EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. PREVIAMENTE A SU PRÁCTICA EL JUZGADOR DEBE DETERMINAR LA EFICACIA DE LOS INFORMES RENDIDOS POR LAS CORPORACIONES OFICIALES SOBRE LA INVESTIGACIÓN DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
AMPARO EN REVISIÓN 330/2002. BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX-ACCIVAL, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Los agravios que el recurrente expresó, en una parte, son infundados y, en otra, fundados pero inoperantes, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
En la sentencia recurrida el Juez de Distrito concedió al quejoso Juan José Hernández Márquez, el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicitó contra los actos del Juez, secretario ejecutor y notificador, todos del Juzgado Décimo de lo Mercantil de esta ciudad, consistentes en el emplazamiento que por edictos se realizó en los autos del juicio ordinario mercantil 3121/98, porque en suplencia de la queja y después de que examinó la constancia que levantó el notificador al constituirse en busca del quejoso, en el domicilio que se señaló para practicar el emplazamiento y los oficios mediante los cuales la jefa del Departamento de Trabajo Social de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio y el director general de Seguridad Pública Municipal de Zapopan, dieron respuesta a la solicitud del Juez responsable para que se sirvieran girar las órdenes necesarias para localizar e investigar el domicilio de Juan José Hernández Márquez, concluyó que como de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, el emplazamiento por edictos procede cuando el actor manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se trata de personas cuyo domicilio se ignora, previo informe de la policía municipal del domicilio del demandado, mientras que los citados elementos de prueba son insuficientes para considerar que se agotaron los medios para la localización del demandado, por lo que el emplazamiento efectuado no satisface las exigencias legales.
Ahora bien, por razón de técnica, debe darse respuesta, en primer lugar, al agravio en el que el recurrente expone que, en el caso, no se actualizan los supuestos previstos en la tesis de jurisprudencia P./J. 149/2000, porque se refiere a la suplencia de la queja en las materias civil, mercantil y administrativa, respecto de la falta o la ilegalidad del emplazamiento del demandado al juicio natural, en tanto que, en el caso, sí se efectuó por edictos y fue apegado a derecho, porque se cumplieron con las formalidades establecidas en la ley.
Es infundado lo anterior porque el recurrente incurre en una omisión, de principio, al sostener la imposibilidad de suplir la queja, con la afirmación de que el emplazamiento que se realizó es legal cuando, precisamente, éste es el tema de fondo en el amparo que se estudia. Es decir, en el agravio que se estudia se asume la legalidad del emplazamiento y, con ello, se niega la posibilidad de suplir la queja, cuando aún nada se decide de manera firme en torno a él.
Además, la tesis de que se trata debe ser entendida en el sentido que aun en las materias civil, mercantil y administrativa, en los casos en los que se afirme la falta o ilegalidad del emplazamiento, los juzgadores de amparo se encuentran obligados a suplir la deficiencia de la queja, y no pueden dejar de examinar esas cuestiones sólo porque no se haya hecho valer en la demanda de amparo el planteamiento específico. De esto se sigue que tal obligación no se encuentra sujeta a que, en efecto, falte el emplazamiento o sea ilegal, pues si esto sólo puede concluirse examinando el fondo de la cuestión debatida, basta para suplir la queja el que se reclame cualquiera de esos aspectos.
En cambio, son fundados pero inoperantes los agravios en los que se indica que el Juez de Distrito no hizo pronunciamiento respecto del informe rendido por el vocal secretario de la Junta Local del Instituto Federal Electoral, que dejó de valorar la constancia que levantó el secretario ejecutor del juzgado responsable, el veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve, y en el que sostiene que no es correcto el valor probatorio que asignó el Juez de Distrito al acta que levantó el notificador, el primero de abril de mil novecientos noventa y nueve.
Lo fundado deriva de que es cierto que el Juez de Distrito omitió establecer el valor probatorio del informe y las constancias que se mencionaron, y que no es exacto el valor demostrativo que otorgó a la citada constancia, mientras que su inoperancia se debe a que aun así, debe considerarse que el emplazamiento reclamado es ilegal.
Para explicar lo anterior, debe tenerse en cuenta que en este asunto el quejoso reclamó el emplazamiento por edictos mediante el cual se le llamó al juicio ordinario mercantil 3121/98, pero no indicó cuál era su domicilio en el momento que se le emplazó. Por tanto, la litis constitucional quedó circunscrita a establecer la justificación de su realización en esa forma, de manera que es intrascendente determinar el domicilio que tenía el quejoso en ese momento.
