PRESCRIPCIÓN EN MATERIA FISCAL. SU PLAZO SE INTERRUMPE CON CADA GESTIÓN DE COBRO, AUN CUANDO SEA DECLARADA SU NULIDAD POR VICIOS FORMALES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 50/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y OCTAVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIA: MARCIA NAVA AGUILAR.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, es conveniente conocer las consideraciones que sirvieron de sustento a cada uno de los Tribunales Colegiados contendientes para emitir su respectiva resolución, las cuales a continuación se transcriben.
A. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver por unanimidad de votos el juicio de amparo directo administrativo número 809/203, deducido del juicio de nulidad número 477/03-10-01-7, sostuvo en lo que al caso interesa, lo siguiente:
"SÉPTIMO. De los conceptos de violación, el primero es infundado en parte e ineficaz en otra, y fundado el último. ... Así, el primer concepto de violación, lo hace consistir la quejosa en que la sentencia de 29 (veintinueve) de agosto de 2003 (dos mil tres), dictada por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es violatoria de garantías por cuanto consideró que el crédito fiscal determinado a cargo de la empresa fiada, Mac Electrónica, Sociedad Anónima de Capital Variable, no estaba prescrito; sin embargo, sostiene la inconforme, no perderse (sic) de vista que el momento a partir del cual comienza a computarse el término de la prescripción, es cuando se hace exigible, lo cual ocurrió al día siguiente en que la fiada omitió retornar la mercancía importada temporalmente, de ahí que procedía requerir a la afianzadora sin necesidad de emitir la liquidación correspondiente, por tanto, se realizó un cómputo arbitrario de dicho término, aunado a que si bien el término de la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro cuando se declara la nulidad para efectos, debe considerarse que dicho acto no interrumpió la prescripción, para lo cual cita la tesis I.9o.A.3. A, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: ‘PRESCRIPCIÓN. NO SE INTERRUMPE CON UN ACTO DE LA AUTORIDAD HACENDARIA, CUANDO ÉSTE HA SIDO DECLARADO NULO POR VICIOS FORMALES.’ ... En primer lugar, es infundado el motivo de queja expuesto, porque contrario a lo alegado, la Sala Fiscal fundó su resolución de que el término de la prescripción se interrumpió, en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, que establece y regula dicha figura jurídica, según se advierte de la lectura de las páginas 5 a 10 de la sentencia reclamada (fojas 74 a 76). Igualmente, es infundado en la parte en que la quejosa alega que la autoridad demandada en el juicio de nulidad no estaba obligada a emitir la liquidación correspondiente, sino que podía y debía, de inmediato, proceder a emitir el requerimiento de pago respectivo. En efecto es infundado, porque atento al criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 122/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomando en consideración que conforme a lo previsto en los artículos 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y 141, fracción III, del código indicado, cuando la obligación fiscal fue garantizada con fianza otorgada por alguna institución afianzadora, la autoridad puede requerir el cobro del crédito fiscal al contribuyente o a la afianzadora, en el orden que estime pertinente, ya sea conjunta o separadamente, y hacerlo efectivo a través del procedimiento administrativo de ejecución, se concluye que el cómputo del término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago de dicho crédito es legalmente exigido, esto es, cuando se incumplió con la obligación fiscal y ésta ya fue determinada en cantidad líquida en resolución firme debidamente notificada al deudor principal o a la institución garante. En los términos expuestos, previo a emitir el requerimiento de pago de la póliza de fianza respectiva, la autoridad exactora debe determinar en cantidad líquida el monto del crédito fiscal garantizado. ... No es óbice a lo expuesto, que en la póliza de fianza se señaló que se expidió para garantizar los impuestos al comercio exterior, puesto que ello no puede considerarse como un crédito fiscal y menos puede tomarse como base para el inicio de la prescripción; ya que si bien, la infracción comienza a darse cuando el importador omite retornar las mercancías importadas temporalmente al país, por lo que a partir de ese momento se hace acreedor al pago de los impuestos y multas correspondientes; sin embargo, éstas las deberá determinar la autoridad fiscal competente en una resolución debidamente notificada, que será la que se tome en cuenta para realizar el cómputo para la prescripción del crédito fiscal, en términos de lo dispuesto por el artículo 146 del Código Fiscal. Se comparte la tesis XIV.3o.1 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, enero de 2001, página 1705, que reza: ‘CRÉDITOS FISCALES, PRESCRIPCIÓN DE LOS. CÓMPUTO DEL TÉRMINO TRATÁNDOSE DE LOS GENERADOS CON MOTIVO DE LA OMISIÓN DE RETORNAR LAS MERCANCÍAS IMPORTADAS TEMPORALMENTE AL PAÍS.’ (se transcribe). Ahora bien, al respecto, el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, establece: (se transcribe). Del artículo pretranscrito, mismo que regula la figura jurídica de la prescripción, se desprende por un parte que, como quedó establecido, el término de la prescripción, comienza a partir de que el crédito fiscal es exigible (tema que ya fue analizado); y por otra, prevé la posibilidad que dicho término se interrumpa o se suspenda, hipótesis totalmente diversas y con consecuencias distintas. En relación con la primera hipótesis, es decir, la interrupción del término de la prescripción, el segundo párrafo del artículo en comento, establece que el término para que se consume la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Y que se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor. Ello, atento a que para que se instaure el procedimiento administrativo de ejecución, es presupuesto sine quo non (sic), que exista una resolución liquidatoria. En el particular, nos ocuparemos de desarrollar únicamente la figura de la interrupción del término de la prescripción, y en qué casos se da ésta. Conforme al artículo 146 del código tributario federal, el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años, y se inicia a partir de la fecha en que pudo ser legalmente exigido, que constituye una sanción en contra de la autoridad por su inactividad relativa a la facultad económico- coactiva. Dicha figura procesal opera cuando la autoridad tiene expedita su jurisdicción para llevar a cabo el ejercicio de la facultad mencionada, si no lo hace, la abstención revela apatía o abandono del cobro. En relación con lo expuesto, no debe perderse de vista que conforme a lo dispuesto en los artículos 117, 120 y 125 del Código Fiscal de la Federación, la interposición del recurso de revocación, o bien, la promoción del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, puede darse en contra de alguno de los siguientes actos. 1) Contra la resolución determinante del crédito fiscal. 2) Contra los actos que se dicten dentro del procedimiento administrativo de ejecución cuando se alegue que éste no se ajustó a la ley. En el particular, del análisis del contenido del requerimiento de pago 322-SAT-16-I-IV-12868 de 14 (catorce) de noviembre de 2002 (dos mil dos), así como de la documental anexa al mismo y de la contestación de demanda vertida por la autoridad demandada (fojas 51 a 65), se advierte que en tales documentos se hace referencia a que la empresa fiada Mac Electrónica, Sociedad Anónima de Capital Variable, interpuso contra la resolución determinante del crédito fiscal contenida en el oficio 324-A-V-4-5-19820 de 27 (veintisiete) de octubre de 1994 mil novecientos noventa y cuatro (foja 30), recurso administrativo de revocación, en el cual se revocó para efectos el acto recurrido, que inconforme con el cumplimiento dado promovió juicio de nulidad fiscal 1120/95, resuelto en sentencia de 9 (nueve) de septiembre de 1997 (mil novecientos noventa y siete), que declaró la nulidad del acto impugnado (fojas 22 y 28), y por último, que en contra de esa sentencia, promovió recurso de apelación ante la Sala Superior del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, que lo registró bajo el número 100(A)-II-1300/96/1120/95, que lo resolvió en el sentido de declarar la nulidad lisa y llana de las multas; en cuanto a los recargos, se decretó la nulidad para efectos de fundar y motivar su cobro; y por lo que hace a las contribuciones, reconoció su validez (fojas 22 y 28). Ahora bien, el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación establece que, en principio, el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de 5 (cinco) años, que dicho término se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor, señalando que cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor, constituirá una gestión de cobro; así también, dispone que el reconocimiento expreso o tácito de la existencia del crédito, lo interrumpe. Como se puede apreciar, esos supuestos de interrupción se refieren a los actos que tiene que realizar la autoridad para que no se consume el plazo prescriptorio en su perjuicio. Por otra parte, en el aludido numeral se consigna en qué momento empieza a correr el término para la prescripción, y ello es cuando el pago pudo ser legalmente exigido. Así, si un crédito fiscal es impugnado mediante el recurso administrativo correspondiente, éste queda sub júdice, no encontrándose la autoridad en aptitud de exigir el pago por ese motivo, con el que no puede iniciarse el respectivo cómputo. Esta última consideración resulta lógica si se toma en cuenta que un litigio de esa naturaleza puede prolongarse por bastante tiempo, aún más que el señalado para que opere la prescripción, pudiendo provocarse que esto ocurra, al hacerse uso de los medios legales de que se dispone para inconformarse con la determinación de un crédito. Por tanto, si la facultad económico-coactiva a través del procedimiento administrativo de ejecución no puede