PRUEBA TESTIMONIAL EN EL AMPARO INDIRECTO. SI ES IDÓNEA, DEBE ADMITIRSE AUN CUANDO SU DESAHOGO SEA EN EL EXTRANJERO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 97/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. En términos de la jurisprudencia plenaria 26/2001 (de rubro "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página setenta y seis) deben concurrir los siguientes supuestos para que exista contradicción de tesis: a) que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios jurídicos discrepantes, b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, y c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Con base en las reglas mencionadas, lo que procede es examinar si en la especie existe o no contradicción de tesis entre el Tercer y el Décimo Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.
CUARTO. En la queja civil QC. 76/2003, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito conoció de lo siguiente:
1. En un juicio de amparo indirecto civil, el quejoso reclamó la desposesión de un inmueble, ostentándose como tercero extraño a juicio. Al efecto, adujo no haber sido llamado al juicio ordinario del que derivó el acto de desposesión. Manifestó haber celebrado, en calidad de arrendatario, contrato de arrendamiento con el condenado en el juicio.
2. Con el fin de acreditar la existencia del contrato, ofreció prueba testimonial a cargo de un sujeto residente en los Estados Unidos de América.
3. El Juez de Distrito dictó un auto en virtud del cual no admitió el desahogo de dicha probanza, con el argumento de que de admitirla se trastocaría el principio de justicia pronta y expedita, en atención a que el juicio de amparo se alargaría en exceso, sin que la voluntad del legislador fuera la de retardar la resolución de los juicios de amparo.
4. En su auto, el Juez se apoyó en una tesis del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la cual se sostuvo que, en congruencia con el artículo 17 constitucional, el legislador estableció el amparo como un juicio de breve sustanciación y pronta resolución, por lo cual no fue su intención contemplar la posibilidad de admitir pruebas a desahogarse en el extranjero, ya que, de ser así, el juicio se alargaría excesivamente contraviniendo el principio de expeditez o celeridad, por lo que a este respecto no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles.
5. Inconforme, la parte quejosa interpuso queja y en sus agravios expresó que ni la Ley de Amparo ni el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente en esta materia, prohíben el ofrecimiento de la prueba testimonial en el extranjero; más todavía, el artículo 174 del segundo ordenamiento regulaba con detalle la forma de desahogar semejante probanza.
6. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito estimó fundados pero inoperantes estos planteamientos. En efecto, sostuvo que en el juicio de amparo era admisible toda clase de prueba, sin que se prohibieran el ofrecimiento ni el desahogo de la testimonial en el extranjero, y que la necesaria dilación del juicio de amparo en esta hipótesis no podía dar mérito para no admitir dicho medio probatorio; sin embargo, en el caso concreto -dijo el colegiado-, la inoperancia del agravio se surtía porque la prueba a desahogar en diverso país no era idónea para acreditar la posesión pretendida, sino la celebración de un contrato de arrendamiento entre el quejoso y quien resultó perdedor en el juicio del que deriva el acto de desposesión reclamado.
La parte relevante de la resolución es la siguiente:
"CUARTO. Es inoperante el agravio relativo a que el Juez Federal ilegalmente desechó la prueba testimonial que ofreció a cargo de Luis Sánchez Martínez. ...
"En efecto, la inoperancia radica en que con ese agravio no ataca la consideración fundamental que el Juez Federal tomó en cuenta para desechar la prueba testimonial ofrecida por el ahora recurrente, a cargo de Luis Sánchez Martínez.
"Es así, pues el Juez Federal consideró que en el artículo 151 de la Ley de Amparo en relación con el 17 constitucional, se contiene la garantía de cualquier gobernado para acudir ante los tribunales a fin de obtener justicia pronta y expedita, motivo por el cual, no fue la intención del legislador que en el juicio de amparo se admitieran pruebas indiscriminadamente para ser desahogadas en el extranjero y que si bien, la tramitación del juicio de amparo del que deriva la resolución reclamada, ha sido excesivamente retardado en su conclusión, lo que pugna con el principio de expeditez, celeridad y prontitud que rige el juicio de garantías; de modo que la prueba testimonial a cargo de Luis Sánchez Martínez, quien tiene su domicilio en Houston Texas, Estados Unidos de Norte América, se desecha porque es contraria a los principios de celeridad y prontitud que revisten los juicios de amparo. ...
