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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, CUANDO HAYAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 62/2003. · Registro digital (IUS): 18084
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, ESTADO DE VERACRUZ.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Mayo de 2004, , Pág. 1334.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 62/2003. MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, ESTADO DE VERACRUZ.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta de enero de dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinticinco de agosto de dos mil tres, Luis Rafael Anaya Mortera, quien se ostentó como síndico municipal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Estado de Veracruz, en representación de éste, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de la norma y los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

"II. Las partes que emitieron el decreto impugnado, así como de los actos de aplicación: 1. La H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con domicilio en Avenida Congreso de la Unión No. 66, colonia Del Parque, México, D.F. 2. La H. Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con domicilio en Avenida Xicoténcatl No. 9, piso 1, colonia Centro, C.P. 06018, México, D.F. 3. El H. Congreso de la Unión, con domicilio en Avenida Congreso de la Unión, colonia Del Parque, México, D.F. 4. C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en Residencia Oficial de los Pinos, colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11109, México, D.F. 5. C. Secretario de Gobernación, con domicilio en Bucareli, número 99, colonia Juárez, C.P. 06699, México, D.F. 6. C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, con domicilio en Avenida Hidalgo, número 77, módulo II, colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06300, de la Ciudad de México, Distrito Federal. 7. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, con domicilio en Calzada de los Reyes No. 24, colonia Tetela del Monte, C.P. 62130, de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 8. Tesorería de la Federación, con domicilio en Constituyentes No. 1001, Edificio Anexo, Piso 2, colonia Belén de las Flores, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01110, México, D.F. Se señala como parte en términos del numeral 10, fracción IV, de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: C. Procurador general de la República, con domicilio en Paseo de la Reforma No. 75, colonia Guerrero, C.P. 06300, México, D.F. III. Terceros Interesados: C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Veracruz, quien tiene su domicilio en Avenida Enríquez, precisamente en el Palacio de Gobierno, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz. C. Secretario de Finanzas y Planeación Social del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, con domicilio en Avenida Ruiz Cortinez sin número, esquina Av. Xalapa, código postal 91010, de la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz. H. Ayuntamiento Constitucional de Alvarado, Veracruz, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de dicho Municipio. H. Ayuntamiento Constitucional de Cosamaloapan, Veracruz, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de dicho Municipio. H. Ayuntamiento Constitucional de Cosoleacaque, Veracruz, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de dicho Municipio. H. Ayuntamiento Constitucional de Gutiérrez Zamora, Veracruz, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de dicho Municipio. H. Ayuntamiento Constitucional de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de dicho Municipio. H. Ayuntamiento Constitucional de Martínez de la Torre, Veracruz, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de dicho Municipio. H. Ayuntamiento Constitucional de Nautla, Veracruz, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de dicho Municipio. H. Ayuntamiento Constitucional de Pánuco, Veracruz, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de dicho Municipio. H. Ayuntamiento Constitucional de Pueblo Viejo, Veracruz, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de dicho Municipio. H. Ayuntamiento Constitucional de Tecolutla, Veracruz, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de dicho Municipio. H. Ayuntamiento Constitucional de Acuña, Coahuila, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de dicho Municipio. H. Ayuntamiento Constitucional (sic) Negras, Coahuila, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de dicho Municipio. H. Ayuntamiento Constitucional de Suchiate, Chiapas, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de dicho Municipio. H. Ayuntamiento Constitucional de Juárez, Chihuahua, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de dicho Municipio. H. Ayuntamiento Constitucional de Chihuahua, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de dicho Municipio. H. Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de dicho Municipio. H. Ayuntamiento Constitucional de Michoacán, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de dicho Municipio. H. Ayuntamiento Constitucional de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de dicho Municipio. H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de dicho Municipio. H. Ayuntamiento Constitucional de Culiacán, Sinaloa, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de dicho Municipio. H. Ayuntamiento Constitucional de Guasave, Sinaloa, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de dicho Municipio. H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de dicho Municipio. H. Ayuntamiento Constitucional de Emiliano Zapata, Tabasco, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de dicho Municipio. H. Ayuntamiento Constitucional de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de dicho Municipio. H. Ayuntamiento Constitucional de Reynosa, Tamaulipas, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de dicho Municipio. H. Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de dicho Municipio. H. Ayuntamiento Constitucional de Miguel Alemán, Tamaulipas, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de dicho Municipio. H. Ayuntamiento Constitucional de Camargo, Tamaulipas, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de dicho Municipio. H. Ayuntamiento Constitucional de Matamoros, Tamaulipas, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de dicho Municipio. H. Ayuntamiento Constitucional de Tampico, Tamaulipas, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Municipal de dicho Municipio. ... IV. Norma y actos cuya invalidez se reclaman y el medio oficial en que se publicó: El artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal reformado mediante decreto que en su oportunidad fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación el día catorce de julio del año dos mil tres."

