IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO. CUANDO SE RECLAMA COMO HETEROAPLICATIVO, LA APLICACIÓN DEL TRIBUTO NO SE DA EN EL MOMENTO DE SU CAUSACIÓN SINO EN EL QUE SE PAGA, O NO SE ACREDITA CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LA DECLARACIÓN RESPECTIVA.
AMPARO EN REVISIÓN 184/2003. SUBPROCURADOR FISCAL FEDERAL DE AMPAROS, EN AUSENCIA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, QUIEN REPRESENTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DE LOS SUBSECRETARIOS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE INGRESOS, DE EGRESOS, DEL OFICIAL MAYOR Y DEL PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Conforme a lo establecido en el punto quinto, fracción I, inciso A), del Acuerdo General 5/2001 emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se declara firme por falta de impugnación de la parte a la que afecta, el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito en relación con los actos reclamados al secretario de Hacienda y Crédito Público, presidente del Servicio de Administración Tributaria y administrador local de Recaudación de Puebla Sur, conforme al considerando segundo de la resolución que se revisa; así como respecto de los actos reclamados consistentes en la inconstitucionalidad de los artículos 32, fracción I, 113, 116, 117, 118 y 119 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en términos del considerando cuarto del propio fallo.
Como sustento de lo anterior, se cita la jurisprudencia que sostuvo la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 313 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice:
"REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES.-Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquellos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente."
De la misma manera, se hace patente que este tribunal no advierte causa de improcedencia alguna que deba analizarse oficiosamente, o que las tratadas y desestimadas en primera instancia puedan abordarse desde otro enfoque, al tiempo que la autoridad responsable recurrente no plantea ninguna en sus agravios.
Por otro lado, se deja en claro que el gravamen reclamado se impugna como heteroaplicativo, para lo cual basta que se haya demostrado, como sucedió, el acto de aplicación en la declaración de impuestos respectiva efectuada el catorce de febrero de dos mil tres.
Como apoyo de lo anterior, se cita la tesis que sostiene este tribunal, consultable en la página 1383 del Tomo XVIII, septiembre 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"-En esta hipótesis hay que justificar la existencia del primer acto de aplicación para la procedencia del juicio de amparo, que consiste en haber efectuado la declaración provisional del mismo en la que aparezca el pago a cuenta del impuesto del ejercicio conforme a la tasa establecida en la ley, aplicada a la base o, en su defecto, en la que conste que, no obstante que se efectuaron retenciones del impuesto sobre la renta por concepto de pago de salarios, no se acreditó en contra de este último el crédito al salario aplicado en favor de los trabajadores, pues es a partir de este momento en que el gravamen incide en la esfera jurídica de los patrones. No puede sostenerse jurídicamente que la aplicación del tributo se da en el momento de su causación, porque la obligación de pagar el crédito al salario subsistía desde antes de la entrada en vigor de la ley reclamada, pero a diferencia de ésta, el patrón sí podía deducir el mismo al momento de enterar el impuesto sobre la renta retenido a sus trabajadores, según se desprende del contenido de los artículos 80, 80-A, 80-B y 81 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil uno, es decir, en el ejercicio inmediato anterior al en que se creó el impuesto reclamado; de tal manera que el mero pago del crédito al salario por sí solo ningún perjuicio causaba, dado que estaba permitido su acreditamiento. Así, el perjuicio con motivo del impuesto sustitutivo del crédito al salario se genera al obligar al patrón a enterar el tres por ciento del total de los salarios que pagó, junto con el impuesto sobre la renta retenido, o al impedirle acreditar el crédito al salario liquidado a sus trabajadores al tributar el impuesto sobre la renta retenido o causado de manera directa. Tampoco puede sostenerse que el impuesto sustitutivo del crédito al salario se aplica en el momento de pago del crédito al salario a los trabajadores porque esta obligación ya se imponía desde que se creó dicho beneficio a favor de éstos y que por no haberse impugnado estaríamos ante una obligación consentida, pues la reclamación del impuesto sustitutivo del crédito al salario no se da por la aplicación del mecanismo del crédito al salario (que se toma del impuesto sobre la renta retenido) sino por impedir su acreditamiento contra el impuesto sobre la renta (lo que antes no sucedía) o por obligar a tributar el tres por ciento del total de los salarios pagados. En consecuencia, cuando el gravamen reclamado se impugna como heteroaplicativo hay que demostrar únicamente que se llevó a cabo el acto omisivo o positivo en mención."
