JUICIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN FISCAL. LOS MUNICIPIOS CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 26/2003-PL, DEDUCIDO DEL JUICIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN FISCAL 1/2003. MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, ESTADO DE GUERRERO.
MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
CONSIDERANDO:
SEXTO. El recurrente aduce como agravios en contra del proveído impugnado, en síntesis:
a) Que el acuerdo recurrido transgrede lo dispuesto por el artículo 25, en relación con el 19, fracción VIII, ambos de la ley reglamentaria de la materia, ya que no existe en dicha ley disposición alguna que prevea la falta de legitimación de los Municipios para promover un juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal; y el artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal, en que se apoya el auto reclamado para determinar la falta de legitimación, no es un precepto de la ley reglamentaria de la materia, por lo que no puede servir de fundamento para declarar la improcedencia del juicio, toda vez que de conformidad con el artículo 19, fracción VIII, de la misma ley, sólo puede declararse tal improcedencia cuando resulte de alguna disposición de dicha ley reglamentaria y no de otro ordenamiento diferente, como es el caso de la Ley de Coordinación Fiscal.
b) Que el artículo 10, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que los juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal se tramitarán en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que hace a las controversias constitucionales, sin que deba entenderse que el referido juicio se rija conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, pues ésta es una ley sustantiva con obligaciones y derechos previamente establecidos en su articulado, debiendo aplicarse en lo conducente la citada ley reglamentaria; y tomando en cuenta que el artículo 105 constitucional legitima a los Municipios para acudir ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en los casos de existir "controversia constitucional" con alguna entidad federativa, debe concluirse que el Municipio de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, puede solicitar el cumplimiento del convenio de coordinación fiscal firmado entre la Federación y el gobierno de la entidad.
c) Que el acuerdo impugnado, al indicar que el Municipio carecía de legitimación para promover un juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, ya que sólo las entidades federativas y el Distrito Federal podían interponerlo, transgredió los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal; 1o., 10 y 19, a contrario sensu, de la ley reglamentaria de la materia; 10, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 1o. y 11-A de la Ley de Coordinación Fiscal, este último aplicado por analogía.
d) Que en términos de los artículos 1o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, los Municipios son parte integrante de la coordinación fiscal a través de los convenios celebrados entre la Federación y los Estados, y que en ellos se establece la participación que corresponde a la hacienda de los Municipios por diversos impuestos y derechos que han dejado de percibir directamente, que dan origen a su participación en los fondos generales y específicos que los Estados les entregan; además, el último precepto establece el derecho del Municipio a recibir el veinte por ciento del Fondo General de Participaciones; y, por consiguiente, de los citados numerales se deriva la legitimación activa o interés jurídico del Municipio actor para impugnar al Estado de Guerrero la falta de pago de los intereses, así como los daños y perjuicios derivados de lo anterior.
e) Que el artículo 105 de la Constitución Federal y la ley reglamentaria de las fracciones I y II del citado precepto constitucional, tienen como fin establecer el procedimiento en conflictos constitucionales que se susciten entre diversos órganos o entidades públicas, como sería el caso de un Municipio y una entidad federativa; y si bien los primeros están legitimados para promover una controversia constitucional, inclusive derivada de actos o leyes emitidos en cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal, también pueden solicitar el cumplimiento del convenio de coordinación fiscal, ya que se trata de un conflicto de legalidad que se presenta entre distintos órganos de gobierno respecto del cual no puede decidir alguna autoridad estatal o un Juez Federal, y de no considerarse así se dejaría en estado de indefensión a los Municipios, al no contar con un procedimiento para hacer valer los derechos y prerrogativas que el convenio de coordinación fiscal les otorga a través de la indicada Ley de Coordinación Fiscal.
f) Que por analogía el artículo 11-A de la Ley de Coordinación Fiscal es aplicable a los Municipios, y que relacionado con la ley reglamentaria de la materia y el artículo 10, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, les otorga legitimación para promover juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal.
En relación con lo anterior, debe precisarse que resultan inatendibles los argumentos vertidos respecto de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las partes pueden promover el recurso de reclamación cuando estimen que durante el procedimiento del juicio se emitió algún auto o resolución que pudiera resultar incorrecto, mediante los cuales esta Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá corregir las irregularidades que en su caso hubieran existido dentro de aquél, a la luz de las disposiciones que rigen su tramitación y resolución.
