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Modo: Corpus Pro

IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL PRESTADO BAJO LA DIRECCIÓN Y DEPENDENCIA DE UN PATRÓN. EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, VIGENTE EN 2003, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 141/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18646
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, , Pág. 655.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 141/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIA: MARCIA NAVA AGUILAR.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de estar en posibilidad de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es conveniente conocer las consideraciones que sirvieron de sustento a cada uno de los Tribunales Colegiados contendientes para emitir su respectiva resolución y los antecedentes comunes a ambos asuntos, para cuyo efecto a continuación se citan.

Antecedentes.

A. Las ejecutorias en las que se sustentaron los criterios al parecer contradictorios, tienen en común que derivan de juicios de amparo indirectos interpuestos cada uno por diversas empresas en contra de los mismos actos y autoridades, esto es, el Congreso del Estado de Michoacán -LXIX Legislatura- y otras autoridades de la misma entidad, de las que reclamaron, entre otros actos, el Decreto Legislativo Número 250, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintisiete de diciembre de dos mil dos, en vigor a partir del primero de enero de dos mil tres, por el que se reformaron y adicionaron diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán, en particular reclamaron por inconstitucional el título segundo, capítulo III-bis, secciones primera a cuarta, que establece en sus artículos 32 a 44-bis, el impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón.

B. En ambos asuntos, registrados respectivamente con los números III-76/2003 del índice del Juzgado Octavo de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, y I-75/03 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Uruapan, Michoacán, se dictó sentencia negando a las quejosas el amparo solicitado contra las autoridades y actos reclamados.

C. En ambos casos, el Juez del conocimiento determinó concretamente en cuanto al impuesto reclamado, que no resulta violatorio de los principios de equidad y proporcionalidad tributaria; concluyendo por ello que no es inconstitucional el decreto impugnado.

D. Inconforme con la sentencia dictada en el amparo, la parte quejosa en cada caso interpuso recurso de revisión en su contra, del cual por razón de turno tocó conocer, respectivamente, a los Tribunales Colegiados Tercero y Segundo, ambos del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán.

E. El Tercer Tribunal Colegiado dictó resolución el ocho de marzo de dos mil cuatro, en el toca de revisión administrativa RA. 386/2003, en la cual determinó revocar la sentencia recurrida y otorgar a las quejosas la protección constitucional solicitada contra los actos reclamados del Congreso, gobernador, secretario general de Gobierno y tesorero general, todos del Estado de Michoacán, para el efecto de que las autoridades responsables dejen sin efectos jurídicos "la reforma a la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, contenida en el Decreto 250, relativa al impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el veintisiete de diciembre de dos mil dos."

F. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito, en resolución dictada el diecisiete de marzo de dos mil cuatro, en el toca de revisión administrativa ARA. 417/2003, determinó confirmar la sentencia recurrida y negar a las quejosas el amparo y protección solicitados contra los actos reclamados del Congreso del Estado, gobernador, secretario de Gobierno, tesorero general y director del Periódico Oficial, todos del Estado de Michoacán, precisados en el resultando primero de dicho fallo.

Consideraciones sustentadas en las ejecutorias de los Tribunales Colegiados contendientes.

A. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión administrativa 386/2003 sostuvo, en lo que al caso interesa, lo siguiente:

