PRUEBAS EN MATERIA LABORAL. LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE DICTAR UN ACUERDO QUE HAGA EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DE TENER POR CIERTOS PRESUNTIVAMENTE LOS HECHOS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR CON LA INSPECCIÓN SOBRE DOCUMENTOS QUE EL PATRÓN DEBE CONSERVAR, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 70/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción denunciada, se hacen las siguientes transcripciones:
El órgano denunciante, Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en el expediente número ADL. 787/2003, resuelto en sesión de diez de marzo del año dos mil cuatro, dice:
"SEXTO. En principio será motivo de análisis el motivo de inconformidad que se refiere a la existencia de violación a las reglas del procedimiento laboral, porque de resultar fundado haría innecesario el estudio de los restantes. El apoderado legal de las quejosas señala lo siguiente: a) Que en la audiencia trifásica celebrada el veintidós de mayo de dos mil dos, en el expediente número 47/2001, se ofreció, entre otras, la inspección ocular que debería realizarse en el domicilio de la demandada sobre las listas de raya, nóminas de personal, recibos o comprobantes de sueldos o salarios, tarjetas de control de asistencia y demás documentación que acostumbre llevar o utilice para el manejo de su personal, por el periodo comprendido del veintidós de noviembre de dos mil al veintidós de noviembre de dos mil uno, con la finalidad de acreditar que los nombres de los actores aparecen en dichos documentos como trabajadores de la demandada. Petición que la Junta responsable acordó favorable en acuerdo de diecinueve de agosto de ese año, apercibiendo a la parte demandada con fundamento en el artículo 828 de la Ley Federal del Trabajo, que de no exhibir la documentación requerida se tendrían por presuntivamente ciertos los hechos que la parte actora pretende probar. Que la inspección tuvo verificativo el veinticuatro de septiembre siguiente, en donde el actuario adscrito a la Junta del conocimiento hizo constar la negativa de la apoderada legal de la demandada a exhibir la documentación respectiva. b) Que las actoras Alma Rosa Jiménez Riquelme y Sandra Sol Mora, en la audiencia trifásica celebrada el dieciséis de octubre de dos mil dos, en el expediente 101/2002 -acumulado al 47/2001- ofrecieron para acreditar la relación laboral, la inspección ocular en los mismos términos en que se asentó en el inciso precedente, por el periodo del seis de marzo de dos mil uno al seis de marzo de dos mil dos. Pedimento que fue acordado favorable por la Junta responsable en la propia audiencia, apercibiendo a la demandada en términos del artículo 828 de la ley obrera patronal, que de no exhibir la documentación requerida, se tendrían por ciertos los hechos que se pretenden probar. Que la inspección se llevó a cabo el catorce de noviembre de ese año, en la que el actuario adscrito a la autoridad del trabajo hizo constar que la apoderada legal de la parte demandada se negó a exhibir la documentación respectiva. Agrega que la Junta responsable no acordó sobre los resultados de las inspecciones practicadas, menos que hiciera efectivo los apercibimientos que hizo a la demandada en términos de lo dispuesto por el artículo 828 de la Ley Federal del Trabajo, y tuviera por presuntivamente ciertos los hechos que se pretenden probar, lo que constituye una infracción a las leyes del procedimiento laboral que afectó las garantías individuales de las quejosas, porque al no haber tenido por presuntivamente ciertos los hechos, en el laudo no podía soportar su decisión en las probanzas de mérito, por tanto, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo. El anterior concepto de violación es infundado por las consideraciones siguientes. En efecto, la parte actora con el objeto de justificar la existencia de la relación de trabajo que dice las unió con la demandada ofreció, entre otras, la inspección ocular en los juicios acumulados 47/2001 y 101/2002, que debería realizarse en el domicilio de la demandada sobre las listas de raya, nóminas de personal, recibos o comprobantes de sueldos o salarios, tarjetas de control de asistencia y demás documentación que acostumbre llevar o utilice para el manejo de su personal, por los periodos comprendidos del veintidós de noviembre de dos mil al veintidós de noviembre de dos mil uno, así como del seis de marzo de dos mil uno al seis de marzo de dos mil dos, respectivamente; por su parte, la Junta responsable admitió las inspecciones aludidas, en su orden, en acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil dos (foja 586 vuelta del juicio laboral) y en la audiencia de dieciséis de octubre de ese año (foja 613), apercibiendo en ambos casos a la parte demandada que en caso de no exhibir los documentos requeridos se tendrían por ciertos presuntivamente los hechos que se pretenden probar en términos del artículo 828 