SEGURO SOCIAL. EL SALARIO BASE PARA EL PAGO DE LA PENSION POR RIESGOS DE TRABAJO, CUANDO EL TRABAJADOR SE SEPARA DE LA EMPRESA ANTES DE LA DETERMINACION DEL GRADO DE INCAPACIDAD, DEBE INCLUIR LOS AUMENTOS SALARIOS HASTA LA FECHA DE SU SEPARACION.
CONTRADICCION DE TESIS 48/93. ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEXTO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-En el caso se surte la hipótesis de contradicción de tesis, según se advierte de las constancias remitidas a esta Sala a propósito de la denuncia.
A. Del juicio de amparo directo número 4983/93 radicado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, importa destacar lo siguiente:
Ante la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, José Luis Durán Hurtado, por su propio derecho, demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social el reconocimiento de que padece una enfermedad profesional, así como el pago de la pensión por incapacidad parcial permanente y demás prestaciones relativas.
Inconforme con el laudo condenatorio pronunciado por la Junta, el demandado promovió en su contra el juicio de garantías, el cual se resolvió por el Tribunal Colegiado, por mayoría de dos votos en lo referente al tema de contradicción, con apoyo en estas consideraciones:
"Es fundado pero inoperante el segundo concepto de violación, porque si bien es cierto que la autoridad responsable sin razonamiento alguno condenó al pago de todos los incrementos salariales que por cualquier causa o motivo se hayan generado en la categoría de bodeguero que venía desempeñando en la empresa JOHNSON & JOHNSON DE MEXICO, S.A. de C.V. dejando por ende, de estudiar las excepciones a que se refiere el instituto quejoso, sin embargo tal omisión de la Junta no le causa perjuicio alguno que deba ser reparado a través de la concesión del amparo, en virtud de que sus excepciones son inatendibles porque ha sido nuestro más Alto Tribunal el que ha determinado que los incrementos salariales sí proceden porque inciden en el salario base de cotización, precisamente en la tesis que el propio peticionario de garantías invoca en su primer concepto de violación que a la letra dice: 'SEGURO SOCIAL. EL SALARIO BASE PARA EL PAGO DE PENSIONES A CARGO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE RIESGOS DE TRABAJO, SE ESTABLECE CON LOS AUMENTOS HABIDOS HASTA EN TANTO SE DETERMINE EL GRADO DE INCAPACIDAD Y SE RIGE POR LA LEY DEL.-La disposición prevista por el artículo 484 de la Ley Federal del Trabajo relativa al salario y sus incrementos, que deben tomarse en cuenta para determinar el monto de una indemnización a cargo del patrón como consecuencia de un riesgo de trabajo, es inaplicable tratándose del otorgamiento de una pensión que el Instituto Mexicano del Seguro Social debe conceder a sus asegurados por ese motivo, porque si bien es cierto que la indemnización y la pensión son prestaciones jurídicamente equivalentes para el cumplimiento de las responsabilidades por riesgos de trabajo, también lo es que se trata de conceptos legales diversos, regidos por ordenamientos distintos, como lo demuestra el hecho de que mientras la indemnización es cubierta en un solo pago por el patrón tomando como base el sueldo y los incrementos que correspondan al empleo, la pensión consiste en pagos periódicos durante cierto tiempo hecho por el mencionado instituto, tomando en cuenta el salario base de cotización o sus promedios, lo que da lugar a la relación específica propia del pensionado. Sin embargo, esto no significa que para la determinación de la cuantía de una pensión se dejen de considerar los aumentos de sueldo a que tenga derecho el trabajador incapacitado hasta en tanto se determine el grado de incapacidad para el trabajo, pues de la interpretación armónica de los artículos 19, fracción I, 37, fracción IV y 65 de la Ley del Seguro Social, se advierte que como subsiste la obligación del patrón de hacer del conocimiento del instituto los incrementos de salario de sus trabajadores (incluyendo a los incapacitados aun cuando respecto de éstos no deba cubrir las cuotas), dichos aumentos inciden también en el salario base de cotización del incapacitado al momento en que el instituto declare la incapacidad. Atento a lo anterior, esta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica las consideraciones que dan sustento al criterio contenido en la tesis Jurisprudencial 1766 (Compilación de 1988, Segunda Parte), cuyo rubro señala "SEGURO SOCIAL. MONTO DE LAS PENSIONES QUE OTORGUE EL.". Por cuanto hace a la tesis que del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Primer Circuito invoca el quejoso y que alega fue desacatada por la responsable, es de puntualizarse que la misma contradice el criterio jurisprudencial sostenido por la Cuarta Sala en la tesis anteriormente transcrita y que resuelve una contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados, precisamente en relación con los aumentos (sic) del Sexto Tribunal Colegiado dado que con el punto de vista se deja a un lado la fecha en que se determinó la incapacidad, porque de qué serviría establecer, como lo sustenta la tesis de la Cuarta Sala relativa al monto de la pensión, que ésta 'deberá ser cuantificada de conformidad con el grupo de cotización correspondiente al salario que se determine al momento en que se establezca el grado de incapacidad', si a éste no se le agregaron los aumentos, pues es obvio que con el criterio del colegiado aludido, indefectiblemente la fecha de determinación sólo repercutiría para el momento a partir del cual se empezaría a pagar la pensión dejando, se insiste, a un lado lo relativo al salario, cuando que la ley y la jurisprudencia son muy claras y categóricas en el aspecto concreto del salario, siendo los aumentos a éste lo que dio lugar a que se resolviera la contradicción de tesis para determinar si procedían o no los habidos hasta en tanto no se determine el grado de incapacidad, lo que se puede corroborar del simple rubro de la tesis de contradicción que ya quedó transcrita en el anterior párrafo, por lo que es de colegirse que este tribunal no comparte el criterio sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Primer Circuito."
B. Del juicio de amparo directo número 5686/92 radicado ante el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, importa destacar lo siguiente:
Ante la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Lucino Téllez Ortiz, por su propio derecho, demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social el reconocimiento de que padece una enfermedad profesional, así como el pago de la pensión por incapacidad parcial permanente y demás prestaciones relativas.
Inconforme con el laudo pronunciado por la Junta, dictado a consecuencia del amparo que se concedió al demandado en diverso expediente, el actor promovió a su vez el juicio de garantías, el cual se resolvió por el Tribunal Colegiado, en lo referente al tema de contradicción, con apoyo en estas consideraciones:
"En otro punto también son infundados (los conceptos de violación), porque si el propio trabajador señaló en el hecho dos de su demanda que prestó sus servicios para Siderúrgica Nacional, Sociedad Anónima, hasta el veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, no procedían el salario ni los aumentos en los términos pretendidos por el quejoso, sino únicamente los otorgados hasta la fecha de la separación del trabajador. En consecuencia, este tribunal estima que en la especie no procedían los incrementos, pues de acuerdo con los artículos 19, fracción I, 37, fracción IV y 65 de la Ley del Seguro Social, los patrones están obligados a comunicar al Instituto Mexicano del Seguro Social entre otras cosas, las modificaciones a los salarios percibidos por sus trabajadores, incluyendo a los incapacitados, pero esta obligación deja de surtir efecto cuando el trabajador se separa del empleo y deja de laborar, lo que en el caso a estudio sucedió como ya se dijo, el veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, por ello si el trabajador se separó del empleo antes de que se le determinara el grado de incapacidad, la base para determinar la pensión será el promedio de las cincuenta y dos semanas de cotización anteriores a la separación, pues en el caso se trató de enfermedades profesionales según se determinó en los dictámenes periciales en que apoyó su decisión la Junta y, por ende no le correspondían aumentos posteriores."
C. Del juicio de amparo directo número 7606/92 radicado ante el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, importa destacar lo siguiente:
Ante la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Moisés Zamora Romero, por su propio derecho, demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social el reconocimiento de que padece una enfermedad profesional, así como el pago de la pensión por incapacidad parcial permanente y demás prestaciones relativas.