"En otro orden de ideas, es fundado el agravio relativo a que no existe artículo en la Ley de Amparo, ni en el Código Federal de Procedimientos Civiles que prohíba ofrecer prueba testimonial, que se prepare y desahogue en el extranjero, por el contrario, el artículo 174 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que si el testigo tiene su domicilio fuera de la sede del tribunal que conoce del asunto, ese órgano está obligado a librar la carta rogatoria correspondiente, ya que de conformidad con los artículos 165 y 167 del Código Federal de Procedimientos Civiles, todas las personas que tengan conocimiento de los hechos que las partes deban probar, tienen la obligación de declarar como testigos.
"En efecto, tal como lo manifiesta el quejoso, no existe disposición legal alguna ni en la Ley de Amparo, ni en el Código Federal de Procedimientos Civiles que prohíba expresamente el ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración de la prueba testimonial, aun cuando el testigo vive en el extranjero.
"Así pues los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: (se transcriben).
"De la sistemática interpretación de los artículos transcritos con antelación, se advierte que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas con excepción de la de posiciones y de las que fueren contra la moral y el derecho. ...
"Por tanto, si bien, por regla general, en el juicio de amparo debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, con excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o contra el derecho ... no menos cierto es que esa libertad de aportar las pruebas de que goza el quejoso tiene sus limitaciones, entre los que se encuentran el relativo a que el medio probatorio ofrecido necesariamente debe tener relación inmediata con los hechos controvertidos, tal como lo establece supletoriamente a la Ley de Amparo, el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles. ...
"De lo anterior se concluye que el Juez Federal sí tiene la posibilidad jurídica de analizar la idoneidad de la prueba desde su anuncio y en caso de no satisfacer ese requisito, desecharla, sin esperar hasta el dictado de la audiencia constitucional, tal y como sucedió en la especie que se desechó la testimonial a cargo de Luis Sánchez Martínez, aunque fue por causas diversas, ya que el Juez Federal fundó su resolución en el artículo 17 constitucional y en la tesis aislada del Décimo Primer (sic) Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página seiscientos ochenta y dos, del Tomo XV, junio de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: (se transcribe).
"Criterio que este órgano colegiado no comparte debido a que el derecho de defensa de las partes no puede estar supeditado a la distancia y al tiempo en que se desahogará un medio probatorio, ya que si bien, el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de pronta solución, no puede coartarse la garantía del debido proceso de las partes, consagrado en el artículo 14 constitucional. Lo anterior sin que pase inadvertido el estudio que debe hacerse de los medios de prueba que ofrezcan las partes, esto es, si cumplen los requisitos de tiempo y forma en su ofrecimiento, así como deben analizarse la idoneidad de la prueba, esto es, que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos.
"...
"Por tanto, la prueba testimonial a cargo de Luis Sánchez Martínez fue debidamente desechada, porque su ofrecimiento es contrario a derecho, debido a que no tiene relación inmediata con los hechos controvertidos dada su falta de idoneidad, al pretender acreditar la existencia de un documento que inclusive fue exhibido por la quejosa ahora recurrente y que no se advierte que la parte tercero perjudicada haya objetado, además, para el caso de la objeción de falsedad de cualquier documento exhibido en el juicio constitucional, el artículo 153 de la Ley de Amparo establece un periodo probatorio de diez días, en los que las partes pueden ofrecer las pruebas que estimen convenientes a sus intereses."
