PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. LAS RESOLUCIONES QUE DICTA PARA RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN DEBEN IMPUGNARSE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 65/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL NOVENO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMERO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: ROLANDO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es conveniente conocer los antecedentes relativos y las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.
I. Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. De las resoluciones dictadas por dicho órgano en las improcedencias administrativas números 568/2003, 570/2003, 571/2003, 572/2003 y 574/2003, todas resueltas el cuatro de diciembre de dos mil tres, promovidas por Hercasa de Bienes Raíces, Sociedad Anónima de Capital Variable, se advierten los siguientes aspectos relevantes comunes a todos los expedientes:
i) Autoridades responsables: 1) Delegado en el Estado de San Luis Potosí de la Procuraduría Federal del Consumidor, y 2) Directora general de Coordinación de Delegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor.
ii) Actos reclamados: 1) De la primera autoridad, la resolución que impone una multa a la quejosa en el procedimiento administrativo, y 2) De la segunda, la diversa resolución que resolvió el recurso de revisión en el sentido de confirmar la primera.
iii) En contra de tales determinaciones administrativas, la afectada promovió juicios de amparo indirecto ante el Juez de Distrito en el Estado, el que mediante acuerdos dictados en los expedientes respectivos, desechó las demandas de garantías por notoriamente improcedentes.
iv) Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión y el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito en las ejecutorias de las improcedencias mencionadas, confirmó los acuerdos desechatorios del Juez Federal.
Al efecto, sostuvo semejantes consideraciones en todas ellas, de aquí que por economía procesal únicamente se transcribirán las expresadas al resolver la improcedencia 568/2003, que dicen:
"TERCERO. Los agravios son infundados e inatendibles.
"En efecto, contrariamente a lo alegado por el recurrente, este Primer Tribunal Colegiado advierte que el acuerdo materia de la revisión se encuentra debidamente fundado y motivado, pues en él se exponen de manera clara y exacta tanto los fundamentos legales aplicables para estimar improcedente la demanda de amparo como las razones lógicas pertinentes para demostrar la aplicación de los diversos numerales citados en el mismo.
"Ello es así, en virtud de que, como se dice en el acuerdo de que se trata, en la demanda de amparo el inconforme señaló como actos reclamados, en primer lugar, las resoluciones dictadas por el delegado en este Estado, de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la directora general de Coordinación de Delegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, fechadas el 18 de octubre de 2001 y 5 de septiembre de 2003, respectivamente, en las que se resolvió (sic) por las autoridades mencionadas imponiendo a su representada Hercasa Bienes Raíces, S.A. de C.V., una multa por la cantidad de $1,129.80 pesos, advirtiendo que al resolver el recurso administrativo de revisión, por parte de la directora general de Coordinación de Delegaciones, confirmó la resolución administrativa del 18 de octubre del año 2001, emitida por el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en San Luis Potosí, y su ejecución en segundo término.
"De lo anterior se advierte, con meridiana claridad, que la resolución del 18 de octubre, contra la que se hizo valer el recurso administrativo de revisión a que alude el quejoso, fue legalmente sustituida por la resolución recaída al expresado recurso, emitida por la directora general de Coordinación de Delegaciones, según refiere el quejoso, lo que implica que opere la causal de improcedencia del juicio de amparo a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, por más que ambas resoluciones se refieran a la imposición de multa por la cantidad ya expresada, dado que la segunda resolución, en estricto sentido, solamente confirma la que había sido impuesta el 18 de octubre de 2001 por el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en esta entidad federativa.
"Al caso es aplicable, por identidad jurídica esencial, la tesis de jurisprudencia publicada con el número 55 en la página 35 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘AMPARO IMPROCEDENTE. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.’ (se omite la transcripción por innecesaria).
"Lo anterior, sin perjuicio de que en su oportunidad y en la vía idónea, pudieran ser examinadas las supuestas violaciones procesales a que alude el quejoso y que dice fueron cometidas por el delegado estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor.
"El segundo de los agravios también es infundado, pues se advierte que en el acuerdo recurrido el Juez a quo expresó que el acto reclamado consistente en la resolución del 18 de octubre de 2001, emitida por el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado de San Luis Potosí, fue sustituido por la diversa emitida a propósito del recurso de revisión administrativa interpuesto en contra de aquélla, mas no que ésta se hubiera consumado, pues tal se expresó en cuanto se refiere a las violaciones cometidas antes de la resolución que impuso la multa en primer término; sobre lo cual se advierte, como ya se dijo, que dichas infracciones podrían examinarse posteriormente en vía diversa, o sea, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como adelante se expondrá y podrán plantearse, en su caso, en juicio de amparo. Por las mismas razones resulta intrascendente la circunstancia de que exista la ‘amenaza’ de hacer efectiva la multa impuesta, la que, además, deriva en todo caso de la firmeza de la resolución datada el 5 de septiembre del año 2003.
"Es igualmente infundado el tercero de los agravios, pues en el caso no se desatiende el contenido del artículo 143 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al concluir que el quejoso, antes de promover el juicio de garantías, debió acudir ante aquel Tribunal Federal, dado que el juicio ante el mismo es procedente en los términos del artículo 11, fracciones III y XIV, de la Ley Orgánica del mismo Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en realidad no constituye otro recurso previsto en la Ley Federal de Protección al Consumidor y, por ende, no queda incurso en la disposición de su artículo 143, máxime que el juicio fiscal tampoco puede ser considerado como un recurso, en stricto sensu, sino un juicio seguido con formalidades específicas, conforme a la ley respectiva y ante un órgano jurisdiccional diverso y autónomo de la Procuraduría Federal del Consumidor.
"En esta parte es pertinente establecer que la multa impuesta a la quejosa en realidad no es una multa fiscal, sino administrativa, pero a pesar de ello el quejoso debió acudir antes de promover el juicio de garantías, ante el diverso Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, siendo de exacta aplicación los criterios jurisprudenciales siguientes:
"Tesis 2a. XVII/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo V, marzo de 1997, página 489, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘MULTAS NO FISCALES, SON TODAS LAS ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES NO RELACIONADAS CON LA MATERIA TRIBUTARIA.’ (se omite la transcripción por innecesaria).
"Tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97, también de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, publicada en el Tomo V, marzo de 1997, del indicado Semanario, de texto: ‘MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.’ (se omite la transcripción por innecesaria).
"Así como la tesis sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada con el número 1.13o.A.19 A, en el diverso Tomo XIV, julio de 2001, que dice: ‘REVISIÓN ADMINISTRATIVA. LA REFORMA DE MAYO DE DOS MIL AL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, NO ALTERA EL SENTIDO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 139/99 DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.’ (se omite la transcripción por innecesaria).
"El cuarto de los agravios, de acuerdo con lo que hasta aquí se ha considerado y motivado y conforme a los preceptos legales y tesis invocadas, resulta igualmente infundado, pues se advierte que al caso son exactamente aplicables los criterios, motivos y fundamentos legales invocados en el acuerdo recurrido; y por el contrario, en opinión de este Primer Tribunal Colegiado, no se deja de aplicar la diversa tesis invocada por el recurrente.
"El último de los agravios es inatendible, dado que lo que en el mismo se alega, en el sentido de que a la parte quejosa no se debe aplicar la Ley Federal de Protección al Consumidor, es una cuestión jurídica referida al fondo del asunto, cuyo estudio no es posible realizarlo porque no es de admitir la demanda de garantías.
"Siendo lo anterior a lo que se reducen los agravios hechos valer y habiendo resultado unos infundados y otro inatendible, debe confirmarse el acuerdo recurrido ..."
Los fallos dictados en las referidas improcedencias administrativas dieron lugar a la tesis jurisprudencial, cuyos datos de publicación, rubro y texto, dicen:
"Novena Época
"Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIX, marzo de 2004
"Tesis: IX.1o. J/13
"Página: 1414
"PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. LA RESOLUCIÓN RECAÍDA AL RECURSO DE REVISIÓN QUE CONFIRMA LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA ADMINISTRATIVA DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE NULIDAD PREVIAMENTE AL AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, deriva la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la resolución recaída al recurso de revisión en el que se impugnó la imposición de una multa administrativa, impuesta por la Procuraduría Federal del Consumidor, toda vez que lo que procede en su contra es el juicio de nulidad en términos de lo dispuesto por el artículo 11, fracciones III y XIV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. No obsta a lo anterior que el artículo 143 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establezca que en contra de la resolución emitida para resolver un recurso no procederá otro, toda vez que el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede considerarse como un recurso; ni tampoco que el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo disponga que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda, ya que dicha vía corresponde al juicio de nulidad, pues en atención al principio de definitividad, la vía jurisdiccional que corresponda no puede entenderse jamás como el juicio de amparo."
II. Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. De la ejecutoria emitida en sesión de trece de mayo de mil novecientos noventa y nueve para resolver el amparo en revisión 532/98, se desprende lo siguiente:
i) Autoridad responsable: Delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado de México.
ii) Acto reclamado: la resolución de fecha diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho, dictada en el recurso de revisión administrativo, por la que la referida autoridad se declara incompetente para conocer de la reclamación de la parte afectada. Dicho recurso de revisión se hizo valer contra la diversa resolución de veintinueve de abril de mil novecientos noventa y siete, en la que la mencionada autoridad se declaró competente y estableció la prescripción de la acción del consumidor.
iii) En contra de la resolución del recurso de revisión, los interesados promovieron juicio de amparo indirecto ante el entonces Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, cuyo titular, mediante sentencia engrosada el treinta de octubre de mil novecientos noventa y ocho, determinó sobreseer en el juicio constitucional.
iv) Inconformes, los quejosos hicieron valer recurso de revisión en amparo, resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al tenor de las siguientes consideraciones:
"CUARTO. ... Es fundado lo aducido por el recurrente en cuanto a que el Juez Federal omitió tomar en consideración las pruebas que ofreció y las constancias remitidas por la autoridad responsable, pues con ello pasó por alto que aun cuando en su informe justificado negó la existencia de los actos que se han precisado, la misma se desvirtuaba con los elementos de referencia, sin embargo, resulta inoperante, porque aun acreditada su existencia ello no es razón suficiente para revocar el sentido del fallo, dado que, en primer término, debe encontrarse acreditada la procedencia del juicio para posteriormente verificar el estudio de fondo del asunto, y en el caso concreto este Tribunal Colegiado advierte que tal requisito no se encuentra satisfecho, aun cuando no por la razón considerada por el a quo.
"En efecto, el Juez Federal decretó el sobreseimiento del juicio por considerar respecto de tres de los actos reclamados, que la negativa de su existencia no fue desvirtuada por el quejoso, lo cual, como se ha evidenciado, resulta inexacto, pues la existencia de tales actos se pone de manifiesto del contenido de las constancias remitidas por la propia autoridad, como complemento de su informe justificado y en otro aspecto, en relación con el acuerdo de fecha diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho, estimó actualizada la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73, en relación con la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, aplicada a contrario sensu, toda vez que no constituía un acto de ejecución irreparable, en virtud de que no afectaba ningún derecho sustantivo del quejoso, protegido por las garantías individuales, dado que sólo producía efectos intraprocesales, generando afectación a derechos adjetivos del promovente y que las violaciones que se alegaban podían hacerse valer en el amparo directo que se promoviera, en su caso, en contra de la resolución que llegara a dictarse en ese procedimiento, siempre y cuando fuere contraria a sus intereses.
"En relación con ello, el recurrente aduce que dado que la ley de la materia no contempla algún recurso para impugnar ese acto reclamado, sólo podía promover el juicio de garantías.
"Es infundado su argumento, habida cuenta que si bien es cierto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en contra de la resolución emitida para resolver algún recurso no procederá otro, y que el acuerdo reclamado de fecha diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho, puso fin al recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución administrativa de 29 de abril de 1997, que se pronunció respecto de la reclamación interpuesta ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán intentar el recurso de revisión o intentar las vías judiciales correspondientes, sin que pueda considerarse que el juicio de garantías se encuentra dentro del último supuesto, sino que en contra de tal determinación procedía el juicio de nulidad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación que dice: ‘Artículo 11. El Tribunal Fiscal de la Federación conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación: ... XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo, inclusive aquellos a que se refiere el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.’, y no el juicio de amparo, como lo aduce el quejoso.
"Por tanto, tampoco es improcedente el juicio de amparo por la razón legal que sostuvo el Juez de Distrito, sino porque en contra del acto reclamado procedía el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, y con ello se actualiza la causal contenida en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues al no agotar el promovente esa vía judicial previo al juicio de garantías, no se satisface el principio de definitividad que lo rige ..."
III. Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. De la resolución emitida al resolver el amparo directo administrativo 328/1996, en sesión de veintisiete de junio de mil novecientos noventa y seis, se aprecian los siguientes antecedentes del caso:
i) Autoridad responsable: Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor con residencia en Acapulco, Guerrero.
ii) Acto reclamado: Resolución de fecha diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y cinco, dictada en el recurso de revisión interpuesto por la empresa proveedora sancionada, mediante la cual revoca la diversa resolución de ocho de septiembre del mismo año y deja sin efectos la sanción impuesta.
iii) En contra de dicho acto, la quejosa promovió juicio de amparo directo, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, el que con fecha veintisiete de junio de mil novecientos noventa y seis dictó sentencia en el amparo directo administrativo 328/96, en los términos siguientes:
"ÚNICO. No se transcribe la resolución impugnada, ni los conceptos de violación expresados por la quejosa, ya que este Tribunal Colegiado advierte que es incompetente para conocer y resolver del presente asunto, en atención a las siguientes consideraciones:
"De las constancias que obran en autos se advierte que el ocho de junio de mil novecientos noventa y cinco, la peticionaria de garantías presentó queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Acapulco, Guerrero, por incumplimiento de contrato, en contra de Superautos de Xochimilco, S.A. de C.V. (foja 1); notificada la proveedora de mérito, por escrito presentado ante la señalada como responsable, el diecinueve de julio de dicho año, rindió el informe que le fue solicitado (foja 12).
"El diecinueve de julio de mil novecientos noventa y cinco, tuvo verificativo la audiencia de conciliación y rendición de informe, la cual fue suspendida por encontrarse las partes en pláticas conciliatorias (fojas 19 y 20), continuándose el veintisiete de dicho mes y año, sin que llegaran a un convenio, por lo que se dio inicio al procedimiento por infracciones a la ley que contempla el artículo 123 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (fojas 23 y 24).
"Mediante proveído de catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco, se tuvo (sic) por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes, se requirió al presunto infractor para que formulara alegatos y se citó a las partes a oír la resolución administrativa correspondiente (foja 43), la cual fue emitida el ocho de septiembre del año próximo pasado, donde se resolvió, entre otras cosas, que la proveedora había incurrido en violaciones en lo dispuesto por los artículos 7o. y 42 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; por ende, se le impuso una sanción administrativa consistente en doscientas veces el salario mínimo diario para el Distrito Federal (fojas 59 y 60).
"Inconforme con dicha resolución, por escrito de cinco de octubre de mil novecientos noventa y cinco, la proveedora demandada interpuso recurso de revisión (foja 75 y 76), el cual fue resuelto el diecinueve de ese mes y año, revocando la resolución administrativa antes indicada, y se dejó sin efecto la sanción administrativa impuesta (fojas 79 y 80), determinación que dio origen a la demanda de amparo en estudio.
"Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en el artículo 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; por su parte, el diverso 46 de la propia ley dispone que se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal y respecto de las cuales la ley común no concede recurso ordinario en virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; y que para los efectos del artículo 44 se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en virtud del cual pueden ser modificadas o revocadas.
"De lo anterior se advierte que en la especie el acto reclamado se hace consistir en una resolución emitida por la autoridad responsable, al resolver un recurso de revisión, caso en que el artículo 97 de la Ley Federal de Protección al Consumidor dispone, entre otros, que las resoluciones que se dicten al resolver el recurso o aquellas que lo tengan por no interpuesta, tendrán administrativamente el carácter de definitivas.
"Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, claramente establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y como en el caso el acto emana de un procedimiento seguido en forma de juicio, ante la Procuraduría Federal del Consumidor, y el amparo se promueve contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma y durante el procedimiento, de suerte tal que la competencia para conocer del presente asunto recae en el Juez de Distrito en turno, con residencia en la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, según lo dispuesto en la fracción IV del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
"En las narradas circunstancias, este cuerpo colegiado carece de competencia legal para conocer de este juicio de garantías y ordena remitir al Juzgado de Distrito que corresponda por razón de turno, con residencia en la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, tanto el expediente 1814/95, así como el toca de amparo directo administrativo 328/96, por considerar que en él radica la competencia para conocer de este asunto, previa la formación del respectivo cuaderno de antecedentes que se integre con copias certificadas de las actuaciones que integra el referido expediente de amparo y de esta resolución ..."
El criterio sostenido quedó plasmado en la tesis aislada XXI.1o.50 K, que puede verse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo V, enero de 1997, página 521, cuyos rubro y texto dicen:
"PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DICTE AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; por su parte, del diverso numeral 143 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se desprende que las resoluciones que se dicten al resolver el recurso de revisión o aquellas que lo tengan por no interpuesto, tendrán administrativamente el carácter de definitivas; en tal circunstancia, si el acto reclamado emana de un procedimiento seguido en forma de juicio ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, la competencia para conocer del juicio de garantías que se promueva contra la resolución definitiva, por violaciones cometidas en la misma y durante el procedimiento en cuestión, recae en el Juez de Distrito, acorde con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación."
CUARTO. Como cuestión previa, debe determinarse si la contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia P./J. 26/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, página 76, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Así, para que pueda considerarse existente y procedente la contradicción denunciada, deben reunirse las exigencias enunciadas, a saber: a) que en las ejecutorias materia de la contradicción se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan las sentencias respectivas; y, c) que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.
Esto es, para que se surtan tales condiciones, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidos en el cuerpo de las sentencias respectivas respecto del asunto o tema realmente debatido y resuelto, pues son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los órganos jurisdiccionales. En otras palabras, la oposición debe darse en la sustancia del problema jurídico debatido, por lo que será la naturaleza del problema, situación o negocio jurídico analizado, la que determine materialmente la contradicción de tesis que hace necesaria la decisión o pronunciamiento del órgano competente para establecer el criterio prevaleciente con carácter de tesis de jurisprudencia.
Ahora bien, con el objeto de precisar si efectivamente existe o no contradicción entre las tesis sustentadas por cada uno de los Tribunales Colegiados referidos, es importante destacar que los asuntos que cada uno de ellos conoció y resolvió, se refieren específicamente a resoluciones emitidas por la directora general de Coordinación de Delegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor y por delegados de la misma dependencia, con motivo del recurso de revisión interpuesto por las partes interesadas en el procedimiento administrativo, relacionadas con multas impuestas con motivo de la infracción a disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con excepción de la reclamada en el amparo en revisión 532/98, del conocimiento del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que se emitió para resolver el recurso de revisión intentado en contra de aquella por la que la autoridad administrativa se declaró incompetente para conocer del asunto en el que previamente había determinado la prescripción de la acción del consumidor, ello según se desprende de los elementos referidos con anterioridad.
Como se advierte, los asuntos del conocimiento de los órganos colegiados tienen que ver con la resolución de recursos de revisión hechos valer en el procedimiento administrativo llevado a cabo ante diversas autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor, con motivo de la impugnación, en su mayor parte, de multas económicas impuestas por los delegados correspondientes, salvo el asunto antes apuntado, que guarda relación con la incompetencia declarada de la autoridad administrativa, respecto de lo cual el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, sustentó sus cinco ejecutorias y su tesis de jurisprudencia, en el estudio que hizo de los artículos 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, 143 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para decidir, con apoyo también en las tesis de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros "MULTAS NO FISCALES, SON TODAS LAS ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES NO RELACIONADAS CON LA MATERIA TRIBUTARIA." y "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.", que el juicio de amparo indirecto que se promueve en contra de resoluciones de la Procuraduría Federal del Consumidor es improcedente por no satisfacerse el principio de definitividad que lo rige, pues previamente debe agotarse el juicio de nulidad ante el Tribunal
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18425-b7a68434/procuraduria-federal-del-consumidor-las-resoluciones-que-dicta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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