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Modo: Corpus Pro

HIPOTECA, CONTRATO DE. LA CLÁUSULA EN QUE LOS DEUDORES RENUNCIAN A LA OBLIGACIÓN IMPUESTA POR EL ARTÍCULO 481 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, DEBE TENERSE POR NO PUESTA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 161/2003-PS. · Registro digital (IUS): 18258
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, , Pág. 99.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 161/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Puntualizado lo anterior, procede analizar las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados a fin de establecer si en este asunto existe o no la contradicción de tesis denunciada.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos el recurso de revisión RC. 1543/2003, el veinte de marzo de dos mil tres, promovido por Antonio María Santiago Virgilio Aliño y Rodríguez y otra, sustentó, en lo que interesa, lo siguiente:

"Una vez precisado lo anterior, al tenor de los agravios expuestos en el recurso de revisión, es pertinente señalar que el artículo 481 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal contiene una norma tanto procesal como sustantiva, susceptible de ser renunciada antes o durante un juicio, al no existir algún precepto legal en ese código, ni en el Código Civil para el Distrito Federal, que impida esa dimisión o abandono. Sobre el particular, es pertinente precisar, en principio, que si bien lo ordinario es que las normas sustantivas se establezcan en las legislaciones de fondo y las procesales en ordenamientos adjetivos, no es la ubicación de la norma en determinado código la que determina su naturaleza, porque así como dentro de los códigos procesales se encuentran normas sustanciales, en los códigos sustantivos también se encuentran normas procesales. Es decir, la ubicación legislativa de la norma no constituye un criterio científico para identificar la norma procesal frente a la norma sustantiva, porque la naturaleza de ella no depende del lugar que se le asigne, sino de la función que desempeñe. De manera que si la norma tiene una función instrumental continuará siendo procesal aunque se incluya en un código de fondo. Así, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no sólo contiene normas expresas de actuación, sino también normas de carácter sustantivo, como por ejemplo las disposiciones legales concernientes al pago de costas, a la obligación que tienen los terceros de declarar en juicio, y a todas aquellas que imponen a los funcionarios judiciales deberes de carácter judicial. Incluso, cabe destacar que para el desenvolvimiento del proceso, frecuentemente es necesario recurrir a instituciones autónomas del ordenamiento adjetivo. Así, la capacidad para actuar en juicio se rige por las reglas de la capacidad para obrar; la legitimación de las partes para deducir la acción se determina por la norma que reglamenta la relación jurídica sustancial (acreedor, deudor, propietario, arrendatario, etcétera); la extinción del derecho importa la extinción de la acción, aplicándose, en tal caso, las reglas establecidas en la legislación de fondo. La afirmación de que el artículo 481 del código adjetivo civil local contiene una norma tanto procesal como sustantiva, se sustenta en lo siguiente: El artículo 2893 del Código Civil para el Distrito Federal establece: ‘Artículo 2893.’ (se transcribe). A su vez, los artículos 468, 470, 481, 482 y 484 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal prevén: ‘Artículo 468.’ (se transcribe). ‘Artículo 470.’ (se transcribe). ‘Artículo 481.’ (se transcribe). ‘Artículo 482.’ (se transcribe). ‘Artículo 484.’ (se transcribe). ‘Artículo 486.’ (se transcribe). De lo dispuesto en el artículo 2893 del código sustantivo civil mencionado, se desprende que la hipoteca es un derecho real que se constituye sobre bienes determinados, generalmente inmuebles, enajenables, para garantizar el cumplimiento de una obligación principal, sin desposeer al dueño del bien gravado, y que otorga a su titular los derechos de persecución, de venta y de preferencia en el pago, para el caso de incumplimiento de la obligación. Es decir, el derecho de hipoteca tiene las siguientes características: a) Es un derecho o garantía real; b) Se constituye sobre bienes determinados y enajenables; c) Es de carácter accesorio; d) No implica la desposesión del bien al constituyente de la hipoteca, y; e) Concede las acciones persecutorias, de venta y de preferencia en el pago. Como se ve, una de las características de la hipoteca es el no desposeimiento del bien al constituyente de ella. Ese no desposeimiento tiene consecuencias de vital interés en el fomento del crédito en general y principalmente del crédito inmobiliario, pues otorga grandes ventajas al deudor o tercero que constituyan la garantía. De esta suerte, el propietario puede explotar dichos bienes y obtener todos los beneficios inherentes, sin perjudicar la garantía que ha constituido, multiplicándose así idealmente los valores por ese mecanismo inteligente y sutil del crédito. Asimismo, de dichos preceptos legales se desprende que la hipoteca produce efectos en dos distintos periodos: antes del