QUEJA. ES IMPROCEDENTE ESTE RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE POR PRACTICADA UNA NOTIFICACIÓN EN TÉRMINOS DE LA PARTE FINAL DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE AMPARO.
QUEJA 15/2004. SUBPROCURADOR FISCAL FEDERAL DE AMPAROS, EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTRAS.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Deviene innecesario analizar la parte considerativa del acuerdo impugnado, así como los agravios que en su contra aduce el impugnante, toda vez que este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que el actual recurso de queja debe desecharse, atento las subsecuentes consideraciones.
Para mejor compresión del asunto, conviene determinar tanto la naturaleza jurídica como el objeto del incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 32 de la Ley de Amparo, así como del recurso de queja que contempla la fracción VI del artículo 95, del citado cuerpo legal.
Los artículos en comento estatuyen:
"Artículo 32. Las notificaciones que no fueren hechas en la forma que establecen las disposiciones precedentes, serán nulas. Las partes perjudicadas podrán pedir la nulidad a que se refiere este artículo, antes de dictarse sentencia definitiva, en el expediente que haya motivado la notificación cuya nulidad se pide, y que se reponga el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad.
"Este incidente, que se considerará como de especial pronunciamiento, pero que no suspenderá el procedimiento, se sustanciará en una sola audiencia, en la que se recibirán las pruebas de las partes, se oirán sus alegatos, que no excederán de media hora para cada una y se dictará la resolución que fuere procedente. Si se declarare la nulidad de la notificación, se impondrá una multa de uno a diez días de salario al empleado responsable, quien será destituido de su cargo, en caso de reincidencia.
"Las promociones de nulidad notoriamente infundadas se desecharán de plano y se impondrá al promovente una multa de quince a cien días de salario."
"Artículo 95. El recurso de queja es procedente:
"...
"VI. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley."
Como se ve, el primero de los preceptos reproducidos prevé el denominado incidente de nulidad de notificaciones, que se caracteriza por ser un procedimiento de carácter sumario que tiende a resolver una controversia de carácter adjetivo relacionada inmediata y directamente con el asunto principal.
El objeto de dicha incidencia se constriñe en la declaración de invalidez de una determinada notificación practicada en un juicio de amparo cuando se hubiere realizado en contravención a las normas que la rigen, con la consecuencia de que habrá de reponerse el procedimiento a partir de ese momento procesal, de tal modo que la resolución que se dicta en el incidente sólo decide acerca de la nulidad de una determinada notificación, así como respecto de las consecuencias que derivan de esta declaratoria.
Las reglas establecidas en la Ley de Amparo para la práctica de notificaciones, se encuentran contempladas en los artículos 27 a 31 y 33 del ordenamiento en cita. Luego, la que no fuere hecha conforme a esos dispositivos estará afectada de nulidad, otorgándose al perjudicado la posibilidad de hacer valer el incidente relativo para que así se declare, y se ordene reponer el procedimiento a partir del momento en que se dejaron de observar las reglas establecidas al respecto.
En conclusión, la materia del incidente de que se habla, consiste en un análisis de la legalidad de la notificación que debe realizarse en términos de los artículos precitados de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, con el objeto de que el tribunal declare la nulidad o confirme la validez de una practicada en el juicio de garantías.
Por otra parte, la queja prevista en la fracción VI del numeral 95 de la ley en comento, tiene la naturaleza jurídica de un auténtico recurso, en virtud de que procede contra resoluciones que dictan generalmente los Jueces de Distrito durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 de la Ley de Amparo y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva. Es procedente, igualmente, contra las resoluciones que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean éstas reparables por la propia autoridad o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley.
En la hipótesis que se examina (fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo), el recurso de queja tiene por objeto que el Tribunal Colegiado revise la legalidad de una resolución dictada por el Juez de Distrito, determinando el primero de los nombrados si la revoca, confirma o modifica.
Debe decirse que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, así como lo establecido en el diverso artículo 32 de este último, las notificaciones en el juicio de amparo se presumen válidas mientras no sean declaradas nulas por el propio órgano jurisdiccional que las realizó, lo que implica que a la parte afectada por la notificación le corresponde la carga de probar que ésta se realizó en contravención a las normas que la rigen, pues de no promoverse el incidente respectivo o de declararse infundados los agravios vertidos en el mismo, la notificación surtirá todos sus efectos legales.
En esa tesitura, si se toma en consideración, por un lado, que el único medio de impugnación previsto en la Ley de Amparo para analizar la legalidad de una notificación practicada en el juicio es el incidente de nulidad de notificaciones y, por otro, que mientras no se declare la nulidad de la notificación debe considerarse válida para todos los efectos legales correspondientes, se concluye que no pueden ser materia del recurso de queja previsto en la fracción VI del artículo 95 de la ley de la materia, ni deben ser analizados en el mismo los agravios dirigidos a combatir la validez de una notificación.
