RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD SANCIONADORA CON RELACIÓN A LAS CONDUCTAS NO ESTIMABLES EN DINERO, ES EL INDICADO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMAS PUBLICADAS EL 21 DE JULIO DE 1992 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: EDGAR CORZO SOSA.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver con fecha veintitrés de septiembre de dos mil tres, la revisión fiscal 248/2003-3188, interpuesta por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, ahora de la Función Pública, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:
"QUINTO. En el primer agravio, la autoridad recurrente aduce que la Sala a quo violó lo previsto en los artículos 237 y 238, fracción IV, ambos del Código Fiscal de la Federación y en relación a ello manifiesta, en síntesis, lo siguiente: ‘... 2. Que la Sala a quo de manera indebida consideró cuestiones ajenas a la litis planteada, toda vez que no se apegó a los hechos señalados en forma expresa por el actor en su demanda, pues no obstante que la parte demandante no impugnó en forma expresa los supuestos de la prescripción, ni la razonó de manera lógica y jurídica, se pronunció al respecto, siendo que lo procedente era declarar inoperante su agravio.’. Asimismo, la recurrente manifiesta que al pronunciarse la Sala a quo en relación con que la prescripción de las facultades sancionadoras de la autoridad se interrumpió con el citatorio para la audiencia de ley, así como al hacer el cómputo respectivo, se pronunció respecto argumentos que no hizo valer la parte actora, con lo que suplió los planteamientos de la demandante e introdujo elementos ajenos a éstos, lo cual no está permitido en el juicio de nulidad. El argumento sintetizado en el punto dos que antecede, es asimismo infundado, pues contrario a lo que alega la recurrente, al pronunciarse la Sala Fiscal del conocimiento en relación con el quinto concepto de impugnación que hizo valer la parte actora, no analizó cuestiones ajenas a la litis, ni suplió la deficiencia de la queja, como a continuación se demostrará. La parte actora en el quinto concepto de impugnación manifestó lo siguiente: ‘La resolución que se impugna es ilegal en virtud de que las facultades para sancionar de la demandada se encontraban prescritas a la fecha en la que se inició el proceso instaurado en mi contra. En primer lugar, es de suma importancia hacer del conocimiento de esa autoridad que, respecto de la imputación que se analiza ha operado a favor del suscrito la figura jurídica de la prescripción. En efecto, ha operado en mi favor la figura jurídica de la prescripción, conforme a lo señalado por el artículo 78, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de acuerdo a su texto, ya que los hechos que se me imputan acaecieron el 10 de mayo de 2000, por lo que desde esa fecha al 18 de julio de 2002, fecha en que el firmante fue notificado personalmente del inicio del procedimiento administrativo disciplinario a que se refiere el artículo 64 de la invocada legislación, transcurrió en exceso el término de un año a que hace referencia dicho numeral, por lo que las facultades sancionadoras de la demanda se encuentran prescritas. Lo anterior es así, porque según se desprende de lo indicado en el propio oficio de citación, las supuestas omisiones cometidas por el suscrito tuvieron lugar durante el año 2000, época a partir de la cual comenzó a correr el plazo de la demanda para iniciar algún procedimiento administrativo disciplinario contemplado en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo que en la especie no sucedió sino hasta el 18 de julio de 2002 en que se me notificó personalmente el procedimiento iniciado en mi contra, por lo que el mismo resulta improcedente por ser extemporáneo y haber prescrito las facultades de esa superioridad. Al respecto son aplicables las siguientes tesis de jurisprudencia: «PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES SANCIONADORAS. TÉRMINO PARA QUE OPERE TRATÁNDOSE DE AQUELLOS CASOS EN QUE LA INFRACCIÓN COMETIDA POR EL SERVIDOR PÚBLICO NO GENERÓ UN BENEFICIO O UN DAÑO CUANTIFICABLE EN DINERO (ARTÍCULO 78 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS).» (se transcribe). Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. «PRESCRIPCIÓN PARA SANCIONAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, CÓMPUTO PARA EMPEZAR A CONTAR LA.» (se transcribe). Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. «RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, SANCIONES POR. EL PLAZO PARA SU IMPOSICIÓN, CONFORME A LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO PUEDE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE CONCLUYAN LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES.» (se transcribe). Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. No obstante lo anterior y para el caso de que esa autoridad considere que sus facultades para sancionar al suscrito aún no están prescritas, ad cautelam, me permito dar contestación a la imputación antes transcrita en los siguientes términos.’