SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE OTORGARLA SI LA CUESTIÓN DE FONDO LA CONSTITUYE LA POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DEL NOMBRAMIENTO DE UN CONCEJO MUNICIPAL POR ESTIMAR QUE CON DICHO ACTO SE VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 221/2004-PL, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 67/2004. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN, ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ Y MARA GÓMEZ PÉREZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Para la mejor comprensión del presente asunto, previamente a cualquier otra cosa deben precisarse los términos y efectos para los cuales se concedió la suspensión en la resolución de veintitrés de julio de dos mil cuatro, dictada en el incidente de suspensión de la controversia constitucional 67/2004, la cual dio lugar al presente recurso.
La referida medida cautelar se concedió en los siguientes términos:
i. Se negó en relación con la expedición y publicación del Decreto 120 por el que se nombra un Concejo Municipal para el Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, que concluirá el periodo 2002-2005, publicado el dieciséis de julio de dos mil cuatro en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, toda vez que se estimó que se trataba de un acto consumado;
ii. Se concedió, respecto de los efectos de dichos actos, "para que no se ejecute lo ordenado en el Decreto 120 ... o cualquier otro acto que tenga como consecuencia la afectación en la integración del Ayuntamiento de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, o vulnere el ámbito municipal para evitar la intromisión de los poderes estatales en el mismo";
iii. Igualmente se consideró procedente conceder la medida suspensional "para el efecto de que los recursos federales y estatales que correspondan al Municipio actor le sean entregados a éste y no al Concejo Municipal"; y,
iv. Por último, se concedió la suspensión "para que las autoridades demandadas de la entidad retiren a los miembros de los cuerpos policiacos que se encuentran custodiando las instalaciones de la presidencia del Municipio actor".
Lo anterior pone de manifiesto que los efectos de la suspensión otorgada el día veintitrés de julio del año en curso fueron los siguientes:
a) En primer término, se estableció que no debe ejecutarse el Decreto 120;
b) Asimismo, se dejó claro que los recursos federales y estatales que por ley le corresponden al Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, deben ser entregados al Ayuntamiento de dicho Municipio y no al Concejo Municipal creado en virtud del Decreto 120;
c) Consecuentemente, el Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, debe ser restituido en sus funciones de gobierno;
d) Igualmente, el Concejo Municipal, creado mediante el Decreto 120, debe cesar en sus funciones y entregarle al Ayuntamiento las instalaciones de la presidencia municipal.
Ahora bien, el recurrente en sus agravios adujo, en síntesis, lo siguiente:
a) Que la suspensión concedida a través del auto impugnado contraviene el artículo 18 de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que no señala con precisión los alcances y efectos de la misma, dictándose en términos ambiguos que han dado lugar a interpretaciones dolosas por parte de la actora,
b) Que resulta contradictorio y jurídicamente inaceptable el hecho de que el auto impugnado señale que la suspensión es otorgada para que no se ejecute el Decreto 120, para que no se integre el Ayuntamiento y para que los recursos federales le sean entregados al ‘Municipio actor’ y no al Concejo Municipal; lo anterior en virtud de que el propio Decreto 120 ya se había ejecutado, por su propia naturaleza de declarativo de que ya no existía el Ayuntamiento de Benito Juárez y, en su lugar, se nombró un Concejo Municipal, además de que dicho Concejo entró en funciones ese mismo día, de lo cual ya tenía conocimiento la parte actora.
Que, por tanto, al no ser procedente la suspensión para los efectos de que no se ejecutan los efectos del Decreto 120, el auto impugnado no observó las circunstancias especiales del caso para otorgar la medida cautelar.
c) Que, en todo caso, al haberse concedido la suspensión debió señalarse que ésta no surtiría sus efectos en el supuesto de que los actos por los que se otorgaba ya se hubieran consumado, por lo que al no haberse hecho así, la suspensión queda sujeta a interpretaciones por las partes obligadas a cumplirlas, lo que hace evidente lo oscuro y ambiguo de los términos en que fue dictada.
d) Que resulta grave el hecho de que se haya concedido la suspensión para el efecto de que los recursos federales y estatales que correspondan al Municipio actor le sean entregados a éste y no al Concejo Municipal a que se refiere el decreto impugnado en la ampliación de la demanda, ya que resulta material y jurídicamente imposible que tanto el Estado como la Federación, le entreguen los recursos al ‘Municipio actor’, toda vez que si se refiere al Ayuntamiento, éste ya no existe como tal, éste desapareció por sí mismo al renunciar la mayoría de sus miembros, por lo que las personas que lo integraban dejaron de ser funcionarios públicos municipales desde la expedición del Decreto 120 en que se nombró un Concejo Municipal como órgano de Gobierno del Municipio de Benito Juárez, siendo improcedente que los recursos públicos ya de la Federación o del Estado, correspondiente a este Municipio, le sean entregados a personas particulares, como lo son los exmiembros del Ayuntamiento.