Inconforme con el laudo pronunciado por la Junta, el actor promovió el juicio de garantías, el cual se resolvió por el Tribunal Colegiado, en lo referente al tema de contradicción, con apoyo en estas consideraciones:
"Por otro lado, son también infundados (los conceptos de violación) en cuanto se discute que la Junta omitió fijar como base para cuantificar la pensión el señalado por el artículo 484 de la Ley Federal del Trabajo, más sus incrementos durante el juicio y hasta que se dicte el laudo definitivo y quede firme. Es así, porque si el propio trabajador señaló en el hecho dos de su demanda que prestó sus servicios para Hulera El Centenario, Sociedad Anónima, hasta el primero de junio de mil novecientos ochenta y nueve, lo que se puede deducir del hecho citado de la demanda y del contenido de los dictámenes médicos, no procedían los aumentos salariales en los términos pretendidos, sino únicamente los otorgados hasta la fecha de la separación del trabajador. En consecuencia, este tribunal estima que en la especie no procede el salario conforme al artículo 484 de la Ley Federal del Trabajo ni los incrementos, pues de acuerdo con los artículos 19, fracción I, 37, fracción IV, y 65 de la Ley del Seguro Social, los patrones están obligados a comunicar al Instituto Mexicano del Seguro Social entre otras cosas, las modificaciones a los salarios percibidos por sus trabajadores, incluyendo a los incapacitados, pero esta obligación deja de surtir efecto cuando el trabajador se separa del empleo y deja de laborar, lo que en el caso a estudio sucedió como ya se dijo, el primero de junio de mil novecientos ochenta y nueve, por ello si el trabajador se separó del empleo antes de que se le determinara el grado de incapacidad, el salario que debe servir de base es aquel con el que cotizaba en el momento de la separación y por ende no le correspondían aumentos posteriores. Criterio similar al anterior, sostuvo este tribunal al resolver los juicios de amparo directo números 2956/92, 3856/92, 5726/92 y 5686/92, vistos en sesiones de dos y veintitrés de abril y, cuatro de junio de mil novecientos noventa y dos."
De las constancias antes relacionadas se desprende que los Tribunales Colegiados Tercero y Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito se pronunciaron sobre una misma cuestión, la relativa a los incrementos que deben considerarse al calcular el salario base para el pago de las pensiones a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de riesgos profesionales, cuando el trabajador se ha separado de la empresa con anterioridad a la fecha de determinación del grado de incapacidad; y llegaron a conclusiones opuestas, pues mientras el primero estima que deben incluirse los incrementos habidos hasta la determinación de dicho grado, el segundo sostiene que sólo deben considerarse los aumentos habidos hasta la fecha en que se produjo la terminación de la relación laboral.
En estos términos queda planteada la contradicción de tesis.
CUARTO.-Cabe aclarar, a propósito del pedimento del agente del ministerio, que el tema de la presente contradicción no fue analizado por esta Sala en la sesión del día dieciocho de enero de mil novecientos noventa y tres, al resolver el expediente varios 34/92 que originó la tesis jurisprudencial número 4/93, que dice:
"PENSION POR INCAPACIDAD DERIVADA DE UN RIESGO PROFESIONAL, FECHA A PARTIR DE LA CUAL DEBE CUBRIRSE SU PAGO.-Si bien es cierto que el Capítulo Tercero, Sección Primera de la Ley del Seguro Social, que regula lo concerniente a los riesgos de trabajo, no señala en forma expresa a partir de qué momento debe cubrirse la pensión por incapacidad parcial o total, de la interpretación armónica de los artículos 51, 65 y 68 del citado ordenamiento, se puede concluir, válidamente, que la misma debe pagarse desde la fecha en que se determina el grado de incapacidad, y esto acontece cuando el consejo técnico emite su resolución, en el caso de que el trabajador hubiera optado por recurrir ante él inconformándose con la calificación del riesgo hecho por el instituto, o bien, cuando la autoridad laboral competente dicte el laudo respectivo, en el supuesto que el asegurado hubiera ejercitado la acción correspondiente, pues del contenido de los numerales 51, 65 y 68 citado, se colige que tal beneficio debe otorgarse cuando se 'declara la incapacidad, ya sea parcial o permanente' y esto se da cuando se emita la resolución que así lo determina."
Como se advierte de la lectura de esta tesis jurisprudencial y de los antecedentes de la misma que obran en el expediente relativo, la cuestión a resolver en aquella ocasión consistía en determinar la fecha a partir de la cual debía pagarse la pensión por incapacidad de un riesgo de trabajo prevista en la Ley del Seguro Social, pues mientras uno de los Tribunales Colegiados de Circuito aducía que dicho pago debía efectuarse desde que se integraba la prueba pericial médica con dos dictámenes coincidentes, el otro tribunal sostenía que debía efectuarse desde que se producía el riesgo de trabajo.
La contradicción así planteada se resolvió, según se apunta claramente en la tesis jurisprudencial, en el sentido de que ninguna de las tesis mencionadas debía prevalecer, pues conforme a la ley de la materia, el pago debe realizarse desde la fecha en que determina el grado de incapacidad, sea por resolución del consejo técnico del instituto o por el laudo de la autoridad laboral competente.
De lo anterior se advierte que la cuestión propuesta en esta contradicción no coincide con la resuelta en aquélla, porque en el caso no se discute la fecha de pago de la pensión de que se trata, sino de los aumentos que deben considerarse para calcular el sueldo base conforme al cual la pensión debe pagarse.