Sirve de apoyo a la anterior determinación, en lo conducente y aplicada por analogía, la tesis jurisprudencial P./J. 139/2001, consultable en la página mil cuarenta y tres del Tomo XV, correspondiente a enero de dos mil dos, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:
"RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SON INATENDIBLES LOS AGRAVIOS QUE SE HACEN VALER EN DICHO RECURSO CUANDO SE REFIERAN A LA CONTRAVENCIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES POR PARTE DEL MINISTRO INSTRUCTOR. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el conocimiento de las controversias constitucionales estará a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su tramitación y resolución se rigen por las disposiciones de la ley reglamentaria de la materia y, a falta de disposición expresa, por las del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que si durante su instrucción o procedimiento se emite algún auto o resolución que a juicio de alguna de las partes resulta incorrecto, dicho proceder debe analizarse a la luz de las disposiciones de los ordenamientos invocados. En consecuencia, si en el recurso de reclamación se hacen valer como agravios la contravención a preceptos de la Constitución Federal por parte del Ministro instructor, dichos agravios deben desestimarse por inatendibles, pues jurídicamente no es posible que proceda un medio de control constitucional sobre otro, ya que a través del citado recurso este Alto Tribunal podrá corregir dentro de aquél las irregularidades del procedimiento que en su caso hubieran existido.
"Recurso de reclamación 212/2001, deducido de la controversia constitucional 33/2001. Poder Judicial del Estado de Guerrero. 8 de noviembre de 2001. Mayoría de ocho votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón."
En primer lugar, se estima conveniente precisar que el Tribunal Pleno emitió la jurisprudencia P./J. 22/2002, consultable en la página ochocientos noventa y nueve del Tomo XV, correspondiente al mes de abril de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que indica:
"COORDINACIÓN FISCAL. LOS JUICIOS QUE PREVÉN LOS ARTÍCULOS 11-A Y 12 DE LA LEY RELATIVA Y 10, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TIENEN CARACTERÍSTICAS PROPIAS QUE LOS DIFERENCIAN DE LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES QUE REGULA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Este Tribunal Pleno sustentó la tesis de jurisprudencia P./J. 156/2000, que dice: ‘COMPETENCIA ECONÓMICA. EL MEDIO DE CONTROL CUYA PROCEDENCIA SE REITERA EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, CONSTITUYE UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL DE LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. Cuando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se hace valer por una autoridad estatal, en términos del referido precepto ordinario, una acción en contra de la declaración de la Comisión Federal de Competencia Económica, órgano desconcentrado de la administración pública federal, sobre la existencia de actos de autoridades estatales, emitidos en ejercicio de su autonomía e imperio, que no pueden producir efectos jurídicos por transgredir lo dispuesto en el artículo 117, fracción V, constitucional, ello lleva a concluir que la mencionada acción constituye una controversia constitucional de las establecidas en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la litis se plantea entre dos órganos o entidades del Estado, las autoridades de la respectiva entidad federativa como sujeto activo y el Poder Ejecutivo Federal como sujeto pasivo, respecto del apego al Magno Ordenamiento de una resolución, de una dependencia del mencionado poder, conforme a la cual existen y no pueden surtir efectos jurídicos determinados actos de autoridades locales que fueron emitidos en contravención de un dispositivo fundamental que acota su potestad autónoma y, por ende, tiene como finalidad la emisión de un pronunciamiento que determine el ámbito de atribuciones que conforme a la Norma Fundamental pueden ejercer las entidades federativas; destacando que ante conflictos similares suscitados entre éstas y una dependencia del Ejecutivo Federal, el legislador ordinario las ha equiparado con la controversia constitucional, como sucede en el caso de los juicios ordinarios de anulación de la declaratoria de exclusión de los Estados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de los juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal celebrados por los gobiernos de éstos con el Gobierno Federal, tal como deriva de lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de Coordinación Fiscal y 10, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.’; este órgano jurisdiccional se aparta del criterio jurisprudencial expuesto en lo que se refiere a que estos últimos juicios se equiparan a las controversias constitucionales, toda vez que de lo previsto en el referido artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal, no se desprende dicha equiparación, sino que en tales juicios se seguirá, en lo aplicable, el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, se trata de medios de impugnación creados por una ley secundaria (Ley de Coordinación Fiscal), cuya litis girará en torno al cumplimiento de aquélla y del convenio de coordinación que se cuestione, por lo que dichos juicios son medios de control de legalidad exclusivamente, ya que nada tienen que ver con el tema de constitucionalidad, sino solamente con la correcta o incorrecta aplicación de la referida ley, así como del convenio de coordinación respectivo, es decir, no se está ante un problema de invasión de esferas o de supremacía constitucional, toda vez que este Alto Tribunal actúa como órgano de legalidad ante un tema que se encuentra regulado por un sistema de coordinación entre los Estados y la Federación, por lo que la litis radica en determinar si se respetaron o no esos convenios, y no si hubo una invasión de esferas o violación a la Constitución Federal.
