REMATE EN EJECUCIÓN DE LAUDOS. EL POSTOR NO PUEDE CONSIDERARSE PERSONA EXTRAÑA PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, POR LO QUE DEBE AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 81/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO, SEGUNDO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: BERTÍN VÁZQUEZ GONZÁLEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al fallar el amparo en revisión 502/2003, en sesión de diecinueve de febrero de dos mil cuatro, en lo que interesa, sostuvo lo siguiente:
"SEGUNDO. Resulta innecesario transcribir la sentencia recurrida y analizar los agravios hechos valer por el recurrente Aldo David Andrade, por advertir de oficio este tribunal la existencia de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que impone revocar dicha resolución. Lo anterior es así, porque en la especie el agraviado señaló como acto reclamado la resolución de cuatro de septiembre de dos mil tres, por la cual la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán omitió reconocer de legal la postura efectuada por el quejoso en la audiencia de remate del predio número trescientos seis de la calle Cuarenta y ocho del fraccionamiento Polígono 108, de esta ciudad; resolución contra la que procede el recurso de revisión ante la propia Junta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo. En efecto, el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo prevé: (lo transcribe). Por tanto, de acuerdo a lo regulado por el precepto legal en cita, es claro que por tratarse el remate de un acto de ejecución, previamente a promover el juicio de garantías, debió interponerse el recurso de revisión ante la Junta, ahora responsable, ya que con tal recurso estuvo en posibilidad de anular, modificar o revocar la resolución reclamada, y como no lo hizo así, faltó al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías. Orienta lo expuesto la tesis que este tribunal coincide en sustentar con el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 931 del Tomo III, junio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘REMATES. CONSTITUYEN ACTOS EN EJECUCIÓN DE LAUDOS, CONTRA LOS QUE PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN.’ (la transcribe). No es óbice para considerar lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, de rubro: ‘POSTORES. SU CALIFICACIÓN EN MATERIA LABORAL. SI NO SE LES RECONOCIÓ ESE CARÁCTER EN EL REMATE, RESULTAN TERCEROS EXTRAÑOS POR EQUIPARACIÓN.’, en la cual se sostiene que los licitadores, como en el caso, que no poseen la calidad de actor o demandado para acudir al juicio de garantías en contra del auto de remate, no están obligados a interponer el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, pues la circunstancia de que una persona concurra a la diligencia de remate a presentar su postura no es suficiente para que se le considere postor, sino además requiere que dicha postura sea calificada de legal, por lo que si esto no ocurre, tal persona se equipara a un tercero extraño al remate. La tesis de referencia se encuentra publicada en la página 1793, con el número XIII.2o.7 L, del Tomo XIII, marzo de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que contempla: ‘POSTORES. SU CALIFICACIÓN EN MATERIA LABORAL. SI NO SE LES RECONOCIÓ ESE CARÁCTER EN EL REMATE, RESULTAN TERCEROS EXTRAÑOS POR EQUIPARACIÓN.’ (la transcribe). Las razones que conducen a este Tribunal Colegiado a considerar un criterio diverso al de la tesis en cita son las siguientes: En primer término, ya es criterio definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el postor en un remate no puede considerarse como persona extraña a ese procedimiento, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues aun cuando no formó parte de la relación procesal en el juicio principal, su intervención voluntaria en la etapa ejecutiva cambia su carácter de tercero extraño, pues se incorpora a la relación procesal con el hecho de someterse a la jurisdicción del Juez de origen para llevar a cabo todos los actos del procedimiento de remate. En efecto, para que una persona pueda ser considerada como postor no requiere que su postura sea calificada de legal, pues el solo acto de presentar ésta implica la sumisión al órgano jurisdiccional que preside la diligencia, y ante él demanda el postor una concreta actuación de la ley frente al deudor y al ejecutante, y de manera muy destacada frente a los demás postores. Aunado a lo anterior, se encuentra también la circunstancia de que para que una persona pueda acudir a una audiencia de remate y postularse como posible adjudicatario, debe cumplir con el requisito del depósito previo en la institución de crédito autorizada, equivalente al 10% de la postura propuesta, lo que permite garantizar la postura y crea un derecho al postor como lo es el concurrir a la audiencia de remate y, por consiguiente, impugnar lo ahí determinado, lo que también implica una sumisión a la jurisdicción del tribunal de origen. En ese sentido, el postor que no figura como actor o demandado en el juicio en que se llevó a cabo el remate no puede considerarse como persona extraña al procedimiento por el hecho de que su postura no sea calificada de legal, pues éste es una parte advenida al mismo, que se somete voluntariamente a la jurisdicción del Juez de origen al efectuar el depósito previo del 10% de su postura y comparecer a la audiencia de remate, por lo que ya incorporado a la relación procesal está obligado a agotar los recursos procedentes, pues su situación no se rige por la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a la promoción del juicio de garantías por los terceros extraños al juicio. Apoya lo anterior, la tesis número 2a. CXXII/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tomo V, enero de 1997, página 227, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época: ‘REMATE. EL POSTOR EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA SUBASTA DE UN BIEN, NO PUEDE CONSIDERARSE PERSONA EXTRAÑA PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.’ (la transcribe). Así como la tesis número XII.2o.7 K, que este tribunal coincide en sustentar con el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, y que se encuentra visible en la página 590, del Tomo II, noviembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘REMATES, POSTORES EN LOS. INTERÉS JURÍDICO PARA EL AMPARO.’ (la transcribe). En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, lo que procede es revocar la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil tres, para sobreseer en el presente juicio de amparo promovido en contra de la resolución de cuatro de septiembre, así como de los actos que precedieron a ésta, al no reclamarse por vicios propios."