Por lo demás, con la declaración de impuestos que la quejosa allegó al juicio constitucional, se advierte que efectuó el pago del impuesto sustitutivo del crédito al salario, es decir, no ejerció la opción de no pagarlo conforme a lo dispuesto en el artículo 115, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; sin embargo, no por ello no se puede determinar que existió consentimiento al respecto.
Como apoyo de lo anterior, aplicada a contrario sensu, se cita la jurisprudencia P./J. 57/2003, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de veintiocho de octubre de dos mil tres, aún no publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"CRÉDITO AL SALARIO. EL EJERCICIO DE LA OPCIÓN QUE, DENTRO DEL SISTEMA RELATIVO AL IMPUESTO SUSTITUTIVO DE AQUÉL, ESTABLECE EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL TRES, NO IMPLICA EL CONSENTIMIENTO DEL TRIBUTO.-En la tesis de jurisprudencia número P./J. 96/2001 el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia estableció: ‘CONSOLIDACIÓN FISCAL. LOS ARGUMENTOS RELATIVOS A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS REFORMAS QUE ENTRARON EN VIGOR EL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, POR VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, RESULTAN INOPERANTES.’, sustentando la inoperancia de los planteamientos de inconstitucionalidad en que los contribuyentes tenían la opción de pertenecer o no al régimen de consolidación fiscal, el que desde sus orígenes fue concebido como un beneficio fiscal para ciertas empresas a fin de aumentar la productividad y creación de empleos; en tales términos se otorgó la oportunidad a las empresas que reunieran ciertos requisitos de acogerse al citado régimen, el que una vez autorizado resultaba obligatorio por un periodo de cinco años; por tanto, era incongruente que las empresas que estaban en posibilidad de abandonar el citado régimen, una vez concluido el plazo obligatorio, lo combatieran por considerarlo inconstitucional, si voluntariamente decidían mantenerse en él. Tal situación no se actualiza en relación con el impuesto sustitutivo de crédito al salario, ya que en éste, la opción que ejercieron las quejosas recae en la forma en que debe cumplirse la obligación fiscal (pago) y no se trata de un régimen de beneficio al que expresamente se hubiesen sometido por un periodo obligatorio determinado, sino que todas las personas físicas y morales que realicen erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado en territorio nacional, siempre están obligadas a seguir una de las opciones que establece el artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal dos mil tres (de acuerdo con las reformas que se le hicieron en el artículo tercero, ‘Impuesto sustitutivo del crédito al salario’, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de treinta de diciembre de dos mil dos) y no puede estimarse consentida la forma que eligieron para calcular el impuesto."
SÉPTIMO.-Los agravios que expone la autoridad recurrente deben calificarse como inoperantes, como enseguida se precisa.
Como se pone de relieve del estudio de las constancias de autos, para el recurso de revisión sólo subsiste el tema de inconstitucionalidad de ley respecto de los artículos 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y disposición única del artículo tercero transitorio de dicha ley, que fueron parcialmente reformados mediante decreto publicado el treinta de diciembre de dos mil dos.
Así las cosas, este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, tiene competencia para conocer y resolver el fondo de este asunto conforme a lo establecido en el punto quinto, fracción I, inciso D), del Acuerdo General 5/2001 ya mencionado con anterioridad, en virtud de que existe jurisprudencia en relación con el impuesto sustitutivo del crédito al salario vigente para dos mil tres.
