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CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL DOMICILIO DONDE DEBEN DEPOSITARSE LAS PROMOCIONES POR CORREO CERTIFICADO ES EL QUE CORRESPONDE AL DE RESIDENCIA DE LAS PARTES Y NO AL DE SUS DELEGADOS O REPRESENTANTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ATENDERÍA A UNA SITUACIÓN INCIERTA Y CAMBIANTE, SUJETA A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES, LO QUE ATENTA CONTRA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA).

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 278/2003-PL, DEDUCIDO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 76/2003. · Registro digital (IUS): 18208
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE SANTIAGO, ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, , Pág. 936.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 278/2003-PL, DEDUCIDO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 76/2003. MUNICIPIO DE SANTIAGO, ESTADO DE NUEVO LEÓN.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIO: MARAT PAREDES MONTIEL

CONSIDERANDO:

CUARTO. A continuación debe analizarse si el recurso de reclamación fue interpuesto oportunamente, por ser esto una cuestión de orden público y estudio preferente.

El escrito por el que se interpuso el presente recurso de reclamación fue remitido a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante correo, según se advierte del sobre que obra a foja veinticuatro de autos; consecuentemente, deberá analizarse la oportunidad del recurso conforme a lo previsto por el artículo 8o. de la ley reglamentaria de la materia, que a la letra dice:

"Artículo 8o. Cuando las partes radiquen fuera del lugar de residencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las promociones se tendrán por presentadas en tiempo si los escritos u oficios relativos se depositan dentro de los plazos legales, en las oficinas de correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo, o se envían desde la oficina de telégrafos que corresponda. En estos casos se entenderá que las promociones se presentan en la fecha en que las mismas se depositan en la oficina de correos o se envían desde la oficina de telégrafos, según sea el caso, siempre que tales oficinas se encuentren ubicadas en el lugar de residencia de las partes."

El citado precepto ha sido interpretado por el Pleno de este Alto Tribunal en el criterio jurisprudencial número P./J. 17/2002, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, abril de 2002, visible en la página 898, que señala:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REQUISITOS, OBJETO Y FINALIDAD DE LAS PROMOCIONES PRESENTADAS POR CORREO MEDIANTE PIEZA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). El artículo 8o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que cuando las partes radiquen fuera del lugar de la residencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrán presentar sus promociones en las oficinas de correos del lugar de su residencia, mediante pieza certificada con acuse de recibo y que para que éstas se tengan por presentadas en tiempo se requiere: a) que se depositen en las oficinas de correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo, o vía telegráfica, desde la oficina de telégrafos; b) que el depósito se haga en las oficinas de correos o de telégrafos ubicadas en el lugar de residencia de las partes; y, c) que el depósito se realice dentro de los plazos legales. Ahora bien, del análisis del precepto mencionado, se concluye que tiene por objeto cumplir con el principio de seguridad jurídica de que debe estar revestido todo procedimiento judicial, de manera que quede constancia fehaciente, tanto de la fecha en que se hizo el depósito correspondiente como de aquella en que fue recibida por su destinatario; y por finalidad que las partes tengan las mismas oportunidades y facilidades para la defensa de sus intereses que aquellas cuyo domicilio se encuentra ubicado en el mismo lugar en que tiene su sede este tribunal, para que no tengan que desplazarse desde el lugar de su residencia hasta esta ciudad a presentar sus promociones, evitando así que los plazos dentro de los cuales deban ejercer un derecho o cumplir con una carga procesal puedan resultar disminuidos por razón de la distancia."

Conforme a lo anterior, para que se tengan por presentadas en tiempo las promociones que se depositen por correo certificado o se envíen vía telegráfica se requiere: a) Que se depositen en las oficinas de correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo, o se envíen vía telegráfica, desde la oficina de telégrafos; b) Que el depósito o envío se haga en las oficinas de correos o de telégrafos ubicadas en el lugar de residencia de las partes; y, c) Que el depósito o envío se realice dentro de los plazos legales.

En cuanto al primero de los supuestos, es menester precisar lo que establecen los artículos relativos de la Ley del Servicio Postal Mexicano, que prevén:

"Artículo 26. Por su tratamiento la correspondencia y los envíos son ordinarios y registrados y por su destino, nacionales e internacionales."

