SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL MINISTRO INSTRUCTOR TIENE FACULTADES PARA DECRETARLA NO SÓLO RESPECTO DEL ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA, SINO TAMBIÉN RESPECTO DE SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 190/2004-PL, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 67/2004. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARA GÓMEZ PÉREZ
CONSIDERANDO:
TERCERO. En sus agravios la parte recurrente aduce, en síntesis, lo siguiente:
a) Que el auto recurrido, mediante el cual se otorgó la suspensión, no se apega a lo dispuesto por el artículo 15 de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que con dicha medida se ponen en peligro las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano.
Que esto es así, porque con la controversia constitucional, de la que derivan el incidente de suspensión y este recurso, se pretende combatir, detener y paralizar las acciones legales que ha promovido el propio Ayuntamiento de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, en contra del síndico y del presidente municipal de dicho Municipio, por lo que en tal supuesto no se surte la motivación de la protección a la integración de los Ayuntamientos municipales.
b) Que con la concesión de la suspensión se contraviene el artículo 15 de la ley reglamentaria, pues se afecta el interés de la mayoría de los miembros del Ayuntamiento de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, de que se investiguen y sancionen los actos de su presidente municipal, quienes consideran que éste ha violado el orden constitucional y ha dejado en quiebra financiera al Municipio, con lo que se pone en riesgo los servicios públicos municipales y la vida constitucional del propio Municipio, estimando que, al efecto, resulta aplicable la jurisprudencia de rubro: "SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. DEBE NEGARSE CUANDO SE ACTUALICE UNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AUNQUE SE ALEGUE VIOLACIÓN A LA SOBERANÍA DE UN ESTADO."
c) Que el auto impugnado es contrario a lo dispuesto por el artículo 15 de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que deja sin efectos y paraliza una institución fundamental del orden jurídico mexicano, toda vez que el procedimiento tendente a la instauración del juicio político es una cuestión de orden público, en el cual la sociedad no sólo está interesada en que se resuelva, sino en que la resolución que en él se emita se ejecute.
Que, asimismo, resulta técnicamente incorrecto decir que la suspensión no procede en contra del procedimiento de juicio político pero que sí procede en contra de lo accesorio, es decir, de sus consecuencias.
d) Que aunado a lo anterior, el daño que pudiera ocasionarse al servidor público en caso de resolverse el presente juicio político es menor al riesgo al que se expone a la sociedad con la permanencia en el cargo de dicho servidor público, citando al efecto las jurisprudencias de rubros: "SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CONCEPTO DE ‘ECONOMÍA NACIONAL’ PARA EFECTOS DE SU OTORGAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL." y "SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES, CONCEPTO DE INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO PARA LOS EFECTOS DEL INCIDENTE DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA)."
A fin de dar respuesta a los anteriores planteamientos conviene recordar lo siguiente:
En primer término, que en la demanda que dio origen al juicio de controversia constitucional, del que deriva el incidente que ahora es materia de estudio, esencialmente se demandó la inconstitucionalidad de:
a) Los procedimientos de juicio político promovidos en contra de diversos integrantes del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo;
b) Las auditorías con base en las cuales se dio inicio a los referidos procedimientos de juicio político y se presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Quintana Roo, en contra de diversos miembros del referido Ayuntamiento, y
c) Las averiguaciones, actos, órdenes y resoluciones tendentes a privar de la libertad a diversos integrantes del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo.
Asimismo, que la suspensión se solicitó respecto de los actos impugnados para el efecto de que "se suspendan los denominados ‘juicios políticos’ o cualquier otro procedimiento o resolución cuya finalidad sea afectar la integración del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, por parte de cualquiera de las autoridades demandadas o sus subordinados hasta en tanto esa H. Suprema Corte de Justicia se pronuncie sobre el fondo del asunto."
Y, por último, que el acuerdo aquí impugnado de fecha dieciocho de junio de dos mil cuatro, en esencia, resolvió sobre la suspensión solicitada en los siguientes términos:
a) Negó la medida cautelar en contra de los procedimientos de fiscalización, juicio político y averiguación previa, por considerar que dichos procedimientos constituyen instituciones del orden jurídico mexicano en cuya resolución está interesada la sociedad y, además, que los procedimientos no pueden ser suspendidos sino exclusivamente en sus consecuencias, y
b) La concedió en contra de los efectos y consecuencias de dichos actos, señalando que:
i. "Las autoridades demandadas con relación a los juicios políticos impugnados en contra de algunos integrantes del Ayuntamiento del Municipio actor suspenderán la ejecución de cualquier resolución que afecte su actual integración", y
ii. Asimismo, que dichas autoridades "en ningún caso podrán ejecutar resolución alguna que afecte la actual integración del Municipio actor, en tanto esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el fondo del presente asunto."
