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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, CUANDO HAYAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 63/2003. · Registro digital (IUS): 18086
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN, ESTADO DE VERACRUZ.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Mayo de 2004, , Pág. 1353.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 63/2003. MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN, ESTADO DE VERACRUZ.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta de enero de dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinticinco de agosto de dos mil tres, Osvaldo Pérez Pérez, quien se ostentó como síndico del Municipio de Cosamaloapan, Estado de Veracruz, en representación de éste, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de la norma y el acto que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

"II. Las partes que emitieron el decreto impugnado, así como los actos de aplicación: 1. La H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 2. la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 3. C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 4. C. Secretario de Gobernación. 5. C. Secretario de Hacienda y Crédito Público. 6. C. Director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Los cinco primeros con domicilios ampliamente conocidos en México, Distrito Federal, y el último con residencia oficial en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Se señalan como partes también: 1. C. Procurador general de la República. 2. C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Veracruz. 3. Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave. 4. H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Alvarado, Veracruz. 5. H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. 6. H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cosoleacaque, Veracruz. 7. H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Gutiérrez Zamora, Veracruz. 8. H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz. 9. H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. 10. H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nautla, Veracruz. 11. H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Pánuco, Veracruz. 12. H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Pueblo Viejo, Veracruz. 13. H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tecolutla, Veracruz. De la autoridad o autoridades responsables se reclama: A) De las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión se reclama: La aprobación y promulgación de la reforma al artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal, de fecha 30 de abril del 2003, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de julio del año 2003. B) De los ciudadanos Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal se reclama: La publicación del decreto que reforma el artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal, misma que fue publicada el día 14 de julio del año 2003. C) De los ciudadanos secretario de Hacienda y Crédito Público y director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se reclama: La ejecución de la reforma al artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal, misma que entró en vigor, de acuerdo con el artículo primero transitorio, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. ... IV. Norma y actos cuya invalidez se reclaman y el medio oficial en que se publicó. El artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal reformado mediante decreto presidencial y que en su oportunidad fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación el día catorce de julio del año dos mil tres."

Asimismo, en el oficio de aclaración de demanda presentado el cuatro de septiembre de dos mil tres se precisó:

"La norma cuya invalidez demanda la persona moral que represento, la impugna con motivo de su primer acto de aplicación, del decreto que aprueba y promulga la reforma al artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal, que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado día 14 de julio del año 2003 ... con fecha 15 de agosto del año 2003, nos fue comunicado mediante oficio SFP/SE/DGIP/2003, por la Dirección de Inversión Pública, en su carácter de representante del Gobierno del Estado de Veracruz ..."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:

"Primero. El Municipio mexicano, desde su origen, ha sido el proveedor de los diferentes servicios públicos que la sociedad de nuestro país le ha demandado. Esta situación fue reivindicada en las iniciativas municipalistas de los pasados 15 de junio y 25 de julio de 1999, respectivamente, en donde las Cámaras de Diputados y Senadores, erigiéndose en Constituyente Permanente, aprobaron diversas modificaciones al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismas que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el jueves 23 de diciembre del año en referencia, y que sin duda robustecen la gestión política, administrativa y de gobierno del Municipio mexicano. Sin embargo, en materia de federalismo fiscal, el Municipio aún sigue permaneciendo a la zaga en materia de potestades