Así es, el Pleno del Alto Tribunal determinó que el citado tributo contraviene el principio de proporcionalidad tributaria, como así queda de manifiesto de su jurisprudencia P./J. 58/2003, aprobada en sesión de veintiocho de octubre anterior, aún no publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"CRÉDITO AL SALARIO. EL IMPUESTO SUSTITUTIVO DE AQUÉL, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL TRES, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, POR INCURRIR EN EL MISMO VICIO A QUE SE REFIERE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA NÚMERO 11/2003.-Dicha jurisprudencia es aplicable al mencionado artículo transitorio vigente en el ejercicio fiscal dos mil tres (reformado en el artículo tercero, ‘Impuesto sustitutivo del crédito al salario’, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de treinta de diciembre de dos mil dos), dado que subsisten las razones fundamentales que dieron lugar a declarar la inconstitucionalidad del anterior precepto vigente en el año de dos mil dos, por violación al principio de proporcionalidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, constitucional. Esto es así, porque aquel precepto establecía la opción de que los contribuyentes que realizaran erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado en territorio nacional pagaran el impuesto sustitutivo del crédito al salario, mediante el entero de una cantidad equivalente a la que resultara de aplicar la tasa del 3% sobre el total de la base gravable, o bien, que podían no pagarlo, aunque en este supuesto se les impedía disminuir del impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros aquellas cantidades que entregaran a sus trabajadores por concepto de crédito al salario, por un importe igual al que hubiesen tenido que pagar de no haber ejercido esta última opción. En relación con este sistema el Tribunal Pleno de la Suprema Corte sostuvo que los contribuyentes quedaban obligados a tomar en cuenta no sólo las erogaciones que realizaran por la prestación de un servicio personal subordinado, sino también un elemento ajeno a su capacidad contributiva, como lo es el crédito al salario que en efectivo debían entregar a sus trabajadores, cuyo monto no depende del contribuyente sino de los sueldos que en forma individual percibían cada uno de sus empleados, así como de las tarifas que establecía el artículo 115 de la referida ley, desconociéndose con ello su potencialidad real para contribuir al gasto público. Tal vicio de inconstitucionalidad subsiste en las reformas al referido artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para el ejercicio fiscal dos mil tres, pues aun cuando se pretendió suprimir el requisito relativo a la ‘no disminución del crédito al salario’, lo cierto es que dicho precepto establece como condición para ejercer la opción de ‘no pago’, que los contribuyentes cumplan con lo previsto por el artículo 115 de dicha ley, esto es, que deberán ‘enterar conjuntamente con las retenciones que efectúen ... un monto equivalente al crédito al salario mensual que hubiesen calculado’, lo cual evidencia que se sigue tomando en cuenta el crédito al salario pagado a los trabajadores, dado que no desaparece la consecuencia directa e inmediata de entregar al fisco federal el importe de ese crédito al salario, por lo que el vicio de inconstitucionalidad subsiste al considerarse de nuevo ese elemento que es ajeno a la capacidad contributiva de quienes realizan erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado."
Con la transcripción de la aludida jurisprudencia, se da respuesta integral al problema de fondo planteado en los agravios, por lo que resulta innecesario que este cuerpo colegiado dé mayores elementos para apoyar la decisión del Juez de Distrito, en relación con la inconstitucionalidad de los preceptos respecto de los cuales subsiste la materia de esta revisión.
Como apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia que sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 21 del Tomo V, abril de 1997, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA.-Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado."
Por lo que, por sus propios y legales fundamentos, debe confirmarse la resolución recurrida.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 90 y 92 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la resolución de treinta de mayo de dos mil tres, dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo número 280/2003.
SEGUNDO.-Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Transportes Santiago Matanzo del Río, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de los actos reclamados al secretario de Hacienda y Crédito Público, presidente del Servicio de Administración Tributaria y administrador local de Recaudación de Puebla Sur, así como de los actos reclamados consistentes en la inconstitucionalidad de los artículos 32, fracción I, 113, 116, 117, 118 y 119 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, conforme a lo dispuesto en el considerando sexto de esta ejecutoria.
TERCERO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Transportes Santiago Matanzo del Río, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra los actos que reclamó del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de Gobernación y director del Diario Oficial de la Federación, consistentes en la discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se establecen, reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario, de treinta de diciembre de dos mil dos, en específico, por lo que concierne a los artículos 115, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y tercero transitorio de dicha ley que establece el impuesto sustitutivo del crédito al salario.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese este expediente.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Jaime Raúl Oropeza García (presidente), Manuel Rojas Fonseca (ponente) y Sergio Armando Ruz Andrade, secretario autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia concedida a la Magistrada María del Pilar Núñez González.
Nota: Las tesis de rubros: "CRÉDITO AL SALARIO. EL EJERCICIO DE LA OPCIÓN QUE, DENTRO DEL SISTEMA RELATIVO AL IMPUESTO SUSTITUTIVO DE AQUÉL, ESTABLECE EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL TRES, NO IMPLICA EL CONSENTIMIENTO DEL TRIBUTO." y "CRÉDITO AL SALARIO. EL IMPUESTO SUSTITUTIVO DE AQUÉL, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL TRES, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, POR INCURRIR EN EL MISMO VICIO A QUE SE REFIERE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA NÚMERO 11/2003.", citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, octubre de 2003, páginas 5 y 6, respectivamente.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17960-b4db9cb2/impuesto-sustitutivo-del-credito-al-salario-cuando-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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