Ahora bien, para determinar si efectivamente se presenta alguna de las prohibiciones señaladas por la parte recurrente, y si era procedente el otorgamiento de la suspensión, es menester traer a cuenta el contenido de los artículos 14, 15 y 18 de la ley reglamentaria de la materia, que dicen:
"Artículo 14. Tratándose de las controversias constitucionales, el Ministro instructor, de oficio o a petición de parte, podrá conceder la suspensión del acto que las motivare, hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva. La suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el Ministro instructor en términos del artículo 35, en aquello que resulte aplicable.
"La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales."
"Artículo 15. La suspensión no podrá concederse en los casos en que se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante."
"Artículo 18. Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional. El auto o la interlocutoria mediante el cual se otorgue deberá señalar con precisión los alcances y efectos de la suspensión, los órganos obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto del cual opere, el día en que deba surtir sus efectos y, en su caso, los requisitos para que sea efectiva."
De dichos preceptos se desprenden las características esenciales de la suspensión en controversias constitucionales, que son:
1) Procede de oficio o a petición de parte y podrá ser decretada hasta antes de que se dicte sentencia definitiva.
2) No podrá otorgarse en los casos en que la controversia se hubiera planteado respecto de normas generales.
3) No podrá concederse cuando se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad, en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante.
4) Para su otorgamiento deberán tenerse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional.
Estos elementos permiten advertir que la suspensión en controversias constitucionales, aunque con características muy particulares, participa de la naturaleza de las medidas cautelares, entendidas éstas como instrumentos provisionales que permiten conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un juicio.
En el caso, el recurrente aduce que al concederse la suspensión se viola una institución fundamental del orden jurídico mexicano, puesto que se paralizan acciones legales promovidas por el propio Ayuntamiento, quien acordó interponer la denuncia de juicio político en contra del presidente y síndico municipales.
Para decidir sobre la procedencia de la suspensión de los actos impugnados debe tomarse en cuenta que la suspensión tiene como objeto primordial preservar la materia del juicio asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que declare el derecho del actor pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente; por tanto, para poder conceder la medida cautelar es necesario el análisis de la demanda de controversia constitucional y los anexos que se acompañan, ya que, como lo establece el artículo 18 de la ley reglamentaria de la materia, para el otorgamiento de la suspensión el Ministro instructor deberá tomar en cuenta las circunstancias y características particulares del asunto, es decir, se requiere un conocimiento primario de los actos impugnados y de la litis planteada dirigido a lograr una decisión sobre la media cautelar solicitada.
Por lo anterior, debe tomarse en consideración que lo que constituye la materia de la controversia constitucional de la cual derivan el incidente de suspensión y el presente recurso son los procedimientos de fiscalización, juicio político, así como las averiguaciones, actos, órdenes y resoluciones seguidas por la Procuraduría de Justicia del Estado de Quintana Roo, en contra de diversos integrantes del Ayuntamiento de Benito Juárez, de esa entidad, por considerar que con tales actos se viola en perjuicio del Municipio actor el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, puesto que con ellos se afecta la integración del Ayuntamiento sin que se hayan otorgado las garantías previstas por el precitado artículo constitucional.
Por tanto, si la cuestión de fondo constituye precisamente determinar si con esos específicos procedimientos se afecta la integración del Ayuntamiento, sin cumplir con las garantías previstas por el artículo 115 constitucional, es evidente que la medida cautelar debe otorgarse a fin de preservar la materia de la controversia constitucional.
En este tenor, contrario a lo que aduce el recurrente, con la concesión de la medida suspensional no se afectan instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, pues no se están paralizando las facultades de las autoridades a las que corresponde la instrucción de los procedimientos impugnados en la controversia constitucional en la que se decretó la suspensión, pues precisamente en el auto de suspensión recurrido se señala que no se suspende la continuación y seguimiento de los procedimientos impugnados, sino que únicamente se está suspendiendo la ejecución de las resoluciones que pudieran dictarse y que tengan por objeto directo afectar la integración del Ayuntamiento.
Aduce también el recurrente que con la medida suspensional se afecta a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante, puesto que es del interés de la sociedad el seguimiento y los resultados que puedan derivarse de los procedimientos que se lleven a cabo en contra de servidores públicos, debiendo tenerse en cuenta que la sociedad también se encuentra interesada en que tales actividades sean realizadas conforme a derecho, máxime cuando se trata de funcionarios que han sido directamente designados por ella a través del sufragio.
Que, asimismo, con dicha medida no se está protegiendo la integración del Ayuntamiento, porque la denuncia de juicio político en contra del presidente y síndico municipales fue promovida por sus propios integrantes.