. De la transcripción que antecede, se observa que con el quinto concepto de impugnación el demandante alegó que conforme al artículo 78, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, había operado la prescripción de las facultades de la autoridad, en virtud de que los hechos que se le atribuían habían acontecido el diez de mayo de dos mil, por lo que de esa fecha al dieciocho de julio de dos mil dos, en que fue notificado del inicio del procedimiento administrativo disciplinario, transcurrió en exceso el término de un año que establece el citado precepto. Lo anterior permite evidenciar que a efecto de cumplir con la obligación que impone el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, consistente en analizar la pretensión de la parte actora, la Sala del conocimiento se encontraba constreñida a determinar si como lo alegaba el demandante, ya habían prescrito las facultades de la autoridad para sancionarlo, por lo que era a todas luces necesario que estableciera, en primer término, en cuál de las hipótesis previstas en el artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se ubicaba su conducta, para posteriormente hacer el cómputo respectivo. En tal virtud, es inconcuso que contrario a lo que alega la recurrente, al pronunciarse la Sala a quo con relación a la prescripción de las facultades de la autoridad demandada para sancionar al demandante, no varió la litis, en razón de que ésta consistía precisamente en determinar si había o no operado la prescripción, además de que tampoco suplió la deficiencia de la queja, ya que el análisis que hizo, obedeció a lo expresamente planteado por la parte actora en el quinto concepto de impugnación. En el segundo agravio, la autoridad recurrente alega, en esencia, que la Sala a quo ubicó la irregularidad atribuida a la demandante en lo dispuesto en el artículo 78, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual no resulta aplicable, toda vez que el requisito para que opere esa hipótesis, es que el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no exceda de diez veces el salario mínimo mensual, y en el caso, la conducta atribuida al demandante no ocasionó daño o beneficio, por lo que su conducta se debió ubicar en la fracción II de dicho precepto, la cual dispone que en los demás casos no previstos en la fracción I, la prescripción será de tres años, esto es, cuando el daño o beneficio exceda de diez veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal o si no hubiera tal daño o beneficio, como en la especie aconteció. Asimismo, la recurrente manifiesta que la armónica y sistemática interpretación del artículo 114, párrafo tercero, de la Ley Suprema, establece que los plazos de prescripción no serán menor de tres años, tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones en que incurran los servidores públicos, lo que retoma en su espíritu el artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de ahí que la determinación de la Sala Fiscal del conocimiento no esté apegada a lo previsto en ese precepto, toda vez que para ubicar la conducta de los servidores públicos en las hipótesis que prevé, no constituye una regla a seguir, el que la sanción que se imponga sea o no económica, ya que para determinar la prescripción, debe tomarse en consideración la gravedad de la conducta, toda vez que pueden existir conductas que sin ser sancionadas económicamente, sean graves. En tal virtud, la recurrente aduce que, si en la resolución impugnada se consideró como grave la conducta realizada por el demandante, no obstante que no se hubiese propiciado un daño, perjuicio o beneficio para el servidor público sancionado, se debe considerar aplicable la fracción II del artículo 78 del ordenamiento legal a que se viene haciendo alusión. Continúa manifestando la recurrente que como el término para la prescripción aplicable es de tres años, no había operado la prescripción, pues de la fecha en que aconteció la conducta del funcionario, a aquella en que se le notificó el citatorio con el que inicia el procedimiento, no habían transcurrido tres años, por lo que debe revocarse la sentencia recurrida. Es infundado el agravio antes sintetizado, en atención a las consideraciones que a continuación se expondrán. Para una mejor comprensión del asunto, conviene destacar lo siguiente: 1. Que por oficio número AR/11/310/0593/2002, de fecha diecisiete de julio de dos mil dos, el titular del Área de Responsabilidades de la Contraloría Interna del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, citó a Isaí Alejandro Gómez Delgado, para que compareciera a la audiencia a que se refiere el artículo 64, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que tendría verificativo en relación con la irregularidad que se le atribuía, consistente en: ‘Que durante la licitación pública nacional número 1310001-006-00, convocada el veintisiete de abril del año dos mil, omitió llevar a cabo el procedimiento licitatorio, conforme a lo señalado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, toda vez que en la junta de aclaraciones celebrada el diez de mayo de dos mil, se modificaron sustancialmente las bases de la citada licitación, ya que en el punto 4.1.1, relativo a la documentación legal y diversa, originalmente señalaba en el inciso h) lo siguiente: «h) Tratándose de licitación nacional manifestar por escrito <bajo protesta de decir verdad> que los bienes a adquirir son producidos en el país y cuentan por lo menos con un 30% de contenido nacional (anexo 10).»’. Y en la junta de aclaraciones fue modificado para quedar como sigue: ‘En relación con el formato anexo VIII, en el punto relativo al grado de integración nacional se modifica para quedar como sigue: «escrito bajo protesta de decir verdad que los bienes entregados contendrán el 30 % de integración nacional.» (Oficio que fue notificado a la parte actora el dieciocho de julio de dos mil dos).’-2. Una vez sustanciado el procedimiento, con fecha treinta de septiembre de dos mil dos, el titular del Área de Responsabilidades del Órgano de Control Interno en mención, emitió resolución en el expediente número PA-20/2002, relativo al procedimiento administrativo disciplinario de que se trata, en la que consideró que con la conducta que se atribuye a la parte actora en el juicio de nulidad, incumplió las obligaciones contenidas en el artículo 47, fracciones I y XXII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que determinó imponerle la sanción consistente en amonestación pública. 3. La Sala Fiscal del conocimiento al emitir la sentencia que se revisa consideró que habían prescrito las facultades del titular del Área de Responsabilidades de la Contraloría Interna del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, para sancionar a la parte actora, en atención a las consideraciones siguientes: La Sala a quo consideró que la causa por la que se determinó administrativamente responsable al actor, se ubicaba en la hipótesis prevista en la fracción I del artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente al momento de emitirse la resolución, en primer lugar, porque estimó que esa fracción comprende todas aquellas sanciones que no excedan de diez veces el salario mínimo, ésta establece un máximo pero no un mínimo, por lo que atendiendo al principio de que donde la ley no distingue el juzgador tampoco debe hacerlo, se debía considerar que dicha hipótesis incluye tanto a aquellas resoluciones que no contienen una sanción económica, como aquellas que sí la contienen, pero que es menor a diez veces el salario mínimo; y, en segundo lugar, porque al no cuantificarse la conducta de la parte actora, no se podía considerar que ésta fuera grave, máxime que de una interpretación del artículo 53 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se deduce que la sanción que se impone en cuanto a las conductas graves es la inhabilitación y, en el caso, se le impuso la amonestación pública, por lo que se debía considerar que las autoridades sancionadoras implícitamente consideraron que la conducta no era grave. En razón de lo anterior, la Sala Fiscal consideró que como la responsabilidad administrativa que se atribuyó a la parte actora, se verificó el diez de mayo de dos mil, el plazo de un año para que las autoridades iniciaran el procedimiento sancionatorio y citaran a la actora para la audiencia de ley, corrió del once de mayo de dos mil, al once de mayo de dos mil uno, por lo que, en la fecha en que se citó a la parte actora, que fue el día dieciocho de julio de dos mil dos, ya había transcurrido el plazo de un año a que se refiere el artículo (sic) la fracción I del artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que debía concluirse que en el caso en estudio ya había operado la prescripción de las facultades del superior jerárquico y de la secretaría para imponer las sanciones previstas en la citada ley. Precisado lo anterior, se procede al análisis del agravio de la recurrente, para lo cual este Tribunal Colegiado considera conveniente acudir a la génesis del artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Al expedirse la ley reglamentaria del título cuarto de la Constitución Federal, esto es, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos) en su artículo 78 estableció lo siguiente: ‘Artículo 78. Las facultades del superior jerárquico y de la secretaría para imponer las sanciones que esta ley prevé se sujetarán a lo siguiente: I. Prescribirán en tres meses si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero. El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo; y II. En los demás casos prescribirán en tres años.’-De la transcripción que antecede, se advierte que el legislador estableció que las facultades del superior jerárquico y de la secretaría para imponer las sanciones que la ley prevé, prescribían en tres meses, cuando se actualizara cualquiera de los supuestos siguientes: 1. Que el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excediese de diez veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal; o 2. Cuando la responsabilidad no fuese estimable en dinero. Asimismo, previno que en los demás casos, las facultades de la autoridad prescribirían en tres años, lo que conlleva a considerar que el término de referencia se estableció para aquellos casos en que el beneficio obtenido o daño causado por el infractor excediera de diez veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal. Lo anterior permite advertir que el legislador dividió la responsabilidad del servidor público en tres supuestos, a saber: 1. Aquella que genera un beneficio o causa un daño que no excede de diez veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal; 2. La que genera un beneficio o causa un daño que excede de diez veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal; y 3. La responsabilidad que no es estimable en dinero. Ahora bien, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y dos, se reformó la fracción primera del artículo 78 a que se viene haciendo alusión, para quedar como sigue: ‘Artículo 78. Las facultades del superior jerárquico y de la secretaría para imponer las sanciones que esta ley prevé se sujetarán a lo siguiente: (Reformada, D.O.F. 21 de julio de 1992) I. Prescribirán en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, y II. En los demás casos prescribirán en tres años. ...’. De la transcripción que antecede, se advierte que con motivo de la reforma a la fracción I del artículo 78, el legislador amplió el término de la prescripción de tres meses a un año, y limitó la aplicación de ese término, para el supuesto consistente en que el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excediera de diez veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, pues suprimió la diversa hipótesis que contenía dicha fracción (cuando la responsabilidad no sea estimable en dinero); redacción que no ha sufrido modificación a la fecha del dictado de la resolución impugnada en el juicio de nulidad. Lo antes expuesto, permite considerar a este Tribunal Colegiado que contrario a lo que estimó la Sala Fiscal, al margen de que la responsabilidad del servidor público, no es estimable en dinero, pueda o no ser grave, con la reforma en comento, se ubicó a ese supuesto en los ‘demás casos’ a que hace referencia la fracción II del artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en razón de que esa hipótesis resulta aplicable a todos los supuestos diferentes al previsto en la fracción I del propio precepto. En efecto, se debe considerar que el supuesto relativo a la responsabilidad del servidor público que no es estimable en dinero, es diverso al previsto en la fracción I del artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pues como se destacó con antelación, el propio legislador antes de la reforma de mil novecientos noventa y dos, así lo disponía, ya que lo establecía como un supuesto distinto al relativo a cuando la conducta del servidor público le permite obtener un beneficio o causa un daño menor a diez días de salario mínimo general vigente. En tal virtud, para ubicar la conducta del servidor público en la hipótesis prevista en el artículo 78, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que dispone que prescribirán en un año las facultades de la autoridad, cuando el beneficio obtenido o daño causado por la conducta del servidor público sea menor de diez días de salario mínimo general vigente, debe, necesariamente, su conducta haber generado un beneficio o daño estimable en dinero, pues solamente así se puede determinar si éste excede o no los diez días de salario mínimo general vigente que establece la fracción en comento. En ese orden de ideas, debe considerarse que contrario a lo que argumentó la Sala a quo, la responsabilidad no estimable en dinero, es un supuesto distinto al previsto en la fracción I del artículo 78 del ordenamiento legal que nos ocupa, por lo que resulta inconcuso que ese supuesto se ubica perfectamente en la hipótesis prevista en la fracción II del propio precepto, ya que ésta resulta aplicable a todos los casos diversos al previsto en la fracción citada en primer término, de ahí que el término de prescripción aplicable para el supuesto en comento sea de tres años. Así las cosas, una vez precisado que la responsabilidad no estimable en dinero, se ubica en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se procede a determinar si como lo consideró la Sala a quo, en el caso se actualizó la prescripción de las facultades de la autoridad para sancionar a la parte actora, pues como se advierte de los antecedentes narrados con antelación, la conducta que se atribuyó al servidor público, no resultó estimable en dinero. Para los efectos comentados, resulta conveniente transcribir el precepto 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente al momento de emitirse la resolución impugnada, el cual dispone lo siguiente: ‘Artículo 78. Las facultades del superior jerárquico y de la secretaría para imponer las sanciones que esta ley prevé se sujetarán a lo siguiente: (Reformada, D.O.F. 21 de julio de 1992). I. Prescribirán en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, y II. En los demás casos prescribirán en tres años. (Adicionado, D.O.F. 21 de julio de 1992). El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo. (Adicionado, D.O.F. 21 de julio de 1992). En todos los casos la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá al iniciarse el procedimiento administrativo previsto por el artículo 64. (Adicionada, D.O.F. 10 de enero de 1994). III. El derecho de los particulares a solicitar la indemnización de daños y perjuicios, prescribirá en un año, a partir de la notificación de la resolución administrativa que haya declarado cometido (sic) la falta administrativa.’. El precepto antes transcrito dispone que el plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo y que ésta se interrumpirá al iniciarse el procedimiento administrativo previsto por el artículo 64. En mérito de lo anterior, si la conducta atribuida a la quejosa aconteció el diez de mayo de dos mil, y el oficio mediante el cual se le citó a la audiencia prevista en el artículo 64 del ordenamiento a que se viene haciendo alusión, se le notificó el dieciocho de julio de dos mil dos, según constancias de autos, resulta dable considerar que contrario a lo que argumentó la Sala responsable, no prescribieron las facultades de la autoridad, pues acorde con lo previsto en el artículo 78 del ordenamiento legal en comento, el término de tres años con que contaba la autoridad para sancionar al servidor público, empezó a correr el once de mayo de dos mil y se interrumpió cuando se notificó a la parte actora en el juicio de nulidad, la citación para la audiencia de ley (dieciocho de julio de dos mil dos) esto es, dos años, dos meses después, de ahí que no hayan transcurrido los tres años a que hace referencia la fracción II del artículo invocado. En las relatadas condiciones, lo procedente es que la Sala Fiscal del conocimiento deje insubsistente el fallo recurrido y emita otro en el que atienda las consideraciones de esta ejecutoria, y los conceptos de impugnación de la parte actora que dejó de analizar. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Es procedente y fundado el recurso de revisión intentado por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo."
CUARTO. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver con fecha ocho de diciembre de dos mil, el amparo directo DA. 5129/2000, promovido por Víctor César Cadena Grajeda, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:
"QUINTO. ... En su primer concepto de violación, el quejoso plantea la inconstitucionalidad del artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al que considera contrario a los artículos 109, 113 y 114 de la Constitución, por no tomar en cuenta la gravedad de las faltas para fijar los plazos de prescripción para sancionar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos. El artículo cuya constitucionalidad se cuestiona, es del tenor literal siguiente: ‘Artículo 78. Las facultades del superior jerárquico y de la secretaría para imponer las sanciones que esta ley prevé se sujetarán a lo siguiente: I. Prescribirán en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, y II. En los demás casos prescribirán en tres años. El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo. En todos los casos la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá al iniciarse el procedimiento administrativo previsto por el artículo 64. III. El derecho de los particulares a solicitar la indemnización de daños y perjuicios, prescribirá en un año, a partir de la notificación de la resolución administrativa que haya declarado cometido (sic) la falta administrativa.’. En relación con este precepto, el quejoso sostiene que de conformidad con el texto constitucional, el plazo de prescripción para sancionar los actos u omisiones no graves, debe ser menor a aquellos supuestos en que la conducta sí revista gravedad, precisamente por la naturaleza y consecuencia de la conducta que pretende sancionarse. Continúa refiriendo el quejoso que, con base en lo anterior, la fracción II del artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no atiende a la gravedad de la infracción para fijar el plazo respectivo de prescripción, pues equipara toda acción y omisión diferente a la prevista en la fracción I del propio artículo 78. En cuanto a los preceptos constitucionales cuya violación se reclama, esto es, los artículos 109, 113 y 114 contenidos todos ellos en el título cuarto de la Constitución, titulado ‘De las responsabilidades de los servidores públicos’; se advierte que los mismos, en lo que aquí interesa, prevén que: I. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones (artículo 109). II. Las sanciones deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones (artículo 113). III. La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones, siendo que cuando los actos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años (artículo 114). Atento a lo anterior, este Tribunal Colegiado advierte que en la especie, el artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no puede resultar violatorio de los artículos 109 y 113 constitucionales, por las razones expuestas por el quejoso; en tanto que los preceptos constitucionales citados, no hacen referencia alguna a los plazos de prescripción en materia de responsabilidad administrativa, sino a las sanciones que pudieran imponerse de acreditarse la responsabilidad apuntada. En otras palabras, no puede haber contravención a artículos constitucionales que no versan sobre el mismo aspecto regulado en el artículo cuya constitucionalidad se cuestiona, pues como ya se dijo, los primeros establecen las bases en materia de sanciones derivadas de responsabilidad administrativa, en tanto que el referido en segundo término, regula lo relativo a la prescripción para sancionar la responsabilidad administrativa. Así las cosas, el planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sólo será analizado de conformidad con lo dispuesto por el diverso artículo 114 de la Carta Magna. Aun cuando ya quedó apuntado con antelación, se estima conveniente reiterar que el artículo 114 constitucional, en relación a la prescripción para sancionar la responsabilidad administrativa, establece que para fijarse ésta, se debe tomar en cuenta la naturaleza y consecuencias de los actos y omisiones, pero sin que el plazo de prescripción sea menor a tres años, cuando la infracción fuese grave. Dentro de este contexto, este Tribunal Colegiado estima que el artículo cuya constitucionalidad se cuestiona, no es contrario al artículo 114 de nuestro Ordenamiento Supremo, por lo siguiente: A juicio de este órgano jurisdiccional, el artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sí respeta el mandato constitucional contenido en el artículo 114, en tanto que sí toma en cuenta la naturaleza y consecuencias de los actos u omisiones que pretenden sancionarse para fijar los plazos de prescripción. Ello es así, ya que el numeral tildado de inconstitucional prevé, en dos distintas fracciones y en relación con la gravedad de la falta, los plazos de prescripción para sancionar la responsabilidad administrativa. En efecto, dicho artículo toma como parámetro para determinar si una conducta es grave o no, el beneficio económico o e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18654-49c73943/responsabilidades-de-los-servidores-publicos-el-plazo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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