Corpus
Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTE HASTA EL TRECE DE MARZO DE DOS MIL DOS EN EL ÁMBITO FEDERAL, DEBEN SEGUIRSE APLICANDO POR LOS HECHOS REALIZADOS DURANTE SU VIGENCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 55/2004-PL. · Registro digital (IUS): 19394
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, PRIMERO, OCTAVO Y DÉCIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, , Pág. 948.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 55/2004-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, PRIMERO, OCTAVO Y DÉCIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIO: ÓSCAR ZAMUDIO PÉREZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 31/2003, promovido por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, antes Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, estableció, en la parte que interesa, lo siguiente:

"SEXTO. Son parcialmente fundados los agravios. El primer concepto de agravio que propone la recurrente se hace consistir en la violación al principio de congruencia que consagra el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que aduce la inconforme, debió fijar la litis a dirimir si las infracciones al artículo 47, fracciones I y II, de la Ley Federal de Responsabilidades de (sic) Servidores Públicos, vigente hasta el trece de marzo de dos mil dos, constituían responsabilidad grave como lo resolvió la autoridad administrativa en las resoluciones impugnadas. La afirmación de la recurrente antes mencionada pretende sustentarla alegando que, al haber fijado la litis en forma diversa a la que señala en su ocurso de revisión, el Tribunal Fiscal omitió resolver las pretensiones planteadas por las partes porque, aduce la inconforme, por un lado, en el concepto de impugnación relativo propuesto por el gobernado demandante en el juicio de nulidad, éste sólo esgrimió que no eran graves las conductas irregulares que cometió en ejercicio de sus funciones como servidor público, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente a partir del catorce de marzo de dos mil dos, y pidió que la Sala Fiscal comparara el contenido de los artículos 8o. y 47 de la ley mencionada con el de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en tanto que, aduce la inconforme (sic), por su parte la autoridad demandada sostuvo en su contestación que determinó la gravedad de la responsabilidad en la cual incurrió el actor como servidor público del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de acuerdo al artículo 54, fracción I, de la ley federal mencionada en último término, vigente en el momento en que se cometieron las conductas irregulares en mención. Así las cosas, atendiendo a los argumentos de agravio, en relación con los cuales debe resolverse el presente recurso de revisión fiscal, este Tribunal Colegiado considera que es infundado el planteamiento de incongruencia alegado por la recurrente en los términos en que se ha sintetizado en párrafos precedentes. Lo anterior es así en virtud de que, si como la propia inconforme señala, por un lado, la actora pretendía que se atendiera a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente a partir del catorce de marzo de dos mil dos, en tanto que la autoridad demandada argumentó en su contestación que tal aspecto debe dilucidarse de acuerdo a lo establecido por el artículo 54, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente en el momento en que se cometieron las conductas que sancionó; aun cuando de la simple lectura de la parte conducente del fallo recurrido, que se transcribe en el agravio en análisis, pueda advertirse que la Sala Fiscal determinó que es el precepto legal que la demandante señaló resultaba aplicable en relación al tema mencionado de la gravedad de las infracciones, por los motivos que sostuvo en su fallo, lo cierto es que la responsable mediante tal consideración atendió, de conformidad con lo dispuesto por el propio artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, a lo que le fue propuesto por las partes del juicio que resolvía y si bien, finalmente, lo central era determinar si las infracciones contenidas en las fracciones I y II del artículo 47 de la ley de responsabilidades en que se sustentan los actos cuya nulidad se le demandó, tenían o no el carácter de graves, lo cierto es que previamente debía fallar en base a qué disposiciones legales de las mencionadas respectivamente por las partes como aplicables, tenía que atenderse para tal efecto. En el agravio ‘segundo’ se alega que fueron violadas las formalidades esenciales del procedimiento, al resolver los Magistrados de la Sala Fiscal, por mayoría de votos, acerca de la aplicación retroactiva de una ley, sin contar con competencia material para resolver acerca de la inconstitucionalidad del artículo sexto transitorio de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que expresamente ordena la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente hasta el trece de marzo de dos mil dos, a los procedimientos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor de la legislación mencionada en primer término, así como las resoluciones de fondo materia de los mismos. La afirmación aludida en líneas anteriores, deviene inoperante al controvertir una cuestión ajena a las consideraciones en que se sustenta el fallo que se revisa; en tanto que de la lectura íntegra de la sentencia reclamada puede advertirse que el Tribunal Fiscal no realizó consideración alguna ni pronunciamiento respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo transitorio a que se refiere la autoridad recurrente. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 28, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya publicación puede consultarse en la página veinticuatro, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor literal siguiente: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ESTAR EN RELACIÓN DIRECTA CON LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA.’ (se transcribe). Ahora bien, la recurrente refiere que la Sala Fiscal indebidamente falló en base a un estudio de control de constitucionalidad cuando carece de atribución para ello, al resolver, atendiendo al principio constitucional de irretroactividad de la ley, consagrado en el artículo 14 de la Carta Magna, qué norma jurídica se debía aplicar para determinar la gravedad de las infracciones que había cometido la actora, por virtud de las cuales se le sancionó en las resoluciones administrativas cuya nulidad ante ella fue demandada. Sin embargo, debe resolverse que no asiste la razón a la inconforme por cuanto alega respecto al estudio de constitucionalidad al cual se refiere, ya que la Sala Fiscal no determinó si las leyes con base a las cuales pretendían respectivamente las partes del juicio de nulidad se resolviera en relación con el aspecto de si las infracciones de que se habla revestían o no la característica de graves, transgredían la garantía individual contenida en el artículo 14 de la Constitución que norma la retroactividad de la ley, sea en perjuicio o, mediante su interpretación en sentido contrario, en beneficio del gobernado; contrario a ello, el análisis realizado por el tribunal en comento se constriñe a dilucidar si es procedente, o no, la aplicación retroactiva de la ley que la actora invocó en su favor, por tanto, lo que en realidad hizo fue verificar la aplicación concreta que de una hipótesis normativa realizó una autoridad, para determinar si se llevó a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, en torno a lo cual concluyó que era aplicable en beneficio del gobernado la legislación que éste invocó en su favor y, por esa razón, que debía declarar la nulidad de los actos impugnados. Cobra aplicación a lo anterior la tesis 2a. CXI/2000, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, cuya consulta puede realizarse en la página trescientos setenta y seis, Tomo XII, agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA.’ (se transcribe). Sin embargo, es fundado y suficiente para revocar la resolución recurrida el argumento que propone la recurrente en el propio agravio ‘segundo’, mediante el cual plantea que la Sala Fiscal indebidamente se pronunció sobre la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no obstante que el legislador fijó con toda precisión el ámbito temporal de validez de la misma en el artículo transitorio sexto de la legislación en comento, circunstancia de donde deriva que imperativamente debe aplicarse la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente hasta el trece de mayo de dos mil dos, para calificar la gravedad de la responsabilidad de las conductas cometidas durante su vigencia, independientemente de la fecha en que se pronunció la resolución del procedimiento de imposición de sanciones administrativas. Así es, el artículo sexto transitorio de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, literalmente dispone: ‘Artículo sexto. Los procedimientos seguidos a servidores públicos federales que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor de esta ley, así como las resoluciones de fondo materia de los mismos, deberán sustanciarse y concluirse de conformidad con las disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron tales procedimientos. Las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigentes hasta la entrada en vigor de la presente ley seguirán aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia.’. En consecuencia, como lo aduce la inconforme, la Sala Fiscal debió atender a tal disposición, pues el análisis de la aplicación retroactiva, en la especie, no podía quedar supeditada a la interpretación que al respecto realizara el tribunal contencioso administrativo en cuestión, ante la existencia de norma jurídica que expresamente la regula, por lo que, al haberse resuelto en los términos del fallo recurrido, se transgredió el principio de legalidad que obliga a las autoridades a resolver con apoyo en las leyes, conforme lo establece el artículo 14 constitucional. Consecuentemente, lo procedente es revocar la sentencia recurrida para el efecto de que la Sala Fiscal resuelva lo conducente en relación al tema de la aplicabilidad de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente hasta el trece de marzo de dos mil dos, atendiendo a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en vigor, en los términos señalados en este considerando, y en libertad de jurisdicción se pronuncie en relación al resto de los conceptos de anulación cuyo estudio omitió. Debe precisarse que, dado el sentido de lo antes resuelto, este Tribunal Colegiado no atenderá a lo propuesto en el tercer agravio por la inconforme, pues su análisis resulta irrelevante, al proponer argumentos que pretenden evidenciar que son incorrectas las consideraciones sustentadas en el fallo reclamado en el sentido de que el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, era más benéfica para el gobernado; lo anterior, ya que como se resolvió, en el caso materia de la litis de origen, resulta aplicable la diversa legislación de responsabilidades a que se ha hecho referencia, los razonamientos de la Sala que pretende controvertir deberán dejarse insubsistentes."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito resolvió el amparo directo número 630/2003 promovido por J. Guadalupe Zapata Montoya, bajo las consideraciones esenciales siguientes:

"OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación. El quejoso señala que al resolver la Sala responsable aplicó artículos que son inconstitucionales por ser violatorios de las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 constitucional, siendo éstos los numerales 47, 53 y 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, interpretadas y aplicadas por la Sala responsable al conceder validez a los actos controvertidos. Que esa inconstitucionalidad deviene en razón de que tales preceptos se concretan a precisar criterios relativos a la gravedad de la infracción, empero en ninguno de ellos se establecen parámetros necesarios para determinar el tipo de infracción que da lugar a la imposición de las sanciones especificadas, esto es, no obstante que dichas disposiciones facultan a las autoridades respectivas a imponer sanciones como la destitución, y para individualizarla sólo deben atender a las reglas específicas sobre la gravedad de las infracciones contenidas en el artículo 54 de la ley en cita; ninguno de ellos especifica la clase de infracción que provoca la sanción administrativa impugnada, de manera tal que se deja a la autoridad aplicadora de la ley la facultad de determinar el tipo de infracción a la ley que se da en el caso concreto, y esa determinación produce inseguridad jurídica y viola el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, ya que al no estar establecida en ley la conducta infractora que da lugar a la aludida destitución, ignora los motivos por los que se hizo acreedor a dicha sanción y, a la vez, la autoridad respectiva al carecer de la orientación necesaria para imponer la sanción aplicable, será proclive a la arbitrariedad y no al ejercicio discrecional de sus facultades. Agrega el quejoso que es cierto que los artículos 47 y 53 de la ley en consulta, establecen que es el incumplimiento de la ley lo que origina la imposición de las diversas sanciones que se contemplan, pero esas normas tan generales e imprecisas, no remedian la violación constitucional mencionada. Que no es obstáculo lo dispuesto por el artículo 54 de la ley en examen, en tanto que permite a la autoridad determinar o fijar la sanción que en cada caso corresponda atendiendo a la gravedad de la infracción, pues tal precepto serviría en el caso de que la ley precisara las hipótesis en que procede la destitución; que sin embargo, ante la falta de la definición apuntada, dicho dispositivo es inútil para remediar la violación constitucional referida. Citó en apoyo de sus argumentos, por analogía, la tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN. EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE CONTEMPLA LAS SANCIONES QUE PUEDEN IMPONERSE POR LAS INFRACCIONES QUE SE COMETAN, VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE PRIMERO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS).’. Tales conceptos de violación son infundados. Como ha quedado precisado, los mencionados conceptos giran en torno a que los artículos 47, 53, fracción IV (aun cuando no la menciona, pero es la que se refiere a la destitución) y 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, son violatorios de los principios de legalidad y seguridad jurídica al no establecer los parámetros necesarios que permitan a la autoridad determinar el tipo de infracción que da lugar a la imposición de cada una de las sanciones especificadas en la propia ley, lo que a su juicio propicia la arbitrariedad y origina la indefensión del servidor público por quedar a cargo de la autoridad imponer la sanción de acuerdo con su exclusivo criterio. Los preceptos impugnados de inconstitucionales y que fueron aplicados en la sentencia reclamada son del tenor literal siguiente: ‘Artículo 47.’ (se transcribe). ‘Artículo 53.’ (se transcribe). ‘Artículo 54.’ (se transcribe). Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos precedentes, que los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en su expresión genérica en los artículos 14 y 16 constitucionales se respetan por las autoridades legislativas cuando las disposiciones de observancia general que crean, generan, por una parte, certidumbre a los gobernados sobre las consecuencias jurídicas de su conducta y, por otra, en tratándose de normas que confieren alguna facultad a la autoridad, acotan en la medida necesaria y razonable tal atribución, en forma tal que se impida a la respectiva autoridad actuar de manera arbitraria o caprichosa en atención a las normas a que debe sujetarse al ejercer dicha facultad. En ese contexto, las disposiciones contenidas en los preceptos transcritos revelan que el legislador respetó los aludidos principios de legalidad y seguridad jurídica, puesto que a través de ellas se precisaron con el grado de certeza y concreción constitucionalmente exigible el núcleo básico de las conductas calificadas como infractoras, así como las sanciones correspondientes, en términos de lo previsto en los artículos 47 y 53, además de que en el diverso numeral 54 encauzó la actuación de la autoridad administrativa para imponer las sanciones relativas en el ámbito de su competencia, al limitar su atribución mediante la fijación de elementos objetivos a los que debe ajustarse para decidir el tipo de sanción que corresponde a la infracción cometida en cada caso concreto. Por tanto, del contenido de tales disposiciones se advierte que el servidor público no queda en estado de incertidumbre sobre las consecuencias jurídicas de su conducta infractora, pues tiene la seguridad de que en caso de incurrir en el incumplimiento de alguna de las obligaciones que establece el artículo 47 de la propia ley, le será impuesta una de las sanciones que por falta administrativa prevé el numeral 53, la que en específico será el resultado de la ponderación de los elementos que señala el diverso 54, margen legislativamente impuesto para limitar el ejercicio de la atribución conferida a la autoridad, a fin de que la decisión que ésta adopte al definir la sanción en cada caso concreto, no pueda ser producto de una conducta arbitraria, pues no podrá imponer una sanción mayor o menor a la que corresponda a la infracción cometida de acuerdo con las circunstancias que regulan su actuación, las que derivan de los elementos objetivos a que se contrae el artículo 54 de la referida ley, condicionados a la comprobación de los mismos en términos del valor de las pruebas admitidas en el procedimiento seguido en contra del infractor, en el que éste tiene la oportunidad de ofrecer las probanzas que estime pertinentes en su defensa, las que también servirán de base para el pronunciamiento de la resolución respectiva, todo lo cual converge en la motivación y fundamentación debidas que, como ya se dijo, deben expresarse por escrito y darse a conocer al afectado en cumplimiento de la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la Constitución General de la República. En ese orden de ideas, la ausencia legislativa de parámetros que determinen, como lo quiere el quejoso, la sanción específica que corresponde a cada tipo de infracción cometida, no permite la actuación arbitraria de la autoridad, cuando el propio legislador ha establecido en el artículo 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, los factores que permiten fijar la sanción condigna a la conducta infractora, por ser el resultado de la valoración de pruebas relacionadas con los presupuestos relativos a la gravedad de la infracción, monto del daño causado y demás circunstancias que se previenen en dicha legislación para limitar el campo de acción de la autoridad, permitiendo así que la individualización y fijación de la sanción administrativa sea proporcional a la infracción cometida. Por tanto, exigir que el legislador defina las innumerables hipótesis de conductas infractoras respecto de las que procede cada una de las sanciones establecidas, o los casos en que cada una de éstas es aplicable, resulta innecesario si con la regulación existente se genera la certidumbre sobre las consecuencias jurídicas del incumplimiento a los deberes que deben observar los servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y además, se limita en la medida necesaria y razonable esa atribución otorgada a la autoridad en los términos antes puntualizados, la que en todo caso se convertiría en una actuación automatizada en los términos en que el quejoso pretende que sea regulada y obligaría a la autoridad a aplicar la sanción de una manera fija impidiendo así ejercer la facultad del prudente arbitrio sancionador de la autoridad administrativa. Con base en lo anteriormente expuesto es de concluirse que los artículos 47, 53, fracción IV y 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos no transgreden los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada CLXXIX/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 714, Tomo XIV, septiembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: ‘RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. AL ESTABLECER LA LEY FEDERAL RELATIVA EN SUS ARTÍCULOS 47, 53, FRACCIÓN IV Y 54, EL MARCO LEGAL AL QUE DEBE SUJETARSE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA EJERCER EL ARBITRIO SANCIONADOR IMPOSITIVO, RESPETA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.’ (se transcribe). Por los razonamientos anteriores, no es aplicable la tesis jurisprudencial invocada por el quejoso, además de que trata una situación distinta a la del presente asunto, ya que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que la facultad otorgada a la autoridad en el artículo 112 de la Ley Federal de Metrología y Normalización para imponer sanciones carece del marco legal al que debe sujetarse para ejercer el arbitrio sancionador impositivo, al no precisarse en dicho precepto ni en algún otro de la misma ley, la conducta infractora que daba lugar a la imposición de la sanción que pudiera corresponder al caso concreto, pues en términos del referido artículo, a la autoridad administrativa se le confiere la facultad de imponer las sanciones que el mismo contempla a quienes incurran en el incumplimiento de la ley y demás disposiciones derivadas de ella, lo que propiamente permite no sólo sancionar cualquier acto u omisión que signifique tal incumplimiento de acuerdo con el exclusivo criterio de la autoridad, sino, incluso, se origina la posibilidad de que a incumplimientos de carácter leve se les impongan sanciones graves y viceversa; también la imposición de éstas cuando el caso no lo amerite o la decisión de no aplicar alguna sanción, todo bajo el criterio personal de la autoridad, con lo que la propia norma propicia que esa actuación sea producto del criterio caprichoso o arbitrario de la autoridad al ejercer su facultad sancionadora. Lo que en el presente asunto no acontece, como quedó evidenciado con antelación. Por otro lado, el quejoso argumenta que en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos vigente desde el catorce de marzo del año dos mil dos, el legislador estableció los diversos grados que se deben contemplar al imponer las sanciones a las personas respecto del empleo, cargo o comisión en la administración pública federal, esto en su artículo 13, estableciéndose que sólo por infracciones graves se sancionará con destitución, por lo que si esa nueva ley le beneficia, es claro que debe aplicársele y no la ley vigente hasta el trece de marzo del año dos mil dos; por lo que la sanción impuesta de destitución rebasa cualquier parámetro de la ley citada en primer término. Este concepto de violación es infundado. En efecto, es cierto que el trece de marzo del año dos mil dos se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, habiéndose derogado en su artículo segundo transitorio los títulos primero, por lo que respecta a la materia de responsabilidades administrativas, tercero y cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, únicamente por lo que respecta al ámbito federal, continuando en vigor para aplicarse únicamente a los servidores públicos de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local del Distrito Federal. Asimismo, que a la fecha en que se emitió la resolución impugnada en el juicio de nulidad, que lo fue el veintinueve de noviembre del año dos mil dos, ya se encontraba en vigor la referida ley. Sin embargo, no por ello debió aplicarse esa nueva ley al quejoso al momento de resolver el procedimiento administrativo instaurado en su contra, pues los hechos que le dieron origen ocurrieron en el mes de mayo del año dos mil uno, y en ese mismo mes se inició dicho procedimiento, según se observa de la lectura de la resolución impugnada, la cual obra de la foja trece a la treinta del juicio de nulidad. Lo anterior en virtud de que el artículo sexto transitorio de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, establece: ‘Los procedimientos seguidos a servidores públicos federales que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor de esta ley, así como las resoluciones de fondo materia de los mismos, deberán sustanciarse y concluirse de conformidad con las disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron tales disposiciones. Las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigentes hasta la entrada en vigor de la presente ley seguirán aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia.’. Por tanto, con base en el artículo transitorio transcrito, la ley aplicable para resolver el procedimiento administrativo instaurado en contra del ahora quejoso es precisamente en la que se apoyó la resolución impugnada en el juicio de nulidad y que lo es la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en los artículos que, en relación al ámbito federal, se encontraban en vigor al momento en que sucedieron los hechos motivo del referido procedimiento. Consecuentemente, ante la ineficacia de los conceptos de violación propuestos, procede negar el amparo solicitado."

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 237/2003-3037, promovido por Jesús Hernández García, expresó los siguientes razonamientos:

"Ahora bien, respecto del concepto de anulación relativo a la indebida fundamentación de la resolución impugnada, la Sala expuso que resultaba ineficaz, en razón de que la autoridad demandada para emitir el oficio 328-SAT-01265 de veintiséis de julio de dos mil dos, que resolvió el recurso de revocación que interpuso el actor, fundó su competencia en lo dispuesto en los artículos 71 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación con el artículo 6o. transitorio de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (vigente), publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil dos. Así, expuso la Sala que conforme a esos dispositivos las resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos podrán ser impugnadas mediante recurso de revocación que se interpondrá dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación y que los procedimientos seguidos a éstos y que se encuentren en trámite o pendientes de resolución deberán sustanciarse y concluirse conforme a las disposiciones vigentes al momento en que iniciaron tales procedimientos; esto es, que conforme al último párrafo del artículo sexto transitorio de la nueva ley, las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (derogada) seguirán aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia. Por lo anterior, agregó la Sala, que advirtiéndose del análisis de la resolución recurrida que los hechos que dieron origen a las responsabilidades administrativas que se le imputaban al actor, habían acontecido durante los meses de abril, mayo, junio y julio de dos mil, era indudable que si la resolución sancionatoria se dictó conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y que si esta resolución era antecedente de la impugnada en el juicio de nulidad, resultaba claro que de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la resolución combatida se encontraba debidamente fundada, por lo que su argumento resultaba infundado. Tal consideración se estima correcta, en razón de que contrario a lo que esgrime el quejoso, como lo estimó la Sala, los fundamentos en que se apoyó la autoridad demandada para resolver el recurso de revocación, son aplicables al caso, pues basta la lectura de los artículos 71 y sexto transitorio, que dicen: ‘Artículo 71. Las resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas, podrán ser impugnadas por el servidor público ante la propia autoridad, mediante el recurso de revocación que se interpondrá dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida. La tramitación del recurso se sujetará a las normas siguientes: I. Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio del servidor público le cause la resolución, acompañando copia de ésta y constancia de la notificación de la misma, así como la proposición de las pruebas que considere necesario rendir. II. La autoridad acordará sobre la admisibilidad d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19394-efb3094b/responsabilidades-de-los-servidores-publicos-las-disposiciones-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.