"CUARTO. Es esencialmente fundado el cuarto de los agravios y suficiente para revocar la sentencia que se revisa. En efecto, argumentan los promoventes en el motivo de inconformidad de que se trata, que en el fallo recurrido se infringe el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, y algunas tesis de jurisprudencia que a continuación habrán de mencionarse. Sostienen los inconformes que el razonamiento expuesto por el a quo a fin de fundamentar su determinación de que el Decreto Legislativo Número 250, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el veintisiete de diciembre de dos mil dos, que contiene reformas por adición de todo el artículo 35 bis de la Ley de Hacienda de esta entidad, no es inequitativo por contener diversas exenciones; que los razonamientos formulados al efecto, constituyen transcripción íntegra de la jurisprudencia titulada: ‘IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.’, que esta tesis le fue invocada en la demanda de garantías y en la página veintinueve de la sentencia recurrida se determinó que no era aplicable al caso, porque se refiere a contribuciones de naturaleza diversa a la que nos ocupa, por lo que tal aserto resulta contradictorio. Agregan los inconformes que de la jurisprudencia mencionada se desprende que el legislador tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que no sean caprichosas o arbitrarias; pero que, en el caso, las exenciones previstas en dicha ley sí tienen esas características porque no obedecen a criterios objetivos; ni tampoco se exenta a todos los contribuyentes que se encuentran en la misma situación que los eximidos de pagar el impuesto; ni todos los exentos del pago se encuentran en desigual situación que los que sí tienen obligación de pagarlo; y ejemplifican tal circunstancia, refiriéndose a los siguientes casos: 1. A instituciones de asistencia o beneficencia, sociedades o asociaciones, pero exclusivamente a las que tengan las actividades que se enumeran en la propia ley; pero que no quedan exentas todas las instituciones de asistencia o beneficencia, ni todas las sociedades o asociaciones civiles, sólo algunas de ellas, dependiendo de su función, verbigracia: no pagan las que prestan asistencia médica o jurídica de origen social y de servicios funerarios a personas de escasos recursos, en cambio, sí deben pagarlos las asociaciones civiles que presten servicios de promoción del deporte y de la cultura, no obstante que lo hagan gratuitamente; 2. Que otra exención se refiere a instituciones privadas dedicadas a la educación en forma gratuita, pero que, en cambio, sí deben pagar el impuesto las instituciones públicas que se dediquen a lo mismo. Que lo expuesto evidencia la inexistencia de un nexo jurídico que vincule el criterio objetivo que dé base a las diversas exenciones. Sostienen los inconformes, que el Juez de Distrito afirma que el artículo 35 bis, fracción II, de la ley reclamada, no transgrede el principio de equidad tributaria porque los sujetos a que se contrae esa disposición en su inciso a), no son iguales a la generalidad de los causantes, porque los ejidos y comunidades son explotados totalmente para fines agropecuarios, y que ello hace que se encuentren en situación diferente a la del resto de los contribuyentes del impuesto, de tal manera que la excepción que la ley hace respecto de dichas personas responde a fines objetivos; sin embargo, refieren los recurrentes, que si la razón objetiva de la exención se hace derivar de la explotación agrícola, también debió excluirse del pago del impuesto a las sociedades cooperativas, las de producción rural y a las personas físicas cuyas actividades sean exclusivamente de carácter agropecuario, incluso a los pequeños propietarios que caen bajo la protección del artículo 27 constitucional, pero que estos últimos sujetos no fueron excluidos de la obligación del pago del impuesto, por lo que se concluye que la ley no trata igual a los que se encuentran en condiciones iguales y que por tal motivo la ley reclamada resulta inequitativa. Afirman los inconformes que en las fojas treinta y tres y treinta y cinco de la sentencia que se revisa, el a quo afirma que en el caso son aplicables las tesis de los rubros: ‘IMPUESTOS EXENCIÓN DE. ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE ESTABLECEN CONSIDERANDO LA SITUACIÓN OBJETIVA DE LAS PERSONAS EXENTAS.’ y ‘EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO, LA EXENCIÓN EN EL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, NO ES VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.’; pero que esas tesis no son aplicables al caso porque la mencionada en primer término refiere que las exenciones de un impuesto deben considerar la situación jurídica de las personas exentas, es decir, que las exenciones sólo pueden establecerse atendiendo a situaciones objetivas que reflejen intereses sociales o económicos a favor de categorías determinadas de sujetos; y que en el presente caso la ley reclamada no realiza esas exenciones, partiendo de un criterio objetivo que distinga a las personas exentas de las que sí deben pagar. Aducen los promoventes que además, no es la naturaleza de los sujetos pasivos excluidos del impuesto lo que determina las exenciones, porque en esa forma no se establece el vínculo jurídico para justificar la desigualdad de los exentos; es así que entre los eximidos en la ley combatida existe de todo, es decir, de beneficencia o atención a discapacitados (menores, ancianos, desamparados o expósitos); de naturaleza penal, de ayuda a readaptación social de delincuentes y hasta de fármaco-dependientes o drogadictos, de naturaleza no jurídica, sino social, económica y hasta política, pero sin que queden eximidos del pago todos los sujetos que se encuentren en las situaciones económicas, políticas o sociales que la ley reclamada excluye, por lo que se insiste en que es inequitativa, ya que no se encuentra vínculo común, jurídico ni lógico entre ellos, porque las exenciones son contradictorias entre sí, dado que dejan fuera de las exenciones a quienes deberían incluir y excluyen a algunos que deberían gravar; reiteran, no hay criterio lógico ni vínculo jurídico, sino arbitrariedad para eximir, porque exenta a ejidos y comunidades con el pretexto de que tienen como actividad la explotación agropecuaria y se deja fuera de la exención a otras personas físicas y morales colocadas en el mismo supuesto objetivo, esto es, que tienen por objeto actividades agropecuarias y que son personas físicas o morales de campesinos, en especial parvifundistas y sociedades de producción rural, etc. Aducen, asimismo, los inconformes, que otro ejemplo de exención arbitraria se contiene en el inciso e) de la fracción II del artículo 35 bis del impuesto reclamado, como son las instituciones privadas que imparten educación en forma gratuita y que, en cambio, sí deben pagar el impuesto las instituciones públicas que se dedican a la educación también en forma gratuita. Agregan los recurrentes que otro ejemplo de la inequidad de la ley reclamada, lo constituye la exención prevista en el número tres del inciso a) de la fracción II del artículo 35 bis, porque en este apartado la ley excluye a instituciones de asistencia privada, sociedades y asociaciones civiles que presten asistencia médica o jurídica, de orientación social y de servicios funerarios a personas de escasos recursos, en especial, ancianos, drogadictos, incluso, aunque cubren por esa asistencia, ya que la ley no exige que sea gratuita dicha asistencia; y que, por otra parte, sí deben pagar el impuesto las instituciones de asistencia, beneficencia, sociedades o asociaciones civiles que presten servicios de promoción deportiva, cultural o cívica, aunque esos servicios se presten en forma gratuita. Refieren los inconformes que la jurisprudencia invocada al efecto por el a quo, se hizo en interpretación de la legislación del Estado de México que no es jurídicamente igual o análoga a la ley reclamada, porque en el Código Financiero del Estado de México, las exenciones obedecen a un determinado criterio objetivo, en el caso de que se excluya del pago del impuesto a todas las personas que se encuentren en igualdad de condiciones objetivas frente a la ley; por ejemplo, la exención que se refiere a personas físicas y morales con un mínimo de ingresos, es decir, quedan exentas del pago del impuesto todas las personas, físicas o morales, que se dediquen a cualquier actividad, pero que tengan un ingreso mínimo determinado; pero que, en cambio, en la ley reclamada, las personas exentas del pago del impuesto no quedan comprendidas en determinada categoría con un vínculo objetivo común, porque sólo algunas personas se excluyen del pago del impuesto, ya que, por ejemplo, no todos los que prestan el servicio de educación en forma gratuita quedan exentos; ni todos los que realizan actividades agropecuarias quedan eximidos de pagar el tributo; ni todos los que, sin ánimo de lucro presten servicios a los necesitados, quedan exentos de pagar la contribución reclamada; de ahí que concluyen los recurrentes, las excepciones son arbitrarias, caprichosas y, por ende, inequitativas e inconstitucionales. Como se ha mencionado al inicio de este considerando, el motivo de inconformidad de que se trata, resulta esencialmente fundado. En principio, es pertinente asentar que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal de la República, establece: (se transcribe). Del precepto legal transcrito se infiere que la equidad se traduce en que se encuentran obligados a sufragar un determinado tributo los que se encuentren dentro de una misma situación prevista por la ley, y que se exente de dicha obligación a los que están en situación jurídica o económica diferente, es decir, tratar a los iguales de manera igual y en forma desigual a los desiguales; por tanto, el principio de igualdad o equidad, constituye una de las características esenciales del ordenamiento jurídico, y es la base del contenido de la ley, así como de su interpretación y aplicación subsecuentes. Es así que la Carta Magna prevé que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; este principio de equidad se aplica a la materia tributaria, y se consagra en la Constitución expresamente, a efecto de que con carácter general, los poderes públicos consideren que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. El principio de equidad, tiene como objetivo eliminar situaciones de desigualdad manifiesta; sin embargo, no se exige que todos los hombres sean iguales con un patrimonio y necesidades semejantes, sino que de lo que se trata es de evitar que existan normas que encaminadas a aplicarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad, introduciendo un trato discriminatorio entre dichas situaciones; por el contrario, sería adverso al principio de equidad y, por ello inconstitucional, toda norma que puesta en vigor para que se aplique sobre una situación de desigualdad entre distintos sujetos, trate a éstos de manera arbitraria, propiciando más discriminación que la que se pretende eliminar; consecuentemente, no sólo hay discriminación injustificada cuando se establece un trato diferenciado por razones distintas a las de obtener igualdad de hecho, sino también cuando una norma jurídica produzca en sí misma efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones de desigualdad. Por tanto, la igualdad exige que las normas legales respeten no únicamente las situaciones ya existentes de igualdad entre los sujetos, sino también que se apliquen de tal forma que puedan subsanarse las situaciones de discriminación o situaciones de desigualdad, esto es, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales; como se ha dicho, el principio de equidad no implica la necesidad de que todos los sujetos siempre se encuentren en condiciones de absoluta igualdad, sino que se refiere a que la igualdad jurídica no se traduzca en un perjuicio, en no obtener un beneficio injustificado atendiendo a los criterios jurídicos por los que se guíe la actuación del poder público; la igualdad a la que se refiere el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. Consecuentemente, la norma tributaria no puede considerarse constitucionalmente legítima cuando imponga arbitrariamente discriminaciones entre situaciones jurídicas objetivamente iguales o no discrimine de la misma forma situaciones objetivamente diversas. Por tanto, la distinción subjetiva arbitraria o caprichosa por parte del legislador, tratando de modo dispar lo que es jurídicamente igual, o igual lo que es diverso, es contrario al principio de equidad tributaria a que se refiere el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en la especie, el artículo 32 de la Ley de Hacienda reclamado que se refiere al impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón preceptúa: (se transcribe). De lo transcrito se desprende que el artículo 35 bis, fracción II, de la ley reclamada, se refiere a personas exentas del pago del impuesto, y no a la actividad que realicen, independientemente de quién la lleve a cabo, como sí se contempla en la fracción I de dicho numeral, cuyo contenido es el siguiente: (se transcribe). Ahora bien, algunas de las exenciones contenidas en el artículo 35 bis, fracción II, de la ley combatida, son, como lo afirman los recurrentes, injustificadas por no fundarse en criterios objetivos y suficientemente razonables de acuerdo con juicios de valor generalmente aceptados, toda vez que no existe un vínculo que una a todas las personas exentas del pago y que, como consecuencia, permita concluir que esa desigualdad es legal; y es verdad que el precepto mencionado exenta del pago de ese impuesto, a la empresa social constituida por avecindados, ejidatarios o hijos de éstos, así como las sociedades de solidaridad social y las empresas integradoras de éstas, que se constituyan en los términos de la ley de la materia; las asociaciones rurales de interés colectivo; y ejidos y comunidades, pero excluye, por ejemplo, y según lo señalan los recurrentes, a los parvifundistas o pequeños propietarios, que aunque no pertenezcan a un ejido o comunidad, se dedican a la explotación agrícola y obtengan ingresos mínimos; por otra parte, se exenta también a las instituciones de asistencia o beneficencia y a las sociedades o asociaciones civiles autorizadas para recibir donativos en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero únicamente cuando desarrollen las actividades que en forma limitativa se contienen en el inciso a) de dicho numeral, pero dejan fuera de esa exención a otras instituciones y asociaciones civiles que prestan servicios de promoción del deporte, de la cultura y cívicas, no obstante que lo hagan en forma gratuita; igualmente, se aprecia la inequidad de la ley, porque en el inciso e) de la fracción II del aludido numeral, se exenta del pago del impuesto a instituciones privadas dedicadas a la educación en forma gratuita, y se deja afuera de esa exención a las instituciones públicas que se dedican a la educación en forma gratuita, la cual está a cargo del Estado, que sí está obligado al pago del impuesto. Asiste razón a los inconformes cuando señalan que en el caso, no es aplicable la tesis de jurisprudencia II.3o.A J/1, publicada en el página 1061, Tomo XV, abril de 2002, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en el apartado relativo invocó el Juez de Distrito, pues se refiere al artículo 59, fracción X, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, en relación con el cual, se determinó que no era inconstitucional por inequitativo; sin embargo, la lectura de ese precepto como estaba