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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. DEBE CONFIRMARSE, EN LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA, LA NEGATIVA A CONCEDERLA, SI LA CONTROVERSIA SE PLANTEÓ RESPECTO DEL ARTÍCULO 9o.-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, QUE TIENE EL CARÁCTER DE UNA NORMA GENERAL.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 265/2003-PL, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 62/2003. · Registro digital (IUS): 17902
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, ESTADO DE VERACRUZ.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, , Pág. 1314.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 265/2003-PL, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 62/2003. MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, ESTADO DE VERACRUZ.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Procede ahora realizar el estudio de los agravios sintetizados en el resultando tercero de este fallo.

Los artículos 14 y 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal indican:

"Artículo 14. Tratándose de las controversias constitucionales, el Ministro instructor, de oficio o a petición de parte, podrá conceder la suspensión del acto que las motivare, hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva. La suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el Ministro instructor en términos del artículo 35, en aquello que resulte aplicable.

"La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales."

"Artículo 18. Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional. El auto o la interlocutoria mediante el cual se otorgue deberá señalar con precisión los alcances y efectos de la suspensión, los órganos obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto del cual opere, el día en que deba surtir sus efectos y, en su caso, los requisitos para que sea efectiva."

Los preceptos legales transcritos establecen la obligación a cargo del Ministro instructor de decidir sobre la suspensión de los actos cuya invalidez se demanda, atendiendo a los elementos proporcionados por las partes o recabados por el propio Ministro instructor y considerando las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional, existiendo la prohibición expresa de otorgar la medida cautelar cuando la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales.

En la controversia constitucional en que se negó la suspensión se solicita la invalidez del artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, en su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de julio de dos mil tres, según deriva del punto cuarto de la demanda respectiva, en que se lee:

"IV. Norma y actos cuya invalidez se reclaman y medio oficial en que se publicó: el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal reformado mediante decreto que en su oportunidad fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación el día catorce de julio del año dos mil tres."

En el auto impugnado se negó la medida cautelar con base en la consideración de que el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal tiene el carácter de norma general, y el recurrente, en esencia, aduce que el artículo impugnado regula a una situación concreta e individual, toda vez que sólo puede ser aplicable a aquellos Municipios o Estados que cuenten con puentes internacionales de peaje operados por la Federación, y no así la generalidad de Estados y Municipios de la República mexicana; por tanto, procede establecer si lo impugnado reviste las características de una norma general.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiteradas ocasiones ha establecido que las características de una norma general son generalidad, abstracción e impersonalidad. Asimismo, que la generalidad se refiere a que deben contener una disposición que no desaparezca después de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano, sino que sobreviva a esta aplicación; que la abstracción va dirigida a que se aplique a todos los casos idénticos al que previenen, en tanto no sean abrogadas y, la impersonalidad, que se dirija a una pluralidad de personas indeterminadas e indeterminables sin consideración de especie.

El artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, impugnado en la controversia constitucional de la cual deriva el presente asunto, establece:

"Artículo 9-A. La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los Estados y Municipios en donde existan puentes internacionales de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión, de impacto regional directamente en la zona donde se encuentre el cobro del peaje, sin que en ningún caso tales recursos se destinen al gasto corriente.

"La aportación a los fondos mencionados se hará por el Estado, por el Municipio o, cuando así lo acordaren, por ambos, en un 20% del monto que aporte la Federación, sin que la aportación de ésta exceda de un 50% del monto total de los ingresos que obtenga por la operación del puente de peaje de que se trate. La aportación federal se distribuirá como sigue: Municipios 50% y Estados 50%.

"Para que un Municipio en donde exista un puente internacional, o varios, pueda ser sujeto de participación de estos fondos, deberá acreditar un nivel recaudatorio de al menos un 50% más uno de la base gravable total de su impuesto predial en el año inmediato anterior a la firma del convenio; en su defecto, podrá convenir un acuerdo de mejora recaudatoria de la hacienda pública local con la Federación, para poder aplicar a la creación de estos fondos en el ejercicio fiscal siguiente, siempre y cuando cumpla con el requisito de recaudación señalado con anterioridad.

"En el caso de que el nivel recaudatorio una vez firmado el convenio, se encuentre por debajo del 50%, la cantidad de recursos se verá reducida de manera proporcional a la disminución porcentual del nivel recaudatorio. Si en el momento de firmar nuevamente el convenio, el Municipio se encuentra en este supuesto, no será sujeto de refrendo el convenio citado hasta no cumplir nuevamente con el nivel recaudatorio exigido y hasta el próximo ejercicio fiscal.

"El aforo vehicular de los puentes internacionales, estará sujeto a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

"Lo señalado en el presente artículo no será aplicable tratándose de los puentes administrados por el fideicomiso número 1936 del Fondo de Apoyo al Rescate Carretero."

De lo anterior se tiene que el artículo transcrito regula la posibilidad de celebrar convenios entre la Federación y los Estados y Municipios en donde existan puentes internacionales de peaje operados por la Federación, cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos Municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión, de impacto regional directamente en la zona donde se encuentre el cobro del peaje.

Por tanto, de acuerdo con su naturaleza debe considerarse que reviste las características de generalidad, abstracción e impersonalidad. En efecto, si bien en el artículo cuestionado la materia es específica, la aplicabilidad es general, por lo que posee los elementos que caracterizan a las normas generales. Además, la generalidad de las hipótesis normativas en las leyes implican su permanencia después de su aplicación, como acontece en la especie, pues se aplicará a todos los Estados y Municipios en los que exista actualmente o en el futuro un puente internacional de peaje operado por la Federación, de allí que deba aplicarse cuantas veces se dé el supuesto previsto en el ordenamiento. Y se hace sin distinción a todos los casos idénticos al que previene, precisamente porque su origen y finalidad es de manera expresa regular las relaciones de coordinación fiscal entre la Federación y cualquier Estado o Municipio de la República mexicana en el que exista un puente de los precisados, hasta en tanto sea derogado ese precepto.

En consecuencia, contrariamente a lo aducido por el recurrente, el artículo impugnado si bien está dirigido a una o varias categorías de entes relacionados con situaciones o actividades específicas, lo cierto es que reúne las características de generalidad, abstracción e impersonalidad, dado que su vigencia jurídica pervive después de aplicarse a un caso concreto para regular los casos posteriores en que se actualicen los supuestos contenidos en él, además de que se aplica a todos los casos que se colocan dentro de las hipótesis que prevé y no están dirigidas a un ente o grupo de entes individualmente determinados.

Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 18/98, de Pleno, publicada en la página siete, Tomo VII, marzo de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicada por analogía, que a la letra indica:

"LEYES PRIVATIVAS. SU DIFERENCIA CON LAS LEYES ESPECIALES.-Las leyes privativas se caracterizan porque se refieren a personas nominalmente designadas, atendiendo a criterios subjetivos y por el hecho de que después de aplicarse al caso previsto y determinado de antemano pierden su vigencia, encontrándose prohibidas por el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que atentan contra el principio de igualdad jurídica; mientras que las leyes especiales, aun cuando se aplican a una o a varias categorías de personas relacionadas con hechos, situaciones o actividades específicas, sí se encuentran investidas de las características de generalidad, abstracción y permanencia, dado que se aplican a todas las personas que se colocan dentro de las hipótesis que prevén y no están dirigidas a una persona o grupo de ellas individualmente determinado, además de que su vigencia jurídica pervive después de aplicarse a un caso concreto para regular los casos posteriores en que se actualicen los supuestos contenidos en ellas, no transgrediendo, por tanto, el citado precepto constitucional."

Por lo anterior, resulta infundado el agravio aducido pues, además de su denominación y de que fue emitido por un órgano legislativo federal, lo impugnado sí tiene las características de generalidad, abstracción e impersonalidad, por lo que constituye una "norma general".

En lo correspondiente a los agravios que se hacen consistir en las aportaciones que dejará de percibir el Municipio recurrente y la falta de fundamentación y motivación del decreto impugnado en la controversia constitucional, son inatendibles en virtud de que la materia de este recurso se circunscribe a determinar si el auto recurrido se adecua a lo dispuesto por la ley reglamentaria de la materia, en tanto que tales argumentos se refieren al fondo del asunto.

Por último, en cuanto a que la suspensión no tendría efectos retroactivos, debe desestimarse dado que no se negó la medida cautelar por ese motivo, sino por razones diversas.

En atención a lo anteriormente expuesto, procede declarar infundado el recurso de reclamación y, en consecuencia, confirmar el auto recurrido.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Es procedente, pero infundado el presente recurso de reclamación.

SEGUNDO.-Se confirma el auto recurrido de nueve de septiembre de dos mil tres, dictado en el incidente de suspensión de la controversia constitucional 62/2003, promovida por el Municipio de Coatzacoalcos, Estado de Veracruz.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente y ponente José Vicente Aguinaco Alemán.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17902-e8c69318/suspension-en-controversias-constitucionales-debe-confirmarse-en-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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