Corpus
Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. UNA VEZ INTERRUMPIDO EL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES SANCIONADORAS DE LA AUTORIDAD, EL CÓMPUTO SE INICIA NUEVAMENTE A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 130/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18662
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, QUINTO Y SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, , Pág. 947.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 130/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, QUINTO Y SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIO: EDGAR CORZO SOSA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados que dieron origen a la denuncia de contradicción son las siguientes:

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver con fecha once de junio de dos mil cuatro la revisión fiscal 376/2003, interpuesta por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, ahora de la Función Pública, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"SÉPTIMO. Son ineficaces los argumentos que se formulan en el primer concepto de agravio del recurso de revisión fiscal, en la parte en la que la recurrente sostiene lo siguiente: Que es ilegal que la juzgadora aluda a que el cómputo para la prescripción de las facultades sancionadoras debe reiniciar después de los treinta y tres días que tiene la autoridad para dictar la resolución y notificarla en términos de lo dispuesto por el diverso 64, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pues es claro que el 78 de la propia ley no permite que la juzgadora realice el cómputo legal en los términos en que lo hizo (foja 9 del toca). Que es claro que el precepto en análisis jamás establece el levantamiento de la interrupción de la prescripción (foja 9 del toca). Que el artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos claramente señala que la facultad sancionadora de la secretaría se encuentra sujeta a ciertos plazos de prescripción, señalando el momento en que corren los plazos de que se trata y el momento en que dicha prescripción se ve interrumpida, lo cual acontecerá al iniciarse el procedimiento administrativo disciplinario, pero en momento alguno refiere que dicha facultad sancionatoria deba estar sujeta a un nuevo término prescriptorio, tal como indebidamente lo sostiene la juzgadora (foja 10 del toca). Resultan ineficaces los argumentos expuestos, porque si bien, como correctamente lo advirtió la autoridad recurrente, la Sala Regional hizo una inadecuada interpretación de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pues en dicho precepto en momento alguno se dispone que el cómputo del plazo para la prescripción de las facultades sancionadoras deberá reiniciar después de los treinta y tres días que tiene la autoridad para dictar resolución y notificarla (foja 248 vuelta del expediente administrativo). Sin embargo, tal determinación no lleva a revocar la sentencia recurrida, porque con independencia de la forma en que la Sala interpretó el artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo cierto es que finalmente, de manera correcta, dicha Sala consideró transcurrido en exceso el término de los tres años a que se alude en ese precepto, requeridos para que opere la prescripción. En efecto, para decretar la nulidad de la resolución impugnada al tener por prescritas las facultades sancionadoras de la autoridad demandada, en el considerando quinto de la sentencia recurrida, la Sala Regional se apoyó en las razones siguientes: Que respecto a las declaraciones complementarias de los meses de febrero a diciembre de 1994 y declaración anual normal del ejercicio de 1994, se observa que el sello checador de la institución bancaria establece como fecha de presentación el veintisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco, de lo cual se presume que las declaraciones fueron firmadas en esa fecha, por lo que la autoridad demandada al momento de emitir el oficio citatorio CI/200/131/97 de dieciocho de abril de mil novecientos noventa y siete, dirigido al actor, notificado el veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y siete, gozaba de facultades sancionadoras, toda vez que entre la fecha en que se realizaron las conductas irregulares imputadas y la de emisión y notificación de los oficio (sic) de referencia, habían transcurrido aproximadamente 2 años 9 meses, y no así el término de tres años que señala la fracción II del artículo 78 de Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para que prescribieran dichas facultades (fojas 247 vuelta y 248 del expediente administrativo). Que el plazo de prescripción se vio interrumpido por el inicio del procedimiento disciplinario, dado que la interrupción tiene verificativo al momento en que se inicia el procedimiento disciplinario, y éste precisamente tiene