Asimismo, en el oficio de aclaración de demanda presentado el tres de septiembre de dos mil tres se precisó:

"El decreto o la norma cuya invalidez se demanda consiste en su primer acto de aplicación, efectuado y dado a conocer a mi representada con fecha 12 de agosto del año dos mil tres ... mediante oficio número SFP/SE/DGIP-2003, del subdirector de Evaluación de Inversiones del Estado de Veracruz, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz ... de fecha 11 de agosto del año en curso y que fue recepcionado en la oficialía de partes de la presidencia municipal de mi representada el doce de agosto del año dos mil tres ... Así como del oficio número 401-SIVE-17119, de fecha trece de agosto de dos mil tres ... del director de Operaciones de Fondos y Valores de la Tesorería de la Federación, Subtesorería de Operación de la Dirección General Adjunta de Ingresos, Dirección de Operación de Fondos y Valores, Subdirección de Ingresos por Vía Electrónica, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que fuera recepcionado en la oficialía de partes de la presidencia municipal de mi representada en fecha trece de agosto del año en curso. ..."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:

"1. Mi representada es una personal moral oficial legalmente constituida, conforme lo establece el artículo 115 de la Constitución General de la República, siendo uno de sus objetos primordiales el de proporcionar los servicios públicos a los habitantes de su jurisdicción territorial, tal como lo establece el precepto constitucional antes invocado, distribuyendo los recursos públicos en la medida y proporción que le son suministrados por la Federación, el Estado y los captados por su propia gestión municipal, por lo que en uso de las atribuciones que contemplaba la Ley de Coordinación Fiscal, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, ha celebrado diversos convenios tanto con la Federación como con el Estado, para efectos de allegarse de recursos públicos que le permitan incrementar el desarrollo social y económico de las comunidades que lo conforman, permitiendo con ello una justa distribución del ingreso y la riqueza. 2. En julio de 1992 el H. Congreso de la Unión aprobó la iniciativa de adición a la Ley de Coordinación Fiscal con el artículo 9o. A, en el que disponía que la Federación, a través de esta secretaría, y los Estados y los Municipios en donde existan puentes de peaje operados por la Federación, podrían convenir en la creación de fondos destinados a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en los Municipios en que se ubiquen los puentes, con una aportación de la Federación, el Estado y el Municipio, en montos iguales, sin que la primera excediera del 10% del monto total de los ingresos obtenidos por la operación del puente de que se trate. 3. Con base en dicho fundamento, diversas entidades y Municipios celebraron convenios en la materia, los cuales redituaron beneficios significativos para dichos Municipios, tratándose de obras de vialidad. 4. En diciembre de 1995 el H. Congreso de la Unión aprobó la modificación del artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal para establecer un incremento en el porciento máximo de aportación de la Federación de 10% a 25% de los ingresos brutos generados en cada puente; una nueva regla de concurrencia de recursos, de tal manera que por cada peso que aporte la Federación el Estado, el Municipio o ambos, cuando así lo acordaren, lo hagan con veinte centavos; una distribución de la aportación de la Federación en partes iguales entre el Estado y el Municipio; la ampliación del destino específico de los recursos a la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión y la condición de que aquéllos no sean destinados al gasto corriente; y la factibilidad de extender los beneficios de los recursos federales a otros Municipios de la entidad, además de aquel en que se ubique el puente de peaje. 5. Mi representada, el veintiséis de abril de mil novecientos noventa y seis, celebró convenio con el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, y el Gobierno del Estado, por el cual se instrumentó la creación y administración de un fondo derivado de lo dispuesto por el artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal, en virtud de que dentro de la circunscripción territorial del Municipio se encuentra ubicado el puente federal de peaje denominado Coatzacoalcos (actualmente Coatzacoalcos I), y de esta manera gozar de los beneficios de la creación y administración de un fondo cuyos recursos y rendimientos tendrían como destino específico la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad o, en su caso, la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión. Lo anterior, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, que propuso impulsar un nuevo federalismo para fortalecer a los Estados y a los Municipios y fomentar la descentralización y el desarrollo regional. 