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Modo: Corpus Pro

RENTA, LEY DEL IMPUESTO RELATIVO. SÍ EXISTE MATERIA PARA CONCRETIZAR LOS EFECTOS DE LA EJECUTORIA QUE CONCEDE EL AMPARO RESPECTO DE SU ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XI, VIGENTE EN 2003, NO OBSTANTE LO RESUELTO EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/2003.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 514/2003. · Registro digital (IUS): 17975
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUBPROCURADOR FISCAL FEDERAL DE AMPAROS, POR AUSENCIA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE LOS SUBSECRETARIOS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE INGRESOS, DE EGRESOS, DEL OFICIAL MAYOR Y DE
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, , Pág. 1488.

AMPARO EN REVISIÓN 514/2003. SUBPROCURADOR FISCAL FEDERAL DE AMPAROS, POR AUSENCIA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE LOS SUBSECRETARIOS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE INGRESOS, DE EGRESOS, DEL OFICIAL MAYOR Y DEL PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN; Y EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Se analizan a continuación los cuatro agravios propuestos por la autoridad recurrente.

Por razón de método, este Tribunal Colegiado realiza el estudio conjunto del primero y segundo agravios, toda vez que en ambos se aduce que debe sobreseerse el juicio de amparo, en tanto que:

- Existen hechos supervenientes que demuestran que han cesado los efectos del acto reclamado, ya que en la acción de inconstitucionalidad 9/2003, el Pleno de la Suprema Corte resolvió declarar la invalidez del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para dos mil tres; de manera que el acto reclamado en el juicio ya no existe y, consecuentemente, éste quedó sin materia (primer agravio).

- No es posible concretizar los efectos del amparo que marca el artículo 80 de la ley de la materia, ya que lo procedente sería incluir a los quejosos dentro de la exención prevista en el numeral impugnado; sin embargo, al ser invalidado éste mediante la resolución que recayó a la acción de inconstitucionalidad 9/2003, ya no existe ningún beneficio que pueda otorgárseles (segundo agravio).

A fin de resolver estos planteamientos, procede citar el texto del artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se prevén los efectos de las sentencias que resuelvan una acción de inconstitucionalidad, y que es del siguiente tenor:

"Artículo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia."

De conformidad con este precepto, es claro que la declaratoria de invalidez decretada en la acción de inconstitucionalidad 9/2003 respecto del artículo 109, fracción XI, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil tres, opera a partir del diecisiete de junio de este año, según se desprende de los resolutivos de la propia ejecutoria.

Asimismo, se aprecia que la sentencia no tiene efectos retroactivos, de donde se colige que la declaratoria de invalidez no puede afectar hechos acontecidos con anterioridad, como lo fue el primer acto de aplicación del artículo en perjuicio de los quejosos.

Por tanto, lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 9/2003 no es suficiente para determinar el sobreseimiento del juicio.

Respecto a que no pueden concretizarse los efectos del fallo protector, debe establecerse que para la impugnación de la exención prevista en el artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se requiere que haya existido el pago de una gratificación con la correspondiente retención del impuesto, requisitos sin los cuales la acción constitucional sería improcedente.

De manera que si el precepto declarado inconstitucional por el a quo reviste naturaleza de heteroaplicativo, viéndose por ello obligados los quejosos a demostrar un acto concreto de aplicación en su perjuicio, aun cuando sea ya imposible incluirlos dentro de la exención de mérito, es inconcuso que los efectos del fallo protector pueden concretizarse mediante la devolución de la cantidad que enteraron como primer acto de aplicación de la norma, así como de los subsecuentes, siempre que hayan tenido verificativo antes de la declaratoria de invalidez realizada por nuestro más Alto Tribunal.

Es aplicable al caso, la tesis 2a. XIV/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 347 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, que establece en sus rubro y texto:

"LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS.-De conformidad con lo ordenado por el artículo 80 de la Ley de Amparo y lo establecido en la tesis de jurisprudencia número 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 195, que lleva por rubro: ‘LEYES AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.’, el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; de esta forma, cuando se estima por el juzgador de amparo que una norma general viola la Constitución, el efecto de su sentencia debe ser que dicha disposición nunca se le aplicará al quejoso, de lo que se sigue que las autoridades exactoras que recaudaron contribuciones con base en estas normas están obligadas a restituirle a la quejosa las cantidades que, como primer acto de aplicación de las mismas se hayan enterado, pero también de las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido, y la restitución de las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional implica que las cantidades erogadas por mandato de la norma inconstitucional le sean restituidas al quejoso."

Conforme a lo hasta aquí expuesto, son infundados los dos primeros agravios de la autoridad recurrente.

En otro aspecto, se analizan también conjuntamente los agravios tercero y cuarto por la estrecha relación que guardan.

Así pues, en el tercero de ellos se manifiesta que:

- El legislador no se apartó del requisito constitucional de equidad al no incluir dentro de la exención prevista en el artículo que se defiende a los trabajadores de la iniciativa privada, ya que por el contrario, recogió la intención del Constituyente que a través del artículo 123, apartados A y B, determinó tal distinción.