emplazamiento del demandado hipotecario a un juicio en que se ejercite una acción de condena, y después de verificado ese hecho. Antes del emplazamiento, el deudor o tercero que constituyan una hipoteca conservan la posesión del bien hipotecado; puede llevar a cabo actos de dominio y de administración, cuando con ellos no perjudique los derechos del acreedor hipotecario. En cambio, después del emplazamiento y anotada la demanda en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (antes de la reforma del 21 de enero de 1967, después de fijada la cédula hipotecaria a que hacía alusión el derogado artículo 478 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal), se producen los siguientes efectos: 1. El acreedor adquiere la posesión del inmueble hipotecado y el deudor o el tercero constituyente de la hipoteca la pierden, pasando a ser, por ministerio de ley, depositarios del inmueble hipotecado; 2. Los frutos, y todos los muebles que, según el Código Civil, se hayan incorporado a la finca, o sean inmuebles por destino, quedan inmovilizados por virtud del emplazamiento; 3. No podrá verificarse en la finca hipotecada ningún embargo, toma de posesión, diligencia precautoria o cualquier otra que entorpezca el curso del juicio, sino en virtud de sentencia ejecutoriada relativa a la misma finca, debidamente registrada y anterior en fecha a la inscripción de la referida demanda o en razón de providencia precautoria solicitada ante el Juez por acreedor con mejor derecho, en fecha anterior a la de inscripción de la demanda; es decir, el inmueble queda sujeto a un régimen jurídico especial que impide que se practiquen en él embargos, tomas de posesión y providencias precautorias; 4. El deudor puede librarse de ser depositario judicial declinando esa responsabilidad para que se nombre otro depositario y, 5. Llevar a cabo el remate del inmueble para que con su producto se pague al acreedor hipotecario. En ese contexto, del análisis conjunto de los preceptos legales antes transcritos se obtiene que por ministerio de ley, desde el emplazamiento a un juicio especial hipotecario, el deudor que otorgó una garantía hipotecaria o el constituyente de ésta, contrae la obligación de depositario de la finca hipotecada, de sus frutos y de todos los objetos que con arreglo al contrato y conforme al Código Civil, deban considerarse como inmovilizados y formando parte de la misma finca, de los cuales se formará inventario para agregarlo a los autos, siempre que lo pida el acreedor. Es decir, el demandado hipotecario adquiere desde que es emplazado a juicio la obligación procesal de ser depositario del bien hipotecado y sus frutos y demás cosas adheridas a él. De ahí la afirmación de que el artículo 481 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal contiene una norma procesal, por referirse al procedimiento. Empero, como ni la constitución de la hipoteca sobre un inmueble, ni la anotación de la demanda hipotecaria en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio limitan el derecho del propietario para habitar la casa, si éste no declina la obligación de ser depositario de los bienes hipotecado; es evidente que correlativamente a la obligación legal de ser depositario del inmueble hipotecado, el deudor goza del derecho de poseerlo o habitarlo, mientras no decline la obligación a la depositaria. Es decir, como se afirmó, el artículo 481 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal implica, a su vez, una norma de carácter sustantivo. Es aplicable al caso, en lo atinente, la tesis sustentada por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2054 del Tomo XCIII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro siguiente: ‘HIPOTECAS, LOS DEPOSITARIOS TIENEN LA POSESIÓN DE LOS BIENES GRAVADOS.’ (se transcribe). Luego, la declinación a la obligación procesal de ser depositario hipotecario respecto del inmueble hipotecado, entraña, a la vez, la renuncia a un derecho sustantivo, como lo es el de habitarlo o poseerlo aunque de manera derivada; declinación o renuncia que es posible, porque ningún precepto legal de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal la prohíben expresamente, sino, por lo contrario, la permiten, prueba de esto es que el artículo 482 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, lo señala expresamente. Por otra parte, cabe precisar que la declinación de la obligación de ser depositario y la consecuente renuncia al derecho de posesión, sólo afecta el interés privado del deudor hipotecario dado que éste es el único interesado en mantener esa posesión y la cual podría verse afectada por no habitar el inmueble hipotecado, y no lesiona derechos de terceros o un interés público, habida cuenta que ni la legislación adjetiva ni la sustantiva mencionadas establecen que necesariamente el deudor tenga que hacerse cargo de la depositaria, sino que, por lo contrario, en el artículo 482 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se prevé que puede rechazar el cargo de depositario y, por tanto, renunciar al derecho de posesión, estableciendo, por tanto, de manera implícita, que el rechazo de la obligación de que se trata y la renuncia al derecho de posesión no afecta un interés