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, las inspecciones de que se trata se verificaron el veinticuatro de septiembre y catorce de noviembre de dos mil dos, con el resultado siguiente: ‘En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las diez horas del día veinticuatro de septiembre del año dos mil dos, en mi carácter de actuario judicial me constituí asociada del apoderado legal de la actora licenciado Habib Castro Hernández al domicilio de la demandada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sito en Periférico Sur Poniente número 412, fraccionamiento Bugambilias de esta ciudad y cerciorada de ser el domicilio correcto por así indicármelo la nomenclatura oficial y razón social que tengo a la vista y por el dicho de quien en este acto se encuentra presente licenciada Patricia Verónica Cuesta Vázquez en su carácter de apoderada legal de la demandada a quien le hago saber el motivo de mi presencia dando lectura en voz alta del proveído de fecha 19 de agosto de 2002 en el que se ordena llevar a cabo el desahogo de la inspección ocular ofrecida en el apartado 7 de la diligencia de fecha 22 de mayo de 2002. En este acto el suscrito actuario requiero a la demandada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de la licenciada Patricia Verónica Cuesta Vázquez me exhiba en este acto las listas de raya, nóminas de personal, recibos o comprobantes de sueldos o salarios, listas o tarjetas de control de asistencia y demás documentación que acostumbre llevar el instituto demandado o utilice para el manejo de su personal, por un periodo comprendido del 22 de noviembre de 2000 al 22 de noviembre de 2001. En este acto el suscrito actuario judicial hago constar y doy fe de que la demandada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a través de su apoderada legal licenciada Patricia Verónica Cuesta Vázquez no me exhibe la documentación requerida materia de la inspección ocular. No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente diligencia dando cuenta de su resultado al presidente de esta Junta a fin de que se sirva proveer conforme a derecho. Doy fe. T «se dice» firman los que en esta diligencia intervinieron y así quisieron hacerlo. Doy fe. El actuario licenciada Cristina Isela Méndez Vilaseca.’. (fojas 588 y 589). ‘En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las diez horas del día catorce de noviembre del año dos mil dos, en mi carácter de actuario judicial me constituí asociada del apoderado legal de la actora licenciado Daniel Lazos Castro al domicilio de la demandada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sito en el Periférico Sur Poniente número 412, fraccionamiento Bugambilias de esta ciudad y cerciorada de ser el domicilio correcto por así indicármelo la razón social que tengo a la vista y por el dicho de quien en este acto se encuentra presente licenciada Patricia Verónica Cuesta Vázquez en su carácter de apoderado legal de la demandada a quien le hago saber el motivo de mi presencia dando lectura en voz alta del proveído de fecha 16 de octubre de 2002 en el que se ordena llevar a cabo el desahogo de la inspección ocular. En este acto el suscrito actuario requiero a la demandada me exhiba las listas de raya, nóminas de personal, recibos o comprobantes de sueldos o salarios, listas o tarjetas de control de asistencia y demás documentación que acostumbre llevar el instituto demandado o utilice para el de su personal por un periodo comprendido del 6 de marzo de 2001 al 6 de marzo de 2002, con el fin de acreditar que los nombres de las actoras aparecen en la documentación materia de la inspección como trabajadoras de la parte demandada ISSSTE. En este acto el suscrito actuario judicial hago constar y doy fe que la demandada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a través de su apoderado legal licenciada Patricia Verónica Cuesta Vázquez no me exhibe la documentación requerida materia de la presente inspección ocular. En uso de la voz que se le concede al apoderado legal de la demandada licenciada Patricia Verónica Cuesta Vázquez manifiesta: En relación con la inspección solicitada por el apoderado legal dentro de la audiencia tercero llamado a juicio y de la contestación a la aclaración y ampliación de la demanda de fecha 16 de octubre de 2002 esta inspección ocular se encuentra viciada desde su origen ya que mi representada no cuenta con la documentación requerida en virtud de que las actoras y mi representada en ningún momento existió relación laboral alguna y mucho menos se formalizó contrato alguno de prestación de servicio para tiempo determinado, por lo que la documentación requerida en este acto no es posible exhibirla por lo antes manifestado, por lo que solicito a nombre de mi representada sea desechada de plano la inspección ocular. Expuso y firma al margen para constancia. En uso de la voz que se le concede al apoderado legal de la actora, licenciado Daniel Lazos Castro, manifiesta: Que en relación con las manifestaciones realizadas por el apoderado legal de la parte demandada, solicito no sean tomadas en cuenta toda vez que en el momento oportuno no objetó dicha prueba, considerando también que dichas declaraciones son de manera subjetiva y sin ningún fundamento legal, por lo que solicito a esta autoridad que en el momento de dictarse el laudo correspondiente no se le otorgue ningún valor probatorio. Expuso y firma al margen para constancia. No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente diligencia dando cuenta de su resultado al presidente de esta Junta a fin de que se sirva proveer conforme a derecho. Se tienen por hechas las manifestaciones de las partes para todos los efectos legales a que haya lugar, firmando los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo. Doy fe. El actuario licenciada Cristina Isela Méndez Vilaseca.’ (fojas 768 a 770). Como puede advertirse de lo transcrito, la apoderada legal de la parte demandada no exhibió los documentos que le fueron requeridos por el actuario adscrito a la Junta responsable, sin que se advierta algún proveído en el que se atendiera la razón del actuario en el sentido de dar cuenta a su superior de dicha circunstancia, o bien, en donde se hiciera efectivo el apercibimiento a la parte demandada, como aduce el apoderado legal de las inconformes; sin embargo este órgano de control de legalidad estima que dicha omisión no constituye una violación a las reglas del procedimiento laboral que haya dejado sin defensa a las quejosas que amerite la concesión del amparo en términos de la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque la prueba de inspección aparece regulada en la Ley Federal del Trabajo, bajo los artículos 827 a 829, que son como sigue: ‘Artículo 827. La parte que ofrezca la inspección deberá precisar el objeto materia de la misma; el lugar donde debe practicarse; los periodos que abarcará y los objetos y documentos que deben ser examinados. Al ofrecerse la prueba, deberá hacerse en sentido afirmativo, fijando los hechos o cuestiones que se pretenden acreditar con la misma.’. ‘Artículo 828. Admitida la prueba de inspección por la Junta, deberá señalar día, hora y lugar para su desahogo; si los documentos y objetos obran en poder de alguna de las partes, la Junta la apercibirá que, en caso de no exhibirlos, se tendrán por ciertos presuntivamente los hechos que se tratan de probar. Si los documentos y objetos se encuentran en poder de personas ajenas a la controversia se aplicarán los medios de apremio que procedan.’. ‘Artículo 829. En el desahogo de la prueba de inspección se observarán las reglas siguientes: I. El actuario, para el desahogo de la prueba, se ceñirá estrictamente a lo ordenado por la Junta; II. El actuario requerirá se le pongan a la vista los documentos y objetos que deben inspeccionarse; III. Las partes y sus apoderados pueden concurrir a la diligencia de inspección y formular las objeciones u observaciones que estimen pertinentes; y IV. De la diligencia se levantará acta circunstanciada, que firmarán los que en ella intervengan y la cual se agregará al expediente, previa razón en autos.’. De los preceptos aludidos se advierte que la prueba de inspección, tiene por objeto que el tribunal verifique, por conducto del funcionario facultado para ello, hechos que no requieran de conocimientos técnicos, científicos o artísticos especiales, esto es, la existencia de documentos, cosas o lugares y sus características específicas, perceptibles a través de los sentidos. De allí su utilidad, sobre todo en los casos en que el objeto a inspeccionar no puede ser trasladado ante la presencia del tribunal. Que la parte oferente de la inspección deberá precisar el objeto materia de la misma, indicando el lugar donde habrá de practicarse, los periodos que abarcará y los objetos y documentos que deban ser examinados. Que admitida la inspección, la Junta debe señalar día, hora y lugar para su desahogo, y si los documentos y objetos obran en poder de alguna de las partes, debe apercibirla que, en caso de no exhibirlos, se tendrán por ciertos presuntivamente los hechos que se tratan de probar. Finalmente, que en su desahogo el actuario se ceñirá estrictamente a lo ordenado por la Junta, requerirá que se le pongan a la vista los documentos y objetos que deben inspeccionarse, pudiendo estar presentes las partes y sus apoderados, incluso formularán objeciones u observaciones que estimen pertinentes, además que se levantará acta circunstanciada que firmarán los que intervinieron, la que se agregará al expediente, previa razón en autos. Todos los supuestos mencionados se cumplieron a cabalidad en el caso que nos ocupa, pues como se indicó en párrafos precedentes, las actoras en los juicios laborales acumulados ofrecieron la inspección precisando el objeto materia de la misma, indicaron el lugar donde habría de practicarse, los periodos que abarcaría y los documentos que debían examinarse; la Junta responsable al admitir la prueba señaló los días, horas