"Artículo 27. Son ordinarios los que se manejan comúnmente sin que se lleve un control especial por cada pieza y son registrados aquellos que se manejan llevando un control escrito por cada pieza, tanto en su depósito como en su transporte y entrega."

"Artículo 42. El servicio de acuse de recibo de envíos o de correspondencia registrados, consiste en recabar en un documento especial la firma de recepción del destinatario o de su representante legal y en entregar ese documento al remitente, como constancia.

"En caso de que, por causas ajenas al organismo no pueda recabarse la firma del documento, se procederá conforme a las disposiciones reglamentarias."

Por su parte, los diversos 31, 32 y 33 del Reglamento para la Operación del Organismo Servicio Postal Mexicano disponen:

"Artículo 31. El servicio de acuse de recibo de envíos o correspondencia registrada, deberá solicitarse en el momento del depósito y consiste en recabar en un documento especial la firma de recepción del destinatario o de su representante legal y entregar ese documento al remitente, como constancia."

"Artículo 32. El documento en que el destinatario acuse recibo por una pieza registrada, se enviará al remitente por servicio ordinario y vía de superficie, si no hay indicaciones en contrario."

"Artículo 33. En los casos en que el destinatario se niegue a firmar el documento de constancia o no se encuentre en el domicilio y en un plazo de 10 días, contados a partir del aviso escrito, no ocurra a la oficina correspondiente a recoger la pieza postal, ésta será devuelta al remitente a su costa y sin responsabilidad para el organismo."

Así pues, los preceptos transcritos establecen las reglas de interposición de promociones, y dado que el depósito de la promoción del recurso de reclamación se efectuó por correo, y en el sobre respectivo que obra a foja veinticuatro del expediente se asentaron los datos del remitente, así como del destinatario, una letra "R" y el número de folio 1384, que se presume es el número de registro, es de estimar que el envío fue certificado, cumpliendo con el primer requisito que, se indicó, establece el artículo 8o. de la ley reglamentaria de la materia.

Por otra parte, respecto al segundo de los supuestos que establece el multirreferido artículo 8o. de la ley reglamentaria, en cuanto a que las promociones que sean presentadas por correo deberán ser depositadas en las oficinas respectivas del lugar de residencia del promovente, y dado que del sobre que se acompaña al escrito del recurso de revisión se advierte que dicho depósito se efectuó en la Oficina de Correos del Municipio de Monterrey, Nuevo León, resulta necesario interpretar la expresión "lugar de residencia" de las partes.

Ahora bien, al tener legitimación para ser parte en este tipo de procedimientos entidades políticas es lógico concluir que su lugar de residencia será aquel en el que se encuentre la sede de sus Poderes. En el caso de la Federación, su lugar de residencia será el Distrito Federal; en el caso de los Estados, las ciudades capitales correspondientes; y, por cuanto hace a los Municipios, si bien éstos no tienen "Poderes" en estricto sentido, es claro que su lugar de residencia o sede será aquel en que se encuentre su cabecera, que es la localidad donde radica su Ayuntamiento.

De lo anterior se infiere que el lugar de residencia de un Municipio es aquel en el que se encuentra la sede de su Ayuntamiento y, por ende, es en éste donde debe efectuarse la presentación de las promociones, situación que en el presente caso no aconteció, ya que, no obstante que el Municipio recurrente cuenta con la oficina de correos número 67301, ubicada en Abasolo y Juárez, número 304 dentro de su localidad, la presentación del recurso de reclamación que nos ocupa la efectuó en las diversas oficinas ubicadas en Monterrey, Nuevo León.

Sin embargo, a fin de no dejar en estado de indefensión al recurrente, es menester verificar si tal presentación se llevó a cabo de conformidad con el supuesto que este Alto Tribunal ha establecido mediante la tesis de jurisprudencia número 35/2003.