Que, igualmente, en este apartado el auto recurrido tampoco hizo la precisión de que ésta medida procedería siempre y cuando el Concejo Municipal no estuviera en funciones, y que al no hacerlo, ha dado lugar a que tanto la Federación y el Gobierno del Estado, ante lo tajante de la misma, no proporcione recursos públicos al Concejo Municipal que actualmente está en funciones y prestando los servicios públicos en el Municipio de Benito Juárez, causando un grave daño a la sociedad en un grado mayor que el beneficio que pudieran obtener los solicitantes de la medida cautelar. Así como tampoco se lo pueden dar al anterior presidente municipal, en virtud de que el Ayuntamiento se desintegró con la renuncia de la mayoría de sus miembros.
e) Que conforme a lo señalado resulta incuestionable que la medida suspensional es contraria a los artículos 15 y 18 de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que no se dictó fijando con precisión los efectos y alcances de la misma, y que igualmente, se causa mayor daño a la sociedad en general con su otorgamiento, que los beneficios que pudieran obtener los solicitantes de la misma.
f) Que al haberse concedido la medida cautelar respecto de actos que ya se habían consumado a plenitud al momento en que fue dictada, es que se contraviene el criterio que ha sostenido la Segunda Sala de este Alto Tribunal en la tesis de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO PROCEDE EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN CONTRA DE ACTOS CONSUMADOS."
g) Que tomando en cuenta que en la fecha en que se dictó la medida suspensional ya había surtido sus efectos el Decreto 120, ya se había instalado el Concejo Municipal, ya estaba prestando los servicios públicos como lo viene haciendo hoy día, no es posible privarle de su derecho constitucional de recibir las aportaciones, participaciones y demás recursos financieros que la Federación y el Estado le otorguen, pues ello implicaría suspender parcialmente el funcionamiento de un Concejo que ya está actuando en plenitud, y que la recepción de tales recursos es un acto inherente a la propia función que desempeña, que no se puede suspender sin afectar sustancialmente a lo consumado que representa la existencia y funcionamiento del Concejo Municipal.
Ahora bien, previamente a cualquier otra cuestión, conviene señalar cuáles son los actos cuya invalidez demandó el Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, en su escrito de ampliación de demanda de veintiuno de julio de dos mil cuatro:
1. Del Poder Legislativo Local el Decreto 120 ‘por el que se nombra un Concejo Municipal para el Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, que concluirá el periodo 2002-2005’, emitido y publicado el dieciséis de julio de dos mil cuatro en el Periódico Oficial del Estado; así como el procedimiento por medio del cual se ordenó la desaparición del Ayuntamiento.
2. Del Poder Ejecutivo Estatal el reconocimiento del ‘Concejo Municipal para el Municipio de Benito Juárez’, y las órdenes y ejecución de las mismas para que le sean entregados a dicha autoridad los recursos tanto federales y estatales, participaciones y aportaciones que corresponden al Municipio actor; así como los actos de intromisión y despojo consistentes en la toma del palacio municipal.
3. Del presidente de la República el reconocimiento del ‘Concejo Municipal para el Municipio de Benito Juárez’ y las órdenes y ejecución de las mismas para que le sean entregados a dicha autoridad los recursos que corresponden al Municipio de Benito Juárez por conducto de su Ayuntamiento electo.
4. De los secretarios de Hacienda, Gobernación, Turismo y del director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) las órdenes y ejecución de las mismas con la finalidad de otorgar reconocimiento al ‘Concejo Municipal para el Municipio de Benito Juárez’, y que le sean entregados los recursos federales vía aportaciones, participaciones y cualquier otro recurso que corresponda o pudieren corresponder al Municipio de Benito Juárez por conducto de su Ayuntamiento electo.