Antes de continuar, cabe señalar que este tribunal al resolver el recurso de revisión 891/2001, en sesión celebrada el uno de febrero de este año, sostuvo el criterio de que para ordenar el emplazamiento por edictos, conforme al artículo 117, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles, sólo se requiere que el actor manifieste, bajo protesta de decir verdad, que ignora el domicilio del demandado y que se recabe informe de la policía municipal del domicilio del demandado, y que éste se satisface con el informe de la policía municipal que no localizó al demandado en su último domicilio. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, fundada en las siguientes consideraciones, lleva a este tribunal a apartarse de ese criterio.
Al respecto en el artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles de este Estado, se establece, textualmente, lo siguiente:
"Artículo 117. Procede la notificación por edictos: I. Cuando se trate de personas inciertas; II. Cuando el actor manifieste bajo protesta de decir verdad que se trata de personas cuyo domicilio se ignora, previo informe de la policía municipal del domicilio del demandado. En este caso, el juicio deberá seguirse con los trámites y solemnidades que se establecen para la rebeldía en ausencia del contumaz; y, III. En todos los demás casos previstos por la ley. En los casos de las fracciones I y II de este artículo los edictos se publicarán tres veces, de tres en tres días, en el boletín judicial y en otro diario de mayor circulación en la entidad; en los casos de emplazamiento el edicto contendrá síntesis de la demanda y se le hará saber al demandado que tiene un término de treinta días contados a partir de la última publicación para contestar la demanda, con los apercibimientos que de no hacerlo se le declarará en rebeldía."
De esta transcripción se aprecia que la notificación por edictos, en el caso a que se refiere la fracción II, requiere la manifestación del actor, bajo protesta de decir verdad, que se trata de persona cuyo domicilio se ignora y el previo informe de la policía municipal del domicilio del demandado.
Este informe no tiene por propósito únicamente corroborar el motivo por el que, por ejemplo, no se pudo realizar el emplazamiento en el domicilio que inicialmente se señaló para ello, sino el de hacer patente que la localización de una persona cuyo domicilio se ignora, fue infructuosa a pesar de que se realizaron las investigaciones pertinentes, puesto que lo que permite efectuar el emplazamiento por edictos, no es la imposibilidad de practicarlo en el lugar que se señaló para ese fin, sino el desconocimiento del domicilio del demandado el cual, además, no está referido sólo al actor, sino que debe ser general.
Al respecto, resulta aplicable la tesis de la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3047 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LVIII, que es del tenor siguiente:
"NOTIFICACIÓN POR EDICTOS, INVALIDEZ DE LA. La disposición que autoriza para hacer el emplazamiento por medio de edictos, cuando se ignora el domicilio del demandado, debe entenderse que tiene aplicación a los casos en que la ignorancia es absoluta, al grado de que resulta imposible la localización de la persona que debe ser notificada."
También la tesis, de la misma Sala, consultable en la página 1514 de esa publicación, sólo que del Tomo LXXVI, que dice:
"EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. Para que proceda legalmente es indispensable que el desconocimiento del domicilio del demandado sea de tal manera general, que haga imposible la localización del mismo, ya que el espíritu de la ley, es que la primera notificación para comparecer en juicio, se haga personalmente al demandado, a excepción de aquellos casos en que el actor y, en general, todas las personas con quienes pudiera informarse, ignoren dicho domicilio."
Y la tesis de esa Sala que puede consultarse en la página 303, también de esa publicación, pero del Tomo XCIII, que es del tenor siguiente:
"EMPLAZAMIENTO POR MEDIO DE EDICTOS. Para que pueda estimarse legal, no basta que el actor manifieste que ignora el domicilio del demandado, sino que es necesario que tal ignorancia sea general y haga imposible su localización, pues al ordenar la ley que la notificación del emplazamiento sea personal, persigue que quien es llamado a juicio tenga conocimiento de la reclamación formulada en su contra, y sólo en los casos en que la generalidad ignora el domicilio del demandado, puede emplazársele a éste por medio de publicaciones."
Como se aprecia, la citada Sala se pronunció de manera repetida en el sentido de que para que proceda el emplazamiento por edictos es necesario que el desconocimiento del domicilio del demandado sea de tal manera general, que haga imposible su localización, pues es indispensable que la primera notificación a juicio se haga de forma personal, a excepción de que el desconocimiento de su domicilio sea general.
Este criterio prevalece hasta la fecha, dado que en la tesis de jurisprudencia número 192, visible en la página 156 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, se sostiene lo siguiente:
"EMPLAZAMIENTO DE ACREEDORES EXTRAÑOS AL PROCEDIMIENTO. La Suprema Corte de Justicia ha establecido que no basta la simple afirmación del actor de ignorar el domicilio del demandado, para que sea legal el emplazamiento por edictos en los periódicos, pues para que éste surta efectos legales, es indispensable que esa ignorancia no sea exclusiva y personal, sino de tal manera general, que haga imposible la localización. Ahora bien, aunque la tesis anterior se refiere al emplazamiento en juicio, la misma debe estimarse aplicable al caso de citación de un acreedor extraño al procedimiento, ya que tratándose de la notificación que se le hace con el fin de que pueda presentarse en los autos, para hacer uso de los derechos que la ley le otorga subsisten las razones que consigna dicha tesis."