QUINTO.-Esta Sala arriba a la conclusión de que debe prevalecer el criterio sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, atentas las siguientes razones:
Según ha resuelto esta Sala en el expediente varios número 2/91, del cual derivó la tesis jurisprudencial número 19/91 intitulada "SEGURO SOCIAL. EL SALARIO BASE PARA EL PAGO DE PENSIONES A CARGO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE RIESGOS DE TRABAJO, SE ESTABLECE CON LOS AUMENTOS HABIDOS HASTA EN TANTO SE DETERMINE EL GRADO DE INCAPACIDAD Y SE RIGE POR LA LEY DEL.", la pensión a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social en casos de incapacidad por riesgos de trabajo constituye una prestación jurídicamente diversa -aunque equivalente- de la indemnización a cargo del patrón conforme a los artículos 484 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, por lo cual, para solucionar el problema aquí planteado, no cabe acudir a las reglas dispuestas por tal ordenamiento, sino a las normas previstas en la Ley del Seguro Social.
Entre ellas, importa transcribir el artículo 65 de dicho ordenamiento vigente en los años de mil novecientos noventa y mil novecientos noventa y uno, cuando se iniciaron los juicios laborales que dieron origen a la contradicción (reformado posteriormente por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinte de julio de mil novecientos noventa y tres, en vigor al día siguiente), que decía:
"ARTICULO 65. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en dinero:
"I. Si lo incapacita para trabajar recibirá mientras dure la inhabilitación, el cien por ciento de su salario, sin que pueda exceder del máximo del grupo en el que estuviese inscrito. Los asegurados del grupo "W" recibirán un subsidio igual al salario en que coticen.
"El goce de este subsidio se otorgará al asegurado entre tanto no se declare que se encuentra capacitado para trabajar, o bien se declare la incapacidad permanente parcial o total, en los términos del reglamento respectivo;
"II. Al ser declarada la incapacidad permanente total del asegurado, éste recibirá una pensión mensual de acuerdo con la siguiente tabla: ...
"Los trabajadores inscritos en el grupo 'W' tendrán derecho a recibir una pensión mensual equivalente al setenta por ciento del salario en que estuviere cotizando. En el caso de enfermedades de trabajo se tomará el promedio de las cincuenta y dos últimas semanas de cotización, o las que tuviere si su aseguramiento fuese por un tiempo menor.
"Los trabajadores incorporados al sistema de porcentaje sobre el salario conforme al artículo 47 de esta ley, recibirán pensión equivalente en los siguientes términos: El ochenta por ciento del salario cuando éste sea hasta de $80.00 diarios, el setenta y cinco por ciento cuando alcance hasta $170.00 diarios y el setenta por ciento para salarios superiores a esta última cantidad;
"III. Si la incapacidad declarada es permanente parcial, el asegurado recibirá una pensión calculada conforme a la tabla de valuación de incapacidad contenida en la Ley Federal del Trabajo, tomando como base el monto de la pensión que correspondería a la incapacidad permanente total. El tanto por ciento de la incapacidad se fijará entre el máximo y el mínimo establecidos en dicha tabla teniendo en cuenta la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad, si ésta es absoluta para el ejercicio de su profesión aun cuando quede inhabilitado para dedicarse a otra, o que simplemente hayan disminuido sus aptitudes para el desempeño de la misma o para ejercer actividades remuneradas semejantes a su profesión u oficio.
"Si la valuación definitiva de la incapacidad fuese de hasta el 15%, se pagará al asegurado, en sustitución de la pensión, una indemnización global equivalente a cinco anualidades de la pensión que le hubiese correspondido.
"IV. El instituto otorgará a los pensionados por incapacidad permanente total y parcial con un mínimo de cincuenta por ciento de incapacidad, un aguinaldo anual equivalente a quince días del importe de la pensión que perciban."