tributarias o recaudatorias que le permitan incrementar los recursos de la hacienda municipal. La Federación, al amparo del artículo 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede imponer todas las contribuciones necesarias para cubrir su gasto público, y los Estados, a su vez, pueden establecer todas las contribuciones que necesiten, con excepción de las fuentes de riqueza que expresamente les prohíbe la fracción XXIX del artículo 76, así como los artículos 117, fracciones IV, V, VI, VII y IX, y 18, fracción I, todos ellos de la propia Constitución; en cambio, el Municipio, también orden de gobierno constituido jurídicamente en nuestra Carta Magna, carece de esas facultades. Bajo este sesgo jurídico, hacia el centralismo fiscal, fue que dio origen el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en 1980, que permitió absorber a la Federación el 80% de la recaudación tributaria y que tanto los Estados como los Municipios pudieron participar de forma concurrente con éste. Es así, que bajo el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en el año de 1992, se dio el primer gran paso para la obtención de dichos recursos, ya que el H. Congreso de la Unión aprobó la iniciativa de adición a la Ley de Coordinación Fiscal con el artículo 9o. A, con la creación de fondos destinados a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad, en donde existen puentes de peaje operados por la Federación, aportando montos iguales Federación, Estados y Municipio, sin exceder del 10% del monto total de los ingresos obtenidos por la operación del puente de que se trate. Posteriormente, en el año de 1995, la Legislatura Federal en turno aprobó la modificación del artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal, estableciendo un incremento del 10 al 25% de aportación de la Federación de los ingresos brutos generados en cada puente, creándose así nuevas reglas de operación que establecen que por cada peso que la Federación aporte, el Estado, el Municipio, o ambos cuando así lo acuerden, lo hagan con 20 centavos. Por otra parte, bajo este sentido de beneficiar a los Municipios, se autorizó la ampliación del destino específico de los recursos a la realización de obras de infraestructura o gastos de inversión y se fijó la condición de que éstos no serán destinados al gasto corriente, igualmente, fue aprobada la factibilidad de extender los beneficios de los recursos federales a otros Municipios de la entidad, además de aquel en que se ubique el puente de peaje. Debiendo aclararse que desde el año de 1980, en que se creó primeramente el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y hasta el año de 1995, mediante el artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal, el sentido del mencionado artículo había sido de carácter positivo, constituyéndose como un derecho real adquirido, es decir, en beneficio de los Municipios que cuentan con puentes de peaje con la finalidad de que mediante esas participaciones puedan allegarse de recursos para cubrir las necesidades y obras de los habitantes de su comunidad. Segunda. Con base en dicho fundamento, diversas entidades y Municipios celebraron convenios en la materia, los cuales redituaron en beneficios significativos para dichos Municipios, tratándose de obras de vialidad. Tercero. Mi representada, el veintiséis de abril de mil novecientos noventa y seis, celebró convenio con el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y el Gobierno del Estado, por el cual se instrumentó la creación y administración de un fondo derivado de lo dispuesto por el artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal, en virtud de que dentro de la circunscripción territorial del Municipio se encuentran ubicados los puentes federales de peaje denominados Caracol y Papaloapan, y de esta manera gozar de los beneficios de la creación y administración de un fondo cuyos recursos y rendimientos tendrían como destino específico la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad o, en su caso, la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión. Lo anterior, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, que propuso impulsar un nuevo federalismo para fortalecer a los Estados y a los Municipios y fomentar la descentralización y el desarrollo regional. Cuarto. La aportación de la Federación del 25% (veinticinco por ciento) de los ingresos brutos generados por los puentes federales de peaje Caracol y Papaloapan vino suministrándose de esa manera a mi representada; mas es el caso que la presente reforma que se señala como acto reclamado agrega la palabra internacionales después de la palabra puentes, para quedar de la siguiente manera ‘La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los Estados y Municipios en donde existan puentes internacionales de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear fondos ...’; modificando la anterior redacción que decía: ‘La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los Estados y los Municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear fondos ...’; en consecuencia, se deja en estado de indefensión a los Municipios que no tienen puentes de peaje con el carácter de internacionales."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