CUARTO. A su vez, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 89/95, el diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco, sostuvo lo siguiente:
"CUARTO. Los agravios son fundados, aunque ineficaces para revocar la sentencia recurrida. La Juez de Distrito conceptuó operante en la especie la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que en el juicio laboral de origen el hoy quejoso no fue litigante, dado que no ejercitó la acción, ni frente a él fue ejercitada; tampoco se le vulneró un derecho como parte procesal ni se afectó su esfera jurídica, pues estaba desvinculado de la relación jurídica discutida, ya que no figuró como actor ni demandado, acreedor o deudor, sino como postor que acudió a efectuar la compra de un bien sujeto a remate, de tal manera que si estuvo presente en la audiencia de remate y consideraba que el mismo no se siguió conforme a las normas que lo rigen, debió plantear su inconformidad en términos del artículo 972 de la Ley Federal del Trabajo, que dice: (lo transcribe). Ahora bien, el interés jurídico a que se refiere la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, no es otra cosa que la titularidad que al agraviado corresponda de un derecho determinado y legítimamente tutelado, el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado. Así se deduce del contenido de las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: ‘PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO.’ e ‘INTERÉS JURÍDICO CONCEPTO DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.’, visibles, respectivamente, en las páginas 183 y 858 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte. Por otro lado, si bien es cierto que la idea de ‘parte’ viene dada por la relación procesal en la que figuran actor y demandado como sujetos principales, también lo es que al lado de éstos pueden figurar los terceros que intervengan en el juicio y a quienes la ley reconozca un interés propio; en cuyo caso aquellos terceros, en cuanto han demandado en propio nombre la actuación de una voluntad de la ley, ya frente al actor o al demandado, o ya incluso frente a otros terceros, están desde luego legitimados para impugnar las determinaciones que vengan a afectar su interés. Los artículos 968, inciso b, fracción III, 970 y 971, incluidos en la sección tercera, ‘remates’, capítulo I, título quince, de la Ley Federal del Trabajo, establecen textualmente lo que sigue: (los transcribe). Conforme a los preceptos transcritos, la publicación del proveído que ordena el remate, así como su fijación en los tableros de la Junta, tienen por finalidad convocar postores para la subasta, y cuando la persona que ha concurrido como tal cumple el requisito de presentar por escrito su postura y los demás que precisa el artículo 970 de la Ley Federal del Trabajo, tiene derecho a ser considerado como postor, a efectuar las correspondientes pujas y, de ser la mejor postura, a que se declare fincado el remate a su favor. Luego, aun cuando los postores no tengan el carácter de actor o demandado dentro del procedimiento de subasta en el que participan, no puede considerárseles carentes de todo interés jurídico para promover el amparo, pues el acto de presentar una postura implica la sumisión al órgano jurisdiccional que preside la diligencia, y ante él demanda el postor una concreta actuación de la ley frente al deudor y al ejecutante, y de manera muy destacada frente a los demás postores cuando concurran; de donde se deriva su calidad de terceros interesados en aquel procedimiento y, por tanto, no cabe estimarlos como extraños y están legitimados para reclamar por la violación de las normas que rigen su intervención, sobre todo si, como en la especie, lo que en esencia se alega es que indebidamente no se fincó el remate a favor del quejoso, a pesar de que presentó su postura legal y de que la presentada por el otro postor que concurrió no reunía los requisitos legales. Lo hasta aquí expuesto lleva a considerar inoperante la causal de improcedencia invocada por la