su origen en la citación para la audiencia de ley que establece la fracción I del artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (fojas 247 vuelta y 248 del expediente administrativo). Que si bien es cierto que la prescripción de las facultades sancionadoras se interrumpe con el inicio del procedimiento disciplinario previsto por el artículo 64 del mismo ordenamiento legal y que se inicia con la notificación del citatorio para la audiencia de ley, que dicha interrupción no es definitiva, toda vez que debe empezar a computarse nuevamente a partir de que ha fenecido el término señalado por la fracción II del artículo 64, es decir, después de expirados los treinta días para dictar la resolución y tres para notificarla, por lo que el nuevo plazo de prescripción correrá a partir del día 34, después de celebrada la audiencia de ley, o bien, después de realizada la última diligencia dentro del procedimiento respectivo (foja 248 del expediente administrativo). Que lo anterior es así, ya que las facultades sancionadoras de las contralorías internas o de cualquier otra autoridad disciplinaria, no pueden estar vigentes por tiempo indefinido, en tanto que deben estar sujetas a los plazos y términos fijados por la propia ley, por lo que de aceptar que la prescripción no pueda operar una vez instaurado el procedimiento administrativo, implicaría conceder a la autoridad un plazo indefinido para dictar la resolución correspondiente, lo cual dejaría en estado de indefensión e incertidumbre jurídica al servidor público, porque ello hace nugatoria la disposición contenida en el artículo 78 de la propia ley (foja 248 vuelta del expediente administrativo). Que, por tanto, el cómputo del plazo para la prescripción de las facultades sancionadoras deberá reiniciar después de los treinta y tres días que tiene la autoridad para dictar resolución y notificarla (foja 248 vuelta del expediente administrativo). Que si la última diligencia dentro del procedimiento disciplinario tuvo verificativo el ocho de mayo de mil novecientos noventa y siete en que se celebró la audiencia de ley, la resolución impugnada debió haberse emitido a más tardar en los treinta días hábiles siguientes, de conformidad con el artículo 64, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y haberse notificado dentro de las 72 horas siguientes para que se volviera a computar el plazo de prescripción; que de esta forma, el plazo de prescripción que se encontraba interrumpido empezó a computarse nuevamente el día siguiente a aquel en que feneció el término que se señaló con anterioridad (foja 249 del expediente administrativo). Que, por tanto, si la resolución a debate fue emitida el veintinueve de noviembre de dos mil uno y notificada al accionante hasta el veinticinco de enero de dos mil dos, ya habían transcurrido 4 años 8 meses, en este periodo se encontraban prescritas las facultades sancionadoras del director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (foja 249 del expediente administrativo). De la reseña de las consideraciones precedentes se aprecia, en lo que aquí interesa, que la Sala Regional señaló que aun cuando la prescripción de las facultades sancionadoras se interrumpe con el inicio del procedimiento disciplinario, dicha interrupción no es definitiva, toda vez que debe empezar a computarse nuevamente después de expirados los treinta días para dictar la resolución y tres para notificarla, por lo que el nuevo plazo de prescripción correrá partir del día 34 después de celebrada la audiencia de ley, o bien, después de realizada la última diligencia dentro del procedimiento respectivo (foja 248 del expediente administrativo). La forma de resolver en la parte en que se asegura que el plazo de la prescripción corre a partir del día treinta y cuatro, pone de manifiesto, como ya se dijo, que la Sala Regional hizo una inadecuada interpretación del artículo 78, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pues tal precepto no tiene esos alcances. Para estar en posibilidad de corroborar la aseveración precedente es necesario transcribir el texto del artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece lo siguiente: ‘Artículo 78. Las facultades del superior jerárquico y de la secretaría para imponer las sanciones que esta ley prevé se sujetarán a lo siguiente: I. Prescribirán en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, y II. En los demás casos prescribirán en tres años. El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo. En todos los casos la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá al iniciarse el procedimiento administrativo previsto por el artículo 64. III. El derecho de los particulares a solicitar la indemnización de daños y perjuicios, prescribirá en un año, a partir de la notificación de la resolución administrativa que haya declarado cometido (sic) la falta administrativa.’