CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAHUALILO, ESTADO DE DURANGO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AQUELLA VÍA EN REPRESENTACIÓN DE AQUÉL, SI A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA SE ENCONTRABA SEPARADO DE SU ENCARGO EN VIRTUD DE UN PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 50/2002. MUNICIPIO DE TLAHUALILO, ESTADO DE DURANGO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIO: RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciocho de agosto de dos mil cuatro.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el veintidós de agosto de dos mil dos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Francisca Niño Córdova y Evaristo Pacheco Maciel, quienes se ostentaron como presidenta y síndico municipales, respectivamente, de Tlahualilo, Durango, promovieron en representación de dicho Municipio controversia constitucional en la que demandaron la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por las autoridades que a continuación se señalan:
"I. Del Gobernador Constitucional del Estado de Durango reclamamos: Las órdenes verbales o escritas giradas a los: secretario de Contraloría y Modernización Administrativa del Gobierno del Estado, procurador general de Justicia del Gobierno del Estado de Durango y diputados integrantes de la LXII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango para promover y acordar la remoción del fuero constitucional que ostentó la promovente Francisca Niño Córdova como presidenta municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tlahualilo, Durango, y mi separación de dicho cargo público; concluyendo dichas órdenes en el dictamen de desafuero en mi contra aprobado por el Congreso del Estado de Durango con fecha 22 (veintidós) de julio de 2002 (dos mil dos). II. Del secretario de Contraloría y Modernización Administrativa del Gobierno del Estado de Durango reclamamos: La denuncia de fecha 6 (seis) de mayo de 2002 (dos mil dos) (anexo No.2, fojas 1 a 17) mediante la cual el titular de la Secretaría de Contraloría del Estado comparece ante el Congreso del Estado, hechos que supone son constitutivos de delito y solicita la remoción del fuero constitucional de que se haya investida la demandante Francisca Niño Córdova mediante la respectiva declaración de procedencia. Asimismo, los anexos que se acompañan a dicho escrito de denuncia, en los cuales se encuentran a) ‘dictámenes técnicos’, b) ‘minutas de trabajo’, c) ‘inspecciones de campo’, d) ‘informes’ y e) ‘compulsas’ elaborados y firmados por personal adscrito a esa dependencia del Gobierno del Estado de Durango. Documentos todos falsos que fueron elaborados y firmados por el propio secretario de Contraloría y personal a su cargo, no obstante carecer de facultad legal alguna para fiscalizar a los Ayuntamientos en el manejo de su hacienda municipal. Se trata de actuaciones de fiscalización practicadas por los auditores de la Secretaría de Contraloría del Estado a las finanzas del Municipio de Tlahualilo y los programas de obra municipales, donde el personal de dicha dependencia estatal invoca equivocadamente diversos ordenamientos para fundamentar las auditorías ilegales que llevaron a cabo sobre el manejo presupuestal del Ayuntamiento de Tlahualilo y que contravienen el principio de autonomía municipal establecido en el artículo 155 constitucional, fracciones I, II y IV y sus correlativos 104, 105 y 111 de la Constitución Particular del Estado; los artículos 6o. y 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango; los artículos 78 y 80 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Federales Transferidas al Estado y los Municipios y los artículos 81, 82 y 136 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango. Actuaciones que obran en el expediente del juicio político y que se acompañan a la presente promoción en copia certificada (anexo No.3, fojas 17 a 347). La denuncia de la Secretaría de Contraloría del Estado y sus anexos derivaron en el dictamen de desafuero en contra de la demandante Sra. Francisca Niño Córdova, aprobado por el Congreso del Estado de Durango con fecha 22 (veintidós ) de julio de 2002 (dos mil dos). III. Del procurador general de Justicia del Gobierno del Estado de Durango, reclamamos: El oficio número DCP0967/2002 suscrito por el procurador general de Justicia del Gobierno del Estado de Durango (anexo No.2, fojas 48 a 52) y entregado con fecha 17 (diecisiete) de mayo de 2002 (dos mil dos) al Congreso del Estado mediante el cual solicita se remueva el fuero constitucional que tiene la demandante Sra. Francisca Niño Córdova presidenta constitucional del Municipio