Al respecto, cabe señalar que dicha resolución dio origen a la tesis:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XX, julio de 2004
"Tesis: I.3o.C.69 K
"Página: 1782
"Materia: Común. Tesis aislada
"PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. SU ADMISIÓN NO PUEDE ESTAR SUPEDITADA A LA DISTANCIA Y AL TIEMPO EN QUE SE DESAHOGARÁN. La interpretación sistemática de los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo permite establecer que en el juicio de amparo debe admitirse cualquier medio de prueba reconocido por la ley, excepto la confesional y las que fueren contra la moral o contra el derecho; que las pruebas deben rendirse en la audiencia constitucional, salvo la documental y que tratándose de la testimonial, pericial e inspección ocular deben anunciarse con cinco días hábiles de anticipación a la audiencia constitucional sin contar el del ofrecimiento ni el de la celebración; sin embargo, la libertad para aportar pruebas tiene como limitante el principio de idoneidad de las pruebas, es decir, la finalidad y utilidad del medio probatorio, evitando así admitir pruebas que por sí mismas o por su contenido no sirvan para lograr la demostración del hecho litigioso; por ello, no es causa legal para desechar una prueba el dato de que se pretende desahogar en el extranjero, por considerar que es excesivo el tiempo para su desahogo en razón de la distancia, dado que el derecho de defensa de las partes a ofrecer pruebas no puede estar supeditado a la distancia y al tiempo en que se desahogará un medio probatorio, ya que si bien el juicio de amparo es un proceso constitucional, concentrado, sumario y de pronta resolución, no puede coartarse una de las garantías del debido proceso consagrado en el artículo 14 constitucional.
"Queja 76/2003. Rubén Arrieta Carranza. 15 de enero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Julio César Díaz Morfín."
Asimismo, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el recurso de revisión RC. 136/2005, del cual son relevantes los siguientes antecedentes:
1. El quejoso compareció a juicio de amparo indirecto civil, como tercero extraño a juicio, reclamando la desposesión de un inmueble. Afirmó no haber sido llamado al juicio ordinario civil de cuya ejecución de sentencia deriva la desposesión; asimismo, dijo haber celebrado contrato de comodato del cual derivó su derecho de posesión.
2. Con la finalidad de acreditar la posesión y la existencia del contrato de comodato, la parte quejosa ofreció prueba testimonial a cargo de tres sujetos, dos de ellos con domicilio en el país y uno más con domicilio en los Estados Unidos de América.
Respecto a los dos primeros, el Juez de Distrito admitió y desahogó la prueba; sin embargo, no admitió la testimonial a desahogarse en el extranjero, argumentando que el ofrecimiento de la misma tuvo como finalidad demostrar la existencia del bien inmueble objeto del contrato de comodato, lo cual fue materia del juicio natural y consideró ajeno a la litis del juicio de garantías. Además, señaló que el desahogo de la misma vulneraba el principio de expeditez o celeridad que rige el juicio constitucional.
3. El Juez apoyó su determinación en la tesis aislada del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, señalada en este considerando en el punto cuatro que antecede.
4. Inconforme, el oferente interpuso recurso de queja, el cual fue declarado sin materia, toda vez que la interposición del mismo y la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo se llevaron a cabo en la misma fecha.
5. Al dictar sentencia en el juicio de amparo el Juez de Distrito decretó el sobreseimiento por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no acreditó su interés jurídico; en la misma resolución, calificó a la prueba testimonial desahogada, a cargo de los testigos con domicilio en el país, como insuficiente para acreditar la posesión del inmueble objeto del litigio, ya que los testigos no fueron coincidentes en su atesto ni expresaron las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del porqué les constaron los hechos.
6. Inconforme con dicha resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien confirmó el sobreseimiento del juicio de amparo; en lo que interesa, argumentó que, a fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso, y por excepción, debía estudiar los agravios que el recurrente hizo valer en la queja declarada sin materia. Al respecto, calificó los agravios como fundados pero inoperantes por considerar que el derecho de defensa de las partes no puede estar supeditado a la distancia y al tiempo en que se desahogará el medio probatorio, además de que la prueba testimonial debió admitirse por ser idónea, ya que tiene como finalidad acreditar la posesión del inmueble objeto de la controversia; sin embargo, consideró que los agravios resultaron inoperantes porque de admitirse dicha prueba no cambiaría el resultado del fallo, pues subsistiría el sobreseimiento decretado por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que no acreditó tener la posesión del inmueble litigioso ni la afectación al derecho de posesión que planteó, porque su documento fue privado, de fecha incierta y posterior a la instauración del juicio de origen, por lo que careció de interés jurídico al no acreditar que el acto de molestia se dirigió a la parte quejosa o que le afectó en sus derechos posesorios que afirmó tener.