Esto permite señalar, desde ahora, que el valor probatorio que corresponde al acta que levantó el notificador responsable, el primero de abril de mil novecientos noventa y nueve, para hacer constar que no pudo llevar a cabo el emplazamiento, del ahora quejoso, porque al constituirse en el lugar que se señaló, para ese efecto, observó que la finca en que actuaba estaba desocupada y deshabitada, lo que le corroboró una persona del sexo masculino de quien proporcionó algunas de sus características, pues le informó que el departamento 14 de esa finca tiene casi tres años abandonado, tiene relación con el motivo que la originó, de manera que sólo prueba que el emplazamiento, a que se alude, no se practicó por las causas expuestas por el actuario. De ahí que sea fundado el agravio relativo de que el Juez de Distrito la valoró en función de la afirmación de que el lugar en que se debía practicar el emplazamiento estaba desocupado y abandonado, cuando debió considerarla apta, únicamente, para precisar el motivo por el que no se efectuó el emplazamiento en el lugar señalado para ese efecto. Sin embargo, no tiene razón el recurrente cuando sostiene en el quinto agravio que esa acta acredita el primer requisito para que procediera el emplazamiento por edictos porque, en realidad, no tiene relación con ninguno, pues el hecho de que, en efecto, ese lugar estuviera desocupado y abandonado no colma ninguno de los requisitos necesarios para practicar el emplazamiento de esa forma.
Tampoco la tiene el acta en la que, el veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve, a solicitud de la parte actora el secretario ejecutor dio fe del abandono en que se encontraba el inmueble en que se ordenó practicar el emplazamiento porque, por un lado, se realizó después de ordenado el emplazamiento por edictos, de manera que no puede justificarlo y, por el otro, ningún dato proporciona acerca de la imposibilidad de conocer el domicilio del demandado, que es el tema debatido en el amparo que se revisa.
Ahora bien, la imposibilidad de emplazar al aquí quejoso en el domicilio que se señaló para ese fin, dio lugar a que la parte actora manifestara, bajo protesta de decir verdad, que desconocía el domicilio de los demandados, al tiempo que solicitó se pidiera al director de la Policía Municipal de Zapopan, al delegado del Instituto Federal Electoral y al Departamento de Trabajo Social del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que informaran qué domicilio tienen registrado ante ellas los demandados.
Con motivo de esa petición, el Juez responsable ordenó enviar atentos oficios a las citadas autoridades para que giraran instrucciones a fin de que se hicieran las investigaciones tendientes a localizar a Juan José Hernández Márquez, para lo cual les indicó que su último domicilio es el en que se pretendió realizar el emplazamiento.
Con estos antecedentes, se advierte que el Juez responsable no se limitó a pedir informe del domicilio del demandado a la policía municipal, sino que acudió a otras dependencias (delegado del Instituto Federal Electoral y Departamento de Trabajo Social del Supremo Tribunal de Justicia del Estado) con el propósito de localizar el domicilio del demandado. Sin embargo, los elementos que obtuvo no bastan para considerar que, en el caso, se hizo lo suficiente para localizar al demandado, antes de ordenar que se le emplazara por edictos.
En efecto, en respuesta, la jefa del Departamento de Trabajo Social del Supremo Tribunal de Justicia del Estado manifestó que se acudió al domicilio citado, donde fue atendida por Carlos Navarro, administrador del condominio, quien le informó, después de revisar el registro de los moradores, que no existe dato alguno del procurado, que consultó la guía telefónica sin resultados positivos y que no localizó el domicilio actual del demandado.
Como se puede apreciar, el personal de ese departamento se concretó a entrevistarse con el administrador del condominio que se señaló como último domicilio del demandado, y al no obtener dato alguno de él, consultó la guía telefónica, sin resultados positivos, todo lo cual no puede considerarse una investigación suficiente para considerar que el desconocimiento del domicilio del demandado era general, que es el dato que permitiría el emplazamiento por edictos, y no el solo hecho de que el departamento en que debía practicarse estuviera desocupado o abandonado, ni la falta de dato alguno en la guía telefónica.
El director de Seguridad Pública Metropolitana de Zapopan informó que personal de esa dependencia se constituyó en varias ocasiones en el domicilio proporcionado, sin encontrar a sus moradores y al indagar con los vecinos fueron atendidos por Lourdes Carrera, quien les manifestó que el demandado deshabitó el departamento desde aproximadamente dos años y medio, tiempo en que no lo han vuelto a ver, por lo que se ignora su domicilio actual.