En el proveído impugnado de veintitrés de julio de dos mil cuatro se precisó lo siguiente respecto de la solicitud de suspensión de los actos impugnados en la ampliación de demanda de la controversia constitucional 67/2004:
a) Que por lo que hacía a la expedición y publicación del decreto impugnado en la ampliación de demanda no procedía el otorgamiento de la medida solicitada, toda vez que se trataba de actos consumados que se agotaron con su sola emisión.
b) Que de conformidad con el criterio contenido en la tesis de rubro ‘SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL MINISTRO INSTRUCTOR TIENE FACULTADES PARA DECRETARLA NO SÓLO RESPECTO DEL ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, SINO TAMBIÉN RESPECTO DE SUS EFECTOS O CONSECUENCIAS.’; se concedió la suspensión de los efectos y consecuencias de los actos reclamados en la ampliación de demanda, para que no se ejecute lo ordenado en el decreto impugnado, o cualquier otro acto que tenga como consecuencia la afectación en la integración del Ayuntamiento actor o vulnere el ámbito municipal, para evitar la intromisión de los poderes estatales en el mismo, en tanto se resuelve el fondo de esta controversia constitucional.
c) Que esto fue considerado así en aras del derecho constitucional de respeto a dicha integración que ha reconocido este Alto Tribunal a favor de los Ayuntamientos.
d) Que también se concedió la medida cautelar para el efecto de que los recursos federales y estatales que correspondan al Municipio actor le sean entregados a éste y no al Concejo Municipal a que se refiere el decreto impugnado en la ampliación de demanda, ya que la autoridad municipal se vería afectada al no contar con recursos económicos que le permitan el ejercicio de sus atribuciones.
e) Que, igualmente, se otorgó la citada medida para que las autoridades demandadas de la entidad retiraran a los miembros de los cuerpos policiacos que se encontraban custodiando las instalaciones de la presidencia del Municipio actor.
f) Que con la concesión de la medida cautelar no se afectaba la seguridad y economía nacionales, puesto que únicamente se salvaguardaba la integración del Ayuntamiento actor, así como la prestación de los servicios públicos a que se encuentra obligado; que tampoco se afectaban las instituciones del orden jurídico mexicano, ya que se respetan los principios básicos que derivan de la Constitución Federal, que rigen la vida política, social o económica del país; que, igualmente, no se causaba un daño mayor a la sociedad en relación con el beneficio que pudiera obtener el solicitante de la medida.
g) Que la suspensión concedida surtiría efectos desde luego, esto es, desde la fecha en que fue emitida.
Ahora bien, el recurrente aduce en sus agravios, medularmente, que no debió ser obsequiada la suspensión a la parte actora en los términos en que se hizo, porque los efectos y consecuencias del Decreto 120, respecto de los cuales se concedió dicha medida cautelar, constituían actos consumados.
Los anteriores argumentos deben declararse inoperantes, toda vez que, al margen de que se tratase de actos consumados o no, excepcionalmente es posible otorgar la referida medida cautelar sin tomar en cuenta esta situación cuando, como en el caso, existen elementos que llevan a sostener que existe tanto una apariencia de buen derecho como peligro en la demora respecto al otorgamiento de esta medida.
En efecto, es posible que, por excepción, se conceda la suspensión de los actos impugnados en un procedimiento jurisdiccional de control de constitucionalidad anticipando los posibles resultados que eventualmente pudieran conseguirse con la resolución de fondo que se dicte en el mismo, cuando de las circunstancias especiales que se adviertan en el caso se llegue a la convicción de que existe una razonable probabilidad de que las pretensiones del promovente tengan una apariencia de juridicidad y que, además, las mismas circunstancias conduzcan a sostener que igualmente existe peligro en la demora de su concesión.
Ello es así porque de conformidad con el artículo 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que quedó transcrito con anterioridad, para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares que rodeen al juicio de controversia constitucional, lo que implica que el juzgador deberá realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, sin perjuicio de que esta previa determinación pueda cambiar al momento de dictarse la sentencia definitiva pues, desde luego, esta anticipación en el análisis de las circunstancias y características que rodean al caso es simplemente un adelanto provisional sólo para efectos de la suspensión.
Tal anticipación es posible porque la suspensión es una especie del género "medidas cautelares", por lo que, aunque es evidente que está caracterizada por diferencias que la perfilan de manera singular y concreta, le son aplicables las reglas generales de tales medidas en lo que no se opongan a su específica naturaleza.