6. La aportación de la Federación del 25% (veinticinco por ciento) de los ingresos brutos generados por el puente federal de peaje Coatzacoalcos I ha venido suministrándose desde años anteriores a mi representada en la forma y términos pactados en el convenio señalado en el punto inmediato anterior; mas es el caso que la presente reforma que se señala como acto reclamado agrega la palabra internacionales después de la palabra puentes, para quedar de la siguiente manera: ‘La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los Estados y Municipios en donde existan puentes internacionales de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear fondos ...’, modificando la anterior redacción que decía: ‘La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los Estados y los Municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear fondos ...’; en consecuencia, se priva de la aportación que la Federación viene realizando a mi representada con motivo del multirreferido convenio, dejándola en estado de indefensión por el solo hecho de no contar con puentes de peaje con el carácter de internacionales. 7. En atención al convenio último celebrado con fecha treinta y uno de enero del año en curso, se celebró la primera reunión ordinaria del comité técnico del programa Capufe 2003, en la que intervinieron representantes de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Zona VI Sureste y Zona VII Golfo, las Administraciones Jurídicas Locales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Coatzacoalcos, Tuxpan, así como los representantes de los Municipios que integran el programa Capufe, entre ellos el de mi representada; en la mencionada reunión se dieron a conocer los techos financieros reales captados durante el ejercicio 2002, correspondiendo a Coatzacoalcos, para el año 2002, la cantidad de $22'226,473.20 (veintidós millones doscientos veintiséis mil cuatrocientos setenta y tres pesos 20/100 M.N.), cantidad superior a la presupuestada; de igual forma, se nos hizo del conocimiento que la asignación financiera estimada para el año 2003, considerando los incrementos a los pagos de casetas, sería para Coatzacoalcos la cantidad de $23'097,337.00 (veintitrés millones noventa y siete mil trescientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.); de igual forma, se presupuestó para el año dos mil tres, por parte del H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, la cantidad de $22'466,770.00 (veintidós millones cuatrocientos sesenta y seis mil setecientos setenta pesos 00/100 M.N.), importe que se presupuestó para diversas obras en beneficio de la ciudadanía de Coatzacoalcos, siempre respetando el convenio de coordinación signado."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

"Primero. El decreto que reforma el artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal hace nugatorio un derecho real del H. Ayuntamiento Constitucional de Coatzacoalcos, Veracruz, y lo priva de facto de un beneficio legítimo y acorde con las necesidades de todos los Municipios, vulnerando con ello el principio de división de poderes con motivo de la invasión de esferas competenciales establecidas en la Constitución, entidades que se encuentran incluidas primariamente en el convenio de donde se deduce la controversia planteada. De igual manera, el orden constitucional tiende a preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones establecidas a favor de las autoridades, situación que en el presente caso no se está cumpliendo, ya que esta afectación rompe con los principios rectores previstos en la Constitución Federal; para robustecer la tesis sostenida por el suscrito, me permito hacer una interpretación del artículo 25 de la Constitución General de la República que a la letra señala, entre otros particulares: ‘Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación. ... Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. ...’. El entorno y los extremos del numeral son motivo de este apartado, claro en el sentido de que son parte medular en las normas que constituyen nuestra Ley Suprema, la que definitivamente establece el concepto de rectoría del Estado, en virtud de que señala la facultad de planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional; asimismo, establece que la rectoría del desarrollo nacional debe garantizar que éste sea integral, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, mediante el fomento, el crecimiento económico y el empleo, así como una más justa distribución del ingreso y la riqueza, acontecimientos que obviamente propiciarán el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos en todas sus definiciones, grupos y clases sociales, cuya seguridad está protegida por nuestra Carta Magna. En el primer párrafo del artículo 25 constitucional citado se fijan los fines y las limitaciones del concepto de rectoría del desarrollo nacional que se atribuyen al Estado. Se establece que el desarrollo debe ser integral; esto es, que debe atender los aspectos diversos del mismo, tanto los meramente económicos como los sociales, los culturales y los políticos, debiéndose entender este principio en conexión con el artículo 3o. de la Constitución, que define a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; ahora, el carácter integral de desarrollo debe entenderse también en el punto que abarque en conjunto a la población y a toda la extensión del territorio nacional. En consecuencia de lo anterior, el decreto impugnado viola el principio de justicia que se contiene en este dispositivo, el cual, como se aprecia, dispone en lo general una razón de ser del Estado, es decir, es el rector del desarrollo nacional, misma rectoría que ejercerá mediante el fomento del crecimiento económico y una distribución más justa del ingreso y la riqueza; es cierto que dicho principio está literalmente dirigido a buscar la justa distribución de la riqueza e ingreso de los individuos, resulta evidente que tal principio le es aplicable al Estado, mismo que debe ser paradigma de los esquemas de justicia y bien común, lo cual es uno de sus fines; por tanto, es incuestionable que en sus actos, sobre todo los legislativos y los de mera rectoría de la vida nacional, la Federación debe observar dicho principio de justicia, lo cual se traduce en dar a cada quien lo que le corresponde con base en principios éticos y equitativos; de tal suerte que el decreto que se controvierte viola el espíritu del artículo 25 sucinto en este apartado, pues carece de mecanismo alguno que le dé certeza jurídica a los Municipios que no gocen del beneficio contemplado en el convenio referido por el sólo hecho de no tener un puente internacional. Segundo. Como ya se ha señalado y obra en los medios de convicción ofrecidos, desde el año de mil novecientos noventa y tres, mi poderdante ha venido recibiendo el beneficio plasmado en el dispositivo de referencia y que anteriormente al decreto reformado, literalmente establecía: ‘Artículo 9o. A. La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los Estados y los Municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos Municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión, sin que en ningún caso tales recursos se destinen al gasto corriente. La aportación a los fondos mencionados se hará por el Estado, por el Municipio o, cuando así lo acordaren, por ambos, en un 20% del monto que aporte la Federación, sin que la aportación de ésta exceda de un 25% del monto total de los ingresos que obtenga por la operación del puente de peaje de que se trate. La aportación federal se distribuirá en partes iguales entre el Estado y el Municipio correspondiente, destinando el estado al mismo fin estos recursos en cualquiera de los Municipios de la entidad.’. Por otra parte, el numeral reformado, sustancialmente, quedó de la siguiente manera: ‘Artículo 9o. A. La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los Estados y Municipios en donde existan puentes internacionales de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos Municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión, de impacto regional directamente en la zona donde se encuentre el cobro del peaje, sin que en ningún caso tales recursos se destinen al gasto corriente. ...’. Es obvio que la reforma viene aparejada con la suspensión del ingreso señalado en el artículo modificado, lo que importa un serio perjuicio económico al Municipio que represento, y penosamente se reflejará en un decrecimiento de las obras a desarrollar; asimismo, existe franca contravención de la reforma cuya invalidez se pretende, significándose que entre otras disposiciones de ley vulneradas con el decreto se encuentra el diverso 26 de nuestra Carta Magna que, sustancialmente, previene: ‘Artículo 26. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. ...’. Comentando que, a consideración de mi mandante, existe un quebrantamiento a diversos ordenamientos secundarios, como en este caso a la Ley de Planeación que a la letra, en sus numerales 1o., 2o. y 3o., entre otras cosas, refiere: ‘Artículo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer: I. Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la planeación nacional del desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la administración pública federal. ...’. ‘Artículo 2o. La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios: I. El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural; II. La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático ... III. La igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos, de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria; IV. El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales y políticos; V. El fortalecimiento del Pacto Federal y del Municipio Libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país ...’. ‘Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por planeación nacional del desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política y cultural, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen. ...’. Así las cosas, resulta evidente que la multimencionada reforma al artículo 9o. A es contradictoria a los extremos que particularmente cita el precitado artículo 26 de la Constitución General de la República, que obliga al Estado a organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación; asimismo, es menester resaltar que nuestro sistema político requiere forzosamente de la organización como instrumento fundamental, esto en atención a que la sociedad actual es compleja en cuanto a su estructura, diversa en cuanto a sus necesidades y densa por naturaleza, por ello se hace indispensable el planteamiento de objetivos concretos a corto, mediano y largo plazo, así como la definición correcta y lógica de estrategias, objetivos y acciones para aplicar las medidas que hagan posible su realización, de tal suerte que no es posible cumplir y organizar a la colectividad con ataduras y restricciones como en este asunto es la reforma taxativa que distingue la aportación de fondos que se contenía en el artículo 9o. A antes de la reforma, y ahora sólo se circunscribe a los Estados y Municipios donde sólo existan puentes internacionales, esta excluyente inverosímil, malamente, olvida que los habitantes y necesidades de los diferentes Estados y Municipios donde los puentes no son internacionales son exactamente iguales a los lugares donde sí los hay, es decir, ahora por las simples características de una estructura un núcleo de población será perjudicado, ¿Cuáles son los elementos o razones que marcan la diferencia?, ¿Acaso unos gobernados tienen más o menos derechos que otros?, porque aquí no se trata de la preferencia o no sobre algunos Estados o Municipios, en puridad lisa y llanamente estamos ante la presencia de una afectación, verbigracia el elemento de la solidez que se cita en el comentado artículo 26 de nuestra Ley Suprema, que en la especie no es más que la firmeza y fuerza del proceso de crecimiento económico, y se trata de que éste no sea débil y que, por supuesto, tenga un buen sustento para hacer frente a las imperiosas necesidades de la población, en términos generales y, en el caso a estudio, a las obras de construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad, en el entendido de que cada uno de estos rubros es de suma importancia para los habitantes de Coatzacoalcos, Ver., y para mi representada en juicio, bien por la plusvalía que adquieren los inmuebles con la construcción de una calle, por la seguridad o la mejora de las condiciones económicas en el comercio, todo esto en atención a que el fondo se destina de manera importante, como ya se ha dicho, a obras de vialidad, escuelas, hospitales, etc. Tercero. La reforma decretada rompe con el principio elemental de la equidad que requiere para su sano desarrollo de la congruencia con el valor de la justicia social en todos sus aspectos, que finalmente ese es el fin de la Constitución General de la República, porque comprobado está que la desigualdad sólo genera la interrupción o debilitamiento del proceso de crecimiento financiero que puede redundar en distorsiones y conflictos sociales que finalmente pueden constituir una amenaza al orden general. En otro tenor, no menos importante y atendiendo a la naturaleza del segundo párrafo del aludido artículo 26 constitucional, no es válido que se soslayara con la reforma excluyente la planeación que de conformidad con los puntos claros y precisos de la norma tendrá que ser democrática y, de igual manera, deberá observar la participación de los diversos sectores sociales; luego entonces, esta tesis sí es absoluta en cuanto a eliminar los planes autoritarios; no obstante lo anterior, la comentada reforma impide de inicio recoger cualquier aspiración o demanda de la sociedad. Habida cuenta de todo lo anterior, huelga decir que el artículo 115 constitucional es uno de los elementos más importantes del sistema político federal mexicano, dicha norma suprema previene en su fracción III lo siguiente: ‘Artículo 115. ... III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública ...’. De igual forma, su estructura, entre otras, se encue

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18084-81bf1f92/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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