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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE LLAMARSE A JUICIO AL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ CON EL CARÁCTER DE DEMANDADO, AUN CUANDO EL ACTO MATERIA DE LA LITIS, CONSISTENTE EN LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS, SE HAYA REALIZADO POR EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA ENTIDAD, PUES SIENDO DICHA LEGISLATURA SUPERIOR JERÁRQUICO DE AQUÉL TIENE LA ATRIBUCIÓN DE REVISAR EL INFORME DEL RESULTADO CORRESPONDIENTE.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 129/2004-PL, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 50/2004. · Registro digital (IUS): 18281
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, , Pág. 1319.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 129/2004-PL, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 50/2004. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

CONSIDERANDO:

QUINTO. El recurrente en sus agravios planteados, en esencia, aduce:

1. Que el auto recurrido contraviene lo dispuesto en la fracción II del artículo 10 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque de la demanda de controversia constitucional se advierte que el acto impugnado, consistente en el acta de cierre de revisión de veintisiete de febrero de dos mil cuatro, levantada dentro del procedimiento administrativo, fue emitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado y no por el Congreso Local.

2. Que en el acuerdo que se combate se estimó pertinente reconocer también el carácter de autoridad demandada al Poder Legislativo Estatal, porque el órgano de fiscalización es una dependencia auxiliar de la Legislatura Local para la revisión de la cuenta pública; sin embargo, no se reconoció que el órgano de fiscalización es una entidad cuyo marco jurídico le proporciona autonomía técnica, financiera y de gestión, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, y que el hecho de que el Congreso Local tenga dentro de sus atribuciones la de revisar la cuenta pública, no debe interpretarse en el sentido de "intervenir hasta en el proceso de fiscalización, como son el levantamiento de actas y demás actos administrativos".

3. Que el Congreso Local emitió diversos decretos con vista en los dictámenes presentados por la Comisión de Vigilancia, en relación con los informes de resultados del órgano mencionado; sin embargo, la finalidad de estos actos legislativos son los de excitar la acción fiscalizadora del órgano en comento y no la de intervenir en actuaciones procedimentales.

4. Que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, al ser autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, es responsable de sus propios actos, razón por la cual en la demanda fue mencionado como órgano demandado, ya que su personal revisó y analizó las cuentas públicas del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz; por lo que resulta evidente que el Poder Legislativo Local no participó en el proceso administrativo de fiscalización, por lo que no tiene responsabilidad alguna.

Precisado lo anterior, se pasa al estudio de los agravios, los que por su estrecha relación se analizarán en su conjunto, para lo cual se deberá tener en cuenta lo siguiente:

El artículo 10 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:

"...

"II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia; ..."

Ahora bien, en la demanda de controversia constitucional presentada por el Municipio actor se señala como acto impugnado el acta de cierre de revisión del veintisiete de febrero de dos mil cuatro, levantada por personal del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; por tanto, se trata de actos relacionados con la revisión y fiscalización de la cuenta pública.

El artículo 115, fracción IV, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

"Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

"...

"IV. ...

"Las Legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los Municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. ..."

Del precepto constitucional reproducido se desprende que es facultad de las Legislaturas Locales revisar y fiscalizar sus cuentas públicas.

La Constitución Política del Estado de Veracruz, en los artículos 26, fracción II, inciso b), 33, fracción XXIX, y 41, fracción IX, prevé:

"Artículo 26. El Congreso tendrá como asuntos de atención preferente:

"...

"II. En el segundo periodo de sesiones ordinarias:

"...

"b) Examinar, fiscalizar y aprobar las cuentas de recaudación y distribución de ingresos del año próximo anterior presentadas por los Ayuntamientos en las fechas indicadas en las leyes respectivas.

"La revisión se extenderá a comprobar la exactitud y justificación de los gastos realizados y, de ser necesario, a la determinación de las responsabilidades a que hubiere lugar conforme a la ley de la materia."

"Artículo 33. Son atribuciones del Congreso:

"...

"XXIX. Revisar las cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos con el apoyo del Órgano de Fiscalización Superior del Estado."

"Artículo 41. Son atribuciones de la Diputación Permanente:

"...

"IX. Conocer de los asuntos relacionados con la hacienda de los Municipios y la práctica de auditorías, revisión y aprobación de las cuentas respectivas."

De los preceptos constitucionales transcritos se desprende que es el Congreso del Estado en quien recae la atribución de examinar, fiscalizar y aprobar las cuentas públicas de los Municipios.

Por su parte, el artículo 67 de la propia Constitución Local prevé:

"Artículo 67. Conforme a esta Constitución y la ley, los organismos autónomos del Estado contarán con personalidad jurídica y patrimonio propios, tendrán autonomía técnica y presupuestal, y sólo podrán ser fiscalizados por el Congreso del Estado.