Juez de Distrito en su fallo; sin embargo, las propias razones que con anterioridad han servido para demostrarlo, aunadas a las que a continuación se expresarán, conducen a estimar operante la diversa causal de improcedencia a que se refiere la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso no agotó previamente el medio ordinario de defensa previsto para el caso por el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, que dice: (lo transcribe). En efecto, de acuerdo con el artículo transcrito, procede el recurso de revisión contra actos de los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en ejecución de los laudos, del cual debe conocer la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje correspondiente, en términos de la fracción I del artículo 850 de la propia ley, y en el caso se reclama precisamente la resolución de veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, emitida por el presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Sinaloa, en el juicio laboral de origen, mediante la cual declaró fincado el remate a favor de otro postor. Por otro lado, si ya se estimó que no puede conceptuarse al hoy quejoso como extraño al juicio laboral, sino como tercero con un interés jurídico propio que le permite reclamar por la transgresión de los preceptos que regulan el procedimiento para la subasta, debe ahora considerarse que el mismo interés lo legitimaba procesalmente para recurrir en revisión el acto reclamado, pues así como el interés es la medida de la acción, el agravio es la medida del recurso, por lo que no sólo pueden hacer uso de los medios de impugnación actor y demandado, aunque esto sea la regla general, sino también los terceros, siempre que sufran un perjuicio; con mayor razón si intervinieron en el juicio, como acontece, y si la Ley Federal del Trabajo no precisa que sólo el actor o el demandado puedan interponer la revisión. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 4392 del Tomo LXXIV, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: (la transcribe). Consecuentemente, aunque por motivos distintos a los invocados por la Juez de Distrito, procede confirmar la sentencia recurrida que decretó el sobreseimiento en el juicio."
El criterio sustentado en el fallo anterior fue plasmado en la tesis XII.2o.7 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, noviembre de 1995, página 590, al tenor de los siguientes rubro y texto:
"REMATES, POSTORES EN LOS. INTERÉS JURÍDICO PARA EL AMPARO. Conforme a los artículos 968, inciso B, fracción III, 970 y 971 de la Ley Federal del Trabajo, la publicación del proveído que ordena el remate de un inmueble, así como su fijación en los tableros de la Junta, tiene por finalidad convocar postores para la subasta, y cuando la persona que ha concurrido como tal, cumple el requisito de presentar por escrito su postura y los demás que precisa el citado artículo 970 de la Ley Federal del Trabajo, tiene derecho a ser considerada como postor en la diligencia, a efectuar las pujas correspondientes y, si presenta la mejor postura, a que se declare fincado el remate a su favor. Luego, aun cuando los postores no tengan el carácter de actor o demandado dentro del procedimiento de subasta en el que participan, no puede considerárseles carentes de todo interés jurídico para promover el amparo, pues el acto de presentar una postura implica la sumisión al órgano jurisdiccional que preside la diligencia, y ante él demanda el postor una concreta actuación de la ley frente al deudor y al ejecutante, y de manera muy destacada frente a los demás postores, cuando concurran; de donde se deriva su calidad de terceros interesados en aquel procedimiento, por lo que no cabe estimarlos como extraños y están legitimados para reclamar por la violación de las normas que regulan su intervención; lo que sucede, en un caso, cuando el quejoso alega que indebidamente no se fincó el remate a su favor, a pesar de que presentó la mejor postura y que las restantes no reunían los requisitos legales necesarios."
QUINTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, al fallar el amparo en revisión 281/2000, en sesión de veintiocho de septiembre de dos mil, en lo que interesa, sostuvo lo siguiente:
"TERCERO. El estudio de los agravios propuestos por Dulce María Salazar Sánchez conduce a determinar lo siguiente: En el juicio de garantías que se revisa, la citada quejosa reclamó del presidente ejecutor de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, y otras autoridades, el acto que hizo consistir en la resolución que aprobó el remate en el expediente laboral 574/995 (2 Bis), en el cual se le desechó la postura a aquélla en dicho juicio (fojas 2 a la 11 del expediente de amparo 497/2000). El Juez de Distrito consideró que previamente al juicio constitucional, la peticionaria de garantías debió agotar el recurso de revisión previsto por el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, por el cual pudo obtener la modificación, anulación o revocación del acto reclamado, por ende, sobreseyó en dicho juicio con apoyo en los numerales 73, fracción XIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otro lado, la citada recurrente en lo esencial aduce, como lo planteó en el capítulo de antecedentes del acto reclamado de su demanda de garantías, que compareció en la diligencia de remate en el expediente laboral 574/995 (2 Bis), por medio de un escrito acompañando un billete de depósito que le fue expedido por Nacional Financiera, S.N.C., con el objeto de que fuera admitida como postora en la subasta, pero no se le admitió su postura, luego, al no darle intervención legal en dicha diligencia, no tuvo ninguna legitimación procesal, pues no fue parte en el conflicto laboral, por ende, no tenía obligación de agotar el recurso de revisión a que se contrae el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, más aún, promovió el juicio de garantías, conforme a lo previsto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo. Es fundado el agravio expuesto, pues con independencia de que la hoy quejosa haya concurrido a la diligencia de remate y se le haya dado intervención únicamente para que manifestara lo que a sus derechos conviniera; cierto es que no se le aceptó su postura, por ende, no tuvo el carácter de postora. En efecto, de la interpretación literal y sistemática de las fracciones I a la VII del artículo 971 de la Ley Federal del Trabajo, se deduce que la diligencia de remate comprende tres momentos procesales, a saber: el que declara abierta la audiencia y se concede un término de media hora para recibir posturas; el acto de calificación de posturas; y el que declara fincado el remate. Por tanto, la sola circunstancia de que una persona concurra a la diligencia de remate a presentar su postura no es suficiente para que se le considere postor si no se le calificó de legal dicha postura, pues no llegó a tener ese carácter, por lo cual, se equipara a un tercero extraño al remate, por ende, contra la determinación que le fue adversa no estaba obligado a agotar el recurso de revisión previsto en el diverso 849 de la citada ley, de ahí que puede ocurrir al juicio de garantías. En consecuencia, con apoyo en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia recurrida que sobreseyó en el juicio constitucional, y este tribunal se ocupará de los conceptos de violación que omitió el juzgador, de la manera siguiente: La quejosa manifiesta, en la diligencia de remate, que se le desechó su postura sin que se asentara argumentación legal o las razones por las cuales no se le aceptó el billete de depósito que exhibió, por ende, el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, en contravención al artículo 16 de la Constitución Federal. Es fundado y suficiente el concepto de violación expuesto, pues el acto reclamado en su parte conducente es de este tenor: ‘... Por lo que respecta a la postura de Dulce María Salazar Sánchez, quien exhibe el billete de depósito R37046, dicha postura no se acepta, en virtud de que la autoridad que está convocando a remate y de acuerdo al 940 y 971 es el presidente ejecutor de la Junta Especial Número Dos Bis de esta Local de Conciliación y Arbitraje y, asimismo, porque hay contradicción en su exposición verbal que menciona ...’. En efecto, como puede advertirse de lo anterior, a la citada quejosa simplemente se le dijo que no se le aceptaba su postura porque el presidente ejecutor de la Junta es quien convocó a remate, que además, existe contradicción en su exposición verbal, luego esa determinación en dichos términos adolece de una adecuada motivación y fundamentación, ya que, por un lado, no se explica qué relación guarda el billete de depósito exhibido con el presidente ejecutor de la Junta, por otro, no se precisa cuáles y en qué consisten las contradicciones verbales en las que incurrió la hoy quejosa, por ende, dicho acto reclamado es contrario a las garantías de legalidad y seguridad jurídicas tuteladas por el artículo 16 de la Carta Magna. En esas condiciones, se impone conceder el amparo para que la autoridad responsable deje insubsistente la diligencia de remate a partir del acuerdo relativo al acto de calificación de posturas, tomando en cuenta las documentales exhibidas por la quejosa Dulce María Salazar Sánchez, califique nuevamente su postura frente a las demás y fundando y motivando resuelva lo que corresponda acorde a derecho."
El criterio sustentado en la ejecutoria transcrita dio lugar a la emisión de la tesis XIII.2o.7 L, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, marzo de 2001, página 1793, bajo el siguiente tenor literal:
"POSTORES. SU CALIFICACIÓN EN MATERIA LABORAL. SI NO SE LES RECONOCIÓ ESE CARÁCTER EN EL REMATE, RESULTAN TERCEROS EXTRAÑOS POR EQUIPARACIÓN. De la interpretación sistemática de las fracciones I a la VI del artículo 971 de la Ley Federal del Trabajo, se deduce que la diligencia de remate comprende tres momentos procesales, a saber: el que declara abierta la audiencia y se concede un término de media hora para recibir posturas; el acto de calificación de posturas; y el que declara fincado el remate. Por tanto, la sola circunstancia de que una persona concurra a la diligencia de remate a presentar su postura no es suficiente para que se le considere postor si no se le calificó de legal dicha postura, pues no llegó a tener ese carácter; por lo cual se equipara a un tercero extraño al remate y, por ende, contra la determinación que le fue adversa no estaba obligado a agotar el recurso de revisión previsto en el diverso 849 de la citada ley; de ahí que puede ocurrir al juicio de garantías en la vía indirecta."
SEXTO. Como cuestión previa, debe determinarse si existe la contradicción de tesis denunciada.
Al efecto, conviene tener presente el contenido de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que dicen:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Los preceptos constitucional y reglamentario transcritos consagran la figura jurídica de la contradicción de tesis como un sistema de integración de jurisprudencia, cuya finalidad es preservar la seguridad jurídica a través de la unidad de interpretación de las normas que conforman el orden jurídico nacional, decidiendo los criterios que deben prevalecer en caso de oposición, discrepancia o divergencia en torno a la interpretación de una misma norma jurídica o punto concreto de derecho.
Lo anterior supone, necesariamente, que los criterios entre los que deba decidirse cuál es el que debe prevalecer sean efectivamente divergentes, discrepantes u opuestos, para lo cual deben reunirse determinados requisitos, conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 26/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
De acuerdo con lo dispuesto en la jurisprudencia aludida, los requisitos que determinan la existencia de una contradicción de tesis son los siguientes:
a) Que en las ejecutorias materia de la contradicción se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustenten las sentencias respectivas; y
c) Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.
Establecido lo anterior, para determinar si los requisitos mencionados se surten en el presente caso, es necesario precisar los antecedentes de los asuntos que fueron del conocimiento de los tribunales que participan en la presente denuncia, así como las consideraciones que sostuvieron en las ejecutorias correspondientes.
I. En el amparo en revisión 502/2003, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, la autoridad señalada como responsable fue el presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, y el acto reclamado se hizo consistir en la falta de reconocimiento a la postura efectuada por el quejoso en el remate derivado de la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 81/2001.
En efecto, en la ejecutoria correspondiente se transcribieron como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:
"Autoridad responsable. a) El C. Presidente de la H. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con domicilio ampliamente conocido en esta ciudad de Mérida, Yucatán, en la avenida Aviación, en el predio sin número, cruzamiento con las calles Catorce y Dieciséis, en su calidad de autoridad ejecutora (sic). Actos reclamados. a) La falta de reconocimiento legal a la postura efectuada por el quejoso en el remate efectuado, en el juicio reclamatorio laboral, sustanciado ante la propia responsable en el expediente marcado con el número 81/2001. b) Todas y cada una de las resoluciones emitidas dentro del juicio reclamatorio laboral marcado con el número 81/2001, realizadas con posterioridad al acuerdo emitido por el presidente de la H. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, en donde declara que la postura presentada por el hoy quejoso en el remate efectuado en el expediente líneas arriba citado no era legal y no cumplía con lo dispuesto en el artículo 970 de la Ley Federal del Trabajo."
En la ejecutoria correspondiente, el Tribunal Colegiado determinó sobreseer de oficio en el juicio de garantías, por considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no agotó el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, siendo que dicho recurso es procedente contra actos dictados en ejecución de laudos, como es el caso del remate.
Para llegar a dicha conclusión, el órgano jurisdiccional del conocimiento determinó que el quejoso no estaba en la excepción prevista en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, relativo a las personas extrañas a juicio quienes pueden acudir al amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa, pues no era dable considerar al postor como un tercero extraño a juicio, a pesar de que su postura no se hubiera calificado de legal.
Al respecto, sostuvo que el postor es una parte advenida al procedimiento, que se somete voluntariamente a la jurisdicción del Juez de origen al efectuar el depósito previo del 10% de su postura y comparecer a la audiencia de remate, por lo que ya incorporado a la relación procesal, está obligado a agotar los recursos procedentes. Lo anterior, con independencia de que la postura no haya sido calificada de legal,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18531-6af0907c/remate-en-ejecucion-de-laudos-el-postor-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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