En la parte medular de la sentencia se expresa lo siguiente:
"Conforme al interrogatorio transcrito, se advierte que los cuestionamientos, contrario a lo considerado por la Juez de Distrito quien señaló que tenían como propósito demostrar la existencia del bien inmueble de donde derivaba el contrato de comodato, tienen como finalidad acreditar la posesión derivada de la existencia del acto jurídico celebrado entre quien señaló como testigo y el quejoso, es decir, que existió la manifestación de voluntades relativo al contrato de comodato de catorce de septiembre de dos mil cuatro que exhibió como prueba para acreditar su interés jurídico en el juicio de garantías y del cual le derivaba la posesión de hecho que adujo tener.
"De ahí que si la testimonial a cargo de Víctor Edmundo Anaya Mera fue desechada y tiene relación directa con la posesión material del aquí recurrente respecto del inmueble objeto de la controversia, que en todo caso sería la prueba idónea para acreditar esa circunstancia, dado que debe acreditarse el poder de hecho sobre la cosa, entonces debe concluirse que su desahogo no es impropio y ajeno a la índole del juicio de garantías, como lo adujo la Juez de Distrito, dado que si bien para la existencia de un acto jurídico que fue celebrado por escrito ésta no puede depender del desahogo del testimonio de la persona que lo otorgó, porque éste no fue objetado, sí es necesaria la testimonial para demostrar la posesión material alegada.
"Además, como lo aduce la recurrente si los interrogatorios presentados para los otros dos testigos en esencia contienen los mismos cuestionamientos y respecto de éstos se le admitió la prueba, es incongruente que no haya sido admitida la diversa testimonial que desechó, porque como señaló el recurrente al ser tercero extraño a juicio con esa testimonial pretendió acreditar la posesión por virtud del comodato, es decir, que ejerce un poder de hecho sobre el bien del cual se le pretende lanzar.
"De lo anterior se concluye que el Juez Federal si bien para desechar la prueba testimonial se fundó en el artículo 17 constitucional y en la tesis aislada del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página seiscientos ochenta y dos del Tomo XV, junio de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE SU ADMISIÓN SI SE PRETENDEN DESAHOGAR EN EL EXTRANJERO.’, criterio que este órgano colegiado como ya quedó expuesto no comparte, dado que el derecho de defensa de las partes no puede estar supeditado a la distancia y al tiempo en que se desahogará un medio probatorio; también lo es que por virtud de la idoneidad de la prueba debió admitirse.
"Sin embargo, a pesar de lo fundado de dicho agravio ese mismo resulta inoperante, porque aun cuando se ordenara reponer el procedimiento para que se admitiera la prueba testimonial referida ello no cambiaría el resultado del fallo, por tanto resultaría ocioso y contrario a los principios que rigen el juicio de garantías reponer el procedimiento si de cualquier forma subsistiría el sobreseimiento decretado por la Juez Federal, dado que como lo consideró la autoridad de amparo se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, siendo infundados los planteamientos expuestos por el recurrente en el tercer agravio.
"...
"En efecto, el juicio natural inició con la presentación de la demanda el día dieciséis de julio de dos mil tres, mientras que el quejoso para acreditar su interés jurídico ofreció como prueba de su parte el contrato privado de comodato de catorce de septiembre de dos mil cuatro, celebrado entre éste y el señor Víctor Edmundo Anaya Mera que por sí solo, resulta insuficiente para tener por acreditado que el quejoso Gabriel Anaya Sánchez efectivamente se encuentra en posesión del inmueble en el cual se pretende ejecutar la orden de lanzamiento decretada en el juicio de origen, toda vez que de dicha documental al no ser de fecha cierta únicamente permite presumir, que el quejoso celebró el contrato de comodato como comodatario, en los términos y respecto del inmueble que en dicho documento se encuentra consignado, pero con la misma no se acredita que el quejoso efectivamente tenga o ejerza la posesión material o de hecho del inmueble de mérito, es decir, que realmente se encuentre ejerciendo la posesión derivada del inmueble en cuestión a través de su ocupación material, lo que constituye un requisito indispensable para estimar que el acto reclamado en el juicio de garantías consistente en la ejecución de la orden de lanzamiento decretada por el juzgador de origen, efectivamente lesiona el interés jurídico del peticionario de garantías, como poseedor del inmueble en el cual se pretende ejecutar dicho acto reclamado. ...