"...

"III. La fiscalización en el Estado se realizará por el Órgano de Fiscalización Superior, de conformidad con las atribuciones siguientes y en los términos que disponga la ley:

"a) Fiscalizar en forma posterior los ingresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes del Estado y de los Ayuntamientos, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas respectivos, en los términos de la ley;

"b) Entregar al Congreso los informes del resultado de la revisión de las cuentas públicas, a más tardar durante la segunda quincena del mes de diciembre del año siguiente al de su ejercicio;

"c) Investigar actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, de los Poderes del Estado, de los Ayuntamientos y de los demás organismos autónomos de Estado, y efectuar visitas domiciliarias únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos; y

"d) Determinar los daños y perjuicios que afecten a las haciendas públicas estatal y municipales, al patrimonio de las entidades descentralizadas y al de los organismos autónomos de Estado, y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el título quinto de esta Constitución, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley."

Del precepto transcrito se advierte que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado es un órgano que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica-presupuestal y de gestión, y sólo podrá ser fiscalizado por el Congreso del Estado; que será competente para apoyar al Congreso del Estado en la revisión de las cuentas públicas y entregar, a través de la Comisión de Vigilancia, el informe del resultado de dicha revisión al propio Congreso.

Por otra parte, el artículo 18, fracciones VII y XXIX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave prevé:

"Artículo 18. Son atribuciones del Congreso:

"...

"VII. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de la autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en términos de ley;

"...

"XXIX. Revisar las cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos con el apoyo del Órgano de Fiscalización Superior del Estado."

De los preceptos transcritos se advierte que dentro de las atribuciones del Congreso Local está la de coordinar y evaluar el desempeño de las funciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado y la de revisar las cuentas públicas, entre otras, de los Ayuntamientos con el apoyo del órgano antes citado.

Por otro lado, los artículos 2o., 6o., fracción II, 10, fracción X, 21 y 28 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz-Llave disponen:

"Artículo 2o. El Órgano de Fiscalización Superior es un organismo autónomo de Estado dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, presupuestal y de gestión, que apoya al Congreso del Estado en el desempeño de sus funciones, y tiene la competencia que le confieren la Constitución Política del Estado, esta ley y demás legislación aplicable."

"Artículo 6. El órgano será competente para:

"...

"II. Apoyar al Congreso del Estado en la revisión de las cuentas públicas y entregar, a través de la Comisión, el informe del resultado de dicha revisión al propio Congreso."

"Artículo 10. Son atribuciones del auditor general las siguientes:

"...

"X. Formular y entregar al Congreso, por conducto de la comisión, el informe del resultado;

"...

"XII. Ordenar, en su caso, la práctica de visitas, auditorías e inspecciones necesarias para la realización de investigaciones. ..."

"Artículo 21. Las cuentas públicas deberán ser presentadas al Congreso, por el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, durante el mes de mayo del año siguiente al del ejercicio fiscal anual que será objeto de revisión. El Congreso, a través de la comisión, la turnará al órgano, el cual deberá remitir el informe del resultado a dicha comisión. El órgano sólo podrá fiscalizar las cuentas públicas del ejercicio fiscal anual que será objeto de revisión."

"Artículo 28. Durante sus actuaciones, los representantes del órgano que hubieren intervenido en las revisiones deberán levantar actas circunstanciadas en presencia de dos testigos propuestos por el representante del ente fiscalizable o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia, en las que se harán constar, en su caso, los hechos u omisiones que se hubieren detectado. Las actas, así como las declaraciones, manifestaciones o hechos en ellas contenidos, harán prueba en términos de ley."

De los preceptos transcritos se desprende que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado es un organismo autónomo del Estado dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica presupuestal y de gestión, que apoya al Congreso del Estado en el desempeño de sus funciones; es competente para apoyar al Congreso del Estado en la revisión de las cuentas públicas y entregar, a través de la Comisión de Vigilancia, el informe del resultado de dicha revisión al propio Congreso.

Por otra parte, el Poder Legislativo Local recurrente anexó a su oficio por el que interpuso el presente recurso las publicaciones de los Decretos 536, 577 y 820 y del acuerdo de diez de octubre de dos mil tres, emitidos por el propio Congreso y publicados en la Gaceta Oficial del Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz el once de febrero, el quince de agosto, el treinta de diciembre y el veintisiete de octubre, todos de dos mil tres, respectivamente, los que, en la parte conducente, dicen:

"Decreto Número 536. ... Cuarto. 2 Ayuntamientos, Orizaba y San Juan Evangelista, que además de recomendaciones y observaciones administrativas, tiene otras irregularidades cuantificables que, en su caso, sí pueden representar daño patrimonial a la hacienda pública municipal o presunto desvío de recursos, por un monto de 3,567 y 11,326 miles de pesos respectivamente, solicítese al ORFIS que en apoyo a este poder, en lo relativo al presunto daño, inicie el procedimiento de investigación que prevén los artículos 34 y 35 de la ley citada. Además, en lo correspondiente al desvío de recursos, según lo establece el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, se informe a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el ejercicio de sus atribuciones, proceda conforme a derecho. ..."

"Decreto Número 577. ... Quinto. Por lo que hace a los H. Ayuntamientos de Orizaba y San Juan Evangelista, Ver., en virtud de que el proceso de fiscalización se encuentra en trámite en la Auditoría Superior de la Federación, se procederá una vez que ésta determine lo conducente. ..."

"Decreto Número 820. ... Cuarto. El informe del resultado por el ejercicio 2002, del Municipio de Orizaba, Veracruz de Ignacio de la Llave, será presentado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado cuando concluya el proceso de fiscalización por el ejercicio 2001, en cumplimiento al punto segundo del acuerdo emitido por la H. Diputación Permanente del H. Congreso del Estado, de fecha diez de octubre del año 2003, por lo que se solicita al Órgano de Fiscalización Superior del Estado continúe con el procedimiento. ..."

"Acuerdo. Primero. Se aprueba el informe del seguimiento, a las cuentas públicas de los Municipios de Orizaba y San Juan Evangelista, Veracruz de Ignacio de la Llave, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado. Segundo. Por las irregularidades no solventadas por el H. Ayuntamiento del Municipio de Orizaba, Veracruz de Ignacio de la Llave, se solicita al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, substanciar el procedimiento para la determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones que prevé la Ley de Fiscalización Superior, aplicable al ejercicio 2001, a los responsables del manejo de los recursos públicos del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz de Ignacio de la Llave, para que acrediten con documentos comprobatorios, el ejercicio correcto de los recursos públicos y conforme a las disposiciones legales que regulan cada una de las acciones y obras que integran la cuenta pública, incluyendo como materia del procedimiento: A. La comprobación del origen de los recursos reintegrados en el 2002 dispuestos en el ejercicio 2001. B. Veracidad de los saldos registrados en la cuenta pública del ejercicio 2001 y consecuentemente, que los asientos de apertura del ejercicio 2002 sean correctos. C. Aclaración respecto a las diferencias de los reportes de la cuenta pública entregados a este H. Congreso del Estado y los presentados en la revisión. ..."

De los decretos y acuerdo transcritos, en la parte que interesa, se desprende, en esencia, lo siguiente:

1. Que el Congreso del Estado de Veracruz solicitó al Órgano de Fiscalización Superior que en apoyo a ese poder iniciara el procedimiento de investigación en el Municipio hoy actor, por irregularidades cuantificables que, en su caso, sí pueden representar daño patrimonial a la hacienda pública municipal.

2. Que el proceso de fiscalización en el Municipio de Orizaba se encontraba en trámite en la Auditoría Superior de la Federación, y que se procedería una vez que ésta determinara lo conducente.

3. Que una vez que concluya el proceso de fiscalización por el ejercicio dos mil uno, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado presentará a la Comisión de Vigilancia del Congreso Local el informe del resultado por el ejercicio dos mil dos del Municipio de Orizaba.

4. Que se aprobaba el informe del seguimiento a la cuenta pública del Municipio de Orizaba emitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado; que por las irregularidades no solventadas por dicho Municipio se solicitó al órgano citado en líneas precedentes sustanciar el procedimiento para la determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones que prevé la Ley de Fiscalización Superior, aplicable al ejercicio dos mil uno a los responsables del manejo de los recursos públicos en el multicitado Municipio.

Ahora bien, la Diputación Permanente del Congreso Local recurrente argumenta que no se le debe estimar como parte demandada en la controversia constitucional 50/2004, de la que deriva el presente recurso, en virtud de que no pronunció el acto impugnado y, por consiguiente, su actuar no se adecua a lo establecido en el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.

Conforme al numeral mencionado se advierten dos hipótesis para que, en el caso, el Poder Legislativo Local tenga el carácter de parte demandada en la controversia constitucional; una, que hubiera emitido y promulgado la norma general, lo que en la especie no acontece, en virtud de que el acto impugnado en la demanda no versa en relación con una norma general, razón por la cual, dicha hipótesis no será motivo de análisis; la segunda, que pronunciara el acto que es objeto de la controversia, hipótesis que sí se actualiza si se toma en consideración que el acto impugnado sí fue emitido por el Congreso Local, a través del Órgano de Fiscalización Superior del Estado que, como ya se dijo, es una dependencia auxiliar de la Legislatura para la revisión de la cuenta pública.