Las anteriores manifestaciones no resultan fundadas, en atención a que el artículo 115 de la Constitución Federal establece diversas garantías para los Municipios, entre las cuales se encuentran aquellas destinadas a salvaguardar su integración, por lo que los actos tendentes a afectarla, sin importar que provengan de sus propios miembros, deberán cumplir con los requisitos establecidos en dicho precepto constitucional.
Asimismo, hace valer el recurrente que resulta incongruente que se decrete la suspensión en contra de los efectos del acto combatido y no respecto del propio acto, argumento que resulta infundado, puesto que según ha interpretado la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro instructor tiene facultades para decretar la suspensión no sólo de los actos impugnados, sino también de sus efectos y consecuencias atendiendo a las circunstancias y características del caso, por lo que resultó correcta la concesión de la medida precautoria en los términos realizados, en atención a que, como quedó asentado en la presente resolución, no se coarta la facultad de las autoridades que siguen los diversos procedimientos en contra de los miembros del Ayuntamiento actor, sino que la finalidad que se persigue es salvaguardar la materia de los actos objeto de la controversia constitucional y que no se ejecuten resoluciones derivadas de procedimientos cuya constitucionalidad se encuentra controvertida hasta en tanto este Alto Tribunal se haya pronunciado al respecto.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. I/2003, publicada en la página 762, Tomo XVII, febrero de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL MINISTRO INSTRUCTOR TIENE FACULTADES PARA DECRETARLA NO SÓLO RESPECTO DEL ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, SINO TAMBIÉN RESPECTO DE SUS EFECTOS O CONSECUENCIAS. De lo dispuesto en los artículos 14, 18 y 35 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que la suspensión del acto cuya invalidez se demande en una controversia constitucional puede concederse de oficio o a petición de parte, con base en los elementos proporcionados por las partes o recabados por el Ministro instructor. Atento lo anterior, se concluye que el Ministro instructor se encuentra facultado legalmente para decretar la suspensión respecto de los efectos y consecuencias del acto materia de la controversia, con independencia de que se haya solicitado respecto de ellos la suspensión, al ser necesariamente materia de la controversia por tener su origen en el acto cuya declaración de invalidez se solicita, pues es deber del Ministro instructor atender a las circunstancias y características particulares del caso, lo que le permite tomar diversas determinaciones respecto a los diferentes actos materia de la controversia constitucional."
Finalmente, cabe señalar que no resulta óbice a la conclusión alcanzada la tesis de jurisprudencia citada por el recurrente, de rubro: "SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CONCEPTO DE ‘ECONOMÍA NACIONAL’ PARA EFECTOS DE SU OTORGAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL).", puesto que la medida suspensional concedida en el auto recurrido fue respecto de la ejecución de resoluciones seguidas con motivo de procedimientos de responsabilidad de servidores públicos, en tanto que la tesis de referencia se refiere a actividades que tienen que ver con la organización de las actividades económicas del Estado mexicano, de conformidad con los principios rectores del desarrollo económico estatuido en la Ley Fundamental, por lo que en el caso no se presenta el supuesto que trata la tesis en cita.
Por otra parte, es igualmente infundada la afirmación de la recurrente relativa a que la medida suspensional de que aquí se trata no debió concederse en los términos tan amplios en que se otorgó, en atención a lo siguiente.
Aun cuando al otorgar dicha medida cautelar la Ministra instructora precisó que las autoridades demandadas "en ningún caso podrán ejecutar resolución alguna que afecte la actual integración del Municipio actor, en tanto esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el fondo del presente asunto", esto no implica la prohibición de realizar actos distintos que no sean consecuencia ni estén relacionados con los procedimientos señalados en la demanda, pues la afectación en contra de la cual procede conceder esa medida tiene que estar relacionada necesariamente con los hechos y actos concretos que dieron lugar a la demanda de controversia constitucional, que son los que serán analizados al resolver el fondo, y no procede concederla respecto de actos ajenos a la litis constitucional planteada, como pudiera ser cualquier ataque a la autonomía municipal por parte de las autoridades estatales que tuviera su origen en actos distintos de los reclamados pues, como ya se dijo, la principal función de la suspensión es preservar la materia de fondo para que pueda resolverse la contienda, y es claro que la posible o probable realización de actos futuros e inciertos que no forman parte de la litis constitucional tampoco pueden ser objeto de la suspensión si, al final, no debe resolverse sobre su constitucionalidad porque no se han reclamado.
En efecto, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, norma fundamental a la cual debe ajustarse la actuación de todas y cada una de las autoridades públicas, federales, locales y municipales de nuestra nación, existen muy diversos motivos por los cuales las autoridades estatales pueden intervenir en las funciones ordinarias de un Ayuntamiento e, incluso, afectar su integración.