"Por tanto, cuando se trata de un documento privado de fecha incierta, en relación con la instauración del juicio natural, que no se encuentra corroborado con otro medio de convicción como en la especie, no debe tenerse por acreditado el interés jurídico de la parte quejosa que la legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, e incluso posterior al inicio del juicio natural, imposibilita determinar que su carácter de poseedora del bien respectivo pueda ser oponible a terceros a ese acto de comodato, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. ...
"Ahora, si bien en la especie se desahogó la prueba testimonial a cargo de Rosa María Aguirre Sánchez y Estela Granados Samaniego, también lo es que como lo dijo la Juez Federal no produce convicción alguna para demostrar la posesión que aduce el inconforme en su favor del inmueble litigioso, puesto que del desahogo de la misma se advierte que los testigos aun cuando señalaron que en el inmueble vive el quejoso, no expresaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar del porqué les constaba ese hecho, pues únicamente a la razón de su dicho señalaron que son conocidos y se frecuentan además de que en ninguna de sus respuestas hicieron alusión a la existencia del contrato de comodato del cual el inconforme dedujo sus derechos defendidos, pues una de las testigos sólo señaló que firmaron un contrato que no era de arrendamiento y la otra señaló que no sabía si existía un contrato de arrendamiento, además de que de las repreguntas se advierte que la testigo Rosa María Aguirre Sánchez señaló que estuvo cuando firmaron el contrato sin referir a cuál ni por quiénes. ...
"En las narradas circunstancias, es de concluirse que si el quejoso no acreditó tener la posesión del inmueble litigioso, ni la afectación al derecho de posesión que planteó, porque su documento es privado, de fecha incierta y posterior a la instauración del juicio de origen carece de interés jurídico, toda vez que de acuerdo al artículo 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de amparo puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, resultando ello un presupuesto para la procedencia de la acción constitucional, por ende, si en autos no está demostrado su derecho, ni se acredita que el acto de molestia se dirigió a la quejosa, o que le haya afectado en sus derechos posesorios y de propiedad que afirmó tener, se actualizó la causa de improcedencia invocada por el Juez Federal. ...
"En consecuencia, se debe confirmar el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida."
QUINTO. En el caso del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la queja civil QC. 10/2002-13, conoció de lo siguiente:
1. La parte quejosa en un juicio de amparo indirecto, ostentando ser tercero extraño a juicio, reclamó la desposesión y afirmó haber celebrado convenio de comodato y usufructo.
2. Con la finalidad de acreditar la existencia de dicho convenio, ofreció prueba testimonial a desahogarse en España y solicitó al Juez de Distrito que girase carta rogatoria para llevar a cabo el desahogo de la misma.
3. El Juez de Distrito negó la petición de la parte quejosa respecto de girar carta rogatoria, en virtud de no haber hecho previa solicitud a la autoridad competente.
4. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de queja en el cual argumentó que dicha probanza debió admitirse por no estar prohibida por la Ley de Amparo y no existir norma jurídica alguna que condicione su admisión a dirigir solicitud a la autoridad competente.
5. En las consideraciones de la sentencia, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sin analizar lo que expresó el recurrente, calificó los agravios como inoperantes y confirmó el desechamiento de la prueba testimonial a desahogarse en el extranjero, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
a) La admisión de la prueba testimonial para ser desahogada en el extranjero es contraria a los principios de expeditez o celeridad, economía procesal y el de igualdad procesal de las partes.
b) La aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles no procede respecto a los casos extraordinarios que la misma prevé, como es, respecto al desahogo de pruebas en el extranjero que requiere de un término extraordinario para su desahogo.
c) Asimismo, manifestó que los referidos pronunciamientos son aplicables a cualquier otra prueba que en el juicio de garantías se pretenda desahogar o requerir en el extranjero.