"Controversia constitucional 18/99. Estado de San Luis Potosí. 19 de marzo de 2002. Once votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón."
Como se advierte de la citada tesis, en lo que al caso interesa, los juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal celebrados por los Gobiernos de los Estados con el Gobierno Federal, no se equiparan a las controversias constitucionales, sino que se trata de juicios de naturaleza diversa que son de competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya finalidad es exclusivamente de control de legalidad y que por disposición del artículo 12, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, se seguirá en lo aplicable el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, por lo que no debe dejar de observarse la aludida Ley de Coordinación Fiscal, al ser la que prevé la procedencia del juicio.
Así, los juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal son creados por la Ley de Coordinación Fiscal, pero para su sustanciación se seguirá, en lo aplicable, el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ahora bien, conforme al artículo 25 de este último ordenamiento, el Ministro instructor al examinar la demanda del juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, para proceder a su admisión o desechamiento estaba obligado a analizar lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal, que es el que prevé el medio de impugnación y señala las autoridades que tienen legitimación para hacerlo valer, pues en esa norma es en donde se prevé el juicio y, por ende, puede deducirse su naturaleza.
Atento lo anterior, contrariamente a lo aducido por la recurrente, si de conformidad con el último párrafo del artículo 12 de la citada ley, en la tramitación del juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal se seguirá, en lo aplicable, el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 19, fracción VIII, de esta última ley, en tratándose del juicio de referencia, puede estar relacionado con la Ley de Coordinación Fiscal y, por consiguiente, tal planteamiento resulta infundado.
Respecto de los argumentos en el sentido de que el Municipio de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, contrariamente a lo señalado en el auto recurrido, sí cuenta con legitimación para promover el juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, debe señalarse lo siguiente:
Como ya se indicó, la controversia constitucional y el juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal son medios de impugnación diferentes, cuya tramitación sustancialmente se rige por la misma norma adjetiva, lo que no implica que se esté en presencia de iguales procedimientos; de ahí que una autoridad puede estar legitimada para promover una controversia constitucional pero no el referido juicio. Por tanto, es necesario aludir a lo que prevé la Ley de Coordinación Fiscal en lo conducente.
La exposición de motivos en que se fundamentó la iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal se basó, en lo que al caso interesa, en las siguientes consideraciones:
"La circunstancia de que los textos constitucionales no delimitan campos impositivos federales, estatales y municipales, determina que tanto el Congreso de la Unión como las Legislaturas de los Estados puedan establecer contribuciones sobre las mismas fuentes. Cuando ello ocurre da lugar a la doble o múltiple tributación interior, consecuencia de la concurrencia o coincidencia en el ejercicio de facultades impositivas de Federación y Estados. ... El acuerdo entre Federación y Estados no se ha limitado a las fuentes de impuestos señaladas en la Constitución, sino que se ha extendido a otras contribuciones federales en las cuales los Estados y los Municipios reciben participación a cambio de abstenerse de gravar la misma fuente. Esta abstención no constituye una restricción o limitación que vulnere la soberanía de los Estados; por el contrario, dicha soberanía se manifiesta y se ejerce cuando una entidad federativa decide dejar en suspenso la aplicación de sus propias leyes o no dictarlas a cambio de recibir participación en el impuesto establecido por la Federación. ... Finalmente, la decisión de la Federación de transformar y modernizar el impuesto federal sobre ingresos mercantiles ... obliga a revisar todos los procedimientos de participación y reunirlos en un solo sistema, al cual la presente iniciativa llama Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. ... Los Estados de la República, en ejercicio de su soberanía, podrán solicitar adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en cuyo caso la Secretaría de Hacienda celebrará con ellos un convenio de coordinación fiscal que les dará derecho a participar en un Fondo General de Participaciones formado con el 13.0% de la recaudación federal total, que se incrementará con el porciento que represente en dicho ingreso de la Federación la recaudación de gravámenes locales o municipales que las entidades convengan en derogar o dejar en suspenso. Dicho fondo será distribuido entre los Estados conforme a las bases establecidas en la ley que se propone y que se desarrollen en los citados convenios. A cambio de esta participación los Estados no impondrán gravámenes o los mantendrán en suspenso sobre las materias establecidas en las leyes federales relativas a impuestos participables, modalidad que no se hace extensiva en relación con otros impuestos en los cuales no ha existido participación a los Estados. El acto de adhesión por convenio al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal tiene importancia relevante para los Estados, ya que deja en suspenso, mientras dura el convenio, algunos de los impuestos establecidos por su legislatura o impone abstención al propio Estado, por todo lo cual el convenio se rodea de formalidades especiales, debiendo ser aprobado, según