Así, es de señalarse que de acuerdo con la doctrina procesalista son dos los extremos que hay que llenar para obtener una medida cautelar: 1) apariencia de buen derecho y 2) peligro en la demora.
La apariencia de la existencia del derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso.
Dicho requisito, aplicado a la suspensión de los actos impugnados, implica que para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 15 de la ley reglamentaria de la materia, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el solicitante de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se declarará la inconstitucionalidad del acto impugnado.
El peligro en la demora, por su parte, consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En esa virtud, la medida cautelar exige un preventivo cálculo de probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no puede separarse del otro preventivo cálculo de probabilidad o verosimilitud que se hace sobre la existencia del derecho cuya tutela se solicita a este Alto Tribunal.
Consecuentemente, si toda medida cautelar descansa en los principios de verosimilitud o apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, el juzgador puede analizar esos elementos, y si la provisión cautelar, como mera suspensión, es ineficaz, tiene la facultad de dictar las medidas pertinentes que impliquen no propiamente una restitución sino un adelanto provisional del derecho cuestionado para resolver posteriormente, en forma definitiva, si los actos impugnados son o no constitucionales.
Así, en estos casos excepcionales el efecto de la suspensión será interrumpir un determinado estado de las cosas mientras se resuelve el fondo del asunto, sin perjuicio de que si se declaran infundadas las pretensiones del actor porque la "apariencia del buen derecho" fuera equivocada, tales actos puedan reanudarse.
Como quedó señalado desde un principio, estas afirmaciones se sustentan en lo dispuesto por el artículo 18 de la ley reglamentaria de la materia, que establece que para conceder la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación al promovente y conservar viva la materia del juicio, siempre y cuando, claro está, con ello no se pongan en peligro la seguridad o la economía nacional, no peligren las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, o bien, no se afecte gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con dicha suspensión pudiera obtener el solicitante, lo cual deberá resolver la sensibilidad del Ministro instructor ante la realidad de los actos impugnados, pues si se da alguno de estos supuestos se deberá negar la suspensión solicitada.
Todos estos razonamientos tienen su sustento en dos tesis de jurisprudencia provenientes de la solución dada por este Tribunal Pleno, el día catorce de marzo de mil novecientos noventa y seis, a dos contradicciones de tesis, a saber: la contradicción de tesis 3/95, suscitada entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito y Segundo del Sexto Circuito, y la contradicción de tesis 12/90, que se suscitó entre las tesis sostenidas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Estos criterios, si bien provienen de razonamientos esgrimidos en juicios de amparo, son aplicables en la especie por tratarse también de la suspensión proveniente de un medio jurisdiccional de control de constitucionalidad que, si bien no es idéntica ni mucho menos a la que se otorga en los juicios de garantías, guarda considerables semejanzas con ella.
Los criterios referidos, que están identificados con los números P./J. 15/96 y P./J. 16/96, y que pueden ser consultados en las páginas 16 y 36, respectivamente, del Tomo III, abril de 1996, Novena Época, Pleno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, son del tenor siguiente:
"SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión."
"SUSPENSIÓN. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE CLAUSURA EJECUTADA POR TIEMPO INDEFINIDO. El artículo 107, fracción X de la Constitución General de la República, establece como uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión del acto reclamado en el amparo, el de tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada; esto es, el juzgador deberá realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que podrá cambiar al dictar la sentencia definitiva, pues el hecho de que anticipe la probable solución de fondo del juicio principal, es un adelanto provisional, sólo para efectos de la suspensión. Tal anticipación es posible porque la suspensión se asemeja, en el género próximo, a las medidas cautelares, aunque es evidente que está caracterizada por diferencias que la perfilan de manera singular y concreta. Sin embargo, le son aplicables las reglas de tales medidas, en lo que no se opongan a su específica naturaleza. En este aspecto cabe señalar que son dos los extremos que hay que llenar para obtener la medida cautelar: 1) Apariencia de buen derecho y 2) Peligro en la demora. La apariencia de la existencia del derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En síntesis, la medida cautelar exige un preventivo cálculo de probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no puede separarse de otro preventivo cálculo de probabilidad, que se hace sobre la existencia del derecho cuya tutela se solicita a los tribunales. Consecuentemente, si toda medida cautelar descansa en los principios de verosimilitud o apariencia del derecho y el peligro en la demora, el Juez de Distrito puede analizar esos elementos en presencia de una clausura ejecutada por tiempo indefinido, y si la provisión cautelar, como mera suspensión, es ineficaz, debe dictar medidas que implican no una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado, para resolver posteriormente, en forma definitiva, si el acto reclamado es o no inconstitucional; así, el efecto de la suspensión será interrumpir el estado de clausura mientras se resuelve el fondo del asunto, sin perjuicio de que si se niega el amparo, porque la ‘apariencia del buen derecho’ sea equivocada, la autoridad pueda reanudar la clausura hasta su total cumplimiento. Lo expuesto anteriormente se sustenta en la fracción X del dispositivo constitucional citado, que establece que para conceder la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso y conservar viva la materia del juicio, si con ello no se lesionan el interés social y el orden público, lo cual podrá resolver la sensibilidad del Juez de Distrito, ante la realidad del acto reclamado, pues si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negar la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público y el interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado."