público, porque de ser así el legislador no habría previsto en el referido precepto esa posibilidad de renuncia. Antes bien, el artículo 2209 del Código Civil para el Distrito Federal establece que cualquiera puede renunciar su derecho y remitir, en todo o en parte, las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos en que la ley lo prohíba. Derechos sustantivos irrenunciables son los relativos a alimentos, a la patria potestad, y derechos renunciables son los de exigir la responsabilidad procedente de dolo o el saneamiento en caso de evicción, o a los de orden y excusión del fiador. En el contexto apuntado, es cierta la argumentada ilegalidad de lo considerado por la Juez de Distrito en cuanto a que resultaron fundados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, sintetizados y señalados con los números dos y tres del considerando sexto de la sentencia recurrida, en los que se alegó, en esencia, que la renuncia de que se trata no es válida por no haberse ratificado ante la presencia judicial, afectar el interés público, poder efectuarse válidamente únicamente ante una autoridad judicial, ser la depositaría un acto dentro de juicio y, por tanto, su renuncia sólo puede tener lugar en el juicio, y que fue correcto que el Juez natural le haya dado vista con la petición de la actora, en el sentido de que se le requiriera la entrega del inmueble hipotecado, porque no obstante haber efectuado la renuncia, debió dársele vista requiriéndole la aceptación del cargo de depositaria, pues de no ser así se le dejaría en estado de indefensión; porque, en concepto de la Juez de Distrito, la renuncia a la obligación de depositario del deudor hipotecario respecto del inmueble hipotecado, por ser una obligación y un derecho procesal (traducido en la posesión del inmueble mientras dure el juicio y no sea privado de la propiedad) afecta el orden público y, por tanto, no es válida cuando se hace fuera de procedimiento y sin la aprobación del Juez encargado de desahogar el procedimiento. Es así, ya que como se precisó, si bien es verdad que por regla general las normas del procedimiento no pueden derogarse, alterarse, modificarse o renunciarse por acuerdo entre las partes interesadas, por ser de interés público y generalmente de imperativo cumplimiento, según lo previsto en el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, también lo es que esa tenencia no es del interés público, en la medida que ese mismo código adjetivo establece la posibilidad de que el deudor haga renuncia de ella, lo que denota que el legislador consideró que la renuncia afecta solamente el interés privado y no lesiona derechos de tercero o agravia al interés público, pues de ser así, no habría establecido que el deudor al desechar el cargo de depositario, renunciara al mismo tiempo al derecho de poseer el inmueble de que se trate. Por tal motivo, como los recurrentes lo aducen, no fue legal lo considerado por la Juez de Distrito en cuanto a que antes de acordar respecto de la petición de los aquí recurrentes de que se le pusiera en posesión del inmueble hipotecado, era indispensable que se diera vista a la demandada para que manifestara si renunciaba o no a ser depositaria de ese inmueble, dado que si ese rechazo llevó implícita la renuncia al derecho a la posesión y esta renuncia es válida no sólo porque en el artículo 482 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se establece la facultad del deudor de rechazar ser depositaria, sino también porque implica en este aspecto, la renuncia a un derecho sustantivo que sólo puede afectar intereses de la quejosa, pues esa depositaria no es condición para la sustanciación del procedimiento, ni impide el ejercicio de los derechos procesales de las partes, de ahí que resultaba ocioso que se le diera audiencia previa, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, para que manifestara si hacía o no una renuncia, dado que aun en caso de manifestación de la no renuncia, tendría que ser declarada procedente la petición de la actora, ante la imposibilidad de desconocer el pacto que sobre el particular hubo entre las partes, el que debe estimarse válido mientras no se declare su nulidad en el juicio o instancia correspondiente. No es obstáculo para estimar lo expuesto, la consideración de la Juez de Distrito en el sentido de que la renuncia de que se trata no puede surtir efectos porque se hizo respecto de un derecho u obligación procesal que aún no nacía al momento de efectuarla, ya que sólo puede surge (sic) con ocasión del juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 481 y 482 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Ese (sic) así, porque si bien es verdad que ese derecho y obligación procesal sólo surgen una vez emplazado a juicio el demandado en un juicio hipotecario de condena, se estipuló que la renuncia surtiría efectos a partir, precisamente, de ese momento, además de que las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato, pues esa posibilidad la otorga el artículo 1826 del Código Civil para el Distrito Federal, siempre que no se trate de la herencia de una persona viva, aun cuando ésta preste su consentimiento, como lo prevé dicho precepto legal, o que no se