Corpus
Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CORRESPONDE AL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ANALIZAR LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA, CUANDO NO SEAN MANIFIESTAS E INDUDABLES. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RELATIVA O DE SU AMPLIACIÓN, DEBE TENERSE LA CERTEZA DE QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA EN FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE, PUES CUALQUIER DUDA OBLIGA ADMITIRLA A TRÁMITE, CON INDEPENDENCIA DE QUE EN LA SENTENCIA PUEDA DECLARARSE FUNDADA CON BASE EN LOS ELEMENTOS DE PRUEBA QUE SE RECABEN DURANTE EL PROCEDIMIENTO.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 230/2004-PL, DERIVADO DE LA SEGUNDA AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 67/2004. · Registro digital (IUS): 18410
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, , Pág. 1099.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 230/2004-PL, DERIVADO DE LA SEGUNDA AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 67/2004. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-En su agravio el recurrente aduce que la síndico municipal carece de legitimación para promover la segunda ampliación de demanda de la controversia constitucional de la que deriva este recurso, en representación del Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, en virtud de que de conformidad con la Ley Orgánica Municipal solamente es apoderada del Municipio, y quien tiene la representación legal del mismo es el Ayuntamiento.

Que por lo anterior, al ser un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la Ministra instructora estaba obligada a desechar dicha ampliación de conformidad con el artículo 25 de la ley reglamentaria de la materia.

En primer término, cabe precisar que la materia del presente recurso consiste únicamente en determinar si la causa de improcedencia aducida era notoria y manifiesta, pues de no ser así, corresponde analizarla al Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al momento de dictar la resolución definitiva.

Sirve de fundamento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 32/96, consultable en la página trescientos ochenta y seis, Tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. CORRESPONDE ANALIZARLAS AL PLENO DE LA SUPREMA CORTE CUANDO NO SEAN MANIFIESTAS E INDUDABLES.-Al Ministro instructor, de acuerdo a lo que preceptúan los artículos 24, 25 y 36 de la ley reglamentaria, le corresponde examinar, ante todo, el escrito respectivo de la demanda a fin de cerciorarse acerca de la eventual existencia de motivos manifiestos e indudables de improcedencia que generarían el rehusamiento categórico de la demanda; le compete también llevar a cabo el trámite de la instrucción del juicio hasta ponerlo en estado de resolución; le concierne, asimismo, elaborar el proyecto de resolución que deberá someter a la consideración del Tribunal en Pleno. Sin embargo, por ser las controversias constitucionales juicios con características y peculiaridades propias, si frente al motivo de improcedencia hubiere alguna duda para el Ministro instructor, entonces no podría decretarse el desechamiento de la demanda y, en consecuencia, las causas de improcedencia que se invocaran por los demandados sólo podrían ser analizadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia al pronunciar la sentencia definitiva. La característica de los motivos manifiestos e indudables de improcedencia de la demanda sobre controversia constitucional, estriba en que su naturaleza ostensible y contundente autoriza al desechamiento de plano de la demanda; en cambio, las causas diversas de improcedencia que las partes interesadas puedan invocar durante la secuela del procedimiento, o que de oficio se adviertan, sólo significa que se decretan después de haberse abierto el juicio y con apoyo en las pruebas allegadas por las partes durante la etapa respectiva."

Ahora bien, a efecto de analizar si la falta de legitimación activa aducida es un motivo manifiesto e indudable por el cual debió desecharse la segunda ampliación de demanda, debe atenderse a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, que dispone:

"Artículo 25. El Ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano."

De este numeral se desprende que el Ministro instructor podrá desechar la demanda de controversia constitucional por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable.

Lo anterior resulta igualmente aplicable al escrito de ampliación de demanda de conformidad con lo previsto por el artículo 27 de la ley reglamentaria de la materia, que dispone:

"Artículo 27. El actor podrá ampliar su demanda dentro de los quince días siguientes al de la contestación si en esta última apareciere un hecho nuevo, o hasta antes de la fecha de cierre de la instrucción si apareciere un hecho superveniente. La ampliación de la demanda y su contestación se tramitarán conforme a lo previsto para la demanda y contestación originales."

Ahora bien, este Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en la tesis de jurisprudencia P./J. 9/98, consultable en la página ochocientos noventa y ocho, Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que para desechar de plano la demanda de controversia constitucional las causas de improcedencia deben ser manifiestas e indudables. Dicha tesis es del tenor siguiente:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE.-Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido."

Luego, si un motivo de improcedencia no está plenamente demostrado, entonces se debe admitir la demanda a trámite, pues de lo contrario se estaría privando al actor de su derecho a instar la acción de controversia y probar en el juicio.

Al efecto, cabe destacar que por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma clara y patente de la lectura de la demanda y sus anexos, así como de los escritos aclaratorios, y por indudable, que se tiene la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, sin que se requiera de otros elementos de juicio que lleven a concluir diversa convicción, de modo tal que la fase probatoria se haga innecesaria.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 128/2001, consultable en el Tomo XIV, octubre de dos mil uno, página ochocientos tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por ‘manifiesto’ debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo ‘indudable’ resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa."