Ahora bien, en el caso particular, ambos elementos se surtían, esto es, tanto la apariencia de buen derecho como el peligro en la demora, tal como se pasa a demostrar a continuación.
La apariencia de buen derecho, como ya se dijo, apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, era manifiesta en el caso que nos ocupa por las siguientes razones.
En la ampliación de demanda presentada por la parte actora el día veintidós de julio del dos mil cuatro, se señalaron como actos impugnados, esencialmente, los siguientes:
a) El Decreto 120, por el que se nombra un Concejo Municipal para el Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, que concluirá el periodo 2002-2005, publicado el dieciséis de julio de dos mil cuatro en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo;
b) Los actos y órdenes que lleve a cabo dicho órgano;
c) El reconocimiento del referido Concejo Municipal por parte tanto de las autoridades locales como de las federales, y
d) Las órdenes y la ejecución de las mismas, encaminadas a entregarle los recursos locales y federales que le corresponden al Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, al referido Concejo Municipal.
El citado Decreto 120, que como se ve, fue el acto medular que dio lugar a la ampliación de demanda que aquí se trata, obra a fojas catorce vuelta y quince de este expediente, y es del tenor siguiente:
"Decreto Número 120. Por el que se nombra un Concejo Municipal para el Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, que concluirá el periodo 2002-2005.
"La Diputación Permanente de la honorable X Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 76, fracción VII, y 143 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo,
"Decreta:
"Primero. Se conoce de las renuncias de la mayoría de los miembros del Ayuntamiento Constitucional de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, electo para el periodo 2002-2005, y en términos de lo dispuesto por el último párrafo de la fracción I, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del diverso 76, fracción VII y el 143, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, procede nombrar un Concejo Municipal para el Municipio de Benito Juárez, de Quintana Roo, que concluya el periodo constitucional 2002-2005.
"Segundo. El Concejo Municipal para el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, queda constituido por las siguientes personas:
"Concejal presidente ciudadana Marisol Ávila Lagos
"Concejal síndico ciudadano Xavier Emilio Cadena Jiménez
"Concejal primero ciudadano Eloán Galindo Díaz
"Concejal segundo ciudadana Brenda Jiménez Cedillo
"Concejal tercero ciudadano Santiago Tapia Martínez
"Concejal cuarto ciudadano Enrique José Casellas Peón
"Concejal quinto ciudadana María del Rosario Estrada Avilés
"Concejal sexto ciudadano Juan Carrillo Padilla
"Concejal séptimo ciudadana Verónica Gloria Acacio Trujillo
"Concejal octavo ciudadano Andrés Arturo Pérez Velázquez
"Concejal noveno ciudadano Luis Armando Burgos Ojeda
"Concejal décimo ciudadana Amelia Mojica Palacios
"Concejal décimo primero ciudadano Abelardo Vara Rivera
"Concejal décimo segundo ciudadano Javier Brito Rosellón
"Concejal décimo tercero ciudadana Yvette Hesse Espinosa
"Concejal décimo cuarto ciudadano Óscar Díaz Peniche
"Concejal décimo quinto ciudadano Juan Manuel Peraza Peraza
"Transitorio:
"Único. El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo.
"Dado en la Sala de comisiones ‘constituyentes de 1974’, del recinto oficial del Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los dieciséis días del mes de julio del año dos mil cuatro."
Ahora, de conformidad con el párrafo tercero de la fracción I del artículo 115 de la Constitución General de la República:
"Artículo 115. ...
"...
"Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido la oportunidad suficiente para re
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18357-b80a8ae7/suspension-en-controversia-constitucional-procede-otorgarla-si-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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