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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CORRESPONDE AL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ANALIZAR LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA, CUANDO NO SEAN MANIFIESTAS E INDUDABLES. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RELATIVA, DEBE TENERSE LA CERTEZA DE QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE, PUES CUALQUIER DUDA OBLIGA ADMITIRLA A TRÁMITE, CON INDEPENDENCIA DE QUE EN LA SENTENCIA PUEDA DECLARARSE FUNDADA CON BASE EN LOS ELEMENTOS DE PRUEBA QUE SE RECABEN DURANTE EL PROCEDIMIENTO.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 189/2004-PL, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 67/2004. · Registro digital (IUS): 18350
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, , Pág. 903.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 189/2004-PL, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 67/2004. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-En sus agravios la parte recurrente aduce, en síntesis, lo siguiente:

1. Que el auto recurrido viola lo dispuesto en la fracción III del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, ya que los actos impugnados en la controversia constitucional de la que deriva el presente recurso, en esencia son los mismos combatidos en la diversa 65/2004, por lo que se actualiza la causa de improcedencia de litispendencia, por lo que debió desecharse la demanda de controversia constitucional.

2. Que el auto recurrido viola lo dispuesto en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que no se ha agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, pues "hasta el momento", el juicio político no existe, "y que en el caso de consumarse con una sentencia condenatoria no es de imposible reparación, precisamente porque existe este medio de control constitucional".

3. Que el auto recurrido menoscaba las atribuciones del Poder Legislativo de Quintana Roo, establecidas en el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su diverso numeral 115.

Establecidos los agravios, debe precisarse que no serán materia de este fallo, por inatendibles, los argumentos vertidos en relación con violaciones a la Constitución Federal, dado que el recurso de reclamación constituye un medio al que las partes pueden acudir cuando estiman que durante el procedimiento de las controversias constitucionales se emitió algún auto o resolución que a su juicio resulta incorrecto, a través del cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará, únicamente, si el auto o resolución de que se trate fue dictado conforme a lo dispuesto en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal y, a falta de disposición expresa, en el Código Federal de Procedimientos Civiles, puesto que éstos son los ordenamientos legales que regulan el trámite y resolución de aquellos juicios.

Apoya dicha determinación el criterio contenido en la tesis jurisprudencial P./J. 139/2001, consultable en la página mil cuarenta y tres, Tomo XV, correspondiente a enero de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a letra indica:

"RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SON INATENDIBLES LOS AGRAVIOS QUE SE HACEN VALER EN DICHO RECURSO CUANDO SE REFIERAN A LA CONTRAVENCIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES POR PARTE DEL MINISTRO INSTRUCTOR.-De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el conocimiento de las controversias constitucionales estará a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su tramitación y resolución se rigen por las disposiciones de la ley reglamentaria de la materia y, a falta de disposición expresa, por las del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que si durante su instrucción o procedimiento se emite algún auto o resolución que a juicio de alguna de las partes resulta incorrecto, dicho proceder debe analizarse a la luz de las disposiciones de los ordenamientos invocados. En consecuencia, si en el recurso de reclamación se hacen valer como agravios la contravención a preceptos de la Constitución Federal por parte del Ministro instructor, dichos agravios deben desestimarse por inatendibles, pues jurídicamente no es posible que proceda un medio de control constitucional sobre otro, ya que a través del citado recurso este Alto Tribunal podrá corregir dentro de aquél las irregularidades del procedimiento que en su caso hubieran existido."

Atento a lo expuesto, la materia de este asunto se limitará exclusivamente a dilucidar si fue correcta o no, la determinación tomada por la Ministra instructora en el acuerdo recurrido, para lo cual resulta conveniente hacer las siguientes consideraciones:

El artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"Artículo 25. El Ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano."

De este numeral se desprende que el Ministro instructor podrá desechar la demanda de controversia constitucional por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable.

Al respecto, este Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en la tesis de jurisprudencia P./.J. 9/98, consultable en la página ochocientos noventa y ocho, Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que para desechar de plano la controversia constitucional, las causas de improcedencia deben ser manifiestas e indudables. Dicha tesis es del tenor siguiente:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE.-Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido."

Luego, si un motivo de improcedencia no está plenamente demostrado, entonces se debe admitir la demanda a trámite, pues de lo contrario se estaría privando al actor de su derecho a instar la acción de controversia y probar en el juicio.

Al efecto, cabe destacar que por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma clara y patente de la lectura de la demanda y sus anexos, así como de los escritos aclaratorios; y, por indudable, que se tiene la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, sin que se requiera de otros elementos de juicio que lleven a concluir diversa convicción, de modo tal que la fase probatoria se haga innecesaria.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 128/2001, consultable en el Tomo XIV, de octubre de dos mil uno, página ochocientos tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por ‘manifiesto’ debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo ‘indudable’ resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa."

Entonces, cuando se actualice un motivo manifiesto e indudable de improcedencia el Ministro instructor deberá desechar de plano la demanda de controversia constitucional.

Lo anterior, en virtud de que las causas de improcedencia son de orden público y deben analizarse, incluso de oficio, por lo que deben quedar probadas de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Por tanto, para efectos del desechamiento de una demanda, debe tenerse la certeza de que se surten los extremos del motivo de improcedencia en forma manifiesta e indudable, pues cualquier motivo de duda, obliga a admitirla a trámite, con independencia de que en la sentencia pueda declararse fundada con base en un estudio más detallado y apoyado en los elementos de prueba que se recaben durante el procedimiento.