redactado en esa época, permite concluir que su contenido no era idéntico al artículo 35 bis, fracción II, de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo que se reclama de inconstitucional, y para mayor claridad se transcribe el texto de aquél: (se transcribe). El contenido de la disposición legal del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en la época en que se emitió la tesis de jurisprudencia de que se trata, evidencia que a diferencia de la ley estatal, en aquél sí se observó el principio de equidad tributaria, como se apreció en la tesis de referencia, esto es, porque vincula a aquellas personas físicas y morales que están incluidas dentro de dicho sistema, y porque las personas referidas forman parte de un grupo de contribuyentes con características peculiares que se estimaron suficientes para justificar el trato desigual en la ley y las exenciones atienden a situaciones objetivas y se refieren a sujetos y entidades que desarrollan actividades que se estimó conveniente considerar exentos por razones de orden económico (agrícolas, pecuarias, etcétera, o de personas físicas y morales con un mínimo de ingresos), de orden social (actividades educativas), de naturaleza política o de orden público (partidos políticos, uniones profesionales o de comerciantes). Por tanto, se hace patente que mientras en el artículo 35 bis, fracción II, de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán, sólo se exceptúa del pago del impuesto a determinadas instituciones de asistencia o de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones civiles autorizadas para recibir donativos, pero sólo cuando se dediquen a las actividades precisadas en el inciso a) de dicho precepto, en el Código Financiero del Estado de México se estableció la exención de pago de similar impuesto, en el inciso d) de la fracción X del artículo 59, en forma genérica a: ‘... Las instituciones de beneficencia reconocidas por el Estado’ por otra parte, mientras el artículo 35 bis, fracción II, inciso b), de la Ley de Hacienda del Estado, exenta del pago del impuesto aludido únicamente a ‘La empresa social constituida por avecindados, ejidatarios o hijos de éstos, así como las sociedades de solidaridad social y las empresas integradoras de éstas que se constituyan en los términos de la ley de la materia; c) asociaciones rurales de interés colectivo’; y en la fracción III, inciso a), del mismo precepto, se exenta sólo a ‘ejidos y comunidades’, en cambio, en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, en su artículo 59, fracción X, inciso G), exentaba del pago del impuesto a: ‘... Las personas físicas que se dediquen a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o acuícolas, con ingresos anuales menos de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica, elevado al año’, y en el inciso H) preveía la exención para: ‘... Las personas morales que se dediquen a las actividades referidas en el inciso que antecede, con ingresos anuales que no excedan de veinte salarios mínimos generales del área geográfica que corresponda elevados al año por cada socio, sin que sus ingresos totales excedan de doscientos salarios mínimos generales correspondientes al área geográfica elevados al año ...’. De lo expuesto se colige que el artículo 35 bis, fracción II, en los apartados referidos, contiene las exenciones mencionadas, pero excluye a otros que deberían eximirse del pago del impuesto no obstante que se encuentren en idénticas circunstancias y desarrollen la misma actividad (agropecuaria, con mínimos recursos; de educación pública gratuita e instituciones de beneficencia privada reconocida por el Estado, sin distinción). Por consiguiente, al existir en los apartados mencionados inequidad en la ley que contiene el impuesto que deben pagar las referidas personas físicas y morales, denominado impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón y aquellas exentas del mismo, la norma que lo establece es inconstitucional porque vulnera lo previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna; sobre el particular es aplicable la tesis de jurisprudencia número P./J. 41/97, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, Novena Época, Tomo V, junio de 1997, página 43, que a la letra dice: ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.’ (se transcribe). En el relatado orden de ideas, procede revocar la sentencia que se revisa y otorgar a los quejosos la protección constitucional que solicitan, para el efecto de que las autoridades responsables dejen sin efectos jurídicos para los peticionarios de garantías la reforma a la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, contenida en el Decreto 250, relativa al impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el veintisiete de diciembre de dos mil dos. Lo anterior hace innecesario el estudio de los restantes agravios, toda vez que el que ha sido objeto de análisis resultó fundado y suficiente para revocar la sentencia recurrida; funda la anterior determinación, la tesis de jurisprudencia número 460, publicada en la página 397, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo texto es: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (se transcribe)."

B. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión administrativa ARA. 417/2003, sostuvo en lo que al tema de la presente contradicción interesa, lo siguiente:

"QUINTO. Los agravios son infundados e inoperantes ... El Juez Federal declaró infundado el tercer concepto de violación, en el que se sostuvo que el artículo 35 bis, fracción II, inciso d), de la Ley de Hacienda del Estado, viola el principio de equidad consignado en la fracción IV del precepto 31 de la Carta Magna, al dar trato inequitativo y discriminatorio al contribuyente, al contener la exención para las iglesias y los partidos políticos respecto del pago del impuesto, no obstante que se trata de sujetos que guardan una misma situación jurídica frente a la ley, porque para el juzgador de amparo, no es verdad que jurídica, social, fiscal, ni económicamente, se ubiquen en un mismo plano de igualdad esas asociaciones frente a la parte quejosa, en virtud de que el objeto social de ésta es la especulación mercantil, lo que no ocurre con aquéllas, ya que las agrupaciones políticas tienen como finalidad el participar directamente en la vida democrática del país con financiamiento público, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 41 de la Constitución Federal, y las organizaciones religiosas, que en términos del precepto 130 ibídem, su objeto es el fomento del culto; y ambas no tienen alguna finalidad comercial, razón por la que estimó no se da la violación constitucional y en apoyo a ello invocó la tesis de epígrafe: ‘EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO. LA EXENCIÓN EN EL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, NO ES VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.’. A lo anterior, en el tercer desacuerdo, se dice que causa agravio la sentencia recurrida porque contra lo que en ella se sostiene, los decretos legislativos reclamados violan las garantías de equidad y proporcionalidad tributaria previstas en la fracción IV del artículo 31 de la Carta Magna, conforme a las jurisprudencias que se transcriben del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: ‘IMPUESTOS, VALIDEZ CONSTITUCIONAL DE LOS.’, ‘IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.’, ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.’, ‘IGUALDAD. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE SE HAGAN VALER RESPECTO A LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO PUEDEN ENTENDERSE SI NO ES EN RELACIÓN DIRECTA CON LAS LIBERTADES QUE ÉSTA CONSAGRA.’, porque la igualdad es el trato igual a los iguales, sin privilegios, y el precepto 33 bis tildado de inconstitucional, no es así con la exención del impuesto tratándose de empresas, como las quejosas, con giro de especulación mercantil, ya que en ese sentido no debe haber distinción, en virtud de que ‘independientemente de que las agrupaciones objeto de exención del impuesto, tengan o no como objeto social la especulación mercantil, son patrones y realizan erogaciones por remuneraciones al trabajo personal’ y esa circunstancia -especulación mercantil- no debe ser factor de trato desigual, ya que el artículo 32 bis de referencia, señala personas morales oficiales que no tienen ese objeto y sí están obligadas a pagar el tributo y por lo mismo no es evidente que se dé trato igual. Tal inconformidad deviene infundada porque la proporcionalidad y equidad que deben cumplir las leyes fiscales, conforme a la fracción IV del artículo 31 de la Carta Magna, no deben confundirse, ya que tienen naturaleza diversa, atento a que la primera de ellas significa que las contribuciones deben estar en proporción con la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, en tanto que la segunda consiste en que las leyes tributarias deben tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Este principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18646-18abc103/impuesto-sobre-erogaciones-por-remuneracion-al-trabajo-personal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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