trate de una donación de bienes futuros, por prohibirlo el 2333 (sic) del mismo ordenamiento sustantivo. Además, el referido código sustantivo regula hipótesis en que expresamente admite la posibilidad de que se celebren contratos respecto de cosas futuras, pues en los artículos 2792 y 2793 reglamenta el contrato de compra de esperanza, que es aquel que tiene por objeto adquirir, por una cantidad determinada, los frutos que una cosa produzca en el tiempo fijado, tomando el comprador para sí el riesgo de que esos frutos no lleguen a existir, o bien, los productos inciertos de un hecho que pueden estimarse en dinero. Es decir, las cosas futuras, a condición solamente de ser posibles, pueden ser objeto de un contrato. En este supuesto la obligación está subordinada entonces al nacimiento o producción de la cosa; si la cosa esperada nunca llega a existir, la obligación carecerá de objeto y, por tanto, no se formará. Esto es, pueden ser objeto de un contrato una cosa futura, toda vez que no se le estima imposible físicamente cuando, aunque no existe en el momento de celebrar el contrato, debe llegar a existir o es posible que llegue a existir. En ese contexto, asiste razón a los recurrentes al aducir en su quinto agravio que carece de fundamento y motivación lo expuesto por la Juez de Distrito en el considerando séptimo de la sentencia recurrida, en el sentido de que resultaron fundados los conceptos de violación sintetizados en los números dos y tres del sexto considerando de la sentencia impugnada, en cuanto a que la renuncia de que se trata no es válida por no haberse ratificado ante la presencial (sic) judicial, afectar el interés público, y por ser necesario que se verificara dentro del procedimiento del juicio hipotecario, porque conforme a lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. del Código Civil para el Distrito Federal, cuando se trate de renunciar a un derecho privado que no afecte directamente el interés público, debe constar de manera clara y precisa sin que se deje ninguna duda. Se expone tal aserto porque, como los recurrentes lo aducen en ese agravio, la renuncia producida por la demandada reúne los requisitos que la propia juzgadora federal señaló y que están previstos en los artículos 6o. y 7o. del Código Civil para el Distrito Federal, a saber, se trata de la renuncia a un derecho privado, que no paraliza, modifica o impide la prosecución del proceso y no afecta el interés público porque se trata de cuestiones patrimoniales que impactan únicamente la esfera jurídica de los acreedores y de su deudora, y consta en documentos públicos, que salvo prueba en contrario, tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en el artículo 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. En efecto, la renuncia en cuestión sólo incide en un derecho privado, como lo es el derecho del deudor hipotecario a la posesión del inmueble hipotecado a título de depositario. No afecta al interés público porque involucra cuestiones patrimoniales que inciden únicamente en la esfera jurídica de los acreedores y de su deudora, ya que el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no establece expresamente que la depositaría sea de orden público, sino que en su artículo 482 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal admite la posibilidad de que el deudor decline esa responsabilidad y, consecuentemente, renuncie al derecho de posesión, lo que implica que a ese derecho u obligación procesal no se le da el carácter de norma de orden público. Además, la renuncia o declinación consta en escritura pública con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en el artículo 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y, por tanto, no puede dudarse que la demandada efectuó la renuncia de que se trata ante un fedatario público y respecto de un derecho privado y, por tanto, debe estimarse la total certidumbre del conocimiento que la quejosa tuvo al efectuar la renuncia, mientras no se declare, en su caso, la nulidad correspondiente en el juicio procedente. Luego, si la renuncia en cuestión se efectuó de manera clara, afecta solamente derechos privados y no contraría el interés público o de terceros, no había razón alguna para que la Juez de Distrito desconociera su validez, señalando que no puede surtir efectos porque está (sic) afirmación implica la de que la renuncia es ineficaz, por carecer de alguno o algunos de los requisitos internos o externos que la ley exige para su eficacia, esto es, la aseveración y declaración de que es nula, sin que se haya ejercitado la acción correspondiente en el juicio natural y, por tanto, sin que haya sido esa cuestión un punto litigioso en el juicio de amparo. También asiste razón a los recurrentes en lo relativo a que la Juez de Distrito no fundamentó su afirmación en el sentido de que la renuncia mencionada atenta contra el interés público, porque la tesis que citó en su apoyo no es aplicable ni por analogía, ni por mayoría de razón, al hacer referencia a la irrenunciabilidad de los recursos, y no ser equiparables el derecho al desempeño de la depositaría con los medios de defensa que establece la ley." (fojas 116-153 de la contradicción de tesis 161/2003-PS)