iniciarse, merced de un recurso o medio de defensa interpuesto por el deudor, en este caso no existe la conducta abstinente de la autoridad que diera lugar a la extinción de sus facultades de cobro, aun cuando el recurso correspondiente se interponga y tramite ante la propia autoridad que fincó el crédito o ante otra superior, porque siendo cierto que a ellas incumbe dictar una resolución y que la morosidad en que pudieran incurrir para emitirla no es imputable al deudor, tal tesitura no trasciende como factor eficiente para dejar insubsistente la interrupción que impide el ejercicio de cobro, máxime si es dicho deudor quien gestiona el recurso y obtiene que la autoridad exactora no pueda realizar acto alguno tendente a cobrar el crédito fiscal ya determinado, lo que significa que voluntariamente contribuyó a crear esta situación. Por consiguiente, cuando la fianza se otorgue para garantizar un crédito fiscal cuya vigencia sería hasta que se dictara sentencia firme, entonces la póliza de que se trate se hace exigible a partir de la fecha en que la autoridad demandada sea notificada legalmente de la ejecutoria que declare la validez del crédito fiscal y, por ende, el término para la prescripción inicia a partir de esa fecha. Se comparte el criterio expuesto en la tesis I.7o.A.45 A, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, marzo de 1999, página 1438, que reza: ‘PRESCRIPCIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL. SE INTERRUMPE POR LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS.’ (se transcribe). Asimismo, se comparte, en lo conducente, la tesis IV.2o.A.T.51 A, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito, Novena Época, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 1221, que cita: ‘PRESCRIPCIÓN. PÓLIZAS DE FIANZA. ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe). En conjunción con lo expuesto, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio contenido en la tesis I.9o.A.3. A, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: ‘PRESCRIPCIÓN. NO SE INTERRUMPE CON UN ACTO DE LA AUTORIDAD HACENDARIA, CUANDO ÉSTE HA SIDO DECLARADO NULO POR VICIOS FORMALES.’, que invoca el quejoso a fin de sostener que cuando se declara la nulidad para efectos, debe considerarse que dicho acto no interrumpió la prescripción. Lo anterior es así, porque como se estableció, tratándose de fianzas expedidas para garantizar un crédito fiscal, el cómputo de la prescripción comienza a correr a partir del momento en que el pago es legalmente exigible. Ahora bien, el término de la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro o reconocimiento del adeudo por parte del deudor, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, si se interpuso algún recurso o medio de defensa en el que se declaró la nulidad respecto de la resolución liquidatoria, dicha resolución jurisdiccional puede llegar a interrumpir el plazo de la prescripción, pero sólo en el caso de que la declaratoria respectiva haya sido para efectos por vicios formales, es decir, que se permita a la autoridad hacendaria volver a emitir un nuevo acto, pues no sólo se le deja en plenitud de facultades, sino que se le ordena dictar una nueva resolución que purgue esos vicios. Por el contrario, si respecto del acto combatido precedió una declarativa de nulidad lisa y llana, tal circunstancia no interrumpe el plazo de la prescripción referido en el artículo 146 del código tributario federal, ya que la nulidad lisa y llana decretada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa implica la nada jurídica respecto del acto autoritario de molestia; por consiguiente, si un acto de autoridad no nació a la vida jurídica, ello no puede considerarse como una causa de interrupción de la prescripción en materia de fianzas. Se comparte, en lo conducente, la tesis I.8o.A.21 A, Tomo XIV, julio de 2001, dictada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, julio de 2001, página 1133, que reza: ‘PRESCRIPCIÓN, FIANZAS EXPEDIDAS PARA GARANTIZAR UN CRÉDITO FISCAL DERIVADO DE UN PAGO EN PARCIALIDADES, CASOS DE INTERRUPCIÓN PARA EL CÓMPUTO DE LA.’ (se transcribe). Sobre el particular, no debe perderse de vista que la Sala dio por sentado que la nulidad declarada en el toca de apelación 1300/96/1120/95, derivado del juicio de nulidad 1120/95, fue para efectos de que se emitiera un nuevo oficio liquidatorio (fojas 73 vuelta y 74), lo que incluso es reconocido por la propia quejosa en su libelo constitucional (foja 13 del amparo), y además cabe señalar que en esos términos se motivó la ejecución de la póliza de fianza (fojas 22 y 30). Atento a todo lo expuesto, es ineficaz el argumento en el que se aduce que la Sala Fiscal realizó un cómputo arbitrario del término de la prescripción (foja 12 del cuaderno de amparo), ello es así, porque en el expediente del juicio de nulidad, la actora, hoy quejosa, no exhibió la documental suficiente para determinar si la nulidad declarada fue para efectos o de otro tipo y, por ende, si en el particular efectivamente transcurrió el término de la prescripción a que se refiere el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, por lo que ahora no se puede doler de que la responsable fue arbitraria en su cómputo, si no le dio los elementos necesarios para ello, máxime que en el caso, las autoridades demandadas, en su contestación de demanda, adujeron que la enjuiciante interpuso diversos medios de defensa y que éstos interrumpieron dicho término. Por tanto, cuando los argumentos expresados en los conceptos de violación no se encuentran corroborados con las constancias existentes en el juicio de origen, como cuando habiendo pruebas no se precisa cuáles de éstas la responsable omitió valorar, así como el alcance de ellas, éstos resultan ineficaces; pues en términos del artículo 78, primer párrafo, de la Ley de Amparo, únicamente se tomarán en cuenta las pruebas que se hubiesen rendido ante la autoridad responsable y que fueron objeto de la resolución reclamada, porque ésta se apreciará tal como aparezca probada en el proceso respectivo. ... Lo anterior, aunado a que en los términos en que expone su motivo de queja, no ataca de manera eficaz la consideración de la Sala Fiscal de que el término de la prescripción se interrumpió con la interposición de diversos medios de defensa, puesto que se limita a señalar que realizó un cómputo arbitrario de dicho término, sin controvertir, ni mucho menos desvirtuar, lo aseverado por ésta respecto de la interposición del recurso de revocación, del juicio de nulidad y del recurso de apelación, promovidos por la empresa fiada, Mac Electrónica, Sociedad Anónima de Capital Variable. ..." (fojas 22 a 42 vuelta del expediente en que se actúa).
B. Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DA. 4447/98, sustentó en lo que al tema de la presente contradicción se refiere, las consideraciones siguientes:
"SEXTO. Los conceptos de violación son infundados e inoperantes, atento a las siguientes consideraciones. ... En otro apartado de su queja, señala la promovente del amparo, que la autoridad responsable incorrectamente estimó que no ha operado la prescripción porque se interrumpió el término legal establecido para ese fin, al haberse interpuesto recurso administrativo en contra del crédito fiscal, siendo que en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación no se prevé tal interrupción en ese supuesto. En el aludido numeral 146 del código tributario federal, efectivamente se contienen sólo las siguientes hipótesis para la interrupción del plazo prescriptorio, que son: gestión de cobro que efectúe el acreedor notificándolo o haciéndoselo saber al deudor; el reconocimiento expreso o tácito del deudor respecto de la existencia del crédito; abundándose en el mismo precepto que las actuaciones llevadas a cabo dentro del procedimiento administrativo de ejecución, se considerará gestión de cobro siempre que se haga del conocimiento del deudor. Como se puede advertir, esos supuestos de interrupción se refieren a los actos que tiene que realizar la autoridad para que no se consuma el término de prescripción en su perjuicio. Pero en el propio dispositivo legal se establece el momento en que empieza a transcurrir el término, y esto acontece cuando el pago pudo ser legalmente exigido. Como bien lo estimó la Sala del conocimiento, al haberse impugnado el crédito fiscal de referencia mediante el recurso administrativo correspondiente, es evidente que ese se encontraba sub júdice, hasta en tanto se determinara la legalidad o ilegalidad del mismo, no encontrándose la autoridad en aptitud de exigir el pago por ese motivo, por lo que no podía iniciarse el cómputo para la prescripción. Esta última consideración resulta lógica, si se toma en cuenta que un litigio de la naturaleza que nos ocupa puede prolongarse por bastante tiempo, aún más que aquél señalado para que opere la prescripción, como sucedió en la especie, en donde el crédito fiscal fue recurrido ante la propia Secretaría de Hacienda; contra esa resolución se promovió demanda de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, de la que conoció su Quinta Sala Regional Metropolitana, dictando sentencia en la que declaró la nulidad para efectos; en cumplimiento de ese fallo se volvió a emitir resolución en el recurso de revocación, y contra ella se acudió a demandar su nulidad nuevamente ante el Tribunal Fiscal de la Federación, emitiendo ésta la sentencia que ahora se combate por la vía constitucional. Como se puede apreciar, el contribuyente haciendo uso de los medios legales de que dispone para inconformarse con la determinación de un crédito fiscal, puede provocar que transcurra en exceso el término para la prescripción, de ahí que como se consideró en el fallo que constituye el acto reclamado, se interrumpa el mismo con la interposición de un recurso. En otro concepto de violación, se queja la peticionaria de garantías, que la resolutora no se pronunció respecto del argumento vertido en su cuarto concepto de impugnación. En atención a las relatadas consideraciones, al no resultar violatoria de garantías la sentencia reclamada, procede negar el amparo solicitado."
