PERSONALIDAD. ES SUFICIENTE COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO PÚBLICO DE LA ESCRITURA DEL PODER PARA JUSTIFICAR LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
AMPARO EN REVISIÓN 522/99. BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Antes de analizar los agravios expuestos por el recurrente, deben estudiarse las causas de improcedencia del juicio de garantías hechas valer por el tercero perjudicado, las cuales resultan infundadas.
En efecto, por escrito presentado el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y nueve, ante este Tribunal Colegiado, José César Flores Rodríguez, en su carácter de tercero perjudicado en el juicio de garantías de donde deriva el presente recurso, manifestó que debía sobreseerse en el mismo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, fracción XII, 21 y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, porque la demanda de garantías resultaba extemporánea, toda vez que el acto reclamado fue notificado al quejoso el seis de mayo de mil novecientos noventa y nueve, como consta en autos, ya que el propio peticionario del amparo lo reconoció en su escrito de demanda, habiendo presentado ésta hasta el veintiocho del mes y año citados.
Al respecto, debe decirse que de las constancias del juicio de garantías se desprende que por escrito presentado el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve, en la Oficialía Común de Partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex-Accival, Sociedad Anónima de Capital Variable, reclamó del Juez Octavo de lo Civil de esta ciudad, la resolución de seis de mayo del año citado, dictada dentro del expediente número 995/98, relativo al juicio ordinario mercantil de nulidad de contrato, promovido en su contra por el tercero perjudicado, a través de la cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto por el actor en el juicio natural, en contra del proveído de catorce de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, revocando dicho auto y dictando otro en su lugar, en el que desechó la contestación de la demanda formulada por el enjuiciado. Dicha resolución se notificó personalmente al demandado el seis de mayo de mil novecientos noventa y nueve (foja 153).
Por otra parte, el propio quejoso en el capítulo IV de su demanda de garantías, manifestó que la resolución reclamada le fue notificada en la fecha señalada; advirtiéndose que el inconforme presentó su demanda de garantías el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.
El artículo 21 de la Ley de Amparo dispone: "El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos.".
De la lectura del precepto transcrito, se advierte que éste contempla tres momentos a partir de los cuales debe computarse el término para la interposición de la demanda de amparo; el primero de los cuales, se refiere a que el cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto la notificación al quejoso de la resolución reclamada.
En la especie, el trámite del juicio natural se siguió conforme a las disposiciones del Código de Comercio, en su redacción anterior a las reformas de que fue objeto por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, el cual establecía en su artículo 1075, que los términos judiciales empezaban a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere hecho la notificación correspondiente; de donde resulta que si la notificación del acto reclamado se llevó a cabo el seis de mayo de mil novecientos noventa y nueve, el término de quince días para presentar la demanda de amparo se inició el siete y concluyó el veintiocho del citado mes y año, descontándose por inhábiles el día diez de mayo por no haberse efectuado labores en los Juzgados de lo Civil de esta ciudad, con motivo del "día de las madres", como consta en el acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en sesión celebrada el veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y nueve, comunicada a este Tribunal Colegiado mediante oficio número 8803, el diecisiete de junio del año citado; así como los días ocho, quince y veintidós por ser sábados y nueve, dieciséis y veintitrés de mayo mil novecientos noventa y nueve, por ser domingos; de donde se concluye que si la demanda de amparo del juicio de donde deriva el presente recurso, se presentó ante el Juez Federal el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve, su presentación se hizo dentro del término de quince días que prevé el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal.
Tiene aplicación al respecto la tesis sustentada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 93, Volúmenes 151-156, Quinta Parte, Séptima Época, que establece: "AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. DÍAS INHÁBILES POR SUSPENSIÓN DE LABORES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.-Los días en que la autoridad responsable deja de laborar, deben considerarse inhábiles y, por tanto, deben descontarse del término para la interposición de la demanda de amparo, toda vez que, de no hacerse así, se reduciría dicho término, en perjuicio del quejoso, quien debe disfrutarlo en toda su amplitud, no sólo en cuanto al factor tiempo que lo determina, sino en cuanto a las posibilidades de aprovechamiento del mismo, pues resulta que en el caso de suspensión de labores en el órgano que dictó la resolución contra la cual se va a solicitar el amparo, los interesados se ven imposibilitados para consultar los autos, consulta ésta necesaria para que pueda preparar debidamente su demanda de garantías.".
