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Modo: Corpus Pro

JUICIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN FISCAL. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, SI PARA ELLO EL MINISTRO INSTRUCTOR REQUIERE HACER UN ANÁLISIS INTEGRAL DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 340/2003-PL, DERIVADO DEL JUICIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN FISCAL 8/2003. · Registro digital (IUS): 18221
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, , Pág. 717.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 340/2003-PL, DERIVADO DEL JUICIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN FISCAL 8/2003. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Los agravios que adujo la parte recurrente esencialmente se hacen consistir en:

a) Que el Ministro instructor realiza una incorrecta interpretación y aplicación de la legislación aplicable, ya que primero le reconoce personalidad como representante del Gobierno del Estado de Veracruz, y al analizar la procedencia del juicio se la niega.

b) Que es incorrecta la interpretación que se hace del artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, puesto que éste establece que procede el sobreseimiento en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esa ley, y en el caso se concatena con el artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal, el que no puede ser aplicable por no estar contenido tal precepto en la citada ley reglamentaria.

c) Que se intenta desvirtuar la personalidad con que se ostenta, al señalar en el auto recurrido que las entidades federativas son las legitimadas para promover los juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, pues como gobernador del Estado tiene la representación legal para ejercitar todas las acciones tendentes a defender los derechos e intereses del mismo y que, en todo caso, en virtud de existir elementos que lo permiten, su representación debió presumirse conforme al artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia.

d) Que le causa agravio la invocación de la tesis P./J. 22/2002, puesto que la misma no señala que no se pueda presumir la representación en los citados juicios sobre cumplimiento, así como la cita del criterio utilizado al resolver el juicio 1/2001, puesto que no es aplicable ni por analogía, ya que el promovente no es el jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien sería el equivalente a la representación que ostenta, por lo que resulta incongruente su aplicación.

e) Que, en todo caso, de conformidad con el artículo 28 de la ley reglamentaria de la materia, el Ministro instructor debió haberlo prevenido para que acreditara la calidad con la que promovía el juicio.

De conformidad con el artículo 39 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procederá al examen en su conjunto de los agravios hechos valer por la parte recurrente para resolver la cuestión efectivamente planteada.

La problemática expuesta en el presente recurso se resume en determinar si el desechamiento del juicio realizado por el Ministro instructor fue correcto o no.

En el auto combatido se desechó la demanda por estimar que se actualizaba la causa de improcedencia consistente en que el promovente carecía de la representación del Estado de Veracruz, considerando que la citada causa era notoria y manifiesta, de conformidad con el criterio establecido por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal 1/2001, promovido por el subprocurador de Asuntos Penales y Juicios sobre Ingresos Coordinados de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal.

Por su parte, el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional dispone:

"Artículo 25. El Ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano."

Conforme al numeral transcrito, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional, siempre y cuando advierta que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

Al respecto, este Alto Tribunal ha sostenido el criterio de que por manifiesto debe entenderse todo aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la simple lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación y, en su caso, de los documentos que se anexen a dichas promociones; mientras que lo indudable se configura cuando se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, de manera tal que la admisión de la demanda y la sustanciación del procedimiento no darían lugar a la obtención de una convicción diversa.

Lo anterior encuentra sustento en la tesis jurisprudencial P./J. 128/2001, que aparece publicada en la página ochocientos tres, Tomo XIV, octubre de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por ‘manifiesto’ debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo ‘indudable’ resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa."

Así, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, debiendo acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones.

Sirve de apoyo al efecto y resulta aplicable por analogía la tesis de jurisprudencia P./J. 140/2001, visible en el Tomo XV, correspondiente a enero de dos mil dos, página mil treinta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ELLO EL MINISTRO INSTRUCTOR REQUIERE HACER UNA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE ALGÚN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.-El artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Ministro instructor para desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que implica que dicho motivo debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y surgir sin obstáculo alguno a la vista del juzgador, esto es, debe acreditarse de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Por tanto, si para pronunciarse sobre la improcedencia de una demanda de controversia constitucional el Ministro instructor requiere hacer una interpretación directa de algún precepto de la Constitución Federal, es claro entonces que no se está en presencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues para determinar su actualización se requeriría de un análisis más profundo, propio de la sentencia definitiva."

Ahora bien, en primer término cabe considerar que si bien el auto recurrido se basa en un criterio del Pleno de este tribunal sustentado en la resolución del juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal 1/2001, el mismo no resulta directamente aplicable en el presente caso, puesto que aun cuando en él se estableció el principio general de que quien promueva en los citados juicios debe tener la representación expresa de la entidad de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11-A, último párrafo y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal, es de considerarse que en el mismo se realizó un análisis integral de las disposiciones legales que le resultan aplicables al subprocurador de Asuntos Penales y Juicios sobre Ingresos Coordinados de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal y, posteriormente a ello, se llegó a la conclusión de que carecía de la representación legal de dicha entidad.

En virtud de lo anterior, al tratarse en este caso de un funcionario distinto, el cual se encuentra regido por otras normas, no resulta directamente aplicable el criterio sustentado por el Pleno, teniendo ello como consecuencia que la causa de improcedencia aducida ya no se presenta como notoria y manifiesta, puesto que para concluir que el gobernador de Veracruz, promovente en el juicio del que deriva este recurso de reclamación, no tiene la representación de ese Estado, es necesario realizar un análisis integral de las disposiciones legales de dicha entidad federativa, entre ellas la Constitución Local, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Orgánica del Ministerio Público, así como cualquier otra que pudiera resultar aplicable, lo cual no es propio de un auto de mero trámite, sino en todo caso lo sería de la sentencia de fondo.

De acuerdo con lo expuesto y al no ser la causa de improcedencia invocada en el auto recurrido manifiesta ni indudable para desechar la demanda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la ley reglamentaria de la materia, debe admitirse a trámite la demanda de que se trata, siempre y cuando no se advierta diversa causa de improcedencia.

Atento lo anterior, resulta innecesario ocuparse del estudio de los restantes argumentos de la parte recurrente, tendentes a evidenciar que debe revocarse el auto recurrido, ya que a ningún fin práctico conduciría, siendo aplicable por analogía la tesis de jurisprudencia P./J. 100/99, visible en la página setecientos cinco, Tomo X, correspondiente a septiembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ.-Si se declara la invalidez del acto impugnado en una controversia constitucional, por haber sido fundado uno de los conceptos de invalidez propuestos por la parte actora, situación que cumple el propósito de este juicio de nulidad de carácter constitucional, resulta innecesario ocuparse de los restantes argumentos de queja relativos al mismo acto."

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Es procedente y fundado el presente recurso de reclamación.

SEGUNDO.-Se revoca el auto recurrido de diecisiete de noviembre de dos mil tres, dictado en el juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal 8/2003.

TERCERO.-Devuélvase el expediente al Ministro instructor para los efectos señalados en la parte final del último considerando.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Juan Díaz Romero. Fue ponente en este asunto el señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18221-1787f8cb/juicio-sobre-cumplimiento-de-los-convenios-de-coordinacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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