Es de sobra conocido que desde hace tiempo se ha venido presentando el fenómeno de la conurbación entre Municipios, mismo que incluso ha sido objeto de reconocimiento y regulación específica constitucional en el propio artículo 115 de la Carta Magna. Este fenómeno ha sido definido por la Ley General de Asentamientos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres, como: "Conurbación: la continuidad física y demográfica que formen o tiendan a formar dos o más centros de población" y como centros de población se ha entendido: "Centros de población: las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserven a su expansión y las que se consideren no urbanizables por causas de preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites de dichos centros; así como las que por resolución de la autoridad competente se provean para la fundación de los mismos", conceptos que en términos generales son reiterados por las diversas leyes estatales que rigen el desarrollo urbano y los asentamientos humanos de cada entidad federativa, aun cuando en algunos casos la legislación local les imprime matices propios.

Este Alto Tribunal ha estimado, para estos efectos, que por "lugar de residencia" en el que debe realizarse el depósito postal en mérito, o en vía telegráfica, debe interpretarse no sólo el territorio en el que estrictamente tiene jurisdicción el Municipio promovente, sino que también es factible que dicho depósito se realice en oficinas de correos o telégrafos sitas en el territorio de un diverso Municipio circunvecino, respecto del cual se presente el fenómeno de conurbación aludido.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número P./J. 35/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, agosto de 2003, visible en la página 1373, cuyos texto y rubro indican:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES, PROMOCIONES POR CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO. FECHA EN QUE DEBERÁN TENERSE POR PRESENTADAS CUANDO LA SEDE DE UN MUNICIPIO ESTÁ CONURBADA CON LA POBLACIÓN DE OTRO. El artículo 8o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que se tendrán por presentadas en tiempo las promociones que se depositen, por correo certificado o vía telegráfica, en las oficinas de correos o de telégrafos localizadas en el lugar de residencia de las partes, la que, tratándose de Municipios, es la localidad donde radica su Ayuntamiento; sin embargo, cuando la sede de un Municipio esté conurbada con la población de otro Municipio, esto es, que haya continuidad física y demográfica entre ellas, de tal manera que los centros de población sean contiguos, se considera que a efecto de no truncar o disminuir el acceso a la justicia, el depósito postal o telegráfico puede válidamente realizarse tanto en la oficina que corresponda a la sede del Municipio promovente, como en la de la población conurbada del Municipio vecino; de esta manera, se tendrá como fecha de presentación de las promociones de que se trata, la del depósito en cualquiera de dichas oficinas."

De lo anterior se colige que la presentación del recurso de reclamación solamente cuenta con una excepción para poderse presentar en un lugar diverso al de la residencia del Municipio recurrente y ésta es que tal depósito se efectúe en algún Municipio conurbado del Municipio recurrente.

Ahora bien, toda vez que del sobre, que obra a foja veinticuatro de autos, con el que se remitió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el recurso de reclamación, se advierte que aparecen estampados sellos en los que se aprecia que el depósito del escrito por el que se interpuso el recurso se realizó el día veintitrés de septiembre de dos mil tres, en las Oficinas de Correos de Monterrey, Nuevo León, domicilio distinto al del recurrente, es necesario constatar si el Municipio de Santiago tiene una situación de conurbación con el Municipio de Monterrey, lugar donde se realizó el depósito, ya que la conurbación es una situación jurídica.

Bajo esta tesitura, debemos acudir al decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de fecha veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, por el que "Se declara la existencia de una zona conurbada que se integra por los Municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Guadalupe, Garza García, Santa Catarina y General Escobedo; con fundamento en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado", el cual, en su artículo primero, ordena:

"Artículo primero. Para los efectos de la adecuada planeación de su desarrollo urbano en los términos del artículo 3o., fracción III; 9o., fracción VII, y 28 a 33 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, téngase a los Municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Guadalupe, Garza García, Santa Catarina y General Escobedo, como constituyendo un solo centro de población cuyos límites deberán ser determinados en su oportunidad por el H. Congreso del Estado, si a bien lo tiene, y por tanto sujetos en su crecimiento territorial a un mismo plan director de desarrollo que, consecuente con lo anterior, deberá ser conocido como Plan Director de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Monterrey."

Luego entonces, dado que en la referida declaración de existencia de una zona conurbada que integra el área metropolitana de Monterrey no se incluyó al Municipio recurrente, no puede estimarse que en el caso se actualice el supuesto regulado en el artículo 8o. interpretado a la luz de la jurisprudencia número 35/2003, que ha sido anteriormente citada.