. Conforme al contenido de dicho ordinal se desprende que el legislador incorporó a la materia de responsabilidades de los servidores públicos, la figura jurídica de la prescripción de las facultades de las autoridades administrativas para imponer las sanciones a los servidores públicos, sujetándola a determinadas reglas. Cabe precisar que la figura jurídica referida pertenece al derecho sustantivo. La palabra prescripción deriva del término latino prescribiere, que significa adquirir un derecho real o extinguirse un derecho o acción de cualquier clase por el transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley (Diccionario de la Lengua Española, página 1660). Las reglas a que se sujeta la prescripción en el artículo que se comenta son las siguientes: a) Que las facultades para imponer las sanciones prescriben en un año cuando el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, y en los demás casos prescribirán en tres años (fracciones I y II); b) Que el plazo de prescripción se cuenta a partir del día siguiente a aquel en que se hubiese incurrido en la responsabilidad, o bien, a partir del momento en que hubiesen cesado los efectos de la conducta considerada como continua; c) Que en todos los casos la prescripción se interrumpe al dar inicio el procedimiento administrativo previsto por el artículo 64 de la propia ley. En correlación con el contenido del numeral comentado se tiene que la fracción II del artículo 64 de la propia ley federal establece que la aplicación de sanciones administrativas se hará mediante el procedimiento que refiere en sus diversas fracciones, el que inicia con la citación del presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo la audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga. Partiendo de esas premisas se puede afirmar que el cómputo de la prescripción se interrumpe en cualquier supuesto con la cita a la audiencia de ley, por ser éste el inicio del procedimiento de responsabilidades que, en su caso, puede culminar con la imposición de una sanción administrativa. De lo anterior se desprende que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es clara al señalar el momento a partir del cual comenzará a computarse el plazo de la prescripción (día siguiente al de la comisión de la responsabilidad o de que hubiese cesado si fuere de carácter continuo), y también es clara al establecer que en cualquier caso la prescripción se interrumpirá al iniciarse el procedimiento de responsabilidad previsto en el artículo 64 de la propia ley, conforme al cual el procedimiento comienza con la citación a la audiencia de ley. Debe entenderse que una vez iniciado el plazo de la prescripción se cierra o culmina si a partir del día siguiente al del haber incurrido en responsabilidad, o del en que hubiese cesado si fuere de carácter continuo, la autoridad ejerce su facultad para sancionar, como en el caso, en el plazo de tres años, dado que de acuerdo con la propia mecánica que se establece en el artículo 78, el plazo de prescripción se interrumpe con el inicio del procedimiento disciplinario, siendo el efecto de dicha interrupción la pérdida del tiempo anterior transcurrido. Esto implica que a partir de ese momento comienza de nuevo a computarse el término de los tres años. En el caso particular, como correctamente lo advirtió la Sala Regional, operó la interrupción del plazo al haberse iniciado el procedimiento administrativo en contra del servidor público, evidentemente con la citación que se le hizo para la celebración de la audiencia de ley prevista por la fracción I del artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mediante oficio citatorio CI/200/131/97 de dieciocho de abril de mil novecientos noventa y siete, notificado el veinticuatro de abril siguiente (fojas 57 a 60 del expediente administrativo). Interrumpido el término y consecuentemente iniciado de nueva cuenta a partir del día siguiente al de la citación, la autoridad debe practicar todas las diligencias establecidas en la ley con el propósito de definir la situación del servidor público, incluyendo la emisión de la resolución que corresponda y la notificación de ésta al interesado; todo esto dentro del término completo de tres años que para tal efecto prevé el artículo 78, fracción II, invocado. De no hacerse así, las facultades sancionadoras prescriben. Del texto del artículo 78 se desprende que el legislador sólo se refirió a un supuesto de interrupción, que es cuando se inicia el procedimiento disciplinario, obviamente con la citación del interesado, lo que se estableció de la manera siguiente: ‘la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá al iniciarse el procedimiento administrativo previsto por el artículo 64.’