En efecto, acorde a sus propias características, el auto inicial esencialmente reviste el carácter de mero trámite, en el que no pueden realizarse estudios exhaustivos por no ser propios de este tipo de acuerdos y, además, en este estado procesal tan sólo se pueden tener en cuenta las manifestaciones que se hagan en la demanda y las pruebas que a ésta se adjunten, de ahí que se requiera que el motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable para resolver de plano.

Por tanto, si las características del proveído de inicio que el Ministro instructor debe dictar para admitir o desechar una demanda, es de mero trámite, se ve impedido para realizar mayores consideraciones que impliquen esbozar cuestiones del fondo del asunto, o que provoquen un estudio más profundo, propio de una resolución y no de un acuerdo, pues de emitir un pronunciamiento de esa naturaleza, ello traería como consecuencia que no se actualizara la hipótesis del artículo 25 de la ley reglamentaria de la materia, ya que no se estaría ante una causa de improcedencia que en forma notoria y manifiesta se actualizara.

Por lo que hace al agravio en el que se sostiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción III del citado artículo 19, debido a que la controversia constitucional de la que deriva este recurso, coincide en cuanto a los actos cuya invalidez se demanda en la diversa 65/2004 es infundado, por lo siguiente:

La fracción a la que se hace referencia en el párrafo que antecede, es del tenor siguiente:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"III. Contra normas generales o actos que sean materia de una controversia pendiente de resolver, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez."

Ahora bien, para poder establecer si en la controversia constitucional de la cual deriva el presente asunto se actualizaba la causa de improcedencia que invoca la recurrente, se requería un análisis integral de los expedientes de ambas controversias constitucionales, es decir, realizar un estudio que no es propio de hacerse al emitir un auto de trámite como lo es el auto admisorio.

En efecto, la cuestión relativa a determinar si entre los asuntos a que se hace referencia existe identidad de partes, actos y sobre todo conceptos de invalidez, requiere necesariamente del análisis de lo efectivamente planteado en ambos juicios, lo cual no es propio del auto de trámite, sino de la sentencia definitiva, por lo que, como lo hizo el Ministro instructor, procedía admitir la demanda, para poder así dar oportunidad a la valoración correspondiente, por tanto no se está ante un motivo manifiesto e indudable de improcedencia en términos del artículo 25 de la ley reglamentaria en cita.

Por último, se sostiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que no se ha agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, pues "hasta el momento", el juicio político no existe, "y que en el caso de consumarse con una sentencia condenatoria no es de imposible reparación, precisamente porque existe este medio de control constitucional".

La fracción a la que se hace referencia en el párrafo precedente, señala:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto."

Sobre lo anterior, es de considerarse que cuando el Ministro instructor se pronuncia sobre la admisión de la demanda, únicamente cuenta con los elementos contenidos en ella y sus anexos, y no tiene por qué dudar a priori de tales manifestaciones o constancias, siendo necesario únicamente que se cumpla con los requisitos que exige la ley reglamentaria de la materia, por tanto los argumentos sobre la existencia o no del acto no constituye un motivo de notoria improcedencia, ya que precisamente será objeto de prueba durante el transcurso del procedimiento.

Asimismo, es de hacer notar que de la lectura de la demanda y sus anexos no se desprende que efectivamente el acto impugnado sea o no definitivo de manera manifiesta e indudable, por lo que no se debió desechar; además de que precisamente será el señalado juicio político materia del fondo del asunto.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 32/96, consultable en la página trescientos ochenta y seis, Tomo III, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. CORRESPONDE ANALIZARLAS AL PLENO DE LA SUPREMA CORTE CUANDO NO SEAN MANIFIESTAS E INDUDABLES.-Al Ministro instructor, de acuerdo a lo que preceptúan los artículos 24, 25 y 36 de la ley reglamentaria, le corresponde examinar, ante todo, el escrito respectivo de la demanda a fin de cerciorarse acerca de la eventual existencia de motivos manifiestos e indudables de improcedencia que generarían el rehusamiento categórico de la demanda; le compete también llevar a cabo el trámite de la instrucción del juicio hasta ponerlo en estado de resolución; le concierne, asimismo, elaborar el proyecto de resolución que deberá someter a la consideración del Tribunal en Pleno. Sin embargo, por ser las controversias constitucionales juicios con características y peculiaridades propias, si frente al motivo de improcedencia hubiere alguna duda para el Ministro instructor, entonces no podría decretarse el desechamiento de la demanda y, en consecuencia, las causas de improcedencia que se invocaran por los demandados sólo podrían ser analizadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia al pronunciar la sentencia definitiva. La característica de los motivos manifiestos e indudables de improcedencia de la demanda sobre controversia constitucional, estriba en que su naturaleza ostensible y contundente autoriza al desechamiento de plano de la demanda; en cambio, las causas diversas de improcedencia que las partes interesadas puedan invocar durante la secuela del procedimiento, o que de oficio se adviertan, sólo significa que se decretan después de haberse abierto el juicio y con apoyo en las pruebas allegadas por las partes durante la etapa respectiva."

Como consecuencia de todo lo antes expuesto, devienen infundados los agravios aducidos, ya que los motivos que alega el recurrente no hacen improcedente la demanda de controversia constitucional de manera manifiesta e indudable y, por ende, no procedía desechar de inicio, por lo que debe confirmarse el auto materia de impugnación.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Es procedente pero infundado el presente recurso de reclamación derivado de la controversia constitucional 67/2004.

SEGUNDO.-En la materia del recurso, se confirma el auto recurrido de dieciocho de junio de dos mil cuatro, por el que se admitió a trámite la citada controversia constitucional.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y presidente Mariano Azuela Güitrón.

El señor Ministro presidente declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos. Fue ponente en este asunto el señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18350-779f2dad/controversia-constitucional-corresponde-al-pleno-de-la-suprema · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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