En virtud de lo anterior, no puede tomarse en cuenta la fecha de depósito en las oficinas de correos distintas a las del Municipio recurrente, sino la fecha en la que se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el escrito por el que se interpuso el recurso de reclamación.

Ciertamente, es menester atender al contenido del artículo 52 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

"Artículo 52. El recurso de reclamación deberá interponerse en un plazo de cinco días y en él deberán expresarse agravios y acompañarse pruebas."

De este numeral se desprende que el plazo para la interposición del citado recurso es de cinco días.

Asimismo, los artículos 2o., 3o., 4o., 5o. y 6o. del mismo ordenamiento, establecen:

"Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se considerarán como hábiles todos los días que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación."

"Artículo 3o. Los plazos se computarán de conformidad con las reglas siguientes:

"I. Comenzarán a correr al día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento;

"II. Se contarán sólo los días hábiles, y

"III. No correrán durante los periodos de receso, ni en los días en que se suspendan las labores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

"Artículo 4o. Las resoluciones deberán notificarse al día siguiente al en que se hubiesen pronunciado, mediante publicación en lista y por oficio entregado en el domicilio de las partes, por conducto del actuario o mediante correo en pieza certificada con acuse de recibo. En casos urgentes, podrá ordenarse que la notificación se haga por vía telegráfica.

"Las notificaciones al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se entenderán con el secretario de Estado o jefe de departamento administrativo a quienes corresponda el asunto, o con el consejero jurídico del Gobierno, considerando las competencias establecidas en la ley.

"Las partes podrán designar a una o varias personas para oír notificaciones, imponerse de los autos y recibir copias de traslado."

"Artículo 5o. Las partes estarán obligadas a recibir los oficios de notificación que se les dirijan a sus oficinas, domicilio o lugar en que se encuentren. En caso de que las notificaciones se hagan por conducto de actuario, se hará constar el nombre de la persona con quien se entienda la diligencia y si se negare a firmar el acta o a recibir el oficio, la notificación se tendrá por legalmente hecha."

"Artículo 6o. Las notificaciones surtirán sus efectos a partir del día siguiente al en que hubieren quedado legalmente hechas. ..."

Los artículos reproducidos prevén los plazos y reglas generales a las que deberán sujetarse las notificaciones dentro del trámite de las controversias constitucionales, fijando, en primer lugar, que los plazos comenzarán a correr al día siguiente al en que surta efectos la notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento; que se contarán sólo los días hábiles; que no correrán durante los periodos de receso, ni en los días en que se suspendan labores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Finalmente, se previene que las notificaciones surtirán sus efectos a partir del día siguiente al en que hubieren quedado legalmente hechas, así como que las resoluciones deberán notificarse al día siguiente al en que se hubiesen pronunciado, mediante publicación en lista y por oficio entregado en el domicilio de las partes, por conducto del actuario o mediante correo en pieza certificada con acuse de recibo.

Por su parte, el artículo 8o. de mérito, en la porción conducente, establece que: "... se entenderá que las promociones se presentan en la fecha en que las mismas se depositan en la oficina de correos o se envían desde la oficina de telégrafos ... siempre que tales oficinas se encuentren ubicadas en el lugar de residencia de las partes."

De acuerdo con la disposición transcrita, para que las promociones que se realicen por medio de correo se tengan por presentadas en tiempo no basta que se depositen en cualquier oficina de correos dentro del plazo legal, sino que es indispensable que se haga en la oficina ubicada en el lugar de residencia de las partes; de lo que se sigue que si no se cumple con el supuesto de la presentación de las promociones en el lugar de residencia de las partes, no podrá tenerse como fecha de presentación en términos del propio precepto legal, interpretado a contrario sensu, la del depósito correspondiente, debiendo, por ende, atenderse a la de su recepción en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.