C. El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal RF. 2908/2000, sostuvo las consideraciones siguientes:
"CUARTO. A juicio de los suscritos Magistrados que integran este Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resulta fundado el agravio propuesto por la recurrente, concretamente en la parte que señala que en el caso materia del juicio de origen, el término para efectuar el cómputo de la prescripción se había interrumpido por existir, en el caso, una gestión de cobro previa a la propia garante, tal como se razona a continuación. En primer lugar, la póliza de fianza controvertida en el juicio de nulidad fiscal de origen, fue expedida hasta por la cantidad de setecientos setenta y cinco mil ochenta y cinco pesos con setenta y un centavos en moneda nacional, a favor de la Tesorería de la Federación, para garantizar por la empresa fiada Laboratorios Grama, Sociedad Anónima de Capital Variable, el pago en un plazo de treinta y seis mensualidades sucesivas que vencían en el mes de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, del crédito fiscal número 00021316, relativo a diversas contribuciones del ejercicio fiscal de mil novecientos noventa. La empresa fiada, realizó sólo veintiocho pagos parciales, siendo el último de ellos el catorce de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, dejando de cubrir desde la parcialidad veintinueve a la treinta y seis (este dato aparece en el acta de incumplimiento cuyo original corre agregado a folios cuatro, cinco y seis del expediente del juicio de origen). Ahora bien, con fecha veintidós de mayo de mil novecientos noventa y ocho, el administrador local de Recaudación del Centro del Distrito Federal, emitió el requerimiento de pago contenido en el oficio número 322-SAT-R8-L63-4-a 30017, el cual tenía por objeto hacer efectiva la póliza de fianza número 93 1827 036774, de fecha veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y uno, expedida para garantizar el crédito fiscal descrito en el párrafo inmediato anterior; posteriormente, la empresa emisora de la fianza en comento, Afianzadora Insurgentes, Sociedad Anónima de Capital Variable, antes Afianzadora Insurgentes Serfín, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Serfín, en contra del requerimiento de mérito interpuso juicio de nulidad fiscal, mismo que se radicó ante la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, bajo el número de expediente 10535/98, el cual fue resuelto por sentencia de fecha dieciocho de enero de mil novecientos noventa y nueve, declarándose la nulidad del citado requerimiento, para el efecto de que si la autoridad emisora lo consideraba pertinente, emitiera un nuevo requerimiento de pago debidamente fundado y motivado. En esta tesitura, el administrador local de Recaudación del Centro del Distrito Federal, en cumplimiento a la declarativa de nulidad arriba descrita, emitió nuevo requerimiento de pago en fecha quince de octubre de mil novecientos noventa y nueve, contenido en el oficio número 322-SAT-R8-L63-4-a EMT-40836, documento que también fue tildado de ilegal por la empresa requerida, dándose inicio al juicio de nulidad fiscal número 716/00-11-10-6, tramitado ante la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, órgano jurisdiccional que emitió sentencia definitiva en fecha treinta y uno de mayo del año en curso, declarando la nulidad lisa y llana del nuevo requerimiento de pago, porque según su prudente arbitrio, se había consumado la prescripción de la fianza por haber transcurrido el plazo legal previsto en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, agregando de manera categórica que el plazo a comentario no se había interrumpido por motivo alguno, dejando de considerar los antecedentes anteriores. Precisados los actos que precedieron a la emisión del acto reclamado en la presente instancia de revisión fiscal, los suscritos Magistrados que integran este Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, estiman que asiste razón a la autoridad recurrente, pues efectivamente en el caso, el término para que se configurara la prescripción de la póliza de fianza controvertida se había interrumpido por una gestión de cobro previa, antes de que transcurriera el término legal de cinco años, tal como se razona a continuación. El numeral aplicable en el caso, tratándose de la