En efecto, de los preceptos constitucionales federal y local, así como legales antes transcritos, se desprende que la Legislatura del Estado revisará y fiscalizará sus cuentas públicas con el apoyo del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; coordinará y evaluará el desempeño de las funciones de dicho órgano; y, asimismo, revisará el informe del resultado de la revisión que elabore el órgano multicitado.

Por tanto, resulta obvio que el Congreso del Estado de Veracruz es superior jerárquico del Órgano de Fiscalización Superior de esa entidad y, por consiguiente, el acto pronunciado por el citado órgano, objeto de la controversia constitucional, no sólo deriva de una petición o mandato de la Legislatura Local, sino además sería revisado por dicho poder, al ser una atribución de éste la revisión de la cuenta pública, por lo que fue correcta la determinación del Ministro instructor de llamar a juicio a dicho poder con el carácter de demandado.

No pasa desapercibido el hecho de que jurídicamente se establezca que el Órgano de Fiscalización del Estado es un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica-presupuestal y de gestión, por lo que resulta indiscutible que, en el caso concreto, el órgano mencionado durante el procedimiento de la revisión de la cuenta pública al Municipio actor actuó con autonomía de gestión; sin embargo, atento a lo dispuesto por el artículo 2o. de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz, el órgano citado apoya al Congreso del Estado en el desempeño de sus funciones, entre las que está la revisión de la cuenta pública; de tal manera que el actuar de aquél no es determinante, pues se encuentra sujeto a la revisión que de su gestión haga la Legislatura; por consiguiente, el acto que se impugne de dicho órgano durante el procedimiento de revisión de la cuenta pública abarca también como parte al Poder Legislativo Local en una controversia constitucional.

Por otra parte, en relación con lo alegado por el Congreso Local en el sentido de que los diversos decretos que emitió tienen como finalidad excitar la acción fiscalizadora del órgano y no la de intervenir en actuaciones procedimentales, cabe mencionar que de una cuidadosa lectura de los mismos se advierte que no sólo impulsa la acción fiscalizadora, sino principalmente dirige el actuar de dicho órgano, al solicitarle que en apoyo a dicho poder inicie el procedimiento de investigación; al indicar que el informe del resultado por el ejercicio dos mil dos del Municipio de Orizaba será presentado por el órgano cuando concluya el proceso de fiscalización por el ejercicio dos mil uno; y, al aprobar el informe de seguimiento a la cuenta pública del Municipio citado y al solicitar al órgano de fiscalización sustanciar el procedimiento para la determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones; todo lo cual permite arribar a la firme convicción que sin intervenir en las actuaciones procedimentales del órgano de fiscalización, el Congreso del Estado de Veracruz es el superior jerárquico de aquél, y es quien finalmente emitirá la resolución correspondiente.

Por último, respecto a lo alegado por el Congreso Local en el sentido de que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, al ser autónomo, es responsable de sus propios actos y el Poder Legislativo Local no participó en el proceso administrativo de fiscalización; cabe mencionar que independientemente de que dicho órgano sea denominado como autónomo, lo cierto es que esto se refiere únicamente en cuanto a su actuar técnico y de gestión, puesto que pertenece al Estado, de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz y, específicamente, al Poder Legislativo, razón por la cual esa autonomía está limitada, por una parte, porque se da única y exclusivamente durante las actuaciones de la revisión de la cuenta pública o los procedimientos de investigación y, por la otra, porque esa actividad es ordenada y posteriormente revisada por el Congreso Local; por tanto, si, como en el caso, el acto impugnado en la controversia constitucional, consistente en el acta de cierre de revisión elaborada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, fue realizado dentro del procedimiento de revisión de la cuenta pública, donde tiene autonomía limitada, es evidente que ese acto impugnado interesa también al Congreso Local, dada la estrecha relación que ambos tienen en esa actividad; por consiguiente, el Poder Legislativo Local debe ser llamado a juicio, ya que es quien, en su caso, estaría obligado a dar cumplimiento a las exigencias de la demanda.

Por todo lo anterior, resulta procedente confirmar el auto de trece de abril de dos mil cuatro, dictado por el Ministro instructor en la controversia constitucional 50/2004.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO.-Es procedente pero infundado el presente recurso de reclamación.

SEGUNDO.-Se confirma el auto de trece de abril de dos mil cuatro, dictado por el Ministro instructor en la controversia constitucional 50/2004.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Margarita Beatriz Luna Ramos, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Juan Díaz Romero. Fue ponente en este asunto el señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18281-362fe6d4/controversia-constitucional-debe-llamarse-a-juicio-al-congreso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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