Ahora bien, el acuerdo recurrido se notificó a la parte recurrente el viernes doce de septiembre de dos mil tres, según constancia que obra a foja noventa y uno de autos, por lo que, conforme a lo dispuesto por los artículos 3o. y 6o. de la ley reglamentaria de la materia, el plazo de cinco días para la interposición del recurso de reclamación, a que se refiere el transcrito artículo 52, comenzó a correr a partir del día jueves dieciocho de septiembre, concluyendo el miércoles veinticuatro de septiembre de dos mil tres, debiéndose descontar del cómputo respectivo el diecisiete, por ser el día en que surtió efectos la legal notificación, y los días trece, catorce, veinte, veintiuno, por ser sábados y domingos, y quince y dieciséis por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2o., de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en relación con el diverso 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En tales condiciones, toda vez que el escrito fue recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el dos de octubre de dos mil tres, fecha en la cual había transcurrido en exceso el plazo para la interposición del recurso, procede desechar, por extemporáneo, el presente recurso de reclamación, en apoyo de lo cual cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 38/99, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, mayo de 1999, página 917, que dice:

"RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. RECURSO DE. DEBE INTERPONERSE DENTRO DE LOS CINCO DÍAS SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN LEGALMENTE HECHA.-De conformidad con lo ordenado por el artículo 52 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el recurso de reclamación deberá interponerse en un plazo de cinco días. La forma de realizar el cómputo respectivo la establecen los artículos 6o. y 3o., fracción I, del mismo cuerpo normativo, al señalar respectivamente, que las notificaciones surten sus efectos a partir del día siguiente al en que hubieren quedado legalmente hechas y que los plazos comenzarán a correr al día siguiente al en que surte sus efectos la notificación, incluyéndose en ellos el día de vencimiento. Finalmente, debe señalarse que, de conformidad con el artículo 2o. de la misma ley, se considerarán como hábiles todos los días que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación."

Por otra parte, no pasa inadvertido para este Alto Tribunal que en los recursos de reclamación 277/2003, 279/2003 y 285/2003, promovidos por los Municipios de Montemorelos, Rayones y Allende, todos de Nuevo León, en los que existe conexidad, pues en todos se reclamó el mismo acto y se demandó a las mismas autoridades y, además, se les negó la suspensión, y en contra de dicha determinación se interpuso el recurso de reclamación por las mismas razones, los cuales serán fallados en la presente sesión en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 38 de la ley reglamentaria; se advierte del membrete del escrito por el que se interpone el recurso un domicilio ubicado en Monterrey, Nuevo León, Municipio en el que se interpuso el recurso, y que pudiera ser el del delegado por ser éste el que interpone el recurso en los cuatro casos.

Lo anterior lleva a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a la interpretación del contenido del artículo 8o. de la ley reglamentaria, pues pudiera plantearse la interpretación extensiva de la expresión "... en el lugar de residencia de las partes", en el sentido de que la misma alude tanto a partes formales como a partes materiales, esto es, que para efecto de las promociones por correo pudiera tomarse en cuenta también el domicilio de los representantes y delegados, aun cuando los mismos no coincidan con los de la parte que realiza la promoción.

Esta interpretación, que en principio pudiera ser bondadosa, tiene serios inconvenientes, por lo cual se procederá a exponer las razones para descartar esta interpretación.

Bajo este tenor resulta necesario transcribir nuevamente el contenido del artículo 8o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal:

"Artículo 8o. Cuando las partes radiquen fuera del lugar de residencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las promociones se tendrán por presentadas en tiempo si los escritos u oficios relativos se depositan dentro de los plazos legales, en las oficinas de correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo, o se envían desde la oficina de telégrafos que corresponda. En estos casos se entenderá que las promociones se presentan en la fecha en que las mismas se depositan en la oficina de correos o se envían desde la oficina de telégrafos, según sea el caso, siempre que tales oficinas se encuentren ubicadas en el lugar de residencia de las partes."