y lugar para su desahogo, además apercibió a la parte demandada que, de no exhibirlos, se tendrían por ciertos presuntivamente los hechos que se tratan de probar; finalmente, el actuario desahogó la misma, siguiendo los requisitos establecidos en el artículo 829 del ordenamiento invocado. En ese orden de consideraciones, no se advierte violación a las reglas del procedimiento laboral que haya dejado sin defensa a las quejosas, conforme a lo dispuesto por la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece: ‘En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: ... III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente hayan ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley’; pues las diligencias de inspección fueron recibidas conforme a los lineamientos establecidos por la ley obrera patronal. Luego, la circunstancia señalada por el apoderado de las quejosas respecto de que la autoridad del trabajo no se pronunció sobre el resultado de las inspecciones, menos que hiciera efectivo el apercibimiento decretado, no constituye una violación al procedimiento, porque ajustó su actuación a lo establecido por el artículo 828 de la Ley Federal del Trabajo que le impone como obligación la de que una vez admitida la prueba de inspección señale día, hora y lugar para su desahogo, y si los documentos u objetos a inspección se encuentran en poder de alguna de las partes, la aperciba que, en caso de no exhibirlos, se tendrán por ciertos presuntivamente los hechos que se traten de probar, como así lo hizo al admitir las inspecciones solicitadas por la parte actora en los juicios laborales acumulados, pues de la lectura del precepto aludido, se advierte que no contiene disposición alguna que obligue a la Junta a hacer efectivo el apercibimiento decretado en un acuerdo posterior al desahogo de la inspección, ya que para el caso que la parte requerida no exhiba los documentos que se le piden ponga a la vista del fedatario, la consecuencia es una sanción jurídica consistente en que se tendrán por ciertos presuntivamente los hechos que se pretenden demostrar con ese medio de prueba, es decir, ante el incumplimiento de la obligación de la parte a quien se requiere la exhibición de los documentos u objetos materia de la inspección, se genera en su contra una sanción, consistente, como ya se dijo, en que se tendrán por ciertos presuntivamente los hechos que se pretenden probar, acorde al texto literal del artículo 828 de la ley en cita, de ahí que ninguna duda deja el dispositivo de mérito en cuanto a su interpretación en ese aspecto, sin que esto impida a la parte en contra de quien se genera la presunción aportar los medios probatorios que la ley de la materia reconoce y admite para desvirtuarla, porque la referida sanción no es absoluta, sino que existe la posibilidad de desvirtuar esa presunción con otra u otras pruebas. También es infundado el argumento relativo a que al no pronunciarse respecto del resultado de la inspección y hacer efectivo el apercibimiento, la autoridad laboral no puede soportar su decisión en el laudo con base en esa prueba, pues ningún precepto de la ley obrera patronal establece en esos casos, como consecuencia jurídica, que la inspección carezca de valor probatorio, porque en términos de los artículos 836, 840, fracción IV y 841 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta se encuentra obligada a tomar en cuenta las actuaciones que existan en autos, a enumerar las pruebas desahogadas y a dictar el laudo a verdad sabida y buena fe guardada, sin necesidad de sujetarse a formalismos sobre estimación de pruebas, por tanto, el valor probatorio de la inspección sólo puede derivar del resultado objetivo de su desahogo, en relación con los demás medios probatorios ofrecidos por las partes en el procedimiento laboral, mas no de la pretendida falta de pronunciamiento de la responsable sobre la consecuencia que produce el apercibimiento señalado en el artículo 828 de la ley en consulta, como pretende hacer valer el apoderado legal de las amparistas; pues en todo caso, lo que puede producirse es una violación formal si la Junta omite pronunciarse sobre la prueba aludida o respecto del valor probatorio que pudiera tener, al momento en que dictara el laudo que resuelva la controversia. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la tesis visible en la página 357, Tomo X, octubre de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘INSPECCIÓN PRUEBA DE, LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE DICTAR EL ACUERDO QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DE TENER POR PRESUNTIVAMENTE CIERTOS LOS HECHOS QUE SE PRETENDEN PROBAR CON LA. CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO.’ (se transcribe). Sin embargo, el referido criterio no se comparte, atento las siguientes consideraciones: Como se estableció en párrafos precedentes, el artículo 828 de la Ley Federal del Trabajo dispone: (se transcribe). La redacción del artículo impone, como única obligación a la Junta del conocimiento, el deber de apercibir a la parte obligada a exhibir los documentos y objetos materia de la inspección que, en caso de no exhibirlos, se tendrán por ciertos presuntivamente los hechos que se pretenden probar, mas no señala que deba pronunciar un acuerdo posterior en el que haga efectivo ese apercibimiento y tenga por presuntivamente ciertos los hechos, por tanto, se estima que contrario a lo sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, basta que la autoridad laboral en el momento de admitir la prueba de inspección ofrecida por alguna de las partes, conforme con lo dispuesto por el artículo 827 del ordenamiento en cita, haga el apercibimiento a la parte que está obligada a exhibir los documentos u objetos materia de la inspección, para que la prueba se haya recibido acorde con lo establecido por el dispositivo 828 de la Ley Federal del Trabajo, de ahí que la falta de pronunciamiento aludido, no puede constituir una violación a las reglas esenciales del procedimiento en términos de la fracción III de la Ley de Amparo, como señala dicho órgano de control constitucional, porque en todo caso, lo que sí constituiría la violación procesal sería la circunstancia de que la Junta omitiera realizar el apercibimiento establecido por el numeral en cita, porque eso daría lugar a que aquélla no pudiera tener por presuntivamente ciertos los hechos que se pretenden probar, si no se exhibieran los documentos requeridos con el consecuente perjuicio a la parte que ofreció dicha probanza, pues con esa omisión, es claro que sí se actualizaría lo establecido en el dispositivo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, porque la prueba de mérito no la habría recibido conforme al artículo 828 de la ley en consulta. De igual manera, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, sostiene la tesis aislada consultable a página 288, Tomo X, septiembre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que reza: ‘INSPECCIÓN, PRUEBA DE. CARECE DE VALOR PROBATORIO PARA TENER POR CIERTOS PRESUNTIVAMENTE LOS HECHOS QUE CON LA MISMA SE PRETENDEN ACREDITAR SI LA JUNTA OMITE HACER EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN TAL SENTIDO.’ (se transcribe). Criterio que tampoco se comparte, con base en las siguientes consideraciones: Ya se estableció que del texto literal del artículo 828 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que admitida la inspección, cuando se trate de documentos que obren en poder de una de las partes éstas, tendrán la obligación de presentarlos y la Junta apercibirá que en caso de no exhibirlos se tendrán por presuntivamente ciertos los hechos que con ella trata de probar el oferente. También se indicó que la omisión de la Junta de pronunciarse respecto al desahogo de la inspección, cuando en ella la parte obligada no exhibe los documentos u objetos requeridos, en el sentido de hacer efectivo el apercibimiento y tener por ciertos presuntivamente los hechos que se pretenden probar, no podía constituir una violación a las reglas esenciales del procedimiento, porque ningún precepto de la ley obrera patronal la obliga a hacerlo. En esa medida, se estima que contrario al criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, esa omisión no es suficiente para que la Junta no pueda analizar la prueba de inspección al dictar el laudo correspondiente, tampoco lo sería para que no pudiera otorgarse algún valor probatorio a dicha probanza, en principio porque tampoco existe un precepto de la ley en cita que establezca en esos casos, como consecuencia jurídica, que la inspección carezca de valor probatorio, porque se insiste que en términos de los artículos 836, 840, fracción IV y 841 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta se encuentra obligada a tomar en cuenta las actuaciones que existan en autos, las pruebas desahogadas, dictando el laudo a verdad sabida y buena fe guardada, sin necesidad de sujetarse a formalismos sobre estimación de pruebas, por tanto, el valor probatorio de la inspección sólo puede derivar del resultado objetivo de su desahogo, en relación con los demás medios probatorios ofrecidos por las partes en el procedimiento laboral, sin que de manera alguna pueda condicionarse a la pretendida falta de pronunciamiento de la Junta sobre la consecuencia que produce el apercibimiento señalado en el artículo 828 de la ley en consulta, pues con independencia de que la propia ley laboral imponga la obligación a la Junta de expresar los motivos y fundamentos legales en que se apoye al valorar una prueba, en el caso de la inspección, el incumplimiento de exhibir los documentos u objetos materia de la misma, implica una sanción jurídica a la parte que no los exhibió, consistente en que se haga efectivo el apercibimiento conducente, es decir, el valor convictivo de la prueba no se encuentra condicionado a que exista un pronunciamiento previo sobre la consecuencia que éste produce de tener por ciertos