lo dispongan las normas locales, por la Legislatura de cada entidad. El H. Congreso de la Unión es también el Poder Legislativo Local del Distrito Federal. Con base en ello, esta iniciativa propone que el propio Distrito, sin que medie convenio, quede adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal al entrar en vigor la ley a que se refiere la presente iniciativa. Los Estados de la República, si así lo prefieren, pueden no adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en cuyo caso podrán establecer libremente los impuestos que estimen convenientes, salvo los señalados en la fracción XXIX del artículo 73 constitucional, en relación con los cuales seguirán recibiendo las participaciones señaladas en las leyes federales. ... Como el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que se basará en las leyes y se desarrollará en convenios que celebren los Estados y la Federación, implica que los Estados no graven las fuentes en relación con las cuales reciben participaciones, es conveniente, si se busca preservar dicho sistema y facilitar su desenvolvimiento futuro, que se establezcan procedimientos para resolver los problemas que pudieren presentarse y mantener las relaciones entre la Federación y las entidades en un plano constante de entendimiento.
"El Estado que se considere afectado por decisiones de la Federación podrá acudir en juicio de nulidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en lo dispuesto por el artículo 105 de nuestra Constitución Política. Las controversias entre la Federación y una entidad federativa han caído en desuso en nuestro derecho público. Sin embargo, las mismas pueden involucrar importantes aspectos de interpretación jurídica cuya solución adecuada corresponderá a nuestro más Alto Tribunal. Para ello se establece en esta ley el procedimiento correspondiente, en la convicción de que con ello se da vida a nuestras instituciones constitucionales."
De lo anterior se aprecia, esencialmente, que conforme a la aludida exposición de motivos, la Ley de Coordinación Fiscal solucionaría el problema derivado de la falta de coordinación fiscal entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no delimitar campos impositivos federales, estatales y municipales, determinaba que tanto el Congreso de la Unión como las Legislaturas de los Estados podían establecer contribuciones sobre las mismas fuentes, lo que se traducía en una doble o múltiple tributación derivada de la concurrencia o coincidencia en el ejercicio de facultades impositivas de la Federación y los Estados.
Ahora bien, los Estados de la República, en ejercicio de su soberanía, podían solicitar adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en cuyo caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebraría el respectivo convenio de coordinación fiscal para que participaran en un Fondo General de Participaciones, y a cambio de tal participación los Estados no impondrían gravámenes o los mantendrían en suspenso sobre las materias establecidas en las leyes federales relativas a los impuestos participables. Además, los Estados podían no adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y establecer libremente los impuestos que estimaran convenientes, salvo los señalados en el artículo 73, fracción XXIX, de la Constitución Federal.
Para el caso de que el Estado se considerara afectado por decisiones de la Federación, se establecía el procedimiento para que ocurriera ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en lo dispuesto por el artículo 105 constitucional.
Por otra parte, los artículos 1o., 6o. y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal señalan:
"Artículo 1o. Esta ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con los de los Estados, Municipios y Distrito Federal, establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.
"Cuando en esta ley se utilice la expresión ‘entidades’, ésta se referirá a los Estados y al Distrito Federal.
"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenio con las entidades que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que establece esta ley. Dichas entidades participarán en el total de los impuestos federales y en los otros ingresos que señale esta ley mediante la distribución de los fondos que en la misma se establecen."
"Artículo 6o. Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 20% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las Legislaturas Locales establecerán su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general.
"La Federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones; en caso de incumplimiento la Federación hará la entrega directa a los Municipios descontando la participación del monto que corresponda al Estado, previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.
"Los Municipios recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que corresponda al Estado en los términos del penúltimo y último párrafos del artículo 2o. de esta ley.
"Las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, salvo lo dispuesto en el artículo 9o. de esta ley. Los gobiernos de las entidades, quince días después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique en el Diario Oficial de la Federación el calendario de entrega, porcentaje y monto, estimados a que está obligada conforme al penúltimo párrafo del artículo 3o. de esta ley, deberán publicar en el periódico oficial de la entidad los mismos datos antes referidos, de las participaciones estimadas que entregarán a los Municipios o demarcaciones territoriales, derivadas de las participaciones que las entidades reciban y de las que tengan obligación de participar a sus Municipios o demarcaciones territoriales. También deberán publicar trimestralmente el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación la lista de las entidades que incumplan con esta disposición."