figura jurídica de la prescripción, lo es el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, el cual a la letra reza: (se transcribe). Del numeral supratranscrito, claramente se advierte que el plazo para que opere la figura jurídica de la prescripción en materia fiscal (entendiendo por ésta, la pérdida de facultades de las autoridades fiscales para hacer efectivo -cobrar- un crédito determinado, o bien, como en el caso, para requerir de pago a una afianzadora) se verá interrumpido por cada gestión de cobro, hipótesis que se verificó en la especie, antes de que transcurriera el plazo legal de mérito, por lo que no es dable jurídicamente hablando que, como erróneamente lo estimó la responsable, se haya consumado la extinción de la facultades de cobro por parte de las entonces autoridades demandadas. En efecto, para verificar el cómputo de la prescripción, es menester partir del momento en que la obligación garantizada pudo ser legalmente exigible, pues a partir de ese momento se comienza el cómputo de mérito. Ahora bien, considerando que la obligación garantizada consistía en un pago en parcialidades, la obligación se torna exigible a partir del momento en que el fiado incumple con el pago de tres parcialidades sucesivas, acorde lo dispuesto por el artículo 66, fracción III, inciso c), del Código Fiscal de la Federación. En este orden de ideas, el último pago realizado por el fiado, se verificó el catorce de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, tal como se advierte del documento denominado ‘detalle de pagos’, que se adjunta al requerimiento de pago controvertido en el juicio de origen (folio quince del expediente de nulidad fiscal); así las cosas, los pagos correspondientes a las mensualidades veintinueve, treinta y treinta y uno, debieron verificarse los días veintiocho de marzo, de abril y treinta de mayo, todos de mil novecientos noventa y cuatro, por lo que es a partir de esta última fecha (tercer pago incumplido), cuando comenzó a correr el término de la prescripción. Si el plazo de la prescripción comenzó a correr a partir del treinta de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, el mismo concluyó el día primero de junio de mil novecientos noventa y nueve, por lo que al mediar un requerimiento de pago por parte de las autoridades fiscales, a la empresa Afianzadora Insurgentes Sociedad Anónima de Capital Variable, antes Afianzadora Insurgentes Serfín Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Serfín’, legalmente notificado el día dos de junio de mil novecientos noventa y ocho, como se advierte de las constancias procesales de autos, es precisamente esta actuación la que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, interrumpe el plazo de la prescripción, ya que su existencia es un año anterior al plazo referido, de ahí que no se haya configurado en la especie la prescripción de la póliza de fianza materia del juicio de origen. Ahora bien, este cuerpo colegiado no pasa inadvertido que en la especie, el requerimiento de pago que motivó la interrupción anteriormente aludida, haya sido declarado nulo (para efectos, por no adjuntar los documentos que demuestren la exigibilidad del crédito garantizado), por parte del Tribunal Fiscal de la Federación en sentencia anterior a la que originó el presente recurso, pues dicha nulidad no trae como consecuencia necesaria la nada jurídica, como lo sostiene la Sala Fiscal responsable en el último párrafo de la foja ocho de la sentencia materia de la presente revisión fiscal, pues como la propia declarativa de ilegalidad lo señala, es una nulidad para efectos, lo que quiere decir, para mejor conocimiento de las partes, que el acto de la autoridad administrativa sí existió, pero en su emisión no se observaron las formalidades necesarias para darle validez, quedando a salvo las facultades de la autoridad hacendaria para emitir un nuevo acto en el cual se purguen las irregularidades detectadas, cosa muy distinta a la nada jurídica que se deriva de una nulidad lisa y llana, en la cual las ilegalidades manifiestas no permiten que la autoridad vuelva a emitir el mismo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18483-9e6672bf/prescripcion-en-materia-fiscal-su-plazo-se-interrumpe · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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