REVISIÓN FISCAL. SÓLO PODRÁ INTERPONER ESE RECURSO LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO DE NULIDAD POR CONDUCTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE SU DEFENSA JURÍDICA.
REVISIÓN FISCAL 160/2004. GERENTE DE ASUNTOS CONTENCIOSOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. Este Tribunal Colegiado procede a desechar por improcedente el presente recurso de revisión interpuesto por el director general de la Comisión Federal de Electricidad, atento a las razones que se exponen a continuación.
El recurso de revisión fiscal, fue interpuesto por el gerente de Asuntos Contenciosos de la Comisión Federal de Electricidad, con apoyo en los artículos 37, fracción I, 46, 47 y 49, del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, los cuales señalan lo siguiente:
"Artículo 37. A la Coordinación de Asuntos Jurídicos le corresponden, además de las facultades genéricas señaladas, en el artículo 26 de este estatuto, las siguientes:
"I. Defender los intereses jurídicos de la comisión y representarla en los juicios, procedimientos y recursos administrativos o judiciales en que sea parte o tenga interés jurídico."
"Artículo 46. Durante las ausencias del director general, el despacho y resolución de los asuntos correspondientes a la comisión estará a cargo de cada uno de los directores en la esfera de sus facultades.
"En los juicios de amparo en que el director general deba intervenir, así como en cualquier otro procedimiento jurisdiccional o contencioso administrativo, inclusive la materia laboral, será suplido, indistintamente, por el director de Administración, el coordinador de Asuntos Jurídicos o el gerente de Asuntos Contenciosos."
"Artículo 47. Los directores serán suplidos, indistintamente, por los subdirectores o coordinadores que de ellos dependan.
"Los subdirectores y los coordinadores serán suplidos, indistintamente, por los gerentes que de ellos dependan."
"Artículo 49. Las suplencias a que se hace mención en los artículos 46 y 47 de este estatuto se realizarán mediante la expedición del acuerdo u oficio correspondiente. En caso de que no se haya expedido el acuerdo u oficio de suplencia, las ausencias deberán ser cubiertas por el inmediato inferior del servidor público ausente, tomando en cuenta la materia del asunto.
"En cuanto a la suplencia en los juicios de amparo en que debe intervenir el director general, no se requerirá que se realice mediante la expedición de acuerdo u oficio por parte de aquél."
De los preceptos antes transcritos se desprende que a la Coordinación de Asuntos Jurídicos le corresponde, además de las facultades genéricas señaladas en el artículo 26 del citado estatuto, defender los intereses jurídicos de la comisión y representarla en los juicios, procedimientos y recursos administrativos o judiciales en que sea parte o tenga interés jurídico.
Que durante las ausencias del director general, el despacho y resolución de los asuntos correspondientes a la comisión estará a cargo de cada uno de los directores en la esfera de sus facultades, y que en los juicios de amparo en los que el director general deba intervenir, así como en cualquier otro procedimiento jurisdiccional o contencioso administrativo, inclusive la materia laboral, será suplido, indistintamente, por el director de Administración, el coordinador de Asuntos Jurídicos o el gerente de Asuntos Contenciosos de esa comisión.
Que los directores serán suplidos, indistintamente, por los subdirectores o coordinadores que de ellos dependan, y que los subdirectores y los coordinadores serán suplidos, indistintamente, por los gerentes que de ellos dependan.
Que las suplencias a que se hace mención en los artículos 46 y 47 de ese estatuto se realizarán mediante la expedición del acuerdo u oficio correspondiente. En caso de que no se haya expedido el acuerdo u oficio de suplencia, las ausencias deberán ser cubiertas por el inmediato inferior del servidor público ausente, tomando en cuenta a la materia del asunto; y,
Que por cuanto a la suplencia en los juicios de amparo en que debe intervenir el director general, no se requerirá que se realice mediante la expedición de acuerdo u oficio por parte de aquél.
De lo relacionado con anterioridad se desprende que el gerente de Asuntos Contenciosos de la Comisión Federal de Electricidad, al interponer el presente recurso de revisión, lo hizo en representación del director general de la Comisión Federal de Electricidad, autoridad que si bien fue señalada como demandada en el juicio de nulidad, fue únicamente como superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto.
Por otra parte, en relación con la legitimación de las autoridades demandadas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis números 37/2001-SS y 13/2003-SS, interpretó el primer párrafo del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación en la ejecutoria consultable en la página 373 y siguientes, Tomo XVIII, julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
"Contradicción de tesis 13/2003-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Décimo Cuarto Circuito y Séptimo y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. QUINTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el criterio que debe prevalecer es el que sustenta la presente resolución, en términos análogos al emitido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. En principio se estima necesario atender las consideraciones que sustentó esta Segunda Sala, al resolver en su sesión celebrada el treinta y uno de octubre de dos mil uno la diversa contradicción de tesis 37/2001-SS, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito que, en la parte que interesa, son del siguiente tenor: ‘QUINTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el criterio que debe prevalecer es el que sustenta la presente resolución, en términos análogos al emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. En efecto, en principio se estima necesario precisar que los artículos 248, 249 y 250, comprendidos en las secciones tercera y cuarta, del capítulo X, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el catorce de enero de mil novecientos ochenta y nueve, en su parte que interesa, textualmente establecían lo siguiente: (se transcriben). Ahora bien, de la exposición de motivos que se acompañó el seis de abril de mil novecientos ochenta y siete, al proyecto de reformas a la Constitución General de la República, que entraron en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se advierte en relación con este tema, lo siguiente: (se transcribe) ... El texto de la reforma aprobado se publicó en el Diario Oficial de la Federación del diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, bajo el siguiente tenor: (se transcribe el artículo 104, fracción I-B, constitucional). Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y tres, se reformó la citada disposición, agregándose para los tribunales de la Federación, la facultad de conocer de los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso administrativo, además de los referidos en la fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución Federal, de los señalados en la fracción IV, inciso e), del artículo 122 del mismo Ordenamiento Fundamental, en los siguientes términos: «Artículo 104. Corresponde a los tribunales de la Federación conocer: ... I-B. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso administrativo a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso e), del artículo 122, de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno». De las anteriores transcripciones se desprende que el Poder Revisor de la Constitución creó en favor de la autoridad que obtuvo un fallo adverso de los tribunales de lo contencioso administrativo, un medio de defensa de la legalidad, sin establecer los supuestos normativos para la procedencia del recurso, ya que dejó en manos del legislador ordinario la facultad de reglamentar tales supuestos. Con motivo de la primera reforma constitucional en comento, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se derogaron las secciones tercera y cuarta del capítulo X del Código Fiscal de la Federación, dentro de las cuales se encontraban el recurso de revisión ante la Sala Superior del entonces Tribunal Fiscal de la Federación y el recurso de revisión fiscal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, regulados en los artículos 248, 249 y 250 transcritos en párrafos precedentes y se creó un nuevo artículo 248, en el cual se fusionan ambos medios de impugnación en uno solo denominado de revisión, cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito. En la iniciativa respectiva de fecha diez de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, presentada a la Cámara de Senadores, el presidente de la República expresó, en lo conducente: «Es propósito principal de la iniciativa dar realización efectiva, en el ámbito de lo fiscal, a los postulados constitucionales de impartición de justicia pronta, completa y oportuna, mediante un sistema sencillo pero respetuoso de las formalidades esenciales del procedimiento, y que permitan impartirla regionalmente. Las reformas que se proponen serán el punto de convergencia y culminación de dos aspectos importantes de la política de la presente administración: el desarrollo del sistema hacendario y el mejoramiento del sistema de impartición de justicia. ... A fin de mayor claridad a la explicación de las diversas medidas que se proponen, se les agrupa en los siguientes apartados: ... 2. Reducción de instancias procesales y regionalización completa de la justicia fiscal. El segundo grupo de medidas propone reducir el número de instancias procesales, a la vez que simplificar el sistema, medidas entre las que destaca la reforma a la regulación del recurso de revisión y las que antes se han comentado para fusionar instancias sucesivas. Al respecto se fusionan los recursos de revisión ante la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación y el de revisión ante los Tribunales Colegiados de Circuito que toca interponer a la administración fiscal, en un solo recurso que establece, con vigencia a partir del 15 de enero próximo, el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución. La modificación que se propone tiene las siguientes ventajas: La eliminación de una etapa procesal, con su consecuente influencia en la simplificación y prontitud del proceso. La impugnación de la administración fiscal será ante el mismo tribunal que conozca del juicio de amparo que, en su caso, promuevan los particulares. La interposición del recurso por el órgano encargado de la defensa jurídica de la autoridad asegura que esta atribución, tan importante para la defensa de las autoridades, se hará con la seriedad y profundidad que exijan los casos que así lo ameriten. La tramitación paralela y simultánea del amparo directo y de la revisión en los casos en que coincida su interposición. La unidad de decisión y la congruencia en las resoluciones. La resolución definitiva de la controversia en la región en que surge, al sustituir la revisión en la Ciudad de México por una revisión ante los Tribunales Colegiados de Circuito establecidos en todo el territorio nacional, lleva a sus últimas consecuencias la regionalización de la justicia fiscal federal, misma que tuvo un avance importante en la vigente Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, que regionalizó la primera instancia del juicio, que se sustancia y resuelve ahora por sus Salas Regionales. ...». En el dictamen correspondiente a la anterior iniciativa en primera lectura, se determinó en relación al artículo 248, lo siguiente: «X. Una reflexión particular merece a las comisiones dictaminadoras el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación que la iniciativa propone. En él se previene que la autoridad fiscal podrá, a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, mediante la interposición del recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, en la sede de la Sala Regional respectiva, impugnar las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, mediante escrito que se presente dentro del término de quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación, o por violaciones procesales que se hayan cometido durante el juicio se (sic) afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo; también por violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias, siempre que el asunto exceda, propone la iniciativa, de quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente al momento de su emisión. Da luego una fórmula, segundo párrafo, para determinar la cuantía del asunto cuando se trate de contribuciones que deban determinarse o cubrirse por periodos inferiores a doce meses. A juicio de estas comisiones, si se acepta la cuantía de quinientos salarios mínimos generales diarios que la iniciativa propone, en todos los casos, los Tribunales Colegiados de Circuito sustituirán la actual atribución que tiene la Sala Superior del tribunal para conocer de estos recursos y serán los tribunales de amparo los que hagan las veces de dicha Sala Superior. Los quinientos salarios mínimos, al presente equivalen aproximadamente, a dos millones quinientos mil pesos «cantidad pequeña que fácilmente pueden» valer muchos asuntos en trámite. Se produciría una multiplicación de interposiciones del recurso de revisión, máxime si se considera que bastará para que se interponga que lo decida la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica, quitando el escollo procesal de que sea el secretario de Estado, o jefe del departamento administrativo o director de organismo descentralizado el que interponga el recurso. La multiplicidad de revisiones produciría rezago en el Poder Judicial Federal, desvirtuando uno de los propósitos esenciales de la reforma constitucional, antecedente inmediato de esta iniciativa, que es terminar con el rezago en el Poder Judicial Federal. ...». El texto aprobado del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, cuyo tenor literal, en la parte que interesa, fue el siguiente: «Artículo 248. Las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad, a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva, mediante escrito que presente ante esta última dentro del término de quince días siguientes al día en que surta efectos su notificación, por violaciones procesales cometidas durante el juicio, siempre que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo, o por violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias; cuando la cuantía del asunto exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente en el momento de su emisión ... El recurso de revisión también será procedente contra las resoluciones o sentencias que dicte la Sala Superior del tribunal, en los casos a que se refiere el artículo 239 bis. En los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso sólo podrá ser interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.». Asimismo, es importante destacar que en el artículo tercero transitorio del decreto antes aludido, se estableció lo siguiente: «En los juicios en trámite a la fecha de la vigencia de este decreto, podrá interponer el recurso de revisión la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de la autoridad, que tenga reconocida la representación en el juicio correspondiente o que haya venido actuando en el mismo con dicha representación.». El referido artículo 248 del Código Fiscal de la Federación ha sufrido diversas modificaciones en cuanto a los supuestos de procedencia del recurso de revisión, conservando prácticamente su redacción original en cuanto se refiere a los sujetos legitimados para hacer valer dicho medio de impugnación, ya que sobre el particular, el referido numeral vigente a la fecha en que se resuelve la presente contradicción de tesis, textualmente establece lo siguiente: «Artículo 248. Las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva, mediante escrito que presente ante ésta dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos su notificación, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos: ... En los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso sólo podrá ser interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.». De lo antes expuesto, claramente se advierte que hasta el catorce de enero de mil novecientos ochenta y ocho, las resoluciones de las Salas Regionales del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, eran recurribles por «las autoridades» ante la Sala Superior de dicho organismo, cuando el asunto respectivo fuera de importancia y trascendencia a juicio del titular de la secretaría de Estado, departamento administrativo u organismo descentralizado a que el asunto correspondiera, a través del recurso de revisión, y que el escrito respectivo debía estar firmado, precisamente, por el titular de la secretaría de Estado, departamento administrativo u organismo descentralizado, según correspondiera y en su ausencia, por quienes estaban facultados para sustituirlo. A su vez, las resoluciones dictadas por la Sala Superior del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, podían ser impugnadas por «las autoridades» a través del recurso de revisión fiscal, el cual debía interponerse mediante escrito dirigido al presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, firmado por el titular de la secretaría de Estado, departamento administrativo u organismo descentralizado que correspondiera, o por quien legalmente debía sustituirlo, en los casos de ausencia. Sin embargo, acorde con las reformas al artículo 104 de la Constitución General de la República, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, y con el objeto de dar efectividad a «los postulados constitucionales de impartición de justicia pronta completa y oportuna, mediante un sistema sencillo pero respetuoso de las formalidades esenciales del procedimiento», por decreto publicado en el citado medio informativo el cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se fusionaron las instancias procesales antes precisadas en un solo recurso denominado de revisión, a través del cual, las autoridades que dictaron la resolución reclamada en el juicio de nulidad, pueden impugnar, ante el Tribunal Colegiado del Circuito que corresponda, las resoluciones definitivas correspondientes, dictadas por las Salas Regionales o la Sala Superior del ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, se estableció que el citado recurso de revisión, por regla general, deberá interponerse por la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de la autoridad demandada en el juicio de nulidad, pues de esa manera se evita el obstáculo procesal «de que sea el secretario de estado, jefe del departamento administrativo o director del organismo descentralizado el que interponga el recurso», y además, se asegura que el ejercicio de dicha facultad «tan importante para la defensa de las autoridades» se realice con «la seriedad y profundidad que exijan los casos que así lo ameriten». Además, se precisó que en los casos en que la resolución reclamada en el juicio de nulidad haya sido emitida por las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso de revisión sólo podrá interponerse por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De lo anterior deriva que el recurso de revisión previsto en el Código Fiscal Federal para impugnar ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, las resoluciones definitivas dictadas por el ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se instituyó como un mecanismo de defensa excepcional en favor de las autoridades demandadas en el juicio de nulidad que obtuvieron un fallo adverso, cuya procedencia, desde siempre, se ha condicionado a la satisfacción de ciertos requisitos formales como lo es el relativo a la legitimación y a determinados requisitos de fondo como lo son, entre otros, la cuantía e importancia y transcendencia del asunto. En efecto, por cuanto se refiere a la legitimación para hacer valer el citado medio de defensa legal, que es el punto de contradicción a dilucidar, se advierte que en un principio ésta se otorgó al titular de la secretaría de Estado, departamento administrativo u organismo descentralizado a que el asunto correspondiera, y no a la propia autoridad que dictó la resolución impugnada en el juicio de nulidad, pues al respecto el artículo 250 del código tributario federal vigente hasta el catorce de enero de mil novecientos ochenta y ocho, expresamente señalaba que el escrito respectivo debía ser firmado por el titular de la secretaría de Estado, departamento administrativo u organismo descentralizado, y en caso de ausencia, por quien legalmente deba sustituirlo. Posteriormente, con motivo de las reformas constitucionales acaecidas en el año de mil novecientos ochenta y siete, cuyo objeto primordial fue el de establecer las bases para la creación de mecanismos que permitieran una impartición de justicia pronta, completa y expedita, en el ámbito fiscal se redujeron y regionalizaron las instancias procesales y en tal virtud, con el objeto de que el recurso de revisión ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación se formule con la formalidad y exhaustividad que requieren los asuntos respectivos, y con el fin de asegurar la adecuada defensa de las autoridades que obtuvieron un fallo adverso del ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el legislador ordinario estimó conveniente que fuera la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica la que promoviera el citado medio de defensa legal, por ser ésta la que cuenta con el personal y los elementos necesarios para tal efecto, salvo que la resolución reclamada en el juicio de nulidad haya sido emitida por entidades federativas coordinadas en ingresos federales, pues en estos casos, el recurso de revisión necesariamente deberá promoverse por el secretario de Hacienda y Crédito Público, o por quien deba suplirlo en los casos de ausencia. En ese orden, es dable concluir que aun cuando en términos de lo previsto en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades demandadas en el juicio de nulidad, tienen la facultad de impugnar las resoluciones definitivas dictadas por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que sean adversas a sus intereses; lo cierto es que por disposición expresa de la ley, dicha facultad la deben ejercer, necesariamente, por conducto del órgano encargado de su defensa jurídica o, en su caso, por conducto del secretario de Hacienda y Crédito Público o por quien deba suplirlo en los casos de ausencia, dado que en atención al principio de legalidad, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, según se advierte de la tesis jurisprudencial sustentada por el Tribunal Pleno, publicada en la página 250 del Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del tenor siguiente: «AUTORIDADES. Es un principio general de derecho constitucional, universalmente admitido, que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite.»’. Las consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 59/2001, consultable en la página 321 del Tomo XIV, correspondiente al mes de diciembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: ‘REVISIÓN FISCAL. LAS AUTORIDADES DEMANDADAS EN EL JUICIO DE NULIDAD CARECEN DE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 248 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). De la interpretación causal y teleológica de lo dispuesto en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se advierte que el recurso de revisión se estableció como un mecanismo de control de la legalidad de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y por la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación (actualmente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa), a favor de las autoridades que obtuvieran un fallo adverso en los juicios de nulidad. Sin embargo, con el objeto de que dicho medio de impugnación se interpusiera con la formalidad y exhaustividad que requerían los asuntos respectivos y con el fin de asegurar la adecuada defensa de las referidas autoridades, el legislador ordinario estimó necesario que fuera la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica la que promoviera el citado medio de impugnación, por ser ésta la que cuenta con el personal capacitado y con los elementos necesarios para tal efecto, salvo que la resolución reclamada en el juicio de nulidad hubiera sido emitida por entidades federativas coordinadas en ingresos federales pues, en estos casos, el recurso de revisión deberá promoverse por el secretario de Hacienda y Crédito Público, o por quien deba suplirlo en caso de ausencia. Por tanto, es inconcuso que las autoridades demandadas en el juicio de nulidad carecen de legitimación procesal para interponerlo, dado que la facultad que les fue conferida para impugnar la legalidad de las resoluciones definitivas emitidas por las Salas del citado tribunal, necesariamente deben ejercerla por conducto del órgano administrativo encargado de su defensa jurídica.’. Del criterio jurisprudencial antes transcrito, así como de las consideraciones que le dieron origen, se desprende que los aspectos fundamentales que llevaron a esta Segunda Sala a determinar que las autoridades demandadas en el juicio de nulidad carecen de legitimación procesal para interponer el recurso de revisión a que alude el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, son los siguientes: • Que el poder revisor de la Constitución General de la República creó a favor de la autoridad que obtuvo un fallo adverso de los tribunales contencioso administrativos un medio de defensa de la legalidad de las resoluciones que emitan, dejando en manos del legislador ordinario el establecimiento de los supuestos de procedencia del mismo, según deriva del artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, en cuanto señala que corresponde a los tribunales de la Federación conocer: ‘De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso administrativo a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso e), del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes ...’. • Que en relación con lo anterior, el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación vigente, expresamente señala que las resoluciones de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas: ‘... podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva ...’. • Que por cuanto se refiere a que sea la unidad encargada de la defensa jurídica de la autoridad demandada en el juicio de nulidad la que interponga el recurso de mérito y no la propia autoridad, destaca que tal exigencia deriva de la necesidad que advirtió el legislador ordinario de eliminar el escollo procesal «de que sea el secretario de Estado, jefe del departamento administrativo o director del organismo descentralizado, según corresponda, o por quien legalmente deba sustituirlo, el que interponga el recurso», tal como acontecía hasta antes del catorce de enero de mil novecientos ochenta y ocho, y de asegurar que el «ejercicio de dicha facultad tan importante para la defensa de las autoridades se realice con la seriedad y profundidad que exijan los casos que así lo ameriten», en tanto que dicha unidad cuenta con el personal y los elementos necesarios para tal efecto. •Que lo antes expuesto permite concluir que el recurso de revisión previsto en el artículo 248 del Código Fiscal Federal, para impugnar ante los tribunales del Poder Judicial de l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18452-ffa02dbf/revision-fiscal-solo-podra-interponer-ese-recurso-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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