se afecta el orden público ni el interés social con la concesión de la medida precautoria en forma provisional, sí en cambio se le ocasionarían daños de imposible reparación si no se otorga la suspensión del acto reclamado, pues amén de que se le afectaría económicamente al no recibir sueldo y prestaciones mientras dure la aplicación de la sanción, la suspensión temporal por el término de noventa días que se pretende ejecutar a partir del dieciséis de enero al quince de abril del año en curso, se tornaría irreparable por el solo transcurso del tiempo; aunado a que se le causaría desprestigio en su trabajo, en su familia y en el entorno social, sin que previamente se haya resuelto si la aplicación de la sanción es legal y válida, ya que al no concederse la suspensión del acto reclamado, aun si se llega a obtener sentencia favorable, la sanción quedaría aplicada irreversiblemente. Pues bien, le asiste la razón al recurrente, pues tal como lo alega, la Juez de primer grado negó la suspensión provisional de los actos reclamados partiendo de un presupuesto equivocado al estimar que en el caso se afectaría el interés social y el orden público por tratarse del cese o separación del cargo de un funcionario oficial cuando el acto reclamado no implica la separación definitiva de ese empleo federal que desempeña el quejoso, sino la aplicación de una sanción administrativa por parte de sus superiores, que consiste en la suspensión temporal del desarrollo de sus funciones. En efecto, según se desprende de las constancias remitidas por la juzgadora primigenia, de pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el quejoso reclamó de la autoridad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18066-3778c0e3/responsabilidades-administrativas-suspension-en-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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