de Tlahualilo, Durango. Asimismo, la averiguación previa No. 4178/2002, misma que se acompaña a la presente en copia certificada (anexo No. 3, fojas 1 a 566); cuyos autos se acompañaron al citado oficio de solicitud de desafuero No. DCP0967/2002 del procurador en fotocopia certificada; dicha indagatoria contiene diversas diligencias ministeriales realizadas a partir de la misma denuncia de hechos del secretario de Contraloría del Estado que se señala en el punto anterior. La solicitud de desafuero presentada al Congreso del Estado por el procurador de Justicia, acompañada de la indagatoria penal, es la base del acuerdo de desafuero en contra de la demandante Sra. Francisca Niño Córdova, aprobado por el Congreso del Estado de Durango con fecha 22 (veintidós) de julio de 2002 (dos mil dos). La investigación ministerial y solicitud de desafuero se basa única y esencialmente en actuaciones levantadas por el secretario de Contraloría. Actuaciones practicadas ilícitamente por autoridad ilegítima e incompetente para fiscalizar a los Municipios. IV. De la LXII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango reclamamos: El acuerdo de fecha 22 de julio de 2002 de desafuero en contra de la demandante Sra. Francisca Niño Córdova y la remoción del cargo que ostento de presidenta municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tlahualilo, Estado de Durango, aprobado por el Congreso del Estado de Durango con fecha 22 (veintidós) de julio de 2002 (dos mil dos), el cual se acompaña a la presente en copia certificada (anexo No. 4)"
SEGUNDO. En la demanda se señalaron, en síntesis, los siguientes antecedentes:
1. Que el seis de mayo de dos mil dos, el secretario de Contraloría y Modernización Administrativa del Estado de Durango, en nombre de la dependencia de que es titular y en representación del secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo del Gobierno Federal, presentó al Congreso del Estado de Durango denuncia por diversos hechos ilícitos en contra de Sra. Francisca Niño Córdova solicitando la remoción del fuero constitucional y su separación del cargo de presidenta municipal de Tlahualilo, Durango, sin existir la indagatoria penal correspondiente.
2. Que el mismo seis de mayo de dos mil dos, el mismo secretario, con la misma personalidad y representando a la persona señalada, presentó ante el agente del Ministerio Público de la mesa seis de la Procuraduría General de Justicia de Durango, denuncia en contra de Francisca Niño Córdova por el delito de peculado, cuando en opinión de la demandante debió haberse presentado ante la Procuraduría General de la República por tratarse de dineros federales o, en su caso, ante el agente del Ministerio Público adscrito a Tlahualilo de Zaragoza. Lo anterior sin designarse peritos ni permitírsele ser escuchada y defenderse, y determinándose en diez días su presunta responsabilidad.
3. Que el quince de mayo de dos mil dos, la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado acordó radicar la solicitud de desafuero e iniciar formalmente "juicio político para la declaración de procedencia" (sic), sin existir aún la indagatoria penal correspondiente.
4. Que el diecisiete de mayo del mismo año el procurador general de Justicia del Gobierno del Estado presentó ante el Congreso del Estado de Durango solicitud de remoción de fuero constitucional, con el objeto de proceder penalmente en contra de Francisca Niño Córdova por el delito de peculado, acompañando sólo fotocopia y no los autos originales de la averiguación previa número 4178/2002.
5. Que el veinte de mayo del mismo año la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado ordenó incoar el procedimiento de declaración de procedencia con respecto a la solicitud de desafuero presentada por el procurador general de Justicia del Gobierno del Estado, determinando emplazar a la acusada y correrle traslado de la solicitud de desafuero, pero omitiendo darle copia certificada de la averiguación previa y otorgándole un plazo de siete días para contestar.
6. Que el veintinueve de mayo del mismo año Francisca Niño Córdova contestó ad cautelam declarándose inocente de toda imputación, señalando como excepción el emplazamiento defectuoso, en virtud de no habérsele dado copia de la averiguación previa y solicitando la reposición del procedimiento.
7. Que el treinta de mayo del mismo año la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado de Durango determinó abrir a prueba el juicio, negando la reposición del procedimiento por frívola y notoriamente improcedente, considerando que la sola solicitud de desafuero era suficiente para conocer la naturaleza de la acusación.
8. Que el veinticuatro de junio del mismo año la mencionada comisión, oficiosamente emitió un acuerdo modificando el acuerdo del día treinta de mayo de dos mil dos, aceptando las excepciones aducidas por la acusada, determinando como defectuoso el emplazamiento y ordenando expedir y entregarle copias certificadas de la averiguación previa, pero sin reponer el procedimiento para permitir la defensa adecuada a la acusada. Que la acusada recibió copias certificadas por el oficial mayor del Congreso del Estado de Durango el día veinticuatro de junio de dos mil dos, faltando solamente seis días del plazo de ofrecimiento de pruebas. Y que en el mismo acuerdo se decidió la acumulación procesal de la solicitud de desafuero presentada el diecisiete de mayo de dos mil dos por el procurador de Justicia del Gobierno del Estado y de la denuncia de fecha seis del mismo mes y año presentada por el secretario de Contraloría y Modernización Administrativa.
9. Que el cuatro de julio del mismo año la Comisión Instructora del Poder Legislativo, con el voto de tres de los cinco diputados integrantes de dicha comisión, decidió desestimar por impertinentes las diversas pruebas ofrecidas por la acusada, sin fundar y motivar su decisión.
10. Que el mismo día cuatro de julio de dos mil dos, sin haberse reunido la comisión de responsabilidades, dos de los cinco diputados integrantes de ésta acordaron admitir y tener por desahogadas todas las pruebas ofrecidas por la denunciante Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa.
11. Que el mismo día la Comisión Instructora, por el voto de la mayoría de sus diputados integrantes, acuerda prorrogar por quince días más el periodo de instrucción y solicita, por conducto del presidente de la Mesa Directiva del Congreso, el aval del Pleno. La prórroga es autorizada por el Pleno del Congreso en la sesión del día cinco de julio de dos mil dos.
12. Que el día nueve del mismo mes y año con el voto de dos de los integrantes de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, y sin mediar sesión de por medio, se declara cerrado el periodo de instrucción a las diez horas de ese mismo día. En acuerdo posterior del mismo día y con la misma votación, se declara nuevamente cerrado el periodo de instrucción pero a las nueve horas.
13. Que en sesión secreta celebrada el veintidós de julio de dos mil dos el Pleno del Congreso del Estado de Durango aprueba, por mayoría de votos, el dictamen preparado por la Comisión Instructora mediante el cual se concluye que existen elementos suficientes para establecer la presunción de responsabilidad de la comisión del delito de peculado en perjuicio del Gobierno Municipal de Tlahualilo, Durango, se declara que ha lugar a proceder penalmente, y se decreta la separación del cargo de Francisca Niño Córdova como presidenta municipal de Tlahualilo, Durango.
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son, en síntesis, los siguientes:
1. Que el acuerdo que aprueba el dictamen de desafuero y remoción de cargo, de fecha veintidós de julio de dos mil dos, emitido por el Congreso del Estado de Durango, en contra de Francisca Niño Córdova como presidenta municipal de Tlahualilo, tiene su origen, en opinión de la parte actora, en las actuaciones ilegales practicadas por el Gobernador Constitucional del Estado de Durango y sus inferiores jerárquicos: el secretario de Contraloría y Modernización Administrativa y el procurador general de Justicia. Dichas actuaciones ilegales, en opinión de la parte actora, son:
1.1 Las órdenes verbales o escritas del gobernador del Estado de Durango giradas al secretario de Contraloría y Modernización Administrativa para practicar diversas visitas de inspección y auditorías al Municipio de Tlahualilo, careciendo de las facultades legales para ello, la utilización "falseada" del resultado de dichas auditorías para pretender establecer un supuesto desvío de recursos federales pertenecientes al erario municipal y, sobre la base de la supuesta existencia del delito de peculado, la promoción ante el Congreso en contra de Francisca Niño Córdova, del "juicio político" (sic) que concluyó el veintidós de julio de dos mil dos.
1.2 Las órdenes verbales o escritas giradas por el Gobernador Constitucional del Estado de Durango al procurador general de Justicia para que, a partir de los "dictámenes técnicos", "informes de auditoría", "compulsas", "inspecciones de campo" y "minutas de trabajo" practicadas por la Secretaría de Contraloría del Estado, se integrara una averiguación previa, y luego, con base en ella, promover ante el Congreso del Estado el desafuero decretado el día veintidós de julio de dos mil dos.
1.3 Las actuaciones del secretario de Contraloría del Gobierno del Estado realizadas careciendo éste de facultades para fiscalizar o auditar las finanzas de los Municipios y para presentar denuncias de hechos delictuosos ante el Congreso del Estado, usurpando, de esta manera, facultades propias del Municipio y del Congreso del Estado, y contraviniendo el artículo 115 constitucional, los artículos 104, 105 y 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 6o. y 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango, 4o., 5o., 78 y 80 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Federales Transferidas al Estado de Durango y sus Municipios, 81, 82 y 136 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, y la cláusula primera del acuerdo de coordinación entre el Ejecutivo Federal y el Estado de Durango para el fortalecimiento del sistema de control y evaluación de la gestión pública.
1.4 La averiguación previa, fundada exclusivamente en las auditorías practicadas por el secretario de Contraloría, específicamente, el acuerdo de consignación del día quince de mayo de dos mil dos, emitido por el agente del Ministerio Público de la mesa seis de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Durango, en la que no se establece en qué consiste el ilícito, ni los elementos del delito de peculado, ni la presunta responsabilidad de la indiciada, lo anterior toda vez que una malversación de fondos, es decir, el mal empleo o malversación de fondos aplicados al mismo gasto público del Municipio, no implica que exista el delito de peculado, el cual tiene como elementos el beneficio propio o de terceros.
1.5 La presentación de la denuncia, ante el Congreso del Estado, por parte del secretario de Contraloría sin tener facultades para hacerlo, así como la elaboración y presentación por parte de éste y de funcionarios de la secretaría, de diversos documentos probatorios sin tener la competencia requerida para hacerlo. También considera ilegal la aceptación por parte del Congreso del Estado de dicha denuncia y documentos.
2. Que en el juicio que concluyó con el desafuero y la remoción del cargo de presidenta municipal a Francisca Niño Córdova, mediante acuerdo de fecha veintidós de julio de dos mil dos, la LXII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango violó las garantías de certeza y seguridad jurídicas, audiencia, legalidad y debido proceso legal contenidas en los artículos 14, 16 y 20 constitucionales, al no observar las formalidades esenciales del procedimiento, establecidas en el título quinto de la Constitución Política del Estado de Durango, título segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Durango y el título quinto de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango. Dichas violaciones fueron, a juicio de la parte actora, las siguientes:
2.1 La radicación de la solicitud de desafuero e inicio del juicio para la declaración de procedencia en responsabilidad penal, mediante el acuerdo de la Comisión Instructora del Poder Legislativo de fecha quince de mayo de dos mil dos, sin la pre-existencia de una averiguación previa y en contravención con lo dispuesto por los artículos 208 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango y 23 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Durango que la establecen como requisito de procedibilidad.
2.2 La integración de la averiguación previa número 4178/2002, en fecha posterior al inicio del juicio de procedencia: el día diecisiete de mayo de dos mil dos.
2.3 El nuevo emplazamiento, defectuoso por no incluir copia de dicha averiguación, y la negativa posterior del Congreso para que la inculpada tuviese acceso a los datos de la misma, en contravención a los artículos 20 constitucional, 225 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango y 36 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Durango.
2.4 La no concesión de los plazos legales para contestar a la demanda de desafuero (siete días para contestar la denuncia y ofrecer excepciones, y treinta días para aportar pruebas), después del reconocimiento expreso por parte de la Comisión de Responsabilidades de la violación procesal mencionada en el numeral 2.3 el día veinticuatro de junio de dos mil dos. Así como la remisión de copia sin certificar, a la indiciada, veinticinco días después de iniciado el procedimiento y sin reponerlo. Todo lo anterior en contravención con lo dispuesto por los artículos 20 constitucional, 13 y 14 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Durango. Así como el cierre ilegal del periodo de instrucción, existiendo dos acuerdos de cierre de instrucción, tomados sin los quórum de asistencia y de votación requeridos, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango y, además, en contravención al acuerdo de cuatro de julio de dos mil dos, ratificado por el Pleno del Congreso, en que se determinó ampliar por quince días más el periodo de pruebas.
2.5 La admisión ilegal de todas las pruebas de la denunciante mediante acuerdo del cuatro de julio, firmado por sólo dos de los cinco diputados de la Comisión Instructora, en contravención con lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso de Durango. Así como la desestimación ilegal de las pruebas ofrecidas por la inculpada, por improcedentes, mediante acuerdo emitido el mismo cuatro de julio de dos mil dos por la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado de Durango, violándose, en opinión de la parte actora, las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 20 constitucionales, los artículos 55, fracción XXXIII y 118 de la Constitución Política del Estado de Durango, 14 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Durango y 225 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango.
2.6 La aprobación por parte del Congreso del Estado de Durango, en sesión secreta, del dictamen de declaración de procedencia en responsabilidad penal en el que se establece la remoción del fuero constitucional de Francisca Niño Córdova como presidenta municipal de Tlahualilo, Durango, y su remoción de dicho cargo. Dicho dictamen fue acordado por el Pleno el día veintidós de julio de dos mil dos y, de acuerdo con la parte actora, no se encuentra fundado ni motivado ni se desprende de él la presunción de delito alguno.
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violados son 14, 16, y 20, fracciones II, III, IV, V, VI, VII y IX y 115, fracciones I, II y IV de la Constitución General de la República.
QUINTO. Por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil dos el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar bajo el número 50/2002 el expediente relativo a la presente controversia constitucional, la cual, por razón de turno correspondió conocer al Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, como instructor del procedimiento.
Por auto de veintinueve de agosto de dos mil dos el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, teniendo como promovente únicamente a la presidenta del Municipio actor, y no así al síndico municipal; ordenó emplazar a las autoridades demandadas para la formulación de su respectiva contestación, y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. El Gobernador del Estado de Durango al contestar la demanda adujo, en síntesis, lo siguiente:
1. Que en ningún momento existieron las órdenes verbales o escritas giradas al secretario de Contraloría y Modernización Administrativa del Gobierno del Estado de Durango, al procurador general de Justicia del Gobierno del Estado de Durango y a los diputados integrantes de la LXII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango para promover y acordar la remoción del fuero constitucional que ostentó la parte actora y su remoción del cargo de presidenta municipal del Ayuntamiento de Tlahualilo, Durango.
2. Que entre las obligaciones y facultades del gobernador de Durango, en ejercicio del Poder Ejecutivo unipersonal, de acuerdo con el artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Durango, están: el hacer cumplir las leyes federales que no menoscaben la soberanía del Estado, así como las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado; visitar periódicamente a los Municipios del Estado y resolver los conflictos que se susciten entre los Ayuntamientos que no sean competencia del Congreso; promover el desarrollo económico del Estado en forma integral y equilibrada conforme a los principios de justicia social, obligación que implica promover y vigilar que los recursos públicos estatales, se apliquen conforme a las leyes, garantizando el desarrollo económico de todo el Estado, incluyéndose en el término Estado a los Municipios y, consecuentemente, a toda la población.
3. Que el Poder Ejecutivo del Estado de Durango, para el despacho de sus asuntos y de acuerdo con el artículo 71 de la Constitución Política de la entidad, cuenta con las dependencias y entidades determinadas por dicha Constitución y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango, la cual en su artículo 28, fracciones VIII y X, contempla a la Secretaría de Contraloría y Modernización y a la Procuraduría General de Justicia.
4. Que la denuncia y los documentos presentados como anexos a ésta, el día seis de mayo de dos mil dos, por el secretario de Contraloría y Modernización Administrativa del Gobierno del Estado de Durango, de ninguna manera son falsos, y fueron realizados por una autoridad en cumplimiento de sus funciones. Que contra todas esas actuaciones es improcedente, por extemporánea, la controversia constitucional de acuerdo con el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que no obstante lo anterior, el secretario estaba facultado para presentar la denuncia, en virtud de que cualquier persona puede hacerlo, de conformidad con el artículo 208 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango; asimismo, el artículo 117 de la Constitución Política Local, en su párrafo tercero, establece que a cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad, y aportando elementos de prueba, se le concede acción popular para denunciar por escrito, ante el Congreso del Estado, conductas ilícitas de los servidores públicos. Por lo anterior, las actuaciones del secretario mencionado son constitucionales, ya que si cualquier ciudadano puede llevarlas a cabo e incluso se encuentra obligado a hacerlo, más aún los servidores públicos; además, el delito de peculado se persigue de oficio. Que en cuanto a los anexos que acompañaron a las denuncias, consistentes en dictámenes técnicos, minutas de trabajo, inspecciones de campo e informes compulsas elaborados por el personal de la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa, constituyen actuaciones realizadas por autoridad administrativa en ejercicio y cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales de acuerdo con los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 111 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Durango, 3o., 19, 28 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango, 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, 5o., 56, 58 y 84 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Federales Transferidas al Estado de Durango y sus Municipios.
5. Que contra las actuaciones realizadas por el procurador general de Justicia del Gobierno del Estado de Durango, específicamente el oficio número DCP0967/2002, entregado con fecha diecisiete de mayo de dos mil dos al Congreso del Estado y la averiguación previa número 4178/2002, no procede la controversia constitucional por extemporaneidad. Que no obstante lo anterior, dichas actuaciones son constitucionales y legales de conformidad con los artículos 117, fracción II y 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 23 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Durango y 207 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango. Que además, en cuanto a la debida integración de la averiguación previa mencionada, ésta fue aprobada por el Juez Penal competente para girar la orden de aprehensión correspondiente, una vez retirado el fuero a Francisca Niño Córdova, en virtud de haberla encontrado debidamente integrada conforme a derecho.
6. Que en relación con las disposiciones generales reclamadas por la parte actora es improcedente la controversia constitucional por extemporaneidad, ya que dichas disposiciones fueron aprobadas, publicadas y promulgadas en años anteriores.
7. Que los conceptos de violación que hace valer la parte actora son propios de un juicio de amparo y no de una controversia constitucional, y que éstos son infundados e inoperantes.
8. Que en ningún momento se violentó lo establecido por los artículos 14, 16 y 115 constitucionales, y que se cumplieron las formalidades esenciales de los procedimientos respectivos.
9. Que se actualizan las causales de improcedencia siguientes:
9.1 La no existencia de alguno de los supuestos del artículo 105, fracción I constitucional. De acuerdo con la demandada, el inciso i) de dicha fracción y artículo se refiere a controversias entre el Estado y uno de sus Municipios, no a controversias entre dos poderes de un Estado y uno de sus Municipios como es el caso.
9.2 La prevista en los artículos 19, fracción VII y 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a los plazos para la interposición de la demanda.
10. La que se deriva de los artículos 19, fracción VIII, 10 y 11 de la misma ley, consistente en la falta de legitimación activa de Francisca Niño Córdova para comparecer en esta controversia, toda vez que se ostenta como presidenta municipal del Ayuntamiento de Tlahualilo, Durango, cuando ha sido removida de dicho cargo. Encontrándose, además, en usurpación de las funciones que corresponden a Fidel Vázquez Chairez, presidente municipal del mencionado Ayuntamiento, según consta en el acta de Cabildo de fecha veinticinco de julio de dos mil dos.
En apoyo a lo anterior, cita las siguientes tesis de jurisprudencia y aisladas, las dos primeras del Pleno de esta Suprema Corte y la tercera de la Primera Sala, cuyos rubros son los siguientes:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PROMOVENTES DEL JUICIO NO LLEVA A SOBRESEER SINO A DECLARAR QUE CARECEN DE ELLA."
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y LEGITIMACIÓN PASIVA."
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA PARTE ACTORA CONSTITUYE CAUSA DE IMPROCEDENCIA."
SÉPTIMO. El procurador general de Justicia del Estado de Durango, al contestar la demanda adujo, en síntesis, lo siguiente:
1. Que es cierto que, mediante oficio número DCPO967/2002, del diecisiete de mayo de dos mil dos, dirigido al Congreso del Estado de Durango, con fundamento en los artículos 116 y 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 23 y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos del Estado y de los Municipios de Durango, solicitó la remoción del fuero que tenía la promovente como presidenta del Municipio de Tlahualilo, Durango, en atención a que ante la Dirección de Averiguaciones Previas en el Estado, se había iniciado la averiguación previa número 4178/2002, en su contra. Que dicha averiguación previa es constitucional, puesto que de ella se desprenden elementos suficientes que demuestran el cuerpo del delito de peculado tipificado en el artículo 251, fracción II, del Código Penal del Estado de Durango, así como la probable responsabilidad en su com
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18408-0e8aa1c9/controversia-constitucional-el-presidente-municipal-de-tlahualilo-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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