También resulta infundada la causa de improcedencia del juicio de garantías que aduce el tercero perjudicado, en su escrito presentado el trece de diciembre de mil novecientos noventa y nueve ante este órgano colegiado, por haber operado un cambio de situación jurídica al haber concluido el juicio natural.
En efecto, de las fotocopias certificadas que se recabaron del juicio natural, mismas que ofreció el tercero perjudicado en el presente recurso de revisión, se desprende que por interlocutoria dictada el doce de agosto de mil novecientos noventa y nueve, el Juez natural revocó el proveído de ocho de junio de mil novecientos noventa y nueve, dictado dentro del expediente número 995/98, y pronunció otro en el que se proveyó que el compareciente por la institución de crédito demandada, no acompañó copia de su escrito de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y nueve, por el que interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva y tampoco acompañó copia de los documentos con los que justificó su personalidad para correr traslado, estimando que no había lugar a proveer de conformidad lo solicitado.
Lo anterior significa, que a través de la interlocutoria citada, el Juez natural acordó no haber lugar a tener por admitido el recurso de apelación interpuesto por la institución de crédito demandada en contra de la sentencia definitiva, lo cual no quiere decir que hayan cesado los efectos del acto reclamado en el juicio de donde proviene el presente recurso, en virtud de que el acto que se reclamó en el juicio de amparo número 723/99, en el que se dictó la sentencia que ahora se revisa, es anterior al desechamiento del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, y no existe base para sostener que al haberse dictado la sentencia definitiva obró un cambio de situación jurídica, quedando irreparablemente consumadas la violaciones reclamadas, puesto que esto sería totalmente injusto para el banco quejoso, ya que al no haberse reconocido la personalidad de quien compareció a contestar la demanda, y teniéndose ésta por no contestada, no tuvo oportunidad de defender sus intereses, ofreciendo las pruebas que estimara necesarias.
Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, los efectos de una sentencia que concede el amparo, consisten en restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación.
Por consiguiente, las causales de improcedencia hechas valer por el tercero perjudicado resultan improcedentes.
QUINTO.-Son fundados los agravios aducidos por el recurrente.
En efecto, de los antecedentes que informan del acto reclamado, se desprende lo siguiente:
Mediante demanda presentada el once de agosto de mil novecientos noventa y ocho, José César Flores Rodríguez, por su propio derecho, promovió juicio en la vía ordinaria mercantil en contra del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima y del notario público número veintidós de esta ciudad, a quienes reclamó las prestaciones siguientes: "a) La nulidad absoluta que declare este órgano jurisdiccional, respecto del contrato que celebré con dicha sociedad crediticia demandada, con fecha diez de julio de mil novecientos noventa y dos, ante la fe del notario público número 22 de esta capital, contrato al cual me refiero en el subsecuente apartado.-Como consecuencia deberá procederse conforme a los artículos 1939 y 1924, fracción V, del Código Civil del Estado de Puebla, es decir, cada una de las partes se debe restituir mutuamente lo que recibieron en virtud o por consecuencia del acto anulado; o en su defecto, deberá procederse de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1946 de la propia codificación civil.-b) En el supuesto de que, a juicio de su Señoría a quien corresponde calificar los alcances de la nulidad del citado contrato, estimara que sólo ha lugar a la relativa, en tal caso se deberá condenar a la institución bancaria al pago de las siguientes prestaciones: I. Declarar insubsistentes o nulas las cláusulas relativas a la forma de calcular los intereses que genera el capital materia del préstamo, esto es, deberá reducirse la tasa de los mismos hasta por la señalada por la ley.-II. Declarar nulas las cláusulas concernientes a que los intereses deban capitalizarse o formar parte del capital, eliminando cualquier práctica ilegal de anatocismo.-III. Modificar las disposiciones contractuales, en el sentido de que los pagos que se han realizado al banco retroactivamente, deberán aplicarse por ministerio de la ley, y en especial por lo dispuesto por el artículo 2259, fracción II del Código Civil del Estado, en primer lugar al capital y satisfecho éste, a los intereses; y que esta situación deberá regir en lo subsecuente hasta la total terminación del objeto del contrato tachado de nulo.-c) El pago de gastos y costas, ocasionados con motivo de la tramitación del presente juicio.".