Las cuentas públicas municipales deben ser auditadas por las Legislaturas de los Estados e igualmente pueden ser revisadas por las autoridades de la Federación en lo relativo a las aportaciones federales (Ramo 33 del presupuesto federal de egresos) y, asimismo, dichos Ayuntamientos pueden ser desaparecidos, o bien, puede suspenderse o revocarse el mandato de alguno de sus miembros.
Asimismo, las referidas intervenciones de las autoridades locales y federales en los Ayuntamientos pueden estar motivadas por muy diversas causas, esto es, pueden derivar de los hechos que dieron lugar a la presente demanda de controversia constitucional, pero también pueden deberse a otras causas.
Consecuentemente, es claro que la Ministra instructora no tuvo la intención de otorgar la medida cautelar en contra de la ejecución de cualquier acto que tuviese por objeto afectar la integración del Municipio, sino única y exclusivamente respecto de aquellos que tuviesen relación directa con los procedimientos de juicio político, auditoría y averiguaciones previas impugnados en la demanda, pues sólo éstos y no otros actos son los que constituyen la materia de fondo que se debe examinar.
Todo lo anterior implica que, contrario a lo que manifestó el recurrente, la resolución impugnada acertadamente dejó expedita la vía para que las autoridades estatales, bajo su más estricta responsabilidad, pudiesen realizar actos de intervención en el Municipio actor, aquellos que la Constitución Federal y las leyes estatales les permitan, a condición de que estén desvinculados de los procedimientos de fiscalización y juicio político aquí reclamados.
Ahora bien, a fin de que no quede ninguna duda sobre la suspensión concedida en la resolución de fecha dieciocho de junio del año en curso que fue impugnada, conviene aclarar con toda precisión que dicha medida se concedió en los siguientes términos:
1. No se otorgó la medida cautelar solicitada respecto de los procedimientos de fiscalización, juicio político y averiguación previa impugnados, toda vez que dichos procedimientos constituyen instituciones del orden jurídico mexicano en cuya resolución está interesada la sociedad, a más de que los procedimientos no pueden ser suspendidos salvo por lo que hace a sus consecuencias.
2. Se concedió la suspensión de los efectos y consecuencias de los actos reclamados en esta controversia constitucional para el efecto de que las autoridades demandadas suspendiesen la ejecución de las resoluciones que pudiesen dictar dentro del procedimiento de juicio político que siguen en contra de miembros del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo.
3. Lo anterior no implicó en forma alguna que se haya prohibido a las autoridades demandadas realizar actos distintos que no sean consecuencia ni estén relacionados con los procedimientos señalados en la demanda, pues la afectación en contra de la cual procede conceder esa medida tiene que estar relacionada necesariamente con los hechos y actos concretos que dieron lugar a la demanda de controversia constitucional, que son los que serán analizados al resolver el fondo.
Para finalizar, este Alto Tribunal estima conveniente precisar que estas determinaciones de ninguna manera prejuzgan respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos impugnados en el juicio, lo cual será objeto, única y exclusivamente, de la sentencia definitiva.
Por lo expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO.-Es procedente pero infundado el presente recurso de reclamación.
SEGUNDO.-Se confirma el acuerdo recurrido de dieciocho de junio de dos mil cuatro, dictado en el incidente de suspensión de la controversia constitucional 67/2004.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y presidente Mariano Azuela Güitrón.
El señor Ministro presidente declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos. Fue ponente en este asunto el señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18354-100f520f/suspension-en-controversias-constitucionales-el-ministro-instructor-tiene · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE OTORGARLA SI LA CUESTIÓN DE FONDO LA CONSTITUYE LA POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DEL NOMBRAMIENTO DE UN CONCEJO MUNICIPAL POR ESTI (RECURSO DE RECLAMACIÓN 219/2004-PL, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE OTORGARLA SI LA CUESTIÓN DE FONDO LA CONSTITUYE LA POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DEL NOMBRAMIENTO DE UN CONCEJO MUNICIPAL POR ESTI (RECURSO DE RECLAMACIÓN 221/2004-PL, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CORRESPONDE AL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ANALIZAR LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA, CUANDO NO SEAN MANIFIESTAS E INDUDABLES. CONTR (RECURSO DE RECLAMACIÓN 189/2004-PL, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RELATIVA, DEBE TENERSE LA CERTEZA DE QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA EN FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE, PU (RECURSO DE RECLAMACIÓN 188/2004-PL, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- ACTO RECLAMADO. PRUEBA DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. (s/clave)
- ACTO RECLAMADO. SU RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA RESPONSABLE NO PRESUPONE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE AQUEL. (s/clave)
- RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 250 DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DEL ESTADO DE SONORA. EL REQUISITO DE INTERPONERSE ANTE LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ LA RESOLUCI (V.1o.P.A.1 A (11a.))
- REVISION IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCION QUE NEGO LA SUSPENSION. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis