CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, CUANDO HAYAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 66/2003. MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE, ESTADO DE VERACRUZ.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta de enero de dos mil cuatro.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinticinco de agosto de dos mil tres, Ricardo López Antonio, quien se ostentó como síndico del Municipio de Cosoleacaque, Estado de Veracruz, en representación de éste, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de la norma y los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
"II. Entidad, poder u órgano demandado y domicilio: las partes que emitieron el decreto impugnado, así como de los actos de aplicación, son los siguientes: A) Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con domicilio en Avenida Congreso de la Unión No. 66, colonia del Parque, México, D.F. B) Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con domicilio en Avenida Xicoténcatl No. 9, piso 1, colonia Centro, C.P. 06010, México, D.F. C) Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en el Palacio Nacional, Patio de Honor, Col. Centro, C.P. 06080, de la Ciudad de México, D.F. D) C. Secretario de Gobernación, con domicilio ampliamente conocido en la Ciudad de México, D.F. E) Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con domicilio en Avenida Hidalgo, número 77, módulo II, colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06300, de la Ciudad de México, Distrito Federal. F) Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, con domicilio en Calzada de los Reyes No. 24, colonia Tetela del Monte, C.P. 62130, de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. III. Terceros interesados: A) C. Miguel Alemán Velasco, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Veracruz, quien tiene su domicilio en Avenida Enríquez, precisamente en el Palacio de Gobierno, en la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz. B) Secretaría de Finanzas y Planeación Social del Estado de Veracruz-Llave, con domicilio en Avenida Ruiz Cortinez sin número, esquina Av. Xalapa, código postal 91010, de la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz. C) Procurador general de la República con domicilio ampliamente conocido en la Ciudad de México, Distrito Federal. D) H. Ayuntamiento Constitucional y/o Municipio de Alvarado, Veracruz, con domicilio en la calle 15 de octubre, Palacio Municipal. E) H. Ayuntamiento Constitucional y/o Municipio de Cosamaloapan, Veracruz, con domicilio en Av. Belisario Domínguez s/n, Zona Centro, C.P. 95400, Palacio Municipal. F) H. Ayuntamiento Constitucional y/o Municipio de Gutiérrez Zamora, Veracruz, con domicilio en calle Hernández y Hernández No. 1, zona centro, C.P. 93550, Palacio Municipal. G) H. Ayuntamiento Constitucional y/o Municipio de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, con domicilio en calle Hidalgo No. 101, zona centro, C.P. 96365, Palacio Municipal. H) H. Ayuntamiento Constitucional y/o Municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, con domicilio en Av. Pedro Bellis número 108, zona centro, C.P. 93600, ampliamente conocido en el Palacio Municipal. I) H. Ayuntamiento Constitucional y/o Municipio de Nautla, Veracruz, con domicilio en calle Andicochea número, (sic) zona centro, C.P. 93800, ampliamente conocido en el Palacio Municipal. J) H. Ayuntamiento Constitucional y/o Municipio de Pánuco, Veracruz, con domicilio en Av. Juárez s/n, colonia Centro, C.P. 92000, ampliamente conocido en el Palacio Municipal. K) H. Ayuntamiento Constitucional y/o Municipio de Pueblo Viejo, Veracruz, con domicilio en calle Abasolo y Lerdo de Tejada, sin número, C.P. 92130, ampliamente conocido en el Palacio Municipal. L) H. Ayuntamiento Constitucional y/o Municipio de Tecolutla, Veracruz, con domicilio en Calle Vicente Guerrero, esquina Álvaro Obregón, sin número, C.P. 93570, ampliamente conocido en el Palacio Municipal. M) H. Ayuntamiento Constitucional y/o Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, con domicilio en Av. Ignacio Zaragoza, colonia Centro, ampliamente conocido en el Palacio Municipal. ... IV. Norma y actos cuya invalidez se reclaman y el medio oficial en que se publicó. A) La norma que se impugna resulta ser el artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal, reformado mediante decreto presidencial y que, en su oportunidad, fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación el día catorce de julio del año dos mil tres, mismo que a continuación se transcribe: ‘Decreto por el que se reforma el artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal. Al margen un sello con el escudo nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. Vicente Fox Quesada, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: Que el honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente. Decreto. «El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: Se reforma el artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal. Artículo único. Se reforma el artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: Artículo 9o. A. La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los Estados y Municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos Municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión, de impacto regional directamente en la zona donde se encuentre el cobro del peaje, sin que en ningún caso tales recursos se destinen al gasto corriente. La aportación a los fondos mencionados se hará por el Estado, por el Municipio o, cuando así lo acordaren, por ambos, en un 20% del monto que aporte la Federación, sin que la aportación de ésta exceda de un 25% del monto total de los ingresos brutos que obtenga por la operación del puente de peaje de que se trate. La aportación federal se distribuirá como sigue: Municipios 50% y Estados 50%. Para que un Municipio donde exista un puente o varios pueda ser sujeto de participación de estos fondos, deberá acreditar un nivel recaudatorio de al menos un 50% más uno de la recaudación potencial de su impuesto predial en el año inmediato anterior a la firma del convenio; en su defecto, podrá convenir un acuerdo de mejora recaudatoria de la hacienda pública local con la Federación, para poder aplicar a la creación de estos fondos en el ejercicio fiscal siguiente, siempre y cuando cumpla con el requisito de recaudación señalado con anterioridad. En el caso de que el nivel recaudatorio, una vez firmado el convenio, se encuentre por debajo del 50%, la cantidad de recursos se verá reducida de manera proporcional a la disminución porcentual del nivel recaudatorio. Si en el momento de firmar nuevamente el convenio, el Municipio se encuentra en este supuesto, no será sujeto de refrendo el convenio citado hasta no cumplir nuevamente con el nivel recaudatorio exigido y hasta el próximo ejercicio fiscal. El aforo vehicular de los puentes estará sujeto a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Lo señalado en el presente artículo no será aplicable tratándose de los puentes administrados por el fideicomiso número 1936 del Fondo de Apoyo al Rescate Carretero. Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Por el ejercicio de 2003, la Federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, continuará efectuando las aportaciones que le correspondan de conformidad con los convenios que se hubieren celebrado con los Estados y Municipios, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta el 14 de julio de 2003, relativos a puentes de peaje operados por la Federación. Tercero. Los convenios a que se refiere el artículo 9o. A, que se reforma por medio de este decreto, podrán ser celebrados a partir del 1o. de enero de 2004 y para su suscripción se tomará como base de recaudación del impuesto predial la correspondiente al año inmediato anterior a la firma del mismo.». México, D.F., a 30 de abril de 2003. Dip. Armando Salinas Torre, presidente. Sen. Enrique Jackson Ramírez, presidente. Dip. Adela Cerezo Bautista, secretario. Sen. Lidia Madero García, secretaria, rúbricas. En cumplimiento por lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los once días del mes de julio de dos mil tres. Vicente Fox Quesada. Rúbrica. El secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda. Rúbrica.’. B) El acto cuya invalidez se reclama es el siguiente: Se declare la invalidez del Decreto por el que se reforma el artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal, mismo que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación el día catorce de julio del año dos mil tres y, como consecuencia de ello, que la entidad, poder u órgano demandado no ejecute dicha norma, es decir, que el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cosoleacaque, Veracruz, siga gozando y disfrutando de los recursos económicos del programa Capufe, dado que son utilizados para los servicios públicos indispensables en un Municipio, ya que en caso de no ser así se estarían quebrantando las funciones y servicios públicos que todo Municipio tiene a su cargo. Lo anterior, en razón de que la reforma antes citada carece de los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 constitucional, ya que si bien es cierto que el Congreso de la Unión reformó el artículo 9o. A, para beneficiar únicamente a los Estados fronterizos en donde existan puentes internacionales de peaje, también lo es que no explica la razón por la cual el Congreso de la Unión llegó a esa convicción, lo que deberá conducir a ese H. Tribunal a que declare la invalidez del acto, además de que dicha norma violenta los principios rectores del artículo 115 constitucional."
Asimismo, en el oficio de aclaración de demanda presentado el dos de septiembre de dos mil tres se precisó:
"... El decreto o la norma cuya invalidez se demanda consiste en su primer acto de aplicación, efectuado y dado a conocer a mi representada con fecha 12 de agosto del año dos mil tres ... mediante oficio número SFP/SE/DGIP-2003, el subdirector de Evaluación de Inversiones del Estado de Veracruz, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz ... de fecha 11 de agosto del año en curso y que fuese recepcionado en la oficialía de partes de la presidencia municipal de mi representada el doce de agosto del año dos mil tres ... Así como del oficio número 401-SIVE-17119, de fecha trece de agosto de dos mil tres ... del director de Operaciones de Fondos y Valores de la Tesorería de la Federación, Subtesorería de Operación, de la Dirección General Adjunta de Ingresos, Dirección de Operación de Fondos y Valores, Subdirección de Ingresos por Vía Electrónica, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que fuera recepcionado en la oficialía de partes de la presidencia municipal de mi representada en fecha trece de agosto del año en curso. ..."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:
"Violación al artículo 115 constitucional, en relación directa con los artículos 1o. y 3o. de nuestra Ley Fundamental. Primero. Mi representada es una personal moral oficial legalmente constituida, conforme lo establece el artículo 115 de la Constitución General de la República, siendo uno de sus objetos primordiales proporcionar los servicios públicos a los habitantes de su jurisdicción territorial, tal como lo establece el precepto constitucional antes invocado, distribuyendo los recursos públicos en la medida y proporción que le son suministrados por la Federación, el Estado y los captados por su propia gestión municipal, por lo que en uso de las atribuciones que contemplaba la Ley de Coordinación Fiscal, hasta antes de la reforma efectuada al artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal, cuya invalidez se reclama, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cosoleacaque, Veracruz, ha celebrado diversos convenios, tanto con la Federación como con el Estado, para efectos de alegarse (sic) de recursos públicos que le permitan incrementar el desarrollo social y económico de las comunidades que lo conforman, permitiendo con ello una justa distribución del ingreso y la riqueza. Esto en los años de 1993, 1994, 1995 y 1996, respectivamente. Segundo. En ese orden de ideas, con el propósito de establecer un auténtico federalismo fiscal, el H. Congreso de la Unión en el año de 1992 aprobó la iniciativa de adición a la Ley de Coordinación Fiscal, esto, con el artículo 9o. A de la misma, situación que trajo consigo un beneficio económico adicional para diversos Estados y Municipios de la República mexicana, toda vez que dicho precepto legal autorizaba la suscripción de convenios con los Estados y Municipios en los cuales se ubicaran puentes de peaje operados por la Federación, a través de Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Situación que originó que el Ayuntamiento Constitucional y/o Municipio de Cosoleacaque, Veracruz, desde el año de mil novecientos noventa y tres, en apego a la ley, celebrara convenio con el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) y el Gobierno del Estado de Veracruz, con el propósito de instrumentar la creación y administración del fondo, derivado de lo dispuesto en el artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal, todo ello con el fin de promover obras de beneficio social que permitieran un mejor crecimiento, estabilidad económica e integración regional de los habitantes del Municipio de Cosoleacaque, Veracruz, que me honro en representar, así como en los diversos Estados y Municipios en los cuales se ubicaran puentes de peaje operados por la Federación. Cabe precisar que el primer convenio celebrado entre los tres órdenes de gobierno, mencionados con antelación, fue suscrito el día 12 de junio del año 1993, y en éste se otorgó a los Municipios beneficiados, entre ellos el de Cosoleacaque, un 10% de los ingresos totales obtenidos por la operación del puente de peaje Coatzacoalcos II ‘Antonio Dovalí Jaime’, recursos que el Municipio que represento destinó, específicamente, para la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad; tal como se especificó en el convenio que se menciona, este convenio fue revalidado el día 4 de enero del año de 1994, y nuevamente revalidado el día 4 de enero del año de 1995, tal como se acredita con las copias certificadas del convenio de fecha 12 de junio de 1993 y las revalidaciones efectuadas los días 4 de enero de los años 1994 y 1995, respectivamente, que se anexan a esta demanda de controversia constitucional para que surtan los efectos legales a que haya lugar. Tercero. Así las cosas, debido a la gran necesidad que privaba en los diversos Estados y Municipios beneficiados con la creación del artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal, en el año de 1995 el honorable Congreso de la Unión aprobó la modificación del artículo 9o. A de la multicitada Ley de Coordinación Fiscal, estableciendo un incremento en el porcentaje de los ingresos totales obtenidos en los puentes de peaje operados por la Federación, así como nuevas reglas para el destino y aplicación de dichos recursos, es decir, se estableció un incremento en el porciento máximo de aportación de la Federación de un 10% a un 25% de los ingresos brutos generados en cada puente; una nueva regla de concurrencia de recursos; de tal manera que por cada peso que otorgue la Federación el Estado o el Municipio, o ambos, cuando así lo acordaren, lo hagan con veinte centavos; una distribución de la aportación de la Federación en partes iguales, entre el Estado y el Municipio; la ampliación del destino específico de los recursos, los cuales ya podrían ser canalizados a obras de infraestructura o gastos de inversión, y la condición de que dichos recursos no fuesen destinados al gasto corriente; y la factibilidad de extender los beneficios de los recursos federales a otros Municipios de la entidad, además de aquel en que se ubique el puente de peaje. Así las cosas, con fecha 26 de abril de 1996, de nueva cuenta el Ayuntamiento y/o Municipio de Cosoleacaque, Veracruz, celebró convenio para sustituir el suscrito en el año de 1993, convenio en el que, de igual manera, intervinieron los tres órdenes de gobierno, es decir, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos, el Gobierno del Estado de Veracruz y el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cosoleacaque, Veracruz, convenio, dentro del cual se estableció: ‘... Cláusula primera. El objetivo de este convenio es establecer las bases para la creación y administración de un fondo cuyos recursos y, si los hubiere, sus rendimientos, tendrán como destino específico la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad o, en su caso, la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión, dentro de la circunscripción territorial en la que se encuentra ubicado el puente federal de peaje denominado «Antonio Dovalí». En ningún caso, los recursos del fondo podrán ser aplicados al gasto corriente del Municipio. Cláusula segunda. Para los efectos de este convenio se entiende por: Obras de vialidad. Todas aquellas que tengan como objeto principal el desarrollo y conservación de infraestructura para la adecuada circulación de personas y/o vehículos, excepto los arreglos ocasionales derivados de obras como drenaje, alcantarillado y cableado. Obras de infraestructura. Aquellas que permitan el desarrollo de la actividad económica y las relacionadas con las vías de comunicación y el desarrollo urbano y rural, tales como carreteras, ferrocarriles, caminos, puentes, presas, sistemas de riego, suministro de agua potable, alcantarillado, viviendas, escuelas, hospitales y energía eléctrica. Gasto de inversión. El importe de las erogaciones que realizan las dependencias y entidades de la administración pública, tendentes a adquirir, ampliar, conservar o mejorar sus bienes de capital. En cada uno de los tres conceptos anteriormente señalados en esta cláusula quedan comprendidas las erogaciones por la elaboración de estudios y proyectos, así como el importe de las indemnizaciones necesarias y de las actividades de supervisión por parte de terceros, siempre y cuando se trate de obras a realizar, previamente autorizadas por el comité técnico ...’ por medio del cual se instrumenta la creación y administración de un fondo derivado de lo dispuesto en el artículo 9o. A de la Ley de Coordinación, promulgada por el H. Congreso de la Unión en el año de 1995. En esos términos, atendiendo a la literalidad de la modificación efectuada en el año de 1995 por el H. Congreso de la Unión y al convenio suscrito bajo la observancia de dicha ley, se desprende que existe en el acto legislativo efectuado una firme disposición para fortalecer el actuar de los Municipios en cuanto a la prestación de servicios públicos que por mandato constitucional tienen obligación de proporcionar, lo anterior, resulta ser así, por la modificación efectuada y el convenio suscrito, el cual permite la aplicación de recursos en obras de vialidad, construcción de caminos, calles o avenidas, que permitan una mejor circulación y crecimiento en vías de comunicación y desarrollo urbano, así como el suministro de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, servicios públicos que se encuentran previstos dentro de la hipótesis que plantea el artículo 115 constitucional. En efecto, el artículo 115 de nuestra Ley Fundamental, entre otras cosas, establece: ‘Artículo 115. ... III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje y alcantarillado ... b) Alumbrado público. ... g) Calles ... y su equipamiento ...’. Situación que se ve quebrantada con la reforma efectuada al artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de julio del año en curso, toda vez que con dicha reforma se deja sin sustento legal alguno el convenio que tiene suscrito mi representada respecto de los recursos provenientes del puente de peaje Coatzacoalcos II ‘Antonio Dovalí Jaime’ y que además afecta a otros Municipios diversos que venían gozando de los beneficios que otorgaba la última parte del artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal anterior a la reforma, ya que ésta facultaba a los Estados que venían gozando de este beneficio para poder trasladar o canalizar el mismo a cualquiera de sus Municipios, en razón de que la participación federal se hace, o se hacía, hasta antes de la entrada en vigor de la reforma aludida, en partes iguales entre el Estado y el Municipio beneficiado. A mayor abundamiento, me permito adjuntar a esta demanda copias certificadas del convenio de referencia. Cuarto. Bajo esas consideraciones, tenemos que la persona moral oficial que represento, en mi carácter de síndico único y representante legal de la misma, desde el año de mil novecientos noventa y tres, con base en los convenios establecidos, viene disponiendo de los ingresos generados y aportados con base en el convenio citado en los puntos anteriores, aplicando los recursos en el objeto que determinó la modificación efectuada en el año de 1995 por el Congreso de la Unión al artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal, permitiéndome manifestarle a esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en este periodo de gobierno, del cual formo parte, a partir del día 1o. de enero del año 2001 al día 31 de diciembre del año 2004, el Gobierno Federal, a través de la Tesorería de la Federación, ha aportado al Municipio de Cosoleacaque, Veracruz, recursos Capufe, por diversos conceptos y en diversas cantidades, permitiéndome transcribirle las mismas:
Ver tablas (1)
"Permitiéndome manifestar que en lo que se refiere al año 2003, los recursos económicos aquí descritos aún obran en poder de la Tesorería de la Federación, en razón de que a la fecha se encuentra en proceso la integración del fondo correspondiente a cargo del Gobierno del Estado de Veracruz, tal como lo manifiesta la Tesorería de la Federación, mediante el oficio número (sic) y con los recursos provenientes de la recaudación del puente de peaje Coatzacoalcos II ‘Antonio Dovalí Jaime’, se han efectuado las siguientes obras: Obras 2000. Obras públicas, ejecutadas y operando, según dictamen de validación y comprobación de la aplicación correcta de los recursos provenientes del fondo tripartita de la recaudación del puente de peaje Coatzacoalcos II ‘Antonio Dovalí Jaime’, expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, Administración General Jurídica, con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, identificado con el oficio número 325-SAT-30-II-1395, de fecha 28 de octubre del año 2001, el cual se anexa en copia certificada.
Ver tabla 2
"Obras que ya fueron ejecutadas y actualmente se encuentran operando, según dictamen de validación y comprobación de la aplicación correcta de los recursos, provenientes del fondo tripartita de la recaudación del puente de peaje Coatzacoalcos II ‘Antonio Dovalí Jaime’, expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, Administración General Jurídica, con residencia en la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, identificado con el oficio número 325-SAT-30-II-0347, de fecha 21 de febrero del año 2001.
Ver tabla 3
"Obras de las cuales se anexan copias certificadas de los contratos de obra pública que fueron celebrados con el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cosoleacaque, Veracruz.