Conforme a esta disposición, el asegurado que sufra un riesgo de trabajo que lo incapacite para trabajar tiene derecho a las siguientes prestaciones en dinero:
1. A partir del riesgo, un subsidio equivalente al 100% de su salario, sin que pueda exceder del máximo del grupo en el que estuviera inscrito, o al salario en que coticen si se trata de los trabajadores asegurados en el grupo "W" de la tabla respectiva, subsidio que durará hasta en tanto no se le declare capacitado para trabajar o se declare su incapacidad permanente;
2. A partir de la declaración de incapacidad permanente total, una pensión mensual fijada de acuerdo con el salario y el grupo de cotización a que se refiere la tabla contenida en el propio precepto, con excepción de los trabajadores comprendidos en el grupo "W" y de los incorporados al sistema de porcentaje según el artículo 47 de la ley, que recibirán un porcentaje específico; en el entendido de que tratándose de enfermedades de trabajo, se considerará el promedio de las cincuenta y dos últimas semanas de cotización, o las que tuviere si su aseguramiento fuese por un tiempo menor;
3. A partir de la declaración de incapacidad permanente parcial, una pensión mensual fijada de acuerdo con la tabla de valuación de incapacidad prevista en la Ley Federal del Trabajo, calculada sobre la base del monto de la pensión a que se refiere el inciso anterior y de acuerdo con los criterios de valoración precisados en la norma que se examina.
El sueldo de cotización a que se refieren estas reglas es, según ha interpretado esta Cuarta Sala en la tesis jurisprudencial citada al inicio de este considerando, el que en la fecha de determinación del grado de incapacidad corresponda al cargo que venía desempeñando el trabajador, de modo que en su determinación deben incluirse todos los incrementos salariales producidos desde la fecha de realización del riesgo hasta aquélla.
Las razones en que se fundó esta interpretación residen básicamente en que, conforme a los artículos 19, fracción I; 37, fracción IV, y 65 de la Ley del Seguro Social (cuyos textos coinciden, en la parte que interesa, con los vigentes en la época a la cual se refiere esta contradicción), el patrón seguía obligado a comunicar al instituto los incrementos del salario del trabajador incapacitado, según se desprende del texto de dicha tesis, que en seguida se transcribe:
"La disposición prevista por el artículo 484 de la Ley Federal del Trabajo relativa al salario y sus incrementos, que deben tomarse en cuenta para determinar el monto de una indemnización a cargo del patrón como consecuencia de un riesgo de trabajo, es inaplicable tratándose del otorgamiento de una pensión que el Instituto Mexicano del Seguro Social debe conceder a sus asegurados por ese motivo, porque si bien es cierto que la indemnización y la pensión son prestaciones jurídicamente equivalentes para el cumplimiento de las responsabilidades por riesgos de trabajo, también lo es que se trata de conceptos legales diversos, regidos por ordenamientos distintos, como lo demuestra el hecho de que mientras la indemnización es cubierta en un solo pago por el patrón tomando como base el sueldo y los incrementos que correspondan al empleo, la pensión consiste en pagos periódicos durante cierto tiempo hechos por el mencionado instituto, tomando en cuenta el salario base de cotización o sus promedios, lo que da lugar a la relación específica propia del pensionado. Sin embargo, esto no significa que para la determinación de la cuantía de una pensión se dejen de considerar los aumentos de sueldo a que tenga derecho el trabajador incapacitado hasta en tanto se determine el grado de incapacidad para el trabajo, pues de la interpretación armónica de los artículos 19, fracción I, 37, fracción IV y 65 de la Ley del Seguro Social, se advierte que como subsiste la obligación del patrón de hacer del conocimiento del instituto los incrementos de salario de sus trabajadores (incluyendo a los incapacitados, aun cuando respecto de éstos no deba cubrir las cuotas), dichos aumentos inciden también en el salario base de cotización del incapacitado al momento en que el instituto declare la incapacidad. Atento a lo anterior, esta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica las consideraciones que dan sustento al criterio contenido en la tesis jurisprudencial 1766 (Compilación de 1988, Segunda Parte), cuyo rubro señala "SEGURO SOCIAL. MONTO DE LAS PENSIONES QUE OTORGUE EL.".
Sin embargo, el criterio asentado en aquella tesis, en razón de las propias consideraciones que lo fundan, debe entenderse referido al supuesto en que subsistiendo la relación laboral entre el patrón y el trabajador incapacitado, el primero sigue obligado a informar al instituto las variaciones en el salario del segundo, circunstancias que no se presentan en el caso que aquí se examina, en que el trabajador se ha separado de la empresa antes de que se determine el grado de riesgo, pues entonces resulta claro que ya no subsiste la obligación del patrón de informar al instituto las modificaciones salariales correspondientes al cargo que ocupó el trabajador.
Así se desprende de lo dispuesto por los artículos 12, fracción I; 19, fracción I; 26 y 37, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, de la ley de la materia vigente en la época, que en lo conducente establecen:
"ARTICULO 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:
I. Las personas que se encuentran vinculadas a otras por una relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón, y aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de impuestos o derechos;"
"ARTICULO 19. Los patrones están obligados a: I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos que señalen esta ley y sus reglamentos, dentro de plazos no mayores de cinco días";
"ARTICULO 26. Los avisos de baja de los trabajadores incapacitados temporalmente para el trabajo, no surtirán efectos para las finalidades del régimen del seguro social, mientras dure el estado de incapacidad."
"ARTICULO 37. Cuando por ausencias del trabajador a sus labores no se paguen salarios, pero subsista la relación laboral, la cotización bimestral se ajustará a las siguientes reglas:
I. Si las ausencias del trabajador son por períodos menores de quince días consecutivos o interrumpidos, se cotizará y pagará por dichos períodos únicamente en el seguro de enfermedades y maternidad; en estos casos los patrones deberán presentar la aclaración correspondiente...
II. En los casos de las fracciones II y III del artículo 36, se seguirán las mismas reglas de la fracción anterior.
III. En el caso de ausencias de trabajadores comprendidos en la fracción III del artículo 35, cualquiera que sea la naturaleza del salario que perciban...
IV. Tratándose de ausencias amparadas por incapacidades médicas expedidas por el instituto no se cubrirán en ningún caso las cuotas obrero patronales y dichos períodos se considerarán como cotizados para todos los efectos legales en favor del trabajador."
Conforme a lo previsto en estos numerales, puede sostenerse que la obligación del patrón de informar al instituto los incrementos salariales cesa cuando concluye la relación laboral por separación del trabajador -en cuyo supuesto está obligado a presentar el aviso de baja correspondiente-, lo cual no ocurre, evidentemente, en el caso de los trabajadores incapacitados, pues con ellos subsiste la relación laboral.
En este sentido, debe considerarse que para efectos de lo dispuesto en el artículo 65 de la ley de la materia, sólo deben incluirse los incrementos salariales habidos hasta entonces, sin que haya lugar a estimar que deban atenderse los posteriores, pues siendo claro que este precepto se refiere al salario de cotización que corresponde al trabajador, resulta evidente que el mismo no puede referirse a un período posterior a su separación de la empresa, durante el cual el patrón ya no está obligado a informar al instituto de modificación salarial alguna, ni a enterar las cotizaciones correspondientes.
Por las razones precedentes, en el tema de contradicción debe prevalecer la siguiente tesis jurisprudencial:
SEGURO SOCIAL. EL SALARIO BASE PARA EL PAGO DE LA PENSION POR RIESGOS DE TRABAJO, CUANDO EL TRABAJADOR SE SEPARA DE LA EMPRESA ANTES DE LA DETERMINACION DEL GRADO DE INCAPACIDAD, DEBE INCLUIR LOS AUMENTOS SALARIALES PRODUCIDOS HASTA LA FECHA DE SU SEPARACION.-Las consideraciones que llevaron a esta Cuarta Sala a sentar la tesis jurisprudencial número 19/91 intitulada "Seguro Social. El salario base para el pago de pensiones a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de riesgos de trabajo, se establece con los aumentos habidos hasta en tanto se determine el grado de incapacidad y se rige por la ley del.", no son aplicables al caso en que el trabajador se separa de la empresa con anterioridad a la determinación del grado de incapacidad, pues en este supuesto, según se desprende de los artículos 12, fracción I; 19, fracción I; 26 y 37 de la Ley del Seguro Social, al producirse dicha separación cesa la obligación del patrón de comunicar al instituto las variaciones del salario relativo al puesto que ocupaba el trabajador y de enterar las cotizaciones respectivas, por lo cual debe entenderse que el último salario de aquél, para efectos de lo dispuesto por el artículo 65 de la ley de la materia, es el que le corresponda al momento de su separación de la empresa.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
UNICO.Debe prevalecer el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los juicios de amparo directos 5686/92 y 7606/92 promovidos por Lucio Téllez Ortiz y Moisés Zamora Romero, respectivamente.
Notifíquese; remítase la tesis jurisprudencial al Pleno, a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito que no intervinieron en la contradicción, así como al Semanario Judicial de la Federación y a su Gaceta, para su publicación; remítase copia de esta ejecutoria al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito que intervino en la contradicción y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Ignacio Magaña Cárdenas, Juan Díaz Romero, Felipe López Contreras, Carlos García Vázquez y José Antonio Llanos Duarte, lo resolvió la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Firman los señores Ministros que integran la Sala con la secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/182-cfc607e7/seguro-social-el-salario-base-para-el-pago · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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