. De ahí que la intención del legislador fue que sólo operase ese supuesto de interrupción, y no así que la prescripción se interrumpiera con cada acto procesal que efectuara la autoridad una vez iniciado el procedimiento administrativo de responsabilidad para con posterioridad seguir acumulándose. La interrupción de la prescripción por una única vez es acorde con el principio de celeridad que el propio legislador quiso imprimir al procedimiento disciplinario. Lo anterior se deduce de la exposición de motivos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, en que se indica, en la parte que interesa, lo siguiente: ‘Cámara de Origen: Senadores. Exposición de motivos. México, D.F., a 2 de diciembre de 1982. Iniciativa del Ejecutivo CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. Presente. En un Estado de derecho el ámbito de acción de los poderes públicos está determinado por la ley y los agentes estatales responden ante ésta por el uso de las facultades que expresamente se les confiere. La irresponsabilidad del servidor público genera ilegalidad, inmoralidad social y corrupción; su irresponsabilidad erosiona el Estado de derecho y actúa contra la democracia, sistema político que nos hemos dado los mexicanos. El Estado de derecho exige que los servidores públicos sean responsables. Su responsabilidad no se da en la realidad cuando las obligaciones son meramente declarativas, cuando no son exigibles, cuando hay impunidad, o cuando las sanciones por su incumplimiento son inadecuadas. Tampoco hay responsabilidad cuando el afectado no puede exigir fácil, práctica y eficazmente el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. La renovación moral de la sociedad exige un esfuerzo constante por abrir y crear todas las facilidades institucionales para que los afectados por actos ilícitos o arbitrarios puedan hacer valer sus derechos. El régimen vigente de responsabilidad de los servidores públicos debe renovarse para cumplir sus objetivos en un Estado de derecho. Por ello he sometido al Poder Constituyente la iniciativa de reformas al título cuarto constitucional. Proponen nuevas bases de responsabilidad de los servidores públicos para actualizarlas de acuerdo con las demandas de un pueblo dinámico que se ha desarrollado en todos los órdenes desde 1917, pero no así en el régimen de responsabilidades de sus servidores públicos. Esta iniciativa propone reglamentar dicha propuesta de reformas constitucionales a fin de que los servidores públicos se comporten con honradez, lealtad, imparcialidad, economía y eficacia. Define las obligaciones políticas y administrativas de los servidores públicos, las responsabilidades en que incurren por su incumplimiento, los medios para identificarlo y las sanciones y procedimientos para prevenirlo y corregirlo. La legislación vigente establece un juicio de carácter político para quienes tienen responsabilidad por el despacho de intereses públicos fundamentales. Pero hay una laguna legislativa respecto a las obligaciones que debe seguir todo servidor público frente a la sociedad y el Estado, así como respecto a las responsabilidades por su incumplimiento y las sanciones y los procedimientos administrativos para aplicarlas. Las iniciativas de reformas al título cuarto de la Constitución Política, al Código Penal, al Código Civil y de Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establecen las nuevas bases jurídicas para prevenir y castigar la corrupción en el servicio público, que desnaturaliza la función encomendada, así como garantizar su buena prestación. La congruencia prevista entre estas iniciativas permitirá a esa representación nacional disponer de elementos más amplios, a considerar el nuevo sistema de responsabilidades de los servidores públicos que se propone. Ese sistema se compone de cuatro modalidades de la responsabilidad: la penal y la civil, sujetas a las leyes relativas, y la política y administrativa, que se regularían por esta iniciativa de ley reglamentaria del título cuarto constitucional. ... . Las responsabilidades administrativas. La iniciativa que presento a esta H. Representación nacional, supera una deficiencia que ha venido mostrando nuestra legislación: La falta de un sistema que regule la responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las de naturaleza penal, política, civil y laboral. En las reformas al título cuarto de la Carta Fundamental que se proponen, establecen las bases de la responsabilidad administrativa, en la que se incurre por actos u omisiones que afecten los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, que orientan a la administración pública y que garantizan buen servicio público. Conforme a ellos, hay que establecer un sistema nuevo que tenga bases sólidas y efectividad creciente. El procedimiento administrativo propuesto es autónomo del político y del penal, como lo establece la propuesta de reforma al artículo 109; ofrece al inculpado las garantías constitucionales de los artículos 14 y 16 y sus resultados no prevén la privación de la libertad del responsable, por tratarse de una sanción que sólo puede imponerse por el Juez penal. La iniciativa establece una vía más expedita para prevenir y sancionar las faltas administrativas, las cuales, según el caso, también podrían ser sancionadas conforme a la legislación penal. Las responsabilidades consecuentes pueden exigirse por cualquiera de las dos vías, pero siempre respetando el principio establecido en el mismo artículo de que no se podrá castigar dos veces una misma conducta con sanciones de la misma naturaleza. Se parte de un catálogo de obligaciones establecidas por el legislador que sujeta a todo servidor público. La vigilancia de su cumplimiento estará a cargo, en primer lugar, de los superiores jerárquicos y de los órganos de control de las dependencias y entidades, los que quedan facultados para imponer las sanciones disciplinarias que requiere una administración eficaz y honrada, tales como sanciones económicas limitadas, como el apercibimiento, amonestación privada y pública, destitución para los trabajadores de confianza y suspensión hasta por tres meses, sin perjuicio de lo que otras leyes dispongan. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, cuya creación he sometido a su consideración, quedaría como la autoridad centralizada y especializada para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, para identificar las responsabilidades administrativas en que incurran por su incumplimiento, y para aplicar las sanciones disciplinarias. Estas sanciones pueden ser destitución de cualquier servidor público no designado por el presidente de la República, sanción económica de tres veces el monto del beneficio económico obtenido o del daño causado por su comportamiento ilícito e inhabilitación por resolución jurisdiccional para volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público hasta por veinte años. Asimismo se establece que cada dependencia deberá establecer órganos específicos a los que el gobernado tenga fácil acceso para presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. Al coordinador de sector también se le confieren facultades limitadas para sancionar, tratándose de entidades paraestatales. Los procedimientos sancionadores se ciñen a las garantías constitucionales: los órganos actuarán con celeridad e imparcialidad y los servidores públicos tendrán oportunidad de ser debidamente escuchados. Además, la iniciativa contempla recursos administrativos de agotamiento optativo que permitan la impugnación de los actos sancionadores, sin perjuicio de que se prevé la ampliación de la competencia del Tribunal Fiscal de la Federación, a efecto de que conozca de las controversias que susciten los actos disciplinarios y se avance así en conversión paulatina en un verdadero tribunal de justicia administrativa. El personal de la Secretaría de Contraloría General de la Federación, pivote sistema de responsabilidad administrativa, quedará sujeto, por lo que hace a ley, a la contraloría interna de esa dependencia. ... ’. Por otra parte, en la exposición de motivos de la reforma de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y dos, se indicó, en la parte que interesa, lo siguiente: ‘La función pública es una actividad de interés general que tiende a la satisfacción de las necesidades colectivas, por lo que el desempeño de un empleo, cargo o comisión en el servicio público representa, en nuestro Estado de derecho, una de las más elevadas responsabilidades sociales, que debe ser conducida a través, de normas jurídicas que propicien su ejercicio eficiente y honesto. La responsabilidad de los servidores públicos debe traducirse, en la práctica en un escrupuloso manejo de los recursos federales y en el cumplimiento eficaz de las funciones que tienen encomendadas, lo que hace conveniente contar con un marco normativo acorde con las necesidades sociales que regule en forma adecuada estas responsabilidades. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, estableció un moderno y estructurado sistema disciplinario, que constituyó un paso trascendental en el propósito gubernamental de combatir la corrupción en la gestión pública. Sin embargo, la revisión permanente de leyes para evaluar su correspondencia con la realidad que regulan, pone de manifiesto, en el caso de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la necesidad de adecuaciones que permitan una mayor eficacia en la aplicación de dicha ley y mejores resultados en el ejercicio de la función pública. Por lo anterior, en la presente iniciativa que por su digno conducto someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, se proponen diversas reformas y adiciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el objeto de fortalecer la observancia de los principios que consagra el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de perfeccionar el ordenamiento señalado. ... Se agrega, además, un último párrafo al numeral 78 por el cual quedaría regulada la manera de interrumpir la prescripción.’. Las transcripciones precedentes permiten aseverar que en la parte que se refiere a la prescripción, la intención del legislador es establecer un mecanismo simple para interrumpirla, que fue únicamente a través del inicio del procedimiento administrativo; sin que al efecto se pueda advertir que la intención real sea la de interrumpir la prescripción con cada acto procesal emitido dentro del procedimiento disciplinario. Al ser claro que conforme a la voluntad del legislador, plasmada en el artículo 78, fracción II, último párrafo, la prescripción sólo se interrumpe al iniciarse el procedimiento administrativo de responsabilidad para evitar que prescriban sus facultades para determinar la sanción que corresponda, la autoridad tiene la obligación ineludible de, a partir de la citación a la audiencia, practicar todas las diligencias establecidas en ley con el propósito de definir la situación del servidor público, dentro del término de tres años, computado a partir del día siguiente al de la citación, incluyendo en dicho término la emisión de la resolución y la notificación de ésta al interesado. De esta manera, las facultades sancionadoras de la autoridad prescriben, coartándose así el actuar arbitrario de la autoridad que pudiera llevar el dictado de la resolución a un plazo indefinido en menoscabo de la garantía de seguridad jurídica del servidor público investigado. En esa virtud, resulta inexacta la determinación que la Sala adoptó, pues si bien es cierto que la prescripción de las facultades sancionadoras se interrumpe con el inicio del procedimiento disciplinario, y que dicha interrupción no es definitiva por las razones anotadas, el cómputo del plazo para la prescripción no debe reiniciar después de expirados los treinta días para dictar la resolución y tres para notificarla, sino a partir del día siguiente al de la citación a la audiencia de ley. La determinación de referencia adoptada por la Sala Regional está orientada por el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal RF. 882/2000, criterio que este Tribunal Colegiado no comparte. Cabe señalar que el plazo de tres años de la prescripción inicialmente empezó a correr a partir del día siguiente al de la comisión de la conducta irregular, lo que la Sala Regional correctamente situó en la fecha correspondiente al veintisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco, en que fueron presentadas las declaraciones anual, normal y complementarias que dieron lugar al procedimiento de responsabilidad (foja 247 vuelta del expediente administrativo). De esta manera, el término de 2 años con 9 meses (sic) que la Sala tuvo por transcurrido, evidentemente se interrumpió al haberse iniciado el procedimiento administrativo disciplinario con la citación a la audiencia de ley (notificada el veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y siete). De ahí que interrumpido el plazo de los tres años, es incuestionable que debido a la naturaleza de la figura jurídica de la prescripción, el efecto de la interrupción es que se pierda el término anterior y que, en su caso, el mismo comience a ser computado de nuevo. Con independencia de lo inexacto de la actuación de la Sala Regional en la parte comentada, lo cierto es que después de la interrupción habida con motivo del inicio del procedimiento, de cualquier manera transcurrió el plazo completo de los tres años. Ello es así, en virtud de que el plazo de tres años requerido para que opere la prescripción, comenzó a computarse nuevamente a partir del día siguiente al veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y siete, en que se dio inicio al procedimiento administrativo a través de la citación al servidor público (foja 60 del expediente administrativo) hasta el veinticinco de enero de dos mil dos en que se notificó al actor la resolución impugnada (fojas 56 y 249 vuelta del expediente administrativo); habiendo así transcurrido entre esas fechas un lapso de aproximadamente 4 años con 9 meses. No pasa inadvertido el hecho de que la Sala Regional computó el lapso aludido a partir del ocho de mayo de mil novecientos noventa y siete, en que tuvo verificativo la audiencia de ley (fojas 61, 62 y 249) hasta el veinticinco de enero de dos mil dos en que, como ya se dijo, se notificó al actor la resolución impugnada. Aun así, se completó el plazo exigido para la prescripción, pues transcurrió un lapso de aproximadamente 4 años con 8 meses. El cómputo del plazo de los tres años contados a partir de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18662-dd3cbbe6/responsabilidades-de-los-servidores-publicos-una-vez-interrumpido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.