En el capítulo de hechos de la demanda, el actor expuso que el contrato cuya nulidad promovía se intituló "de crédito con garantía hipotecaria para adquisición de vivienda media", el cual celebró el diez de julio de mil novecientos noventa y dos (fojas 2 a 27).
Por auto de trece de agosto de mil novecientos noventa y ocho, el Juez Civil admitió a trámite la referida demanda, ordenó emplazar a los demandados, agregando lo siguiente: "... Finalmente, en atención a que el juicio ordinario mercantil que se tramita proviene de un contrato celebrado con anterioridad al decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Código de Comercio publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, en términos del artículo transitorio del indicado decreto, no son aplicables las disposiciones contenidas en el mismo, siendo por lo mismo que el trámite del juicio se ventilará conforme a las normas que regían con antelación al indicado decreto." (fojas 29 y 30). Mediante diligencias practicadas el veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y ocho se emplazó a los demandados.
Por auto de catorce de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, el Juez natural tuvo a los demandados contestando en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra (foja 36).
Inconforme con el proveído de catorce de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, a través del cual el Juez Civil reconoció la personalidad del compareciente por la institución de crédito demandada, el actor interpuso recurso de revocación (fojas 108 a 116), el cual se tuvo por admitido el veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (fojas 106), recurso que fue resuelto por el Juez natural mediante interlocutoria dictada el seis de mayo de mil novecientos noventa y nueve, al tenor de los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO.-Se revoca el auto de fecha catorce de diciembre (sic) de mil novecientos noventa y ocho dictado por esta autoridad dentro de los autos del expediente marcado con el número 995/98.-SEGUNDO.-En sustitución de la resolución que hoy se deja insubsistente, se dicta otra cuyo tenor es el siguiente: ‘Agréguese a las presentes actuaciones el escrito de David Arellano Excelente, visto su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1061 del Código de Comercio anterior a las reformas de fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, en lo ordenado por los numerales 33, 78, 252, 257 fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que se aplica supletoriamente a la ley mercantil en términos de lo que señala el diverso 1054 del último ordenamiento legal invocado, y en base a lo que determinan los preceptos 18 fracción I, 135, 136, 140, 142 y demás relativos de la Ley del Notariado de Puebla, téngase por presentado al ocursante haciendo las manifestaciones que de su escrito de cuenta se desprenden, y tomando en consideración que comparece al juicio ordinario mercantil en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex-Accival, S.A. de C.V., y pretende acreditar su personalidad en términos de las copias certificadas notarialmente que al efecto exhibe y no del testimonio notarial respectivo, no ha lugar a reconocer la personalidad con que se ostenta, y más aún que la certificación realizada en el documento que acompaña no cumple los requisitos legales relativos.’.-Independientemente de lo anterior, la contestación de demanda se debe desechar en atención a que como se obtiene de las razones asentadas por el oficial mayor de este juzgado, el reo a su primer escrito no acompañó los documentos a que alude el artículo 1061 del Código de Comercio.-Finalmente, teniéndose en consideración lo anterior, no resta decretar que frente a la falta de contestación de la demanda, se debe tener por contestada en sentido negativo y en rebeldía de Banco Nacional de México, integrante del Grupo Financiero Banamex-Accival, S.A. de C.V." (fojas 138 a 152).
Durante la dilación probatoria tanto el actor como la institución crediticia demandada, ofrecieron las pruebas que estimaron pertinentes.
El dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve, el Juez Civil dictó sentencia en primera instancia al tenor de los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO.-Ha sido competente este tribunal para conocer y fallar en primera instancia el presente juicio ordinario mercantil.-SEGUNDO.-José César Flores Rodríguez, parte actora en este procedimiento judicial, probó su acción.-TERCERO.-Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, no opuso excepciones al haberse desechado la contestación de demanda que al efecto realizó.-CUARTO.-En consecuencia de los resolutivos que anteceden, se declara la nulidad absoluta del contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria celebrado el diez de julio de mil novecientos noventa y dos, entre la institución de crédito denominada Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple y José César Flores Rodríguez, única y exclusivamente en las partes conducentes del contrato en donde se estipuló la creación del sistema denominado ‘esquema financiero’ y los intereses ordinarios y moratorios de tasa variable que dieron como resultado la capitalización de intereses.-QUINTO.-Se decreta que a virtud de operar la nulidad del contrato en cuanto a la fijación de los intereses ordinarios y moratorios y el sistema de esquema financiero, la restitución de intereses y frutos no procede hasta antes de la presentación de la demanda, y que como resultado de ello, una vez que la institución de crédito justifique fehacientemente el saldo a su favor, sin considerar el sistema de esquema financiero y el pacto de intereses, considere en favor del acreditado los pagos efectuados, mismos que se deberán aplicar al importe de la cantidad de doscientos diecisiete mil quinientos pesos, y bajo la premisa de que esta suma genera intereses a razón del dieciocho por ciento anual a partir del once de agosto de mil novecientos noventa y ocho, debiendo considerarse las mensualidades en primer término a la liquidación del capital y el resto a los intereses, y concediéndose el término originalmente pactado en el contrato de fecha diez de julio de mil novecientos noventa y dos a José César Flores Rodríguez para que liquide el saldo a favor del banco una vez precisada su cuantía sobre las bases expuestas.-SEXTO.-Se condena a la parte demandada al pago de las costas causadas con motivo de la tramitación del juicio en su primera instancia, previa su regulación.-SÉPTIMO.-Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, gírense los oficios correspondientes con copias certificadas de la resolución al notario público número veintidós de esta ciudad y al registrador público de la Propiedad y del Comercio para que procedan a hacer las anotaciones en los libros y partidas a su cargo." (fojas 209 a 254).
Inconformes con el fallo de primera instancia, tanto el actor como la institución de crédito demandada interpusieron recursos de apelación, mismos que fueron admitidos por el Juez Civil en los proveídos de veintiocho de mayo (foja 256) y ocho de junio de mil novecientos noventa y nueve, respectivamente (foja 260).
Mediante diversos escritos el actor en el juicio de origen, interpuso recursos de revocación y de apelación en contra del proveído de ocho de junio de mil novecientos noventa y nueve, a través del cual el Juez Civil tuvo a la institución de crédito demandada, interponiendo recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de primera instancia; los citados recursos fueron admitidos por auto de treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve por el Juez natural (fojas 316 a 318).
Por otra parte, de las fotocopias certificadas deducidas del expediente número 995/98, relativas al juicio de primera instancia, de donde derivan los actos reclamados, mismas que fueron ofrecidas como prueba por el tercero perjudicado, se advierte que mediante interlocutoria dictada el doce de agosto de mil novecientos noventa y nueve, dentro de los autos del expediente número 995/98, el Juez Octavo de lo Civil de esta ciudad, resolvió el recurso de revocación interpuesto por José César Flores Rodríguez en contra del auto de ocho de junio del mismo año, en el que el Juez natural admitió a trámite la apelación interpuesta por Alejandro Constantino Vargas Aja, en su carácter de apoderado de la institución demandada, en contra de la sentencia definitiva en la que se revocó el auto impugnado porque no se acompañaron las copias del escrito por el que se interpuso el recurso y del escrito que contiene el poder con el que comparecía el promovente (foja 262).
Mediante demanda fechada el diez de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex-Accival, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió juicio de amparo directo, reclamando del Juez Octavo de lo Civil de esta ciudad, la interlocutoria dictada el doce de agosto del año citado, en el expediente número 995/98, del cual conoció inicialmente el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Puebla y actualmente se radica en este órgano colegiado bajo el expediente número D. 27/2000.