De la anterior ejecutoria derivó la siguiente tesis:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XVII, junio de 2003

"Tesis: I.3o.C.410 C

"Página: 971

"DEPOSITARÍA JUDICIAL DEL DEUDOR HIPOTECARIO. ES VÁLIDA SU RENUNCIA EFECTUADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). La depositaría judicial del deudor hipotecario, según lo dispuesto en el artículo 481 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se constituye a partir del emplazamiento al juicio especial hipotecario y entraña tanto una obligación procesal, pues surge para tener vigencia durante el procedimiento, como un derecho sustantivo, siendo éste el de habitar o poseer el predio gravado, aunque de manera derivada, mientras se sustancia el propio procedimiento. A pesar de lo cual es válida su declinación o renuncia, porque en cuanto derecho sustantivo es factible dado que sólo afecta el interés privado del deudor hipotecario, porque éste es el único interesado en mantener la posesión del inmueble, además de que la depositaría no es condición para la sustanciación del procedimiento, ni impide el ejercicio de los derechos procesales de las partes; no lesiona derechos de terceros, ni afecta el interés público, habida cuenta que sólo involucra cuestiones patrimoniales que inciden o impactan únicamente en la esfera jurídica del acreedor y el deudor, y los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, no prohíben esa renuncia, pues no otorgan al referido precepto y, consecuentemente, a la depositaría, el carácter de orden público e irrenunciable, estableciendo que necesariamente el deudor tenga que afrontar ese cargo, sino que, por lo contrario, en el artículo 482 del citado ordenamiento adjetivo se prevé que puede rechazar el cargo de depositario y, por tanto, renunciar al derecho de posesión, estableciendo entonces de manera implícita que el rechazo de la obligación de que se trata y la renuncia al derecho de posesión no afecta un interés público, porque de ser así el legislador no habría previsto en el referido precepto esa posibilidad de renuncia. Además, no obstante que el ejercicio de esa depositaría surge a partir del emplazamiento al juicio especial hipotecario, es válida la renuncia realizada ante notario público o autoridad competente, o en medio fehaciente al constituirse la hipoteca, o en otro momento anterior a la promoción del juicio relativo, porque si bien recae sobre un derecho u obligación que en ese momento no se tiene, es susceptible de llegar a tenerse, y conforme a lo dispuesto en el artículo 1826 del Código Civil para el Distrito Federal, a condición solamente de ser posible, las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato, siempre que no se trate de la herencia de una persona viva, aun cuando ésta preste su consentimiento, como lo prevé dicho precepto legal, o que no sea de una donación de bienes futuros, por prohibirlo el artículo 2333 del mismo ordenamiento sustantivo. Asimismo, con la renuncia de mérito no se contraría lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. del citado ordenamiento sustantivo, dado que formulada en forma clara, sólo incide en un derecho privado, como lo es el del deudor hipotecario a la posesión del inmueble hipotecado a título de depositario, y no afecta derechos de terceros o el interés público, porque involucra cuestiones patrimoniales que inciden o impactan únicamente en la esfera jurídica del acreedor y del deudor; además de que no paraliza, modifica o impide la prosecución del proceso, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no establece expresamente que la depositaría sea de orden público, sino que, como antes se puntualizó, en su artículo 482 admite la posibilidad de que el deudor decline esa responsabilidad y, consecuentemente, renuncie al derecho de posesión, lo que implica que a ese derecho u obligación procesal no se le da el carácter de norma de orden público. Establecer la irrenunciabilidad de esa obligación y derecho implicaría desconocer la naturaleza de las obligaciones condicionales, soslayando que la existencia o resolución de un contrato puede sujetarse a la realización de un evento posterior al acto, es decir, a una condición suspensiva o resolutoria ampliamente utilizadas en la práctica; todo lo que se corrobora con lo establecido en el artículo 2209 del mencionado código sustantivo, en cuanto a que cualquiera puede renunciar a su derecho y remitir, en todo o en parte, las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos en que la ley lo prohíba.

"TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

"Amparo en revisión 1543/2003. 20 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas."

El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos en sesión de diecinueve de septiembre de dos mil tres, el juicio de amparo directo DC. 473/2003-13, promovido por Crédito Inmobiliario, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado, sostuvo, en lo que aquí interesa, lo siguiente:

"En efecto, el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establece: ‘Artículo 55.’ (se transcribe). Del precepto transcrito se advierte que en tratándose de los juicios civiles regulados por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las partes no pueden alterar, modificar o renunciar las normas que rigen el procedimiento. Ahora bien, de la cláusula décima séptima del contrato fundatorio de la acción, materia del presente debate, se advierte que las partes convinieron, lo que a continuación se transcribe: (se transcribe). Así, del análisis integral de dicha estipulación, se advierte que las partes convinieron, entre otras cosas, que ‘los acreditados’ (parte demandada y hoy terceros perjudicados) no aceptan la responsabilidad de ser depositarios judiciales del bien materia de la hipoteca en caso de que les fuera reclamado el cumplimiento de sus obligaciones por conducto de la autoridad judicial. Por su parte, debe señalarse que los artículos 481 y 482 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establecen lo siguiente: ‘Artículo 481.’ (se transcribe). ‘Artículo 482.’ (se transcribe). Luego, de la exégesis de los preceptos legales últimamente transcritos, se colige que en los juicios especiales hipotecarios, la parte demandada adquiere la obligación de ser depositario judicial respecto al bien hipotecado, desde el momento en que es emplazado a dicho procedimiento, así como de los frutos que genere y de todos los demás objetos que conforme al contrato y al Código Civil para el Distrito Federal formen parte de la finca, salvo que dicho enjuiciado no desee aceptar tal responsabilidad, en cuyo caso, deberá entregar inmediatamente ese bien al actor o al depositario designado por este último. Al respecto, cabe señalar que las disposiciones en comento se encuentran dentro del capítulo III, intitulada: ‘Del juicio hipotecario’ de la legislación adjetiva civil para esta localidad, el cual regula de manera indistinta a todos los juicios que tengan por objeto la constitución, ampliación, división, registro y extinción de una hipoteca, así como su nulidad, cancelación, o bien, el pago o prelación del crédito que la hipoteca garantice, según se advierte del artículo 468 de la ley adjetiva civil invocada, que estatuye: ‘Artículo 468.’ (se transcribe). De manera que con base en una interpretación armónica y sistemática de las normas contenidas en el apartado de mérito (capítulo III ‘Del juicio hipotecario’) es dable concluir que las disposiciones contenidas en los preceptos 481 y 482 de la citada codificación procesal, están encaminadas a señalar que desde el emplazamiento la parte demandada será depositaria del bien hipotecado sin distinción alguna. Entonces, la realidad de las cosas, es que en los contratos hipotecarios regulados por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los que las partes hubieren acordado desde su celebración que los deudores no aceptan la responsabilidad de ser depositarios judiciales del bien materia de la hipoteca en caso de que les fuera reclamado el cumplimiento de sus obligaciones por conducto de autoridad judicial; tal acuerdo constituye una convención en el contrato hipotecario que evidentemente interfiere con las normas procesales establecidas en el capítulo III, intitulado: ‘Del juicio hipotecario’ del referido código procedimental para el Distrito Federal; por lo que los preceptos legales en que se fundó tal convención, consistentes en los artículos 481 y 482 del referido código adjetivo, constituyen normas del procedimiento que en términos del citado artículo 55 del mismo ordenamiento legal, resultan irrenunciables y, por ende, debe tenerse como no puesta, ya que las leyes que rigen el procedimiento jurisdiccional son de orden público y no pueden dejarse, en consecuencia, a voluntad de las partes; por lo que en esa virtud, el mandato establecido en el artículo 482 del citado código proced

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18258-b1ff3464/hipoteca-contrato-de-la-clausula-en-que-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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