- Los trabajadores de la iniciativa privada y los que se encuentran al servicio del Estado pertenecen a diversos grupos de trabajadores, por lo que la Ley del Impuesto sobre la Renta puede prever un trato distinto entre ellos.

- El a quo no demostró que exista un trato discriminatorio, al no acreditar que a personas de una misma categoría se les dé un trato diverso respecto del pago del impuesto.

- El precepto declarado inconstitucional respeta el artículo 31, fracción IV, de la Ley Suprema, porque atiende a categorías de sujetos cuyas diferencias son notorias, además de que éstas no se determinaron de manera arbitraria, sino con base en elementos objetivos.

- No existe un trato diferenciado, pues considerando las características personales de los trabajadores que prestan sus servicios al Estado, todos ellos disfrutarán de la exención.

En tanto que en el cuarto agravio, aduce medularmente lo siguiente:

- Al detectar el legislador la marcada diferencia entre unos y otros trabajadores, estableció la exención en un acto de justicia tributaria, buscando el equilibrio entre los dos grupos de trabajadores dadas las circunstancias que los diferencian.

En términos de las anteriores síntesis, es evidente que la recurrente pretende demostrar con sus agravios que la exención ilimitada en favor de los trabajadores al servicio del Estado que se prevé en el artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respeta el principio de equidad tributaria porque los trabajadores apuntados y aquellos de la iniciativa privada pertenecen a grupos diversos, como lo revela el artículo 123, apartados A y B, de la Constitución General de la República; sin embargo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 49/2002, estableció lo siguiente:

"RENTA. LEY DEL IMPUESTO RELATIVO. SE ENCUENTRAN EN UN PLANO DE IGUALDAD LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SU SERVICIO A UN PATRÓN Y QUIENES LO HACEN AL ESTADO.-Aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diferencias entre la relación jurídica de los patrones con sus trabajadores, por una parte, y la relación entre el Estado y sus servidores, por la otra, derivadas de su naturaleza jurídica, ello trasciende a la materia laboral y aun a la competencia de los tribunales que conocen de las respectivas controversias, pero para efectos tributarios tales diferencias no existen. En ese sentido, del análisis integral de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, se concluye que los trabajadores al servicio del Estado y de las entidades federativas se ubican en la misma hipótesis de causación del impuesto, establecida en el artículo 110 de la ley citada, que los demás trabajadores asalariados, por los ingresos que perciben por concepto de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, pues todos ellos experimentan modificación patrimonial positiva al recibir gratificaciones y tienen derecho a las mismas deducciones personales, por lo que, en principio, deben encontrarse sometidos al mismo régimen tributario, ya que la ley no prevé, en ninguno de sus apartados, un grupo o categoría especial en la que hubiere ubicado a los trabajadores al servicio del Estado y de las entidades federativas, con lo que se confirma que éstos se encuentran, esencialmente, en igualdad frente a la ley tributaria en mención, con los demás trabajadores asalariados."

Ahora bien, aun cuando este criterio hace mención en su segunda parte a la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente durante el ejercicio fiscal de dos mil dos, lo cierto es que en su primera parte contiene una declaratoria general en cuanto a que las diferencias entre los trabajadores de la iniciativa privada y los que prestan sus servicios al Estado, inciden en la materia laboral y en los órganos jurisdiccionales que deben resolver las respectivas controversias, mas no así en la relación tributaria de los mismos.

Así pues, a juicio de este órgano jurisdiccional, el pronunciamiento de nuestro más Alto Tribunal en este sentido resulta suficiente para que se surta la competencia de este órgano jurisdiccional para resolver la presente revisión en términos de lo dispuesto por el artículo 37, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federación, en relación con el punto quinto, fracción I, inciso D), del Acuerdo General Número 5/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De igual modo, la jurisprudencia en cuestión y que resulta obligatoria para este cuerpo colegiado según lo ordena el numeral 192 de la Ley de Amparo, permite determinar que no le asiste la razón a la autoridad en cuanto a sus pretensiones, resultando así inoperantes sus agravios tercero y cuarto, por existir pronunciamiento jurisprudencial que resuelve el planteamiento que encierran.

Por tanto, procede confirmar la sentencia recurrida en lo que es materia de la revisión, dada la ineficacia de los agravios propuestos por la autoridad recurrente.

Conviene establecer que idénticas consideraciones a las antes realizadas llevó a cabo este Tribunal Colegiado al resolver por unanimidad de votos y en sesiones de veintisiete de agosto y tres de septiembre, ambos de dos mil tres, en su orden, los amparos en revisión 349/2003 y 373/2003.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Guillermo Espinoza Montaudon y Guillermo Rafael Somerville Caso, por cuanto hace a los actos y autoridades relacionados con la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el año de dos mil tres.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido.

Así por unanimidad de votos de los señores Magistrados Óscar Germán Cendejas Gleason (presidente), María Simona Ramos Ruvalcaba y José Ángel Mandujano Gordillo, lo resolvió este Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el primero de los nombrados.

Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 49/2002 citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 8.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17975-65bcac43/renta-ley-del-impuesto-relativo-si-existe-materia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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