Ver tabla 4
"Quinto. Pero resulta que el artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal fue reformado por el Congreso de la Unión, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día lunes 14 de julio del año 2003, y en el cual ahora el beneficio que obtenía mi representada se ve coartado, toda vez que el decreto citado únicamente beneficia a Estados y Municipios fronterizos, situación que violenta el Estado de derecho, un auténtico federalismo fiscal, el crecimiento y desarrollo de los pueblos, pero sobre todo violenta el convenio suscrito entre la Federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos, el Estado de Veracruz y el Municipio de Cosoleacaque, Veracruz. Esto, en razón de que la reforma efectuada y publicada en el Diario Oficial de la Federación únicamente establece este beneficio para los Estados o Municipios que cuenten con puentes internacionales de peaje operados por la Federación, es decir, el beneficio que antes se extendía a diversos Estados de la Federación, en donde existieran puentes de peaje, con esta reforma solamente establecerán un beneficio para los Estados y los Municipios que se encuentren dentro de la frontera norte o sur del país, lo que nos excluye de una participación de recursos económicos a que tenemos derecho y que hemos venido ejerciendo desde el año de 1993, pero que además atenta con el criterio sostenido hasta el día 13 de julio del año en curso, por el H. Congreso de la Unión, toda vez que desde el nacimiento del artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal, sus reformas o modificaciones, fue siempre en incremento y no en sentido restrictivo, todo ello con el propósito de fortalecer el desarrollo social, económico y cultural de los Municipios beneficiados, situación que se ve violentada con la reforma del precepto legal antes citado que, indudablemente, afecta el patrimonio municipal y, además, lo deja en completo estado de indefensión, toda vez que son recursos comprometidos dentro de los servicios públicos que proporciona el Municipio que represento y, que independientemente de la no obtención de recursos públicos mediante el convenio multicitado, lo pone ante situaciones jurídicas difíciles, ya que los recursos provenientes de la recaudación del puente de peaje Coatzacoalcos II ‘Antonio Dovalí Jaime’, son recursos comprometidos y que sin duda alguna el no suministro de los mismos traerá efectos colaterales de tipo legal, puesto que al no poder cumplir con los compromisos contraídos, tendrá que enfrentar situaciones de tipo legal o, en el peor de los casos, tendrá la necesidad de contraer deuda pública para poder cumplir con los compromisos ya adquiridos, lo que provocará un endeudamiento, que lejos de beneficiar a los habitantes de nuestro Municipio, sin duda alguna, traerá mayor retraso y marginación a nuestro pueblo, el cual por su situación geográfica al sur sureste de la República mexicana es, en su mayoría, netamente rural e indígena."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:
"I. Del análisis que se hace al decreto que reformó el artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal, se puede apreciar que éste se aparta sustancialmente de nuestra Constitución General, creando una marcada desigualdad entre los Municipios fronterizos que en sus territorios cuentan con puentes internacionales y aquellos que no los tienen, evidenciando la falta de equidad en la creación de un ordenamiento que beneficia a una minoría respecto del resto de la población que habita los demás Municipios y en donde se encuentran puentes de peaje operados por la Federación sin ser internacionales. Pero sobre todo restringe la prestación de servicios públicos, los que por mandato constitucional tiene obligación de proporcionar el Municipio que represento, ya que dicho ordenamiento legal, entre otras cosas, establece: ‘Artículo 115. ... III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado ... b) Alumbrado público. ... g) Calles ... y su equipamiento. ...’. Mismos que son suministrados en parte con los recursos provenientes del puente de peaje Coatzacoalcos II ‘Antonio Dovalí Jaime’ y en cumplimiento a la cláusula segunda del convenio tripartita que se tiene celebrado con la Federación y el Estado de Veracruz, de acuerdo al artículo 9o. A anterior a la reforma, y del cual se derivan un sinnúmero de obligaciones contraídas para la prestación de los servicios públicos de referencia que, sin duda alguna, impactarán gravemente nuestra hacienda municipal, además de tener efectos colaterales por el incumplimiento de las obligaciones contraídas y que se tienen contempladas para este ejercicio fiscal. Pero sobre todo no toma en cuenta que los beneficios y servicios públicos emanados y realizados bajo el amparo del artículo 9o. A, anterior a la reforma, son servicios de orden público y que no debe afectarse la prestación uniforme, permanente y continúa a los usuarios, en este caso, a los habitantes del Municipio de Cosoleacaque, Veracruz. Ahora bien, si se toma en consideración que los servicios públicos que establece el artículo 115 constitucional son efectuados por una persona moral oficial, en este caso el H. Ayuntamiento y/o Municipi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18088-0dd370d0/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DESISTIMIENTO DE LA LEGISLATURA QUE SUCEDIO A LA PROMOVENTE DE LA CONTROVERSIA. (s/clave)
- INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY, QUIEN DEBE DECLARARLA. (s/clave)
- CONSTITUCION FEDERAL. (s/clave)
- JUICIO CONTENCIOSO PREVISTO POR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. OBLIGACIÓN DE AGOTARLO PREVIAMENTE A INTENTAR LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. (VII.3o.C.32 A)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis