JUICIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN FISCAL. EL SUBPROCURADOR DE ASUNTOS PENALES Y JUICIOS SOBRE INGRESOS COORDINADOS DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO EN REPRESENTACIÓN DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, PUES SÓLO LA TIENE RESPECTO DE SU HACIENDA PÚBLICA.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 339/2003-PL, DERIVADO DEL JUICIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN FISCAL 7/2003. SUBPROCURADOR DE ASUNTOS PENALES Y JUICIOS SOBRE INGRESOS COORDINADOS DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-En este punto, de conformidad con el artículo 39 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procederá al examen, en su conjunto, de los agravios hechos valer por la parte recurrente, por estar ligados entre sí y para resolver la cuestión efectivamente planteada.
En primer término, debe tenerse en cuenta que el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional dispone:
"Artículo 25. El Ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano."
Conforme al numeral transcrito, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional, siempre y cuando advierta que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
Al respecto, este Alto Tribunal ha sostenido el criterio de que por manifiesto debe entenderse todo aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la simple lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación y, en su caso, de los documentos que se anexen a dichas promociones; mientras que lo indudable se configura cuando se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, de manera tal que la admisión de la demanda y la sustanciación del procedimiento no darían lugar a la obtención de una convicción diversa.
Lo anterior, encuentra sustento en la tesis jurisprudencial P./J. 128/2001, que aparece publicada en la página ochocientos tres, Tomo XIV, octubre de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por ‘manifiesto’ debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo ‘indudable’ resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa."
Así, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que dé lugar al desechamiento de la demanda, debe advertirse de la simple lectura de ésta y las pruebas que en su caso se hubieran adjuntado, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el demandante, o bien, porque se encuentren probados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que se tenga la plena certeza de que los actos posteriores del procedimiento, como son la contestación a la demanda y la fase probatoria, no serían necesarios para configurarla ni tampoco podrían desvirtuar su contenido.
Sirve de apoyo al efecto, la tesis jurisprudencial P./J. 9/98, visible en el Tomo VII, correspondiente a enero de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y ocho, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE.-Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido."
En consecuencia, si el motivo de improcedencia no está plenamente demostrado, debe admitirse a trámite la demanda, pues de lo contrario se estaría privando al actor de su derecho a instar la acción de controversia y probar en el juicio.
En el caso, el Ministro instructor estimó procedente desechar la demanda de juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, en virtud de que se surtía la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en relación con el artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que el promovente no se encuentra legitimado para accionar esta vía al no gozar de la representación del Distrito Federal.
A efecto de dilucidar si efectivamente en el caso se surte la causa de improcedencia invocada por el Ministro instructor, resulta conveniente hacer las siguientes consideraciones.
La demanda de juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal fue promovida por el subprocurador de Asuntos Penales y Juicios sobre Ingresos Coordinados de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal.
Sobre la representación del citado funcionario, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció al resolver el juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal 1/2001, en sesión de cuatro de noviembre de dos mil tres, criterio que aplicó la Primera Sala en el juicio 5/2003, en sesión de veintiuno de enero de dos mil cuatro, promovidos por el subprocurador de Asuntos Penales y Juicios sobre Ingresos Coordinados en representación del Gobierno del Distrito Federal.
En ellos se consideró que dicho subprocurador no tiene la representación del Distrito Federal, sino únicamente la de su hacienda pública, siendo que en los juicios sobre cumplimiento es necesario que quien acciona cuente con la representación de la entidad, en términos de lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal que, en lo que interesa, señala:
"Artículo 12. ...
"En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público infringiera las disposiciones legales y convenios relativos a la coordinación fiscal en perjuicio de un (sic) entidad federativa, ésta podrá reclamar su cumplimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiendo, en lo aplicable el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
De acuerdo con el precepto transcrito, son las entidades federativas quienes están facultadas para interponer los juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal en caso de que consideren que una determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les cause perjuicio, por infringir las disposiciones legales y convenios relativos a la coordinación fiscal.
Lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal que habla de la "entidad federativa inconforme", así como de la lectura integral del texto de dicho ordenamiento, que da existencia y forma al sistema de coordinación fiscal y a este juicio a través del cual se trata de remediar posibles conflictos que se den entre las entidades coordinadas.
En efecto, la Ley de Coordinación Fiscal al referirse en su cuerpo a las relaciones entre las autoridades federales y las locales, establece que en nombre de la Federación actuará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no prevé una norma semejante para el caso de las entidades federativas, pues simplemente habla de las mismas y no de que serán representadas por la autoridad hacendaria estatal para efectos de los juicios o actos previstos en dicha ley.
Al respecto, el artículo 16 de la Ley de Coordinación Fiscal prevé:
"Artículo 16. El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los Gobiernos de las entidades, por medio de su órgano hacendario, participarán en el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, a través de:
"I. La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales.
"II. La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.
"III. El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec).
"IV. La Junta de Coordinación Fiscal."
De lo transcrito se desprende que cuando el artículo 16 de la Ley de Coordinación Fiscal se refiere a la autoridad hacendaria local, lo hace a propósito de la constitución y organización del organismo llamado "Sistema Nacional de Coordinación Fiscal", y expresamente dispone que en éste la intervención de las entidades federativas será por conducto de sus autoridades hacendarias, de lo que se deduce que sólo para efectos de este organismo se reconoce expresamente como suficiente la representación de la entidad a través de sus autoridades hacendarias, sin que de ninguna forma se atribuya expresamente la posibilidad de que el erario local accione a nombre de la entidad, tampoco siendo factible presumir la representación a su favor, pues el artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal no contiene tal supuesto.
Por otra parte, en cuanto a la manifestación del recurrente en el sentido de que no se tomó en cuenta que el jefe de Gobierno puede delegar sus facultades, como quedó asentado en la presente resolución y de conformidad con el criterio del Pleno de este tribunal a que se hizo referencia, la única forma de representación que puede aceptarse en los citados juicios sobre cumplimiento, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal es aquella que se encuentra prevista expresamente en ley, sin que sea dable aceptar una forma diversa.
Ahora bien, el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia establece:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley."
Por su parte, los artículos 11-A, último párrafo y 12, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, que prevén lo relativo a la procedencia de los mencionados juicios sobre cumplimiento, establecen:
"Artículo 11-A. ...
"Las entidades federativas podrán ocurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos del artículo 12 de esta ley."
"Artículo 12. ...
"En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público infringiera las disposiciones legales y convenios relativos a la coordinación fiscal en perjuicio de un (sic) entidad federativa, ésta podrá reclamar su cumplimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiendo, en lo aplicable el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
De los preceptos citados, se desprende que las entidades podrán ocurrir a juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los supuestos en ellos previstos, en el caso que nos ocupa y como quedó asentado en la presente resolución, de acuerdo con las normas que le resultan aplicables al promovente y con las que pretende acreditar su personalidad, este Alto Tribunal ya se ha pronunciado en el sentido de que carece de la representación del Distrito Federal para acudir ante esta vía.
En consecuencia, resulta indiscutible que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en relación con el 12 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Asimismo, debe precisarse que la referida causa de improcedencia es manifiesta, advirtiéndose de forma patente y clara, en virtud de que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se había pronunciado respecto de la cuestión planteada, por lo que el Ministro instructor tuvo la certeza y plena convicción de que se actualizaba.
En este orden de ideas, al resultar infundados los agravios expuestos por la recurrente, debe confirmarse el auto recurrido.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Es procedente pero infundado el presente recurso de reclamación.
SEGUNDO.-Se confirma el auto recurrido de doce de noviembre de dos mil tres dictado en el juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal 7/2003.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Juan Díaz Romero. Fue ponente en este asunto el señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18222-b03ecd84/juicio-sobre-cumplimiento-de-los-convenios-de-coordinacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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