Aun, admitiendo las objeciones que hace el recurrente respecto de la valoración que hizo el Juez de Distrito, en relación a que no tiene trascendencia la falta de anotación del documento con el que se identificó Lourdes Carrera, lo que no es contradictorio con el señalamiento de que la búsqueda fue limitada, lo cierto es que la investigación que practicó la policía no es suficiente para estimar que el desconocimiento del domicilio es general, porque se circunscribió al domicilio que se proporcionó, sin agotar otras posibilidades, de manera que es verdad que no puede considerársele como el resultado de una verdadera labor de investigación, lo que es imprescindible para ordenar que el emplazamiento se realice por edictos, por la trascendencia que tiene esa diligencia.
El vocal secretario del Instituto Federal Electoral manifestó que efectuada una búsqueda a través de los medios magnéticos con que cuenta la Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral de ese instituto, no fue posible localizar los datos que se le solicitaron con los elementos proporcionados.
Este elemento de convicción no fue apreciado por el Juez de Distrito, sin embargo, esa omisión no agravia al recurrente, porque la sola manifestación de que a pesar de que se efectuó una búsqueda a través de los medios magnéticos indicados, sin precisar concretamente cuáles, no fue posible localizar los datos que se le pidieron, no proporciona la convicción suficiente para estimar que se realizaron las actuaciones necesarias para localizar el domicilio del demandado y a pesar de ello no se logró, porque ese informe deja la sensación de que lo infructuoso de la búsqueda se debió a la insuficiencia de los datos proporcionados, sobre todo cuando la notificación por edictos debe realizarse sólo cuando se desconozca el domicilio del demandado, una vez que se hayan agotado los medios necesarios para conocerlo.
Esto da pie para señalar que es infundado el segundo de los agravios, porque a pesar de que es verdad que no existe precepto legal alguno que establezca algún parámetro que permita calificar la eficacia de los informes que se rindan al investigar el domicilio de una persona, lo cierto es que sí es posible determinarla teniendo en cuenta su propósito y trascendencia, es decir, que persigue hacer patente que la localización de una persona cuyo domicilio se ignora, fue infructuosa, debido al desconocimiento general de su domicilio, lo que permitirá ordenar que el emplazamiento se practique por edictos. Y, para ello, deben atenderse los fundamentos de cada informe para establecer la pertinencia de las investigaciones realizadas y lo fundado de sus conclusiones, lo que es acorde con la trascendencia del emplazamiento, dado que su falta o realización de manera contraria a lo que prescribe la ley, es la mayor violación procesal que existe, porque impide al demandado la defensa de sus intereses.
También son infundados los agravios en los que el recurrente cuestiona la cita de dos tesis que hizo el Juez de Distrito para apoyar su conclusión de que el emplazamiento por edictos que se realizó es ilegal, pues aun cuando es cierto que se apoyan en la legislación del Estado de Puebla, que difiere de la de este Estado, lo cierto es que el sentido de la sentencia recurrida no tiene apoyo en ellas, sino que fueron invocadas para corroborar la conclusión alcanzada, esto es, que los informes que se aportaron en cuanto al domicilio del demandado no bastan para considerar que se agotaron los medios necesarios para la localización del demandado, por lo que el emplazamiento efectuado no satisface las exigencias legales, conclusión que es esencialmente acertada según se vio.
Finalmente, debe decirse que sin desconocer el carácter de documentos públicos de los informes que se rindieron, en cuanto al domicilio del demandado y aun valorándolos en su conjunto, no llevan al convencimiento de que el desconocimiento del domicilio del demandado era de tal manera general que era imposible su localización, porque cada uno de ellos muestra deficiencias que no se superan complementándolas entre sí, dado que todos los que los rindieron se limitaron a investigar si el demandado conservaba el domicilio que el propio Juez proporcionó, y al constatar que esto no era así, ninguna autoridad se esforzó por precisar cuál era su nuevo domicilio (una acudió al domicilio que se le proporcionó y se entrevistó con el administrador del condominio y luego consultó la guía telefónica, otra se presentó en varias ocasiones en el domicilio proporcionado y se entrevistó con una vecina y otra más efectuó una búsqueda en sus medios magnéticos, únicamente con los elementos que se le indicaron), por lo que es infundado el cuarto de los agravios.
En estas condiciones, debe confirmarse la sentencia recurrida y concederse al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicitó.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan José Hernández Márquez, contra los actos del Juez, secretario ejecutor y notificador, todos del Juzgado Décimo de lo Mercantil de esta ciudad, precisados en el resultando primero de esta resolución.
Notifíquese; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese este expediente.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Gerardo Domínguez, Gabriel Montes Alcaraz y Rodolfo Moreno Ballinas.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18113-f0e3eb3f/emplazamiento-por-edictos-previamente-a-su-practica-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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