La parte relevante de la sentencia es la siguiente:
"Resulta inoperante el agravio hecho valer por el recurrente, relativo al desechamiento de la prueba testimonial a cargo de Benigno Justo Antas, ofrecida por aquél para ser desahogada en el país de España (Provincia de Orense, Galicia), pues independientemente de los argumentos vertidos en contra de la determinación impugnada, este Tribunal Colegiado estima que, conforme a la Ley de Amparo, jurídicamente es improcedente la admisión de tal prueba, en los términos precisados.
"Para explicar la anterior proposición, es menester tener presente que el juicio de amparo fue concebido por el legislador como un juicio extraordinario que tiene como misión la protección de las garantías individuales de los gobernados frente a los gobernantes; lo anterior implica que no es una instancia más para decidir las controversias suscitadas en relación con la normatividad positiva secundaria.
"Y dado el objeto del juicio constitucional, en su regulación imperan principios procesales como, entre otros, el de expeditez o celeridad y el de economía procesal, en cumplimiento al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es evidente que en la decisión de controversias sobre derechos sustantivos la justicia debe ser pronta y expedita, con mayor razón debe ser en tratándose de los derechos primarios de la persona, previstos en la Constitución como derechos subjetivos públicos, o garantías individuales; y, de manera concreta, tiene aplicabilidad en razón de que el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos de autoridad estatal se ejerce por órgano jurisdiccional y por vía de acción, por lo que la administración de justicia en materia de amparo debe ser expedita.
"De suerte que si toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, la Ley de Amparo fija esos plazos y términos, con orientación constitucional, en procuración de que haya celeridad en el juicio de garantías.
"Así, dicho principio de celeridad en la substanciación del juicio de amparo indirecto, que es el que al caso interesa, se constata desde que, por principio general, el Juez de Distrito deberá resolver si admite o desecha la demanda dentro del término de veinticuatro horas, contadas desde su presentación (artículo 148 de la Ley de Amparo). Y aun cuando la ley de la materia, para no hacer nugatorio u obstaculizar el acceso al juicio constitucional por meros tecnicismos jurídicos, prevé que el juzgador federal prevenga al promovente cuando advierte alguna de las irregularidades precisadas en el numeral 146 de la misma, éste cuenta con un término de no más de tres días para tal efecto.
"Asimismo, la audiencia constitucional deberá señalarse para celebrarse a más tardar dentro del término de treinta días (artículo 147). Y las autoridades responsables cuentan con cinco días para la rendición de su informe con justificación, que el Juez de Distrito podrá ampliar si estimara que el caso lo amerita; informe que además deberá rendirse con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la referida audiencia.
"En lo concerniente a las pruebas en el juicio de amparo, el legislador estableció que, por regla general, las mismas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia de juicio, y aun cuando la documental puede presentarse con anterioridad, ello es sin perjuicio de que el Juez la tenga por recibida en el acto de la audiencia.
"De manera específica, y en lo que aquí interesa, la Ley de Amparo dispone que la prueba testimonial deberá ser anunciada con anticipación a la audiencia constitucional, de modo que el juzgado pueda entregar a las partes copia del interrogatorio para que, al verificarse la audiencia, puedan repreguntar a los atestes; tal anuncio de la prueba, debe hacerse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia, sin contar el del ofrecimiento ni el de dicha celebración (artículo 151).
"Y aun cuando existe la posibilidad de que la aludida audiencia sea aplazada o suspendida, ... será únicamente por el tiempo necesario para satisfacer la oportunidad respecto al conocimiento del informe justificado y para la expedición de copias o documentos. ...
"El análisis de los anteriores preceptos, ponen de manifiesto que el juicio de garantías fue estructurado como un medio de defensa extraordinario, en cuya tramitación debe prevalecer el principio de expeditez o celeridad, sin que pueda avenirse a su substanciación reglas del procedimiento común en el caso federal sobre dilación probatoria, pues chocaría con su propia naturaleza.
"En atención a dicho principio, este Tribunal Colegiado estima que la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles a la Ley de Amparo, cuando ésta carece de disposición expresa respecto a las formas y procedimientos conforme a los cuales se debe sustanciar y decidir el juicio de garantías, debe realizarse única y exclusivamente en relación a las disposiciones que atañen al curso ordinario y normal del procedimiento
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19259-798fb1ef/prueba-testimonial-en-el-amparo-indirecto-si-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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