"Primero. El decreto que reforma el artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal hace nugatorio un derecho real del H. Ayuntamiento Constitucional de Cosamaloapan, Veracruz y lo priva de facto de un beneficio legítimo y acorde con las necesidades de todos los Municipios incluidas primariamente en el convenio de donde se deduce la controversia planteada; para robustecer la tesis sostenida por el suscrito, me permito hacer una interpretación del artículo 25 de la Constitución General de la República que a la letra señala, entre otros particulares: ‘Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación. ... Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y el uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. ...’. El entorno y los extremos del numeral, motivo de este apartado, son claros en el sentido de que son parte medular en las normas que constituyen nuestra Ley Suprema, la que definitivamente establece el concepto de rectoría del Estado, en virtud de que define la facultad de planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional; asimismo, establece que la rectoría del desarrollo nacional debe garantizar que éste sea integral, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, mediante el fomento, el crecimiento económico y el empleo, así como una más justa distribución del ingreso y la riqueza; acontecimientos que obviamente propiciarán el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos en todas sus definiciones, grupos y clases sociales, cuya seguridad está protegida por nuestra Carta Magna. En el primer párrafo del artículo 25 se fijan los fines y las limitaciones del concepto de rectoría del desarrollo nacional que se atribuye al Estado. Se establece que el desarrollo debe ser integral; esto es, que debe atender los aspectos diversos del mismo, tanto los meramente económicos como los sociales, los culturales y los políticos, debiéndose entender este principio en conexión con el artículo 3o. de la Constitución, que define a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; ahora, el carácter integral de desarrollo debe entenderse también en el punto que abarque en conjunto a la población y a toda la extensión del territorio nacional; en consecuencia de lo anterior, el decreto impugnado viola el principio de justicia que se contiene en este dispositivo, el cual, como se aprecia, dispone en lo general una razón de ser del Estado, es decir, es el rector del desarrollo nacional, misma rectoría que ejercerá mediante el fomento del crecimiento económico y una distribución más justa del ingreso y la riqueza, es cierto que dicho principio está literalmente dirigido a buscar la justa distribución de la riqueza e ingreso de los individuos, resulta evidente que tal principio le es aplicable al Estado, mismo que debe ser paradigma de los esquemas de justicia y bien común, lo cual es uno de sus fines, por tanto, es incuestionable que en sus actos, sobre todo los legislativos y los de mera rectoría de la vida nacional, la Federación debe observar dicho principio de justicia, lo cual se traduce en dar a cada quien lo que le corresponde con base en principios éticos y equitativos, de tal suerte que el decreto que se controvierte viola el espíritu del artículo 25 sucinto en este apartado, pues carece de mecanismo alguno que le dé certeza jurídica a los Municipios que no gocen del beneficio de tener, sólo por un concepto, de un puente internacional. Segundo. Como ya se ha señalado y obra en los medios de convicción ofrecidos, desde el año de mil novecientos noventa y dos mi representada recibía el beneficio plasmado en el dispositivo de referencia, que anteriormente al decreto literalmente establecía: ‘Artículo 9o. A. La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los Estados y los Municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos Municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión, sin que en ningún caso tales recursos se destinen al gasto corriente. La aportación a los fondos mencionados se hará por el Estado, por el Municipio o, cuando así lo acordaren, por ambos, en un 20% del monto que aporte la Federación, sin que la aportación de ésta exceda de un 25% del monto total de los ingresos que obtenga por la operación del puente de peaje de que se trate. La aportación federal se distribuirá en partes iguales entre el Estado y el Municipio correspondiente, destinando el Estado al mismo fin estos recursos en cualquiera de los Municipios de la entidad.’. Por otra parte, el numeral reformado, sustancialmente, quedó de la siguiente manera: ‘Artículo 9o. A. La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los Estados y Municipios en donde existan puentes internacionales de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos Municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión, de impacto regional directamente en la zona donde se encuentre el cobro del peaje, sin que en ningún caso tales recursos se destinen al gasto corriente. ...’