Ahora bien, en el presente caso el quejoso reclamó del Juez Octavo de lo Civil de esta ciudad, la interlocutoria dictada el seis de mayo de mil novecientos noventa y nueve, en el expediente número 995/98, a través de la cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de catorce de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, que revocó el mismo y desechó la contestación de demanda formulada por la institución de crédito enjuiciada.
El Juez Federal en la audiencia constitucional negó al banco quejoso el amparo solicitado, por estimar que la resolución reclamada se encuentra ajustada a derecho, toda vez que del artículo 1061 del Código de Comercio, anterior a las reformas de que fue objeto por decreto publicado el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, se desprende que al primer escrito se deben acompañar el documento o documentos que acrediten el carácter con que el litigante se presente en juicio, en el caso de tener representación de alguna persona y una copia en papel común del escrito y de los documentos; que el demandado en el juicio de origen no cumplió con ese imperativo, siendo correcto el desechamiento de la contestación de demanda; además de que el Juez responsable no reconoció la personalidad del quejoso, en virtud de que ésta no se justificó en términos de lo dispuesto por los artículos 127 y 140 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, ya que contiene una certificación del notario público número treinta de esta capital, en el sentido de que la copia del poder que exhibió concordaba fielmente con su original y que tuvo a la vista, cuando en realidad lo que tuvo a la vista fue un testimonio; que por ello acertadamente el Juez responsable no tuvo por comprobada tal personalidad, siendo éste otro motivo más para tener por contestada la demanda en sentido negativo, citando la tesis que estimó aplicable.
El banco recurrente aduce como agravios que la sentencia recurrida carece de motivación y sustento jurídico; que el Juez Federal interpretó indebidamente el artículo 1061 del Código de Comercio aplicable, toda vez que estimó que dicho precepto legal impone la obligación a los demandados de acompañar una copia del escrito con que se presenten a dar contestación a la demanda respectiva, interpretación que resulta equivocada, ya que desarmoniza con las disposiciones que regulan la contestación de la demanda.
Que el artículo 1061 del Código de Comercio en su fracción I, establece que al primer escrito se acompañarán precisamente "el documento o documentos que acrediten el carácter con que el litigante se presente en juicio, en el caso de tener representación legal de alguna persona o corporación, o cuando el derecho que reclame provenga de habérsele trasmitido por otra persona"; que la frase "cuando el derecho que reclame" correspondiente al precepto legal transcrito, debe entenderse como que el litigante es el que se presenta ante un Juez a reclamar su derecho, siendo obvio que es el actor y no el demandado, ya que este último se presenta al juicio a defenderse del derecho que el actor reclama, por lo que si bien es cierto, que litigante es el que disputa un juicio con otro sobre alguna cosa, ya sea como actor, ya como reo, no menos cierto resulta que el dispositivo legal referido alude al actor, quien es el que se presenta a reclamar un derecho.
Que la errónea interpretación que el Juez de Distrito hizo del artículo referido, provocó parcialidad en la sentencia recurrida.
Que el Juez Federal aplicó supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, sin embargo lo hizo parcialmente y no en forma íntegra, ya que de haberlo hecho de esta última forma, advertiría que el artículo 28 del ordenamiento legal citado dispone que "La frase ‘correr traslado’ significa que se entreguen las copias, en los casos en que la ley lo disponga o lo ordene la autoridad judicial"; de lo que se desprende que los litigantes estarán obligados a agregar copias del traslado de manera limitativa, para las hipótesis a que se refiere el precepto en comento; que el Juez Federal se extralimitó al abarcar situaciones jurídicas distintas a las preceptuadas; que si en la especie no existe disposición legal que determine la carga procesal de anexar copias para correr traslado, tratándose de la contestación de demanda, es incuestionable que el juzgador de amparo va más allá de lo que la ley exige.
Que el Juez Federal interpretó erróneamente el artículo 33 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, ya que el mismo no contempla la carga procesal que refiere el Juez Federal; que suponiendo sin conceder que dicho precepto no fuera claro, basta remitirse al artículo 34 del mismo ordenamiento, el cual dilucida el problema, ya que prevé que la carga procesal mencionada sólo se aplica de manera general al escrito de interposición de la demanda y excepcionalmente a la contestación de ésta, siendo dicho supuesto en el caso de la reconvención y de la demanda incidental, de ahí que si solamente existen las citadas hipótesis, es ilegal aplicarlo a casos diversos como lo hizo el Juez Federal.