Entonces, cuando se actualice un motivo manifiesto e indudable de improcedencia el Ministro instructor deberá desechar de plano la demanda de controversia constitucional o su ampliación.

Lo anterior, en virtud de que las causas de improcedencia son de orden público y deben analizarse, incluso de oficio, por lo que deben quedar probadas de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Por tanto, para efectos del desechamiento de una demanda o de su ampliación, debe tenerse la certeza de que se surten los extremos del motivo de improcedencia en forma manifiesta e indudable, pues cualquier motivo de duda obliga a admitirla a trámite, con independencia de que en la sentencia pueda declararse fundada con base en un estudio más detallado y apoyado en los elementos de prueba que se recaben durante el procedimiento.

En efecto, acorde a sus propias características, el auto de admisión esencialmente reviste el carácter de mero trámite, en el que no pueden realizarse estudios exhaustivos por no ser propios de este tipo de acuerdos.

Por tanto, si las características del proveído de inicio que el Ministro instructor debe dictar para admitir o desechar una demanda es de mero trámite, se ve impedido para realizar mayores consideraciones que impliquen esbozar cuestiones del fondo del asunto o que provoquen un estudio más profundo, propio de una resolución y no de un acuerdo, pues de emitir un pronunciamiento de esa naturaleza, ello traería como consecuencia que no se actualizara la hipótesis del artículo 25 de la ley reglamentaria de la materia, ya que no se estaría ante una causa de improcedencia que en forma notoria y manifiesta se actualizara.

En este orden de ideas, procede determinar si los motivos que alega el recurrente hacen improcedente la ampliación de demanda de controversia constitucional de manera manifiesta e indudable y, por ende, si debe desecharse.

En el caso, el recurrente aduce la falta de legitimación activa de la síndico municipal para ampliar por segunda ocasión la demanda de controversia constitucional, por considerar que quien tiene la representación para actuar a nombre del Municipio es el Ayuntamiento.

Respecto a la forma en que las partes acreditarán su personalidad en las controversias constitucionales, el artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia establece:

"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

"En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley.

"El presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el secretario de Estado, por el jefe del departamento administrativo o por el consejero jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. El acreditamiento de la personalidad de estos servidores públicos y su suplencia se harán en los términos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan."

Del primer párrafo del anterior precepto se desprende que el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que los rigen están facultados para representarlos, y que, en todo caso, se presumirá la representación de quien comparezca en juicio, salvo prueba que acredite lo contrario.

En relación con lo anterior, el artículo 36, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Quintana Roo, dispone:

"Artículo 36. Al síndico municipal le corresponde las siguientes atribuciones y obligaciones:

"...

"II. Ser apoderado jurídico del Ayuntamiento ante instancias judiciales en los juicios en el que el Municipio sea parte."

Del artículo citado se aprecia que entre las facultades del síndico municipal está la de ser apoderado jurídico del Ayuntamiento en los juicios en que sea parte.

Ahora bien, la figura del apoderado implica la autorización que se concede a otra persona para realizar en su nombre determinados actos jurídicos, por lo que en la ley expresamente se autoriza al síndico municipal para que represente al Municipio en los juicios en que sea parte.

En virtud de lo anterior, atendiendo a la naturaleza que tiene el auto admisorio de demanda, y en el caso concreto de ampliación de demanda, en el que, como ya se dijo, el Ministro instructor se encuentra impedido para realizar una valoración más profunda que sería propia de la resolución del fondo del asunto, el texto legal mediante el cual se señala que el síndico será apoderado jurídico del Municipio en los juicios en que sea parte, resulta suficiente para tener por acreditada la legitimación activa al momento de la presentación del escrito de referencia, por lo que, en todo caso, de requerirse un estudio más profundo acerca de quién efectivamente tiene la citada representación, no será materia de un auto sino de la resolución definitiva, en la que se estaría en oportunidad de valorar los elementos en contrario que pudieran ser ofrecidos por las partes.

En virtud de lo anterior, la causa de improcedencia de la ampliación de demanda invocada no resulta manifiesta e indudable.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que el auto en el que originalmente se tuvo a la síndico del Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, promoviendo controversia constitucional en su representación, no fue en el que ahora impugna, sino en el de dieciocho de junio de dos mil cuatro, mismo que no fue combatido.

En atención a todo lo anteriormente expuesto, y al haber resultado infundado el agravio hecho valer, procede confirmar el auto recurrido.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO.-Es procedente pero infundado el presente recurso de reclamación.

SEGUNDO.-Se confirma el acuerdo recurrido de cuatro de agosto de dos mil cuatro, dictado en la controversia constitucional 67/2004.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y presidente Mariano Azuela Güitrón.

El señor Ministro presidente declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos. Fue ponente en este asunto el señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18410-1654f792/controversia-constitucional-corresponde-al-pleno-de-la-suprema · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.