. Es obvio que la privación del ingreso señalado en el artículo reformado importa un serio perjuicio al Municipio que represento, y penosamente se reflejará en un decrecimiento de las obras a desarrollar; asimismo, existe franca contravención de la reforma cuya invalidez se pretende, entre otras disposiciones de ley, con el diverso 26 de nuestra Carta Magna, que sustancialmente previene: ‘Artículo 26. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.’. ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Los Poderes Constituyente y Reformador han establecido diversos medios de control de la regularidad constitucional referidos a los órdenes jurídicos federal, estatal y municipal, y del Distrito Federal, entre los que se encuentran las controversias constitucionales, previstas en el artículo 105, fracción I, de la Carta Magna, cuya resolución se ha encomendado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de Tribunal Constitucional. La finalidad primordial de la reforma constitucional, vigente a partir de mil novecientos noventa y cinco, de fortalecer el federalismo y garantizar la supremacía de la Constitución, consistente en que la actuación de las autoridades se ajuste a lo establecido en aquélla, lleva a apartarse de las tesis que ha venido sosteniendo este Tribunal Pleno, en las que se soslaya el análisis, en controversias constitucionales, de conceptos de invalidez que no guarden una relación directa e inmediata con preceptos o formalidades previstos en la Constitución Federal, porque si el control constitucional busca dar unidad y cohesión a los órdenes jurídicos descritos, en las relaciones de las entidades u órganos de poder que las conforman, tal situación justifica que una vez que se ha consagrado un medio de control para dirimir conflictos entre dichos entes, dejar de analizar ciertas argumentaciones sólo por sus características formales o su relación mediata o inmediata con la Norma Fundamental, produciría, en numerosos casos, su ineficacia, impidiendo salvaguardar la armonía y el ejercicio pleno de libertades y atribuciones, por lo que resultaría contrario al propósito señalado, así como al fortalecimiento del federalismo, cerrar la procedencia del citado medio de control por tales interpretaciones técnicas, lo que implícitamente podría autorizar arbitrariedades, máxime que por la naturaleza total que tiene el orden constitucional, en cuanto tiende a establecer y proteger todo el sistema de un Estado de derecho, su defensa debe ser también integral, independientemente de que pueda tratarse de la parte orgánica o la dogmática de la Norma Suprema, dado que no es posible parcializar este importante control.’. Significando que, a consideración del suscrito, existe un quebrantamiento a diversos ordenamientos secundarios, como en este caso la Ley de Planeación que a la letra, en sus numerales 1o., 2o. y 3o., entre otras cosas, refiere: ‘Artículo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer: I. Las normas y principios básicos conforme a las cuales se llevará a cabo la planeación nacional del desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la administración pública federal; II. Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática; III. Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las entidades federativas, conforme a la legislación aplicable; IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales, a través de sus organizaciones representativas, en la elaboración del plan y los programas a que se refiere esta ley; y; V. Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades del plan y los programas.’. ‘Artículo 2o. La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios: I. El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural; II. La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno; III. La igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos, de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria; IV. El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales y políticos; V. El fortalecimiento del Pacto Federal y del Municipio Libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional; y; VI. El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de estabilidad económica y social.’. ‘Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por planeación nacional del desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política y cultural, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.’. Así las cosas resulta evidente que la multimencionada reforma al artículo 9o. A es contradictoria a los extremos que particularmente cita el precitado artículo 26 de la Constitución General de la República que obliga al Estado a organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación; asimismo, es menester resaltar que nuestro sistema político requiere forzosamente de la organización como instrumento fundamental, esto en atención a que la sociedad actual es compleja en cuanto a su estructura diversa en cuanto a sus necesidades y densa por naturaleza, por ello se hace indispensable el planteamiento de objetivos concretos a corto, mediano y largo plazo, así como la definición correcta y lógica de estrategias, objetivos y acciones para aplicar las medidas que hagan posible su realización, de tal suerte que no es posible cumplir y organizar a la colectividad con ataduras y restricciones