Como ha quedado plasmado con anterioridad, la finalidad de este precepto ha sido interpretada en la tesis P./J. 17/2002, en el sentido de que subyace en el precepto un principio de seguridad jurídica que tiene como finalidad que las partes que radiquen fuera del domicilio donde tiene su sede este Alto Tribunal tengan las mismas oportunidades de defensa que las que radican en el Distrito Federal, evitando así que los plazos pudieran resultar disminuidos en razón de la distancia. La tesis anterior dice:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REQUISITOS, OBJETO Y FINALIDAD DE LAS PROMOCIONES PRESENTADAS POR CORREO MEDIANTE PIEZA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).-El artículo 8o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que cuando las partes radiquen fuera del lugar de la residencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrán presentar sus promociones en las oficinas de correos del lugar de su residencia, mediante pieza certificada con acuse de recibo y que para que éstas se tengan por presentadas en tiempo se requiere: a) que se depositen en las oficinas de correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo, o vía telegráfica, desde la oficina de telégrafos; b) que el depósito se haga en las oficinas de correos o de telégrafos ubicadas en el lugar de residencia de las partes; y, c) que el depósito se realice dentro de los plazos legales. Ahora bien, del análisis del precepto mencionado, se concluye que tiene por objeto cumplir con el principio de seguridad jurídica de que debe estar revestido todo procedimiento judicial, de manera que quede constancia fehaciente, tanto de la fecha en que se hizo el depósito correspondiente como de aquella en que fue recibida por su destinatario; y por finalidad que las partes tengan las mismas oportunidades y facilidades para la defensa de sus intereses que aquellas cuyo domicilio se encuentra ubicado en el mismo lugar en que tiene su sede este tribunal, para que no tengan que desplazarse desde el lugar de su residencia hasta esta ciudad a presentar sus promociones, evitando así que los plazos dentro de los cuales deban ejercer un derecho o cumplir con una carga procesal puedan resultar disminuidos por razón de la distancia.

"Reclamación 662/2001-PL, deducida de la controversia constitucional 155/2001. Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas. 5 de marzo de 2002. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón."

Como se desprende de la interpretación realizada del precepto anterior, éste tiene una finalidad de seguridad jurídica que persigue salvaguardar el principio de igualdad entre las partes, de tal manera que la distancia no constituya un obstáculo para que las partes vean disminuidos los plazos que la ley prevé para la promoción de sus defensas.

Sin embargo, el precepto en cuestión no puede interpretarse en sentido contrario, esto es, en el sentido de que se dé una oportunidad mejor a las partes que viven fuera de la ciudad donde se encuentra este Alto Tribunal o, incluso, que radicando en el lugar donde tiene su sede éste, puedan tener delegados en lugares distintos a los de su residencia, logrando así el manejo del tiempo procesal en perjuicio de su contraparte.

Ciertamente, una interpretación que atienda el domicilio de los delegados contravendría el principio de seguridad jurídica de igualdad procesal y pudiera convertirse en un obstáculo a la impartición de la justicia pronta y expedita que como principio postula el artículo 17 de la Constitución Federal.

El artículo en cuestión alude al lugar de residencia de las partes, y esto ha sido interpretado por este Alto Tribunal en la controversia constitucional 19/2001, promovida por el Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, y fallada el dieciocho de marzo de dos mil tres, en el sentido de que al ser partes en este tipo de procedimientos entidades políticas, resulta lógico concluir que su lugar de residencia será aquel en que se encuentre la sede de sus Poderes. En el caso de la Federación, su lugar de residencia será el Distrito Federal; en el caso de los Estados las ciudades capitales correspondientes y, por cuanto hace a los Municipios, si bien éstos no tienen "Poderes" en sentido estricto, resulta claro que su lugar de residencia o sede será aquel en que se encuentre su cabecera, que es la localidad de su Ayuntamiento, quien ejerce el gobierno del Municipio de manera exclusiva por mandato de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Federal.

La interpretación anterior no debe ser modificada o ampliada hacia las partes formales, porque de hacerlo sería atentar contra la seguridad jurídica.

Efectivamente, el domicilio de residencia de las partes materiales es conocido, es un domicilio cierto, que está precedido de un reconocimiento jurídico, bien sea en la Constitución Federal o en la Local, bien en ley o en una norma reglamentaria municipal, es una situación que no puede ser fácilmente modificada y que resulta de conocimiento público.

En cambio, atender al domicilio del delegado o de los delegados implicaría atender en realidad a una situación incierta y cambiante, sujeta a la voluntad de las partes, pues el domicilio puede ser modificado en innumerables ocasiones dentro del proceso, e incluso alguna de las partes pudiera tener varios delegados con varios domicilios, que significarían oportunidades para realizar promociones en diversos lugares.

Luego, mientras la ley con un espíritu de seguridad jurídica regula que sea el domicilio de residencia de las partes donde debe depositarse la promoción por cor

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18208-5ecf0044/controversias-constitucionales-el-domicilio-donde-deben-depositarse-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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