Resulta exactamente aplicable a lo antes expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 45/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en la página 193 del tomo XVIII, del mes de septiembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y sinopsis subsecuentes:
"QUEJA. NO SON MATERIA DE ESTE RECURSO LOS AGRAVIOS DIRIGIDOS A COMBATIR LA VALIDEZ DE UNA NOTIFICACIÓN PRACTICADA EN UN JUICIO DE AMPARO.-El artículo 32 de la Ley de Amparo prevé el incidente de nulidad de notificaciones como el único medio de impugnación para analizar la legalidad de una notificación practicada en el juicio de garantías, cuando ella se hubiere realizado en contravención a las normas que la rigen, por lo que su objeto es declarar la invalidez de aquélla, con la consecuente reposición del procedimiento a partir del momento de esa declaratoria, a efecto de integrar debidamente el proceso, lograr su validez formal y garantizar a las partes su derecho de defensa, de ahí que mientras no se haya declarado nula dicha notificación, se presume válida y surte plenamente sus efectos. Ahora bien, como el objeto del recurso de queja previsto en la fracción VI del artículo 95 de la ley citada, consiste en analizar la legalidad de las consideraciones expuestas por el Juez en la resolución impugnada, y no en determinar si una de las notificaciones practicadas en el juicio de amparo tuvo que realizarse de cierta forma, lo cual es materia exclusiva del incidente referido, los agravios dirigidos a combatir la validez de una notificación practicada en el juicio de garantías no pueden ser materia de tal recurso."
En el caso, la responsable recurrente combate el proveído de once de diciembre de dos mil tres (y el telegrama a través del cual lo conoció, de veintiséis posterior) en el que el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, tuvo al administrador del Servicio Postal Mexicano devolviendo la pieza postal y el sobre cerrado que contenía la copia certificada de la sentencia constitucional dictada en el juicio de amparo de origen, que había sido enviado para su notificación al presidente de la República y al secretario de Hacienda y Crédito Público, por conducto del subprocurador Fiscal Federal de Amparos.
En el acuerdo de mérito el a quo consideró que toda vez que en tales sobres devueltos aparecía un sello con la leyenda "rehusado por la Oficialía de Partes de la Procuraduría Fiscal de la Federación", se advertía que el auxiliar del Servicio Postal Mexicano encargado de notificar a las autoridades responsables se constituyó en las oficinas de las citadas autoridades y que al momento de entregar la pieza postal y el sobre mediante el cual se le notificaba la resolución constitucional, se negaron a recibirlo, por lo que en términos de los artículos 28 y 33 de la Ley de Amparo, que en lo que estimó conducente reprodujo, la notificación debía estimarse hecha de conformidad con el aludido artículo 33 y debía surtir sus efectos legales, por lo que desde la fecha de emisión del proveído que nos ocupa se les tenía por notificadas legalmente a las autoridades precitadas de la sentencia constitucional.
En su único agravio, la parte recurrente alega que el Juez de amparo, al dictar el acuerdo impugnado infringe lo dispuesto en los artículos 28, fracción I, y 33 de la Ley de Amparo, por inexacta aplicación del último de los citados preceptos, debido a que consideró erróneamente tener por hecha la notificación de la sentencia constitucional sin que se hubieren colmado los supuestos que estableció dicho numeral.
Que en el caso no se cumplen los supuestos previstos en el citado numeral para tener por hecha la notificación, ya que para esto debían cumplirse dos extremos, en principio, que las autoridades o los encargados de recibir la correspondencia se negaren a recibir los oficios y, en segundo lugar, la obligación de que el actuario nombrado por el Juez para el efecto de llevar a cabo la notificación, haga constar la supuesta negativa de la autoridad a recibir el oficio, el nombre de la autoridad o persona con la que se entendió la diligencia y, en su caso, si se niega a firmar o a recibir el oficio.
Por lo que alega, no se cumplió con el procedimiento establecido en el artículo 33 para tener por hecha la notificación, ya que en ningún momento compareció el actuario a las oficinas de esta autoridad para el efecto de verificar dicha negativa y para recabar la razón y firma o nombre de la autoridad que se niega a recibir la notificación, lo que lo deja en estado de indefensión, ya que el Juez la tiene por hecha sólo con la razón de "rehusado por la Oficialía de Partes de la Procuraduría Fiscal de la Federación", sin que se corrobore la certeza de la negativa por parte de la autoridad, lo que resulta violatorio de las garantías contenidas en el artículo 17 constitucional.
Toda vez que el asunto refiere a la aplicación del artículo 33 de la ley de la materia, conviene realizar su transcripción.
"Artículo 33. Las autoridades responsables estarán obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, en materia de amparo, ya sea en sus respectivas oficinas, en su domicilio o en el lugar en que se encuentren. La notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina; y si se negaren a recibir dichos oficios, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga. El actuario respectivo hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio."
El precepto transcrito establece que las autoridades responsables tienen obligación de recibir todos los oficios que les remitan los Jueces Federales en que consten notificaciones de las resoluciones judiciales, y que tales oficios pueden ser recibidos por la propia autoridad responsable o por el encargado de recibir la correspondencia en su oficina.