presuntivamente los hechos que se tratan de probar por el oferente, pues esto constituye precisamente la sanción a la que se hace acreedora la parte que incumple la obligación de exhibir los documentos u objetos que le fueron requeridos. Además, como también se señaló, aun cuando como consecuencia jurídica de hacerse efectivo el apercibimiento ante el incumplimiento de la parte requerida produce la presunción juris tantum de tener por ciertos presuntivamente los hechos que se tratan de probar por el oferente de la inspección, no impide a esa parte que aporte los medios probatorios que la ley de la materia reconoce y admite para desvirtuarla, pues esa sanción no debe entenderse de forma absoluta. En ese orden de consideraciones, contrario a lo sostenido por el Tribunal Colegiado en mención, el valor probatorio de la inspección admitida en términos del artículo 828 de la Ley Federal del Trabajo, en los casos en que al desahogarse no se exhiba el documento u objeto que se trata de mejorar, no lo determina el hecho de que la Junta se pronuncie haciendo efectivo el apercibimiento conducente, sino que dependerá del estudio que haga de todas las pruebas aportadas por las partes en conflicto al momento de dictar el laudo que ponga fin a la controversia, con la única condición de que ajuste su actuación a lo establecido en los artículos 836, 840, fracción IV y 841 de la ley en cita, porque la presunción que se genera con motivo de dicho apercibimiento, es una consecuencia jurídica que la propia norma establece, y no depende de una actuación previa de la Junta del conocimiento, razón por la cual, este órgano de control de legalidad no encuentra impedimento alguno para considerar que la Junta del conocimiento se pronuncie en el laudo que dicte en relación con el resultado de la inspección, menos aún que ésta carezca de valor probatorio, si previo a su dictado no emite un acuerdo en el que haga efectivo el apercibimiento a que se refiere el artículo 828 de la ley en consulta, pues es una situación a la que no se encuentra obligada, como ya quedó de manifiesto. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, por conducto del presidente de este tribunal, procede denunciar la posible contradicción de criterios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos consecuentes."
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el amparo directo número 4773/92, resuelto el día tres de junio de mil novecientos noventa y dos, en la parte que interesa, dice:
"... También son inoperantes los conceptos de violación que hace valer el quejoso relacionados con la indebida valoración de la prueba de inspección que ofreció en su escrito inicial de demanda. En efecto, manifiesta el quejoso que la Sala responsable debió otorgarle pleno valor probatorio a la prueba de inspección que ofreció para acreditar las prestaciones que reclamó consistentes en tiempo extraordinario, prima dominical, días sábados y domingos laborados y días festivos laborados. Son inoperantes los anteriores argumentos, pues si bien es cierto que el quejoso, ofreció bajo el numeral II del capítulo correspondiente de su escrito de demanda, la prueba de inspección, con la que pretendía acreditar, entre otros extremos, los que señala en el concepto de violación que se analiza, y que dicha prueba fue admitida por el secretario de Audiencias de la Sala responsable mediante acuerdo que dictó en la audiencia de pruebas y alegatos de catorce de agosto de mil novecientos noventa y uno, ordenando su desahogo en la reanudación de la mencionada audiencia de doce de septiembre del mismo año, con el apercibimiento para la demandada en el sentido de que de no permitir el desarrollo de la mencionada inspección se tendrían por ciertos los extremos que la parte actora pretendía acreditar, conforme a los artículos 827, 828 y 829 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria; la cual fue desahogada el once de octubre de mil novecientos noventa y uno, por el actuario de la Sala responsable, levantando el acta correspondiente en la que hizo constar que la persona con quien entendió la diligencia no le puso a la vista los documentos objeto de la inspección, por lo que no pudo practicarla; también lo es, que el secretario de Audiencias de la Sala responsable en la reanudación de la audiencia de pruebas y alegatos de catorce de octubre de mil novecientos noventa y uno, dictó el acuerdo relativo a la mencionada acta de desahogo de la prueba de inspección, en los siguientes términos: ‘... agréguese a sus autos el escrito de 11 de octubre del año en curso, suscrito por el C. Juan Antonio López Reyes. Actuario de este Tribunal. Téngase en términos del ocurso de cuenta, por desahogada la prueba de inspección ofrecida por la actora en el numeral dos de su escrit
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18194-fffdeca2/pruebas-en-materia-laboral-la-omision-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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