como en este asunto es la reforma taxativa que distingue la aportación de fondos que se contenía en el artículo 9o. A antes de la reforma y ahora sólo se circunscribe a los Estados y Municipios donde sólo existan puentes internacionales, esta excluyente inverosímil, malamente, olvida que los habitantes y necesidades de los diferentes Estados y Municipios donde los puentes no son internacionales son exactamente iguales a los lugares donde sí los hay, es decir, ahora por las simples características de una estructura, un núcleo de población será perjudicado, ¿Cuáles son los elementos o razones que marcan la diferencia?, ¿Acaso unos gobernados tienen más o menos derechos que otros?, porque aquí no se trata de la preferencia o no sobre algunos Estados o Municipios, en puridad lisa y llanamente estamos ante la presencia de una afectación, verbigracia el elemento de la solidez que se cita en el comentado artículo 26 de nuestra Ley Suprema que, en la especie, no es más que la firmeza y fuerza del proceso de crecimiento económico, y se trata de que éste no sea débil y que, por supuesto, tenga un buen sustento para hacer frente a las imperiosas necesidades de la población en términos generales y en el caso a estudio a las obras de construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad, en el entendido de que cada uno de estos rubros es de suma importancia para los habitantes del Municipio de Cosamaloapan, Ver., y para mi representada en juicio, bien por la plusvalía que adquieren los inmuebles con la construcción de una calle, por la seguridad o la mejora de las condiciones económicas en el comercio, todo esto en atención a que el fondo se destina, como ya se ha dicho, a obras de vialidad. Tercero. La reforma decretada rompe con el principio elemental de la equidad que requiere para su sano desarrollo de la congruencia con el valor de la justicia social en todos sus aspectos, porque finalmente ése es el fin de la Constitución General de la República, ya que comprobado está que la desigualdad sólo genera la interrupción o debilitamiento del proceso de crecimiento financiero que puede redundar en distorsiones y conflictos sociales que finalmente pueden constituir una amenaza al orden general. En otro orden, no menos importante y atendiendo a la naturaleza del segundo párrafo del aludido artículo 26 constitucional, no es válido que se soslayara con la reforma excluyente la planeación que, de conformidad a los puntos claros y precisos de la norma, tendrá que ser democrática y, de igual manera, deberá observar la participación de los diversos sectores sociales, luego entonces, esta tesis sí es absoluta en cuanto a eliminar los planes autoritarios; no obstante lo anterior, la comentada reforma impide de inicio recoger cualquier aspiración o demanda de la sociedad. Habida cuenta de todo lo anterior, huelga decir que el artículo 115 constitucional es uno de los elementos más importantes del sistema político federal mexicano y su estructura, entre otras, se encuentra integrada por disposiciones relativas a la relación entre el Estado y el Municipio, en ese tenor, las fracciones III y IV del artículo en cuestión rezan así: ‘Artículo 115. ... III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: ... g) Calles, parques y jardines y su equipamiento. ... IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: ... b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.’. Aquí es importante indicar que la participación federal que se dedujo del artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal en el presupuesto de ingresos forma parte de los techos financieros contemplados por el Municipio de Cosamaloapan, Ver., evento que primariamente consta en el artículo 18 del Decreto Número 482 de Presupuesto de Egresos para el Estado de Veracruz-Llave, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil tres, en donde, por supuesto, en cifras establecidas, se especifica qué cantidad corresponde a participaciones federales para los Municipios, esto desde luego en términos generales; asimismo, es importante significar que si bien es cierto que el procedimiento para la obtención de la participación federal es bastante complejo, tal como se ha descrito en los antecedentes de esta controversia, también lo es que como bien se justifica plenamente con estados de cuenta y documentales privadas, que como medios de convicción se adjuntan a este ocurso, en el presente ejercicio fiscal mi mandante percibió en total tres remesas del Gobierno Federal, por conducto de Caminos y Puentes Federales, que ascendieron a la cantidad de $4'636,143.90 (cuatro millones seiscientos treinta y seis mil ciento cuarenta y tres pesos 90/100 M.N.), siendo indispensable destacar que a cambio de estas participaciones el Municipio de Cosamaloapan, Ver., realizó sendas obras relativas a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en cumplimiento a lo pactado en el acuerdo de voluntades que da origen a la creación del fondo de donde emanan los recursos. Es el caso que con

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18086-7c2fd271/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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