Asimismo, dispone que en el caso de que la autoridad responsable o el inferior encargado de recibir la correspondencia de su oficina o dependencia, se negaren a recibir oficios derivados de un juicio de amparo, se tendrá por practicada la notificación y surtirá sus efectos legales, en tanto que la responsable estará obligada a acatar la resolución de referencia. Al respecto, el numeral precisa que el actuario del Juzgado de Distrito respectivo hará constar en acta el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y si se negó a firmarla o a recibir el oficio.
En el caso concreto, medió una determinación del Juez de Distrito, merced a la cual, se decidió que la notificación de la sentencia culminadora se tuviera por practicada, aspecto que constituyó la fase terminal del acto de comunicación procesal. La intervención de aquél al emitir el acuerdo recurrido está comprendida, entonces, en el proceso notificatorio, dado el sistema sui generis que adopta en ese aspecto nuestra Ley de Amparo.
Por ende, la litis en el presente recurso versa en determinar si tomando en consideración lo que dispone el artículo 33 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al tener por hecha una notificación, sustentando la negativa de las autoridades responsables a recibir la notificación únicamente en los sobres devueltos en los que aparece un sello de la oficina postal con la leyenda "rehusado por la Oficialía de Partes de la Procuraduría Fiscal de la Federación", o si era necesario que tal circunstancia fuese razonada por un actuario en una diligencia.
De lo que se sigue que la materia del recurso de queja se circunscribe en determinar si una de las notificaciones del juicio de amparo tenía que realizarse de cierta forma, lo que es materia exclusiva del incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 32 de la Ley de Amparo, siendo inconcuso que el presente recurso de queja deviene improcedente al fin propuesto.
Se dice lo anterior, ya que la ilegalidad del auto impugnado se hace depender de la determinación del Juez de amparo de tener por practicada una notificación en términos del artículo 33 de la Ley de Amparo, porque se alega, la misma se tuvo por hecha en contravención a las normas que la rigen, de ahí la improcedencia del recurso, porque de otra manera tendría que analizarse la validez o invalidez de la notificación alegada, cuando como se dijo, el único medio para analizar tales cuestiones es el incidente de nulidad previsto en el artículo 32 de la ley de la materia.
Resulta ilustrativo el criterio del entonces Cuarto Tribunal Colegiado de este circuito, que este órgano jurisdiccional federal comparte, consultable en la página 1155 del tomo VII, correspondiente al mes de enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA EJECUTORIADA UNA SENTENCIA DE AMPARO. ESTUDIO IMPROCEDENTE DE LA INVALIDEZ DE LA NOTIFICACIÓN.-Si bien el recurso de queja procede contra el auto que declara ejecutoriada la sentencia dictada por un Juez de Distrito, ello no significa que en ese recurso pueda analizarse la validez de la notificación de la sentencia, sino que tal examen debe ser, en todo caso, materia del incidente de nulidad de notificaciones previsto por el artículo 32 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, y no del recurso de queja, en el que debe tenerse como válida la notificación, mientras no exista una declaración de nulidad de la misma."
No es óbice a la decisión que se asume, el hecho de que el artículo 32 de la ley de la materia que regula el incidente de nulidad, prevea que podrá promoverse hasta antes de dictarse sentencia definitiva, y que el auto combatido fue dictado con posterioridad al fallo constitucional, toda vez que tal disposición no impide que pueda hacerse valer contra las notificaciones realizadas después del pronunciamiento de la sentencia de amparo, tal como lo ha sostenido el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia de rubro: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES, INCIDENTE DE. PROCEDE CONTRA LAS QUE SE LLEVAN A CABO CON POSTERIORIDAD AL DICTADO DE LA SENTENCIA."
En consecuencia, al resultar improcedente el recurso de queja para combatir el auto de que se trata, con fundamento en el numeral 97, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con el diverso 95, fracción VI, del citado ordenamiento legal, lo que procede es imponer su desechamiento.
Análogo criterio se acogió por este Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver las quejas 6/2004 y 13/2004, en sesiones plenarias de cuatro de febrero y cuatro de marzo de dos mil cuatro, respectivamente.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-Se desecha el recurso de queja interpuesto por el subprocurador Fiscal Federal de Amparos, en suplencia por ausencia del procurador Fiscal de la Federación, oficial Mayor, subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos y Egresos y del secretario de Hacienda y Crédito Público, este último, a su vez, en representación del presidente de la República, contra el auto de once de diciembre de dos mil tres, y su notificación, dictado por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, en el juicio de amparo indirecto número 1857/2002.
Notifíquese como corresponda y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que integran los Magistrados Jorge Meza Pérez, Jesús R. Sandoval Pinzón y Juan Bonilla Pizano, siendo ponente el último de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18120-aacbd94b/queja-es-improcedente-este-recurso-contra-la-resolucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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