Que además el artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, al referirse a la contestación de demanda, no impone la carga procesal referida; que el Juez Federal desestimó las tesis que citó; que suponiendo sin conceder que fuera necesario acompañar a la contestación de la demanda copias para correr traslado de la misma, lo cierto es que dicha omisión no provoca el desechamiento del escrito respectivo.
Que en su demanda de garantías expresó su inconformidad con el criterio sostenido por el Juez Octavo de lo Civil de esta ciudad, consistente en que consideró insuficiente la copia certificada del testimonio notarial que contiene el poder general por el que acredita su personalidad como apoderado del banco demandado; que también expresó que cuando las copias certificadas por notario público se expiden con los requisitos que marca la ley, deben valorarse como documentos públicos en términos de lo dispuesto por los artículos 1237 y 1292 del Código de Comercio, 136, 138 y 140 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla; y no como lo sostuvo la responsable; que el Juez Federal respecto de la copia certificada del mandato exhibida, sostuvo los mismos razonamientos que el Juez responsable; que el Juez de Distrito interpretó erróneamente el artículo 127 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, ya que en el caso del mandato, con el testimonio exhibido se acredita la personalidad de quien lo ejerce, que del texto del precepto citado se desprende que el testimonio acredita el derecho dimanado del contenido del instrumento, con el que el titular en su caso podrá ejercer las acciones correspondientes, debe entenderse que si en dicho testimonio se contiene un contrato, es necesario exhibir el original del mismo; que del análisis de los artículos 136 y 138 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, se deduce como primera premisa, que las copias certificadas son documentos públicos, y como segunda premisa, que los documentos públicos mientras no se demuestre su falsedad probarán plenamente el acto en ellos consagrado; luego entonces, la copia certificada del mandato exhibido demuestra el mismo y de manera alguna se encuentra investido del principio de incorporación a que alude el Juez Federal, no siendo aplicable la tesis que citó el Juez de Distrito, registrada con el número 211607, Octava Época, Tomo XIV-Julio, Segunda Parte, visible a fojas 661, de rubro: "MANDATO. LA COPIA CERTIFICADA NOTARIALMENTE NO ES SUFICIENTE PARA EJERCERLO."; sin embargo, el Juez de amparo desatendió la tesis que invocó en su demanda de garantías.
Que el Juez Federal omitió pronunciarse sobre el argumento consistente en que erróneamente se restó valor a la copia certificada del poder notarial con el que acreditó su personalidad, sosteniendo que el notario actuó fuera de su jurisdicción, siendo que atacó dicha cuestión, porque el Juez responsable se apoyó en el mismo para desestimar dicho instrumento notarial; que precisó la circunstancia consistente en que la copia citada por el notario "es la del testimonio" y no del protocolo, porque debe observarse detenidamente la razón que contiene la certificación de mérito, para advertir que resulta correcta y suficiente para demostrar la personalidad del compareciente por la parte demanda.
Ahora bien, de las constancias de autos se advierte que por proveído de catorce de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, el Juez natural acordó lo siguiente: "Agréguese a sus autos el escrito de David Arellano Excelente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1054, 1399 del Código de Comercio; se tiene al ocursante apersonándose en el presente juicio, con el instrumento notarial número treinta y tres mil quinientos siete, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex-Accival, S.A. de C.V., y con ese carácter se le tiene señalando domicilio para recibir sus notificaciones y autorizando para recibirlas a los profesionistas que indica. Asimismo se le tiene dando contestación a la demanda instaurada en contra de su representada, oponiendo las excepciones que de su escrito de cuenta se desprenden." (foja 36).
El veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y ocho el Juez del conocimiento tuvo al actor en el juicio natural, interponiendo recurso de revocación en contra del auto que tuvo al banco actor contestando la demanda y oponiendo excepciones; dicho recurso fue resuelto el seis de mayo de mil novecientos noventa y nueve, revo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6444-0f5be19f/personalidad-es-suficiente-copia-certificada-por-notario-publico · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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