"Artículo 12. La entidad inconforme con la declaratoria por la que se considera que deja de estar adherida al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrá ocurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, demandando la anulación de la declaratoria que se haya dictado conforme al artículo anterior de esta ley.
"Desde la admisión de la demanda se suspenderán los efectos de la declaratoria impugnada, por 150 días. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación producirá efectos 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación, tanto de la suspensión de los efectos de la declaratoria impugnada, como de los puntos resolutivos del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público infringiera las disposiciones legales y convenios relativos a la coordinación fiscal en perjuicio de una entidad federativa, ésta podrá reclamar su cumplimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiendo, en lo aplicable el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
De los numerales transcritos se aprecia, en lo que interesa:
Que la Ley de Coordinación Fiscal, esencialmente, tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con los de los Estados, Municipios y Distrito Federal; que cuando en esa ley se utilice la expresión "entidades", ésta se referirá a los Estados y al Distrito Federal; y si bien los Municipios son parte integrante de la coordinación fiscal, empero únicamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá celebrar convenios con las entidades (Estados y el Distrito Federal) para que estas últimas se adhieran al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal previsto en dicha ley.
Que las participaciones federales que reciban los Municipios del total del Fondo General de Participaciones, incluyendo sus incrementos, no deberán ser inferiores al veinte por ciento de las cantidades que correspondan al Estado; que este último debe cubrírselas; y que las Legislaturas Locales establecerán su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general.
Que la Federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba, y que el retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones; que en caso de incumplimiento la Federación hará la entrega directa a los Municipios descontando la participación del monto que corresponda al Estado, previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.
Que los Municipios recibirán como mínimo el veinte por ciento de la recaudación que corresponda al Estado en términos del penúltimo y último párrafos del artículo 2o. de dicha ley; que las participaciones serán cubiertas en efectivo, sin condicionamiento alguno, y no podrán ser objeto de deducciones, salvo lo dispuesto en el artículo 9o. de la citada ley.
Que los gobiernos de las entidades, quince días después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique en el Diario Oficial de la Federación el calendario de entrega, porcentaje y monto estimados a que está obligada conforme al penúltimo párrafo del artículo 3o. de la indicada ley, publicarán en el periódico oficial de la entidad los mismos datos de las participaciones estimadas que entregarán a los Municipios o demarcaciones territoriales, derivadas de las participaciones que las entidades reciban y de las que tengan obligación de participar a sus Municipios o demarcaciones.
Que se publicará trimestralmente el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal, y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación la lista de las entidades que incumplan con la disposición.
Que la entidad inconforme con la declaratoria por la que se considera que deja de estar adherida al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrá ocurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al artículo 105 de la Constitución Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, demandando la anulación de la declaratoria dictada; y en caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público infringiera disposiciones legales y convenios relativos a la coordinación fiscal en perjuicio de u
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17707-063da2b0/juicio-sobre-cumplimiento-de-los-convenios-de-coordinacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- RECLAMACIÓN EN JUICIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE ESE RECURSO SI EL AUTO RECURRIDO NO ES DE LOS QUE PONEN FIN AL PROCEDIMIENTO NI DE (RECURSO DE RECLAMACIÓN 298/2003-PL, DERIVADO DEL JUICIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN FISCAL)
- JUICIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN FISCAL. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, SI PARA ELLO EL MINISTRO INSTRUCTOR REQUIERE H (RECURSO DE RECLAMACIÓN 340/2003-PL, DERIVADO DEL JUICIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN FISCAL)
- PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SI LO CONSIDERA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR, DE OFICIO, Q (RECURSO DE RECLAMACIÓN 201/2002-PL, DEDUCIDO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. DEBE CONFIRMARSE, EN LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA, LA NEGATIVA A CONCEDERLA, SI LA CONTROVERSIA SE PLANTEÓ RESPECTO DEL ARTÍCULO 9o.-A D (RECURSO DE RECLAMACIÓN 265/2003-PL, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- EJECUTIVO DEL ESTADO. (s/clave)
- ACTO RECLAMADO. (s/clave)
- DEPARTAMENTO DEL DISTRITO, AMPARO CONTRA EL (INFORME JUSTIFICADO). (s/clave)
- JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, INFORME A NOMBRE DEL. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis