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Modo: Corpus Pro

SENTENCIAS DE AMPARO. EN MATERIA AGRARIA OPERA LA CADUCIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS TENDENTES A OBTENER SU CUMPLIMIENTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 114/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18536
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, , Pág. 864.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 114/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIO: EDGAR CORZO SOSA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 9/2004, interpuesto por el director ejecutivo de la Unidad Técnica Operativa de la Secretaría de la Reforma Agraria, en contra del auto mediante el cual el secretario encargado del despacho del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal determinó que no había lugar a decretar la caducidad del procedimiento de ejecución de sentencia, sostuvo lo siguiente:

"QUINTO. La recurrente señaló como agravios, en síntesis, que: a) El acuerdo recurrido viola el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque carece de fundamentación y motivación, toda vez que no señaló el precepto en el cual se funda para no decretar la caducidad en el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo, cuando de las constancias se advierte claramente que dicha hipótesis se configuró. Agrega la recurrente que no es óbice que en el acuerdo recurrido se haya dispuesto que el artículo 113 de la Ley de Amparo no es aplicable tratándose de asuntos en materia agraria, porque este tipo de asuntos se regulan específicamente por las normas establecidas en el título segundo de la ley de la materia, que no contempla el supuesto antes mencionado en el libro primero. Aduce la recurrente que el juzgador no advirtió que el referido artículo 113, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece claramente que los procedimientos tendentes al cumplimiento de una ejecutoria de amparo caducan por inactividad procesal o por la falta de promoción de parte interesada durante el término de trescientos días naturales y que dicho precepto no prevé excepción alguna en su aplicación; por tanto, donde la ley no distingue el juzgador no debe distinguir y, desde luego, debió proceder la aplicación estricta del referido ordenamiento. Continúa argumentando la recurrente que, tratándose de los individuos que tutela el artículo 212 del libro segundo de la Ley de Amparo, los juicios promovidos por éstos se deben tramitar bajo las especiales condiciones que se prevén en el citado libro segundo, cuestión que sólo implica que la sustanciación del procedimiento del juicio debe considerar tales preceptos, pero no que serán los únicos que puedan aplicarse, ya que sólo se refieren a la tramitación hasta antes de emitirse la resolución definitiva y no al procedimiento de ejecución de la sentencia, el cual se rige por lo dispuesto en los artículos 104, 105 y 113 de la propia Ley de Amparo, cuyos dispositivos se ubican en el libro primero de esta ley. Alega la recurrente que el juzgador resolvió en forma incongruente, puesto que funda su determinación en el hecho de que en el presente caso opera la suplencia de la deficiencia de la queja, sin señalar respecto de qué promoción o escrito deficiente deba operar dicha suplencia y mucho menos qué relación puede tener esa figura jurídica con la solicitud de que se decrete la caducidad que prevé el segundo párrafo del artículo 113 de la Ley de Amparo, de lo que se deduce que la respuesta contenida en el proveído de diecinueve de diciembre de dos mil tres carece de motivación. Este Tribunal Colegiado estima fundados los agravios propuestos por la recurrente, por las siguientes consideraciones: En primer lugar, cabe señalar que el artículo 107, fracción XVI, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: ‘Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: ... XVI. ... La inactividad procesal o la falta de promoción de parte interesada, en los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo, producirá su caducidad en los términos de la ley reglamentaria.’. Por su parte, el artículo 113 de la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional, establece: ‘Artículo 113. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional o apareciere que ya no hay materia para la ejecución. El Ministerio Público cuidará del cumplimiento de esta disposición. (Adicionado, D.O.F. 17 de mayo de 2001). Los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo caducarán por inactividad procesal o la falta de promoción de parte interesada durante el término de trescientos días, incluidos los inhábiles. En estos casos el Juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre la caducidad y ordenará que la resolución que la declare se notifique a las partes. (Adicionado, D.O.F. 17 de mayo de 2001). Sólo los actos y promociones que revelen un interés del recurrente por la prosecución del procedimiento interrumpen el término de caducidad.’. De la transcripción anterior se advierte que el legislador no previó excepción alguna para que opere la caducidad del procedimiento seguido para el cumplimiento de las ejecutorias que se dicten en materia de amparo, sino que, por el contrario, previó que el cumplimiento relativo no quedara indefinidamente sin resolver, por lo que estableció un plazo máximo de trescientos días naturales para que quienes hubieran sido beneficiados con la sentencia excitaran al órgano jurisdiccional que conoció del juicio para que dentro de sus facultades provea lo necesario para obtener el cumplimiento o ejecución del fallo correspondiente. De tal forma que si el legislador no hizo distinción alguna para que la figura de la caducidad que estableció en el segundo párrafo del artículo 113 de la Ley de Amparo no fuera aplicada a los fallos pronunciados en los juicios de amparo en materia agraria, el juzgador tampoco puede hacer esta distinción y debe aplicarla en todos los casos en que se esté sustanciando el procedimiento tendente a obtener el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, de la lectura del acuerdo recurrido se advierte que el secretario encargado del despacho del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, determinó que no obstante que entre el diecinueve de mayo de dos mil uno y el trece de marzo de dos mil tres transcurrió en exceso el plazo de trescientos días que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo para estimar que ha operado la caducidad en el procedimiento de ejecución, al respecto no había lugar a proveer de conformidad la solicitud de caducidad, porque tal disposición no era aplicable a los asuntos en materia agraria, los que, dijo el secretario, se regían por las normas contempladas en el libro segundo de la Ley de Amparo. La consideración anterior se estima infundada, en virtud de que, como quedó asentado párrafos atrás, al establecer el legislador la caducidad en el segundo párrafo del artículo 113 de la Ley de Amparo para todos los procedimientos tendentes al cumplimiento de las ejecutorias de amparo, no hizo distinción alguna para que no procediera en relación con los asuntos en materia agraria. En estas condiciones, en atención a lo dispuesto en el citado precepto, también en los asuntos en materia agraria debe decretarse la caducidad del procedimiento tendente al cumplimiento de las ejecutorias dictadas en los juicios de amparo; por tanto, como lo menciona el citado secretario encargado del despacho del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y como este Tribunal Colegiado lo corrobora con la lectura a las constancias relativas al juicio de amparo indirecto 134/75, de las que se advierte que entre el dieciocho de mayo de dos mil uno, que fue la fecha en que entró en vigor la reforma al artículo 113 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de diecisiete de mayo del citado año, y el doce de marzo de dos mil tres, que fue la fecha en que los integrantes del comisariado ejidal solicitaron el cumplimiento de la ejecutoria, no existió acto o promoción alguna que revelara el interés de los quejosos en el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de amparo 134/75. Por consiguiente, al haber transcurrido en exceso el plazo de trescientos días que establece el referido precepto para que opere la caducidad del procedimiento tendente al cumplimiento de la ejecutoria de mérito; en consecuencia, se debió decretar la caducidad del procedimiento en acatamiento a lo dispuesto en el citado precepto, porque, se reitera, el legislador no hizo distinción alguna para que dicha figura no fuera procedente en los juicios de amparo en materia agraria. Por lo anterior, este órgano jurisdiccional estima fundados los agravios propuestos por la recurrente y, en consecuencia, se revoca el auto recurrido."

De la ejecutoria transcrita derivó la tesis TC011.126.9.AD1, pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación, cuya copia certificada obra en autos, y que dice:

"CADUCIDAD. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 113, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ES APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS EN MATERIA AGRARIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional o apareciere que ya no existe materia para su ejecución; sin embargo, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de diecisiete de mayo de dos mil uno se adicionó el penúltimo y último párrafos del citado precepto en el sentido de que los procedimientos tendentes al cumplimiento de la sentencia de amparo caducarán por inactividad procesal o por falta de promoción de parte interesada durante el término de trescientos días, incluidos los inhábiles, y que sólo los actos y promociones que revelen un interés del recurrente por la prosecución del procedimiento interrumpen dicho término, de modo que el legislador estableció la caducidad para todos los procedimientos tendentes al cumplimiento de las ejecutorias de amparo sin prever distinción o excepción alguna y, por ende, resulta incuestionable que en los juicios de garantías en materia agraria tiene exacta aplicación la caducidad del procedimiento a que se refiere el artículo que nos ocupa."

CUARTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja Q. 81/2003, interpuesto por el secretario de la Reforma Agraria en contra del acuerdo dictado por el Juez Segundo de Distrito "A" en el Estado de Puebla, en el que determinó que no había lugar a decretar la caducidad en el procedimiento de ejecución, sostuvo lo siguiente:

"No asiste razón a las recurrentes cuando aducen que el Juez de Distrito fundamentó indebidamente el auto impugnado, al haber considerado, para negar la caducidad del procedimiento de ejecución de la sentencia, lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley de Amparo, que señala que tratándose de los juicios de garantías en materia agraria no procederá la caducidad de la instancia, porque, agregan las inconformes, la caducidad que prevé dicho precepto es la que regula el artículo 74, fracción V, y la que establece el artículo 113 de la ley en cita es la que habrá de decretarse en el procedimiento tendiente a cumplimentar las sentencias de amparo, que no prevé excepción alguna para declararla, por lo cual, alegan, debe aplicarse el principio general de derecho de que donde la ley no distingue no debe distinguirse. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: ‘No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional, o apareciere que ya no hay materia para la ejecución. El Ministerio Público cuidará del cumplimiento de esta disposición. Los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo caducarán por inactividad procesal o la falta de promoción de parte interesada durante el término de trescientos días, incluidos los inhábiles. En estos casos, el Juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre la caducidad y ordenará que la resolución que la declare se notifique a las partes. Sólo los actos y promociones que revelen un interés del recurrente por la prosecución del procedimiento interrumpen el término de caducidad.’. Por su parte, el artículo 231, fracción III, de la mencionada ley establece: ‘En los juicios de amparo promovidos por las entidades o individuos que especifica el artículo 212, o en que los mismos sean terceros perjudicados, se observarán las siguientes reglas: ... III. No se decretará en su perjuicio la caducidad de la instancia; pero sí podrá decretarse en su beneficio.’. Asimismo, el artículo 212 de la Ley de Amparo dispone: ‘Artículo 212. Con la finalidad de tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, así como, en su pretensión de derechos, a quienes pertenezcan a la clase campesina, se observarán las disposiciones del presente libro segundo en los siguientes juicios de amparo: I. Aquellos en que se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos, o a los núcleos de población que de hecho y por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, lo mismo si las entidades o individuos mencionados figuran como quejosos que como terceros perjudicados; II. Cuando los actos reclamados afecten o puedan afectar otros derechos agrarios de las entidades o individuos a que se refiere la fracción anterior, sea que figuren como quejosos o como terceros perjudicados; III. Aquellos en que la consecuencia sea no reconocerles o afectarles en cualquier forma derechos que hayan demandado ante las autoridades, quienes los hayan hecho valer como aspirantes a ejidatarios o comuneros.’. De una interpretación literal, que en la especie resultaría insuficiente, aparentemente el artículo 113 de la Ley de Amparo no excluiría a la materia agraria, porque de su literalidad ello no se desprende, tal como lo sostienen las recurrentes; sin embargo, para dilucidar los alcances de dicho precepto legal, es necesario referirse a los antecedentes históricos de esa materia, y a la interpretación no aislada sino sistemática de los diversos preceptos constitucionales y legales que le dan sustento. En efecto, cabe precisar que desde la creación del juicio de amparo en materia agraria, con la adición de un párrafo tercero a la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el dos de noviembre de mil novecientos sesenta y dos, se buscó la existencia de un trato especial a la clase social integrada por los núcleos de población ejidal y comunal y los ejidatarios y comuneros en lo particular, encontrándose también dentro de ese ámbito protector los aspirantes a avecindados que son en realidad aspirantes a ejidatarios y comuneros, en el que, como se vio en la queja número 74/2003, resuelta en sesión de esta misma fecha, se encuentra considerada la parte quejosa. En la exposición de motivos que fue acompañada a la iniciativa del presidente de la República a la citada adición se expresó: (se omite su transcripción por no ser necesaria para informar el asunto). El tres de enero de mil novecientos sesenta y tres se aprobó el decreto de reformas a la Ley de Amparo, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de febrero de ese mismo año y, al respecto, mediante la tesis jurisprudencial que invocó el propio Juez de Distrito en la resolución reclamada, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió con precisión en qué consistieron las modificaciones introducidas a la Ley de Amparo, tesis que está publicada con el número 32 (H), en las páginas 693 y 694, Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: ‘AMPARO EN MATERIA AGRARIA. SUS NOTAS DISTINTIVAS.’ (la transcribe). La reforma de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de mil novecientos setenta y seis, dio origen al libro segundo, que concentra todas las disposiciones relacionadas con la materia agraria. De acuerdo con lo expuesto, debe decirse que para resolver acerca de la aplicabilidad, en el juicio de garantías en materia agraria, de la regla general que prevé el artículo 113 de la Ley de Amparo, con fundamento en el cual el secretario de la Reforma Agraria solicitó la caducidad del procedimiento de ejecución de la sentencia, como correctamente lo estimó el Juez de Distrito, dada la tutela jurídica especial que tienen los individuos que señala el artículo 212 de la Ley de Amparo y dentro del cual fue considerado el quejoso, como ha quedado antes enunciado, no es suficiente una interpretación literal de tal precepto, sino que, en el caso, se requiere un análisis sistemático que dé coherencia al todo. El artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: ‘XVI. Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratara de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda. Si fuere excusable, previa declaración de incumplimiento o repetición; la Suprema Corte requerirá a la responsable y le otorgará un plazo prudente para que ejecute la sentencia. Si la autoridad no ejecuta la sentencia en el término concedido, la Suprema Corte de Justicia procederá en los términos primeramente señalados. Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Suprema Corte de Justicia, una vez que hubiera determinado el incumplimiento o repetición del acto reclamado, podrá disponer de oficio el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso. Igualmente, el quejoso podrá solicitar ante el órgano que corresponda, el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, siempre que la naturaleza del acto lo permita. La inactividad procesal o la falta de promoción de parte interesada, en los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo, producirá su caducidad en los términos de la ley reglamentaria.’. Es importante destacar que en la exposición de motivos realizada por el presidente de la República, para las reformas a la fracción XVI del citado artículo 107, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, que introduce la figura de la caducidad en los procedimientos tendientes a lograr el cumplimiento de las sentencias de amparo, la cual posteriormente quedó regulada en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en lo que aquí interesa, se expresó: ‘El juicio de amparo. Existe un reclamo frecuente por parte de abogados y particulares, en virtud de que las sentencias de amparo no siempre se ejecutan. Ello ocasiona que personas que vencen en juicio a una autoridad, no obtienen la protección de sus derechos por no ejecutarse la sentencia. De ahí que la iniciativa presenta una propuesta de modificación en lo concerniente a la ejecución de las sentencias de amparo. Las dificultades para lograr el cumplimiento de las sentencias tienen varios orígenes; por una parte, la única sanción por incumplimiento es tan severa que las autoridades judiciales han tenido gran cuidado de imponerla. Por otra parte, en ocasiones se ha evidenciado falta de voluntad de algunas autoridades responsables para cumplir la resolución de un juicio en que hubieren sido derrotadas. Finalmente, en ocasiones las autoridades responsables, ante la disyuntiva que se plantea entre ejercer el derecho hasta sus últimas consecuencias dando pie a conflictos sociales de importancia, o tratar de preservar el orden normativo, optan por no ejecutar la sentencia. Con todo, no es posible que en un Estado de derecho se den situaciones en que no se cumpla con lo resuelto por los tribunales. En la presente iniciativa se propone un sistema que permitirá a la Suprema Corte de Justicia contar con los elementos necesarios para lograr un eficaz cumplimiento y, a la vez, con la flexibilidad necesaria para hacer frente a situaciones reales de enorme complejidad. El sistema de cumplimiento que se plantea es lo suficientemente preciso como para que también pueda utilizarse en la ejecución de las sentencias dictadas en los casos de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad previstas en el artículo 105. La iniciativa incluye las correspondientes remisiones. En la reforma se propone modificar la fracción XVI del artículo 107 constitucional a fin de dotar a la Suprema Corte de Justicia de las atribuciones necesarias para permitirle valorar el incumplimiento de las sentencias, al punto de decidir si el mismo es o no excusable. Esta posibilidad permitirá que los hechos sean debidamente calificados y que se decida cómo proceder en contra de la autoridad responsable. Adicionalmente, se propone establecer en la misma fracción XVI la posibilidad del cumplimiento sustituto de las sentencias, de manera que se pueda indemnizar a los quejosos en aquellos casos en que la ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios que el propio quejoso pudiera obtener con la ejecución. Finalmente, se propone introducir en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, la figura de la caducidad en aquellos procedimientos tendientes a lograr el cumplimiento de las sentencias de amparo. Si bien es cierto que mediante el juicio de amparo se protegen las garantías individuales de manera que su concesión conlleva el reconocimiento de una violación a las mismas, también lo es la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica. No es posible que ante la falta de interés jurídico por parte del quejoso, los órganos de justicia continúen demandando a los responsables por su cumplimiento y manteniendo la falta de definición del derecho en nuestro país. Al igual que acontece con la caducidad de la instancia en el propio juicio de amparo, las modalidades de la reforma propuesta se dejan a la ley reglamentaria.’. De la transcripción de la exposición de motivos hecha con antelación se evidencia que en la creación de la figura de la caducidad en los procedimientos tendientes al cumplimiento de las ejecutorias de amparo sirvió de antecedente la diversa figura de caducidad de la instancia, al estimarse que sus modalidades, al igual que las de esta última, quedaran sujetas a la reglamentación que al efecto se hiciera en la Ley de Amparo. Por lo que se refiere a la caducidad de la instancia, en la fracción XIV del artículo 107 de la Constitución General de la República se establece: ‘XIV. Salvo lo dispuesto en el párrafo final de la fracción II de este artículo, se decretará el sobreseimiento del amparo o la caducidad de la instancia por inactividad del quejoso o del recurrente, respectivamente, cuando el acto reclamado sea del orden civil o administrativo, en los casos y términos que señale la ley reglamentaria. La caducidad de la instancia dejará firme la sentencia recurrida.’. A su vez, el párrafo final de la fracción II del artículo 107 constitucional dispone: ‘En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otra sí podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco procederán el desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la asamblea general o el segundo emane de ésta.’. Destacado lo anterior, cabe señalar que al llevar a nivel de legislación secundaria la reforma a la fracción XVI del artículo 107 constitucional antes referida, fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto por el que se reforman la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, documento que fue enviado por la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, por instrucciones del presidente de la República, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 constitucional. Así, las referidas Comisiones Unidas de la Cámara de Senadores, al elaborar el dictamen respectivo, el diez de abril de dos mil uno, presentaron una minuta con proyecto de decreto, en el que, en lo que aquí interesa, se expuso: ‘Estas comisiones consideran que son conducentes las reformas y adiciones que se proponen en la iniciativa de mérito, en virtud de que es deber del Congreso de la Unión llevar a nivel de la legislación secundaria la reforma constitucional que establece el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo. Sin embargo, es preciso señalarlo, la reforma constitucional del 31 de agosto de 1994 no sólo estableció la figura del cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo en los términos en que se advierte en el párrafo segundo de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, por las razones ya expuestas en los apartados que anteceden, sino también la figura de la caducidad de los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de referencia, por la inactividad procesal o por la falta de promoción de la parte interesada. Y como el artículo noveno transitorio de aquella reforma constitucional condicionó su entrada en vigor a la fecha en que así lo hagan las reformas a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna, estas Comisiones Unidas estiman pertinente incorporar la adición, al respecto, de dos párrafos más al artículo 113 de la Ley de Amparo para reglamentar, en el primero de ellos, la figura de la caducidad de los procedimientos tendientes al cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo y, en el párrafo final, la determinación de que los actos o las promociones que interrumpan el término de tal caducidad sólo serán aquellos que revelan un interés del recurrente por la prosecución del procedimiento. La razón de incorporar estas modificaciones en el precepto de referencia se sustenta en la ubicación del mismo -capítulo XII del título primero del ordenamiento jurídico en cita-, que establece prevenciones relacionadas con la ejecución de sentencias. Por otra parte, las comisiones unidas consideran aceptable la procedencia de la caducidad, en la especie, por el mismo término de trescientos días a que se refiere la fracción V del artículo 74 de la propia ley, cuando se trata de amparos en revisión por inactividad procesal o por la falta de promoción del recurrente. Bajo estas circunstancias, tal párrafo quedaría de la siguiente manera: «Artículo 113. ... Los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo caducarán por inactividad procesal o la falta de promoción de parte interesada durante el término de trescientos días, incluidos los inhábiles. En estos casos el Juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre la caducidad y ordenará que la resolución que la declare se notifique a las partes. Sólo los actos y promociones que revelen un interés del recurrente por la prosecución del procedimiento interrumpen el término de caducidad.».’. La minuta precisada con antelación fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su discusión y resolución constitucional, lo que aconteció el veinticinco de abril de dos mil uno. Una vez puesta a discusión la minuta en comento, en uso de la palabra el diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta expresó lo siguiente: ‘El presente dictamen, que fue discutido y votado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos por los diputados del grupo parlamentario del PRD, efectivamente tiene el aval de todos los diputados de nuestro partido. No obstante, considero necesario establecer una posición jurídica en relación con el mismo y lo hago de manera personal y como legislador. Según se desprende de la exposición de motivos, con el presente proyecto de decreto se pretende reglamentar la reforma constitucional a la fracción XVI del artículo 107 de nuestra Ley Fundamental, que el Constituyente Permanente efectuó en diciembre de 1994, a efecto de normar dentro de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dos figuras jurídicas: a) El cumplimiento sustituto de oficio de las sentencias de amparo. b) La caducidad de los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo por la inactividad procesal o la falta de promoción de la parte interesada. En la regulación de esta segunda figura, la caducidad de los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo por la inactividad procesal o la falta de promoción de la parte interesada es en la que quiero llamar la atención de esta soberanía. En la vigente Ley de Amparo, Reg

